COMARCALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARAGÓN

En el día de hoy entra en funcionamiento el Juzgado de violencia 3 de Zaragoza. Por desgracia con una plantilla reducida de ocho funcionarios, y dejando mutilados a su vez con el mismo número de plazas a los juzgados de violencia 1 y 2.

A esto añadir que salió en prensa en El Periódico de Aragón de ayer la noticia de que el CGPJ propone al Ministerio de Justicia la agrupación de los partidos judiciales de Ejea, La Almunia y Tarazona, en esta materia de violencia. Es decir, que sean estos tres juzgados especializados los que asuman también todas las causas se violencia de estos tres partidos judiciales.

Tal y como apunta muy acertadamente el artículo de prensa antedicho, esta medida va a revictimizar a las víctimas porque las obliga a trasladarse si o si Zaragoza para el simple hecho de tomar declaración, diluyendo así el derecho constitucional y fundamental de tutela judicial efectiva. Otro de los puntos que se señalan también como argumento en contra de esta decisión es el artículo 15 bis de la LECrim que dice que “En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos”.

Evidentemente, la decisión de la comarcalización no la toma la Dirección General, si bien es cierto que las consecuencias de esta draconiana medida sí que van a afectar y perjudicar no solo a la ciudadanía, como muy bien apunta el artículo del periódico, sino también a los funcionarios de los tres juzgados de violencia exclusivos de Zaragoza, cuya carga de trabajo se va a ver aumentada exponencialmente. Es cierto que hay un juzgado más, pero también es cierto que la mal denominada semana de guardia la realiza cada vez un juzgado y éste ya no tiene una plantilla de diez funcionarios sino tan solo de ocho.

En consecuencia, CSIF solicita una reunión con la Directora General para abordar los consecuencias que se deriven de la adopción de esta medida del CGPJ y que van a afectar a los funcionarios de estos órganos judiciales y la búsqueda consensuada de soluciones para mitigar en la medida de lo posible los efectos de la situación que se avecina.