REINCORPORACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO

6 de mayo de 2020

En la reunión mantenida con la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios (FP y CS) esta mañana nos han presentado el borrador de la “Instrucción de fecha por determinar de mayo de 2020, de la Dirección General de FP y CS, en la que se establece el sistema gradual de reincorporación del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos”.

CSIF ha trasladado a la Dirección General de FP y CS nuestra preocupación porque en estas fases de desescalada se apliquen criterios políticos y de imagen, los únicos criterios que deben aplicarse son aquellos que se dirigen a garantizar la seguridad y la salud de los empleados públicos y los ciudadanos a los que se presta servicio.

Ahora no valen las prisas, ni objetivos económicos o mensajes de calma infundados. Los objetivos son superar esta crisis con el menor número de damnificados, y la calma vendrá si se hacen las cosas bien y se evitan situaciones de riesgo.

CSIF no quiere paralizar la administración de la Comunidad Autónoma, y se pone a disposición de la misma para que entre todos diseñemos el mejor proceso para poder volver cuanto antes a dar el servicio público de mayor calidad a nuestros ciudadanos, pero ello pasa por garantizar la salud de los empleados públicos y que no sea a costa ni de su salud, ni de sus condiciones laborales como salgamos de esta situación.

 

TRABAJO PRESENCIAL

Cada Departamento solicitará a FPyCS autorización para la incorporación de sus trabajadores. Las medidas de PRL y los EPIS que hayan de usarse los determinará el Servicio de PRL, y serán dotados del mismo los Departamentos y centros correspondientes. Únicamente si se cumple este condicionante se autorizará la apertura.

Para las personas especialmente sensibles PRL emitirá un informe autorizando o no su incorporación.

CSIF ha solicitado que a fecha 10 de Mayo la Dirección General de FP y CS informe de las autorizaciones emitidas y de los Departamentos y centros de trabajo a los que se ha autorizado la incorporación de los trabajadores.

Todos aquellos llamamientos que no hayan sido previamente autorizados serán denunciados y se exigirán las responsabilidades derivadas del incumplimiento de esta instrucción.

A día de hoy varios departamentos han emitido llamamientos para la incorporación de trabajadores, ninguno de estos llamamientos es legal, puesto que la Dirección General de FP y CS todavía no ha emitido ninguna autorización.

Hemos denunciado en Función Pública que se deje la toma de decisiones y aplicación de medidas a los responsables de los centros de trabajo. CSIF reclama homogeneidad, que todos los trabajadores tengan las mismas garantías de seguridad y que no haya discriminación ni agravios comparativos en función del centro en el que se trabaja. CSIF aboga por la homogeneidad en las actuaciones y la mayor seguridad jurídica y trasparencia en las mismas, cuestiones que vemos de difícil cumplimiento si se delega en la gerencia de los centros la toma de decisiones.

CSIF ha reclamado que el tratamiento de ciudadanos y usuarios se contemple también dentro de las medidas de seguridad, que se regule con criterios de PRL y a ser posible se priorice la atención y resolución de consultas vía telefónica, y cuando esto no sea posible, que la atención se haga con las mayores garantías de seguridad para la salud tanto de ciudadanos como de los empleados públicos que les atiendan.

Ya pedimos en nuestra anterior reunión que se refuerce y extienda en la mayor medida posible la implantación de la Administración Electrónica. Volveremos a incidir en ello en la reunión de la Mesa Sectorial que tendrá lugar mañana para que el mayor número de trámites no requiera de la presencia física de los ciudadanos en centros administrativos.

Por otra parte, ante de la incorporación plena y el inicio del proceso de desescalado sería conveniente realizar los test de COVID-19 a aquellos trabajadores que hayan sufrido situaciones de riesgo y también a los que van a estar en contacto con público o con colectivos numerosos dentro de la propia administración.

 

TELETRABAJO

Para el teletrabajo se priorizarán en primer lugar las personas especialmente sensibles, tras ellos a los empleados públicos con menores o personas pertenecientes a grupos de riesgo a su cargo y finalmente irá el resto de personal.

