La Inspección de Trabajo da la razón a CSIF en su denuncia por desprotección del personal de la sanidad andaluza y obliga al SAS a cubrir plazas de PRL

• La autoridad laboral insta la Administración sanitaria a dar cobertura en un plazo de seis meses a 17 plazas en distintas unidades de prevención de centros de toda Andalucía que no cuentan con la dotación mínima que establece la normativa
• El sindicato advierte de que la situación actual genera sobrecarga en las unidades de PRL, así como riesgos para la seguridad y salud del personal de la sanidad, del medioambiente y de las propias personas usuarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha valorado el requerimiento que la Inspección de Trabajo acaba de hacer al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) después de que el sindicato denunciara la desprotección del personal de la sanidad pública andaluza al no estar cubiertas dichas plazas conforme a la dotación mínima que la establece la normativa.

Tras la denuncia efectuada en mayo pasado por CSIF Sanidad Andalucía, que es la primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del SAS, la autoridad laboral insta ahora a la Administración sanitaria a dar cobertura a un total de 17 plazas de distintas categorías relacionadas con la PRL y que no se encontraban cubiertas hasta el momento en distintos distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales de la comunidad autónoma andaluza.

Con ello, la Inspección da la razón a CSIF en su planteamiento sobre la “inacción” de la Administración sanitaria a la hora de cubrir dichos puestos, tras haber solicitado al SAS información detallada sobre el personal integrante de cada unidad de PRL en todo el ámbito geográfico de Andalucía. Ha sido a raíz de dicha información, precisamente, cuando la autoridad laboral ha concluido que faltaban por cubrir 17 plazas de estas categorías.

CSIF Sanidad Andalucía mantiene que la falta de estos profesionales, fundamentalmente técnicos en Seguridad en el Trabajo, en Higiene Industrial y en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, conlleva una sobrecarga de trabajo en el seno de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales y supone un riesgo para la seguridad y salud, no sólo de los profesionales de la sanidad pública, sino también para el medio ambiente y para las personas usuarias.

Tipologías de riesgos que deben ser controlados
De hecho, en el trabajo del ámbito sanitario existen muchas clases de riesgos que deben ser controlados y que traspasan el ámbito de los propios centros. En concreto, se trata de riesgos químicos: sustancias nocivas que se encuentran en distintas formas, sólido, líquido, aerosoles, gases y polvo y que pueden generar daños por inhalación, absorción o ingestión; así como de riesgos biológicos, que son elevados en los centros hospitalarios, y la exposición a ellos puede provocar infecciones  importantes. También se pueden dar riesgos físicos, entre los que se  incluyen las  radiaciones.

En concreto, no disponen de los medios previstos como mínimo para este ámbito, tanto por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, como por por la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud, tres unidades de PRL en Granada: concretamente en el Distrito Granada-Distrito Metropolitano, en la que falta un técnico de Nivel Superior en Seguridad en el Trabajo; en la AGS Granada Nordeste, que no tiene un técnico de Nivel Superior en Higiene Industrial; así como una unidad del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, a la que le faltan un técnico superior en Seguridad e Higiene Industrial y un técnico de nivel superior en Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

En Málaga hay dos unidades que no disponen del personal estipulado: una en el Distrito Málaga, que no dispone de un ATS de Empresa, y otra en el AGS Este Málaga, que no cuenta con un técnico de Nivel Superior en Seguridad en el Trabajo.

Por su parte, hay tres unidades en Sevilla que no están dotadas adecuadamente: una unidad en Distrito Sevilla, en la que falta un técnico de Nivel Superior de Seguridad en el Trabajo; otra unidad en la AGS Sur Sevilla, que carece de un técnico de Nivel Superior de Higiene Industrial, y una unidad en Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde falta un técnico de nivel intermedio de Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

En Cádiz, se han detectado puestos sin cubrir en el Hospital de Puerto Real y en la AGS Campo de Gibraltar, donde faltan sendos técnicos superiores en Higiene industrial, y en el Hospital Puerta del Mar de la capital, donde falta un técnico intermedio de Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Asimismo, en Huelva falta un técnico de nivel superior en Higiene Industrial en el Hospital Infanta Elena, así como un técnico intermedio de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Las carencias en centros jiennenses en personal de PRL se encuentran en el Distrito Nordeste Jaén-Hospital de Úbeda, donde falta un técnico superior en Seguridad en el Trabajo y en el AGS Norte Jaén, que no dispone de un técnico de nivel superior en Higiene Industrial.

En Córdoba, falta un técnico de nivel superior en Seguridad en el Trabajo.

La Inspección de Trabajo detalla estas carencias y urge al SAS a cubrirlas después de la denuncia de CSIF registrada en la Inspección de Trabajo de las ocho provincias andaluzas por “inacción” en la protección de sus trabajadores al no cubrir las plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales con la necesaria agilidad en los centros sanitarios públicos andaluces, cuyas unidades de PRL están “totalmente desbordadas”.

Asimismo, advierte que “de no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se podría incurrir en falta grave tal y como así establece el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su sección 2ª y artículo 12”.