Como CSIF solicitó en nuestra anterior reunión, la DGA va a sentar las bases para implantar las bases del teletrabajo y que este sistema se convierta en una alternativa estable y no sea únicamente una solución temporal.

El teletrabajo lo articulará cada Departamento, en distintas modalidades, contemplando también el teletrabajo mixto (días de trabajo presencial combinados con días de teletrabajo).

Consideramos que las personas que han estado realizando teletrabajo no deberían incorporarse a sus puestos presenciales, y que únicamente tendrían que hacerlo aquellos cuyas funciones requieran de la presencia física y siempre que previamente se adopten todas las medidas de seguridad necesarias y se doten de los EPIS que exija el desempeño de su profesión.

 

HORARIOS APERTURA Y CIERRE DE CENTROS

En los grandes centros de trabajo de las tres capitales de provincia se ampliará el horario, abriéndose de 7:30 a 20:30, para posibilitar la entrada y salida escalonada de los empleados y evitar así aglomeraciones. Esta medida irá acompañada del establecimiento de turnos.

CSIF ya solicitó esta medida, pero como medida de flexibilización que permita a los trabajadores pactar la jornada que realizan y posibilite también en mayor medida la conciliación de la vida laboral y familiar.

No aceptaremos que la extensión de los horarios de apertura sirva para la implantación de turnos de trabajo de mañana y tarde en aquellos centros en que no existiera este tipo de jornada.

 

PERMISO POR DEBER INEXCUSABLE

El Gobierno de Aragón quiere eliminar el permiso por deber inexcusable, no quiere que la sociedad tenga la percepción de que los empleados públicos están en su casa. Esta percepción es errónea, y nos preguntamos si no será el propio Gobierno de Aragón el que tenga esta percepción y la medida de eliminar este permiso sea una medida más política y de imagen que no de respuesta a necesidades reales.

No se trata de una medida favorecedora a determinados trabajadores, se trata de una medida social para atender a un grupo de población especialmente sensible, para evitar contagios y desplazamientos, se trata también de una medida de igualdad, hay muchas familias monoparentales, en su mayoría mujeres con hijos que no tienen medios para solventar una situación que por otro lado ha sido sobrevenida.

CSIF ha solicitado que no se elimine el permiso por deber inexcusable, que como mínimo se mantenga hasta final del curso escolar para atender a menores y que esta medida, siempre que sea debidamente justificada se extienda también a personas dependientes.

La solución propuesta por la DGA es que las carencias producidas por la desaparición del permiso por deber inexcusable se solventen con moscosos, vacaciones, reducciones de haberes, excedencias o permisos sin sueldo… siempre a cargo del propio empleado público.

CSIF no aceptará que una situación sobrevenida sea solventada a costa de los propios trabajadores, proponemos que se solvente con el permiso por deber inexcusable, el teletrabajo, la flexibilización horaria u otras medidas que posibiliten la conciliación sin menoscabar las retribuciones de los trabajadores de la DGA.

 

ATRIBUCIONES DE FUNCIONES

Van a eliminarse todas las atribuciones de funciones que se realizaron, ya no es necesario el refuerzo de personal, especialmente en los centros del IASS. Estas personas van a retornar a sus puestos de trabajo, y cuando hayan estado trabajando en situaciones de riesgo, se les van a realizar test PCR.

Esperamos que  esta medida, la atribución temporal de funciones, que ha servido a la administración de la DGA para en un momento de especial necesidad poder solventar un grave problema, sirva también para demostrarle que los empleados públicos somos profesionales flexibles, polivalentes y cualificados para asumir diferentes competencias, de áreas muy distintas. Esperamos también que la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios tome buena nota de ello y en próximas negociaciones relativas a procesos de provisión y movilidad de personal considere que las áreas funcionales no se corresponden con la realidad de las capacidades de los empleados públicos aragoneses, que pueden desempeñar puestos diversos de forma muy satisfactoria como se ha demostrado por quienes ahora van a volver a sus puestos de origen.

 

 

 

 

 

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