CSIF llevará a la Junta a los tribunales si no recupera las plazas de estabilización que ha eliminado arbitrariamente para un centenar de laborales

• La central sindical lamenta que con esta decisión “injustificada” la Administración andaluza actúa contra la legislación vigente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, llevará a la Junta a los tribunales si no recupera las plazas de estabilización que ha eliminado arbitrariamente para un centenar de laborales. Este personal afectado participó en la Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización 2017-2019 y superó el proceso selectivo, sin embargo ahora se ve indefenso ante la eliminación de sus plazas.  

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, lamenta que el Gobierno andaluz haya decidido “de forma arbitraria eliminar de la oferta de empleo casi un centenar de plazas dotadas presupuestariamente y correspondientes a diferentes categorías profesionales y que previamente habían sido notificadas a los propios trabajadores”. Con esta medida, “la Administración estaría actuando contra la legislación, sin olvidar el considerable daño que provocaría a las personas que con gran esfuerzo han superado el proceso selectivo correspondiente”, señala Dorado.

Esta iniciativa, impuesta por la Junta justo antes de la finalización del proceso selectivo, afecta entre otros profesionales a técnicos de servicios y mantenimiento, puestos de dirección de cocina, personal técnico de integración social y sociocultural, monitores escolares, técnicos superiores de Educación Infantil o jefes de servicios técnicos y/o mantenimiento, entre otros.

A juicio de Dorado, esta forma de actuar por parte de la Administración andaluza impide a las personas que han superado su proceso selectivo ocupar la plaza que tienen en la actualidad y que debía haber sido ofertada tal y como se les notificó a cada una de ellas. Por el contrario, a los afectados y afectadas por esta decisión se les ofertan otros puestos que no cumplen con los requisitos establecidos ni en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, ni en las condiciones establecidas en las propias publicaciones de los Decretos de OEP de la Junta de Andalucía,  ni incluso, en las Resoluciones de las propias bases de las convocatorias.

CSIF-A considera “injustificados” los cambios de la Administración en este procedimiento, que coartan la posibilidad de estabilización del personal que trabaja en la Junta desde hace años, lo que les genera inseguridad jurídica e indefensión. En este sentido, CSIF-A advierte a la Junta que “si no acata lo regulado en la normativa vigente, tomará las medidas judiciales oportunas para hacerla cumplir”.

El sector de AGJA de CSIF-A señala además que la situación se agrava aún más para el personal afectado puesto que en muchos casos son profesionales que llevan más de 20 años trabajando para la administración y con edades que superan los 45 años. Con esta maniobra de última hora en el procedimiento dirigida por la Junta, los trabajadores se verán obligados a desplazarse a otras provincias de la comunidad autónoma, impidiéndoles continuar ejerciendo sus funciones en la provincia en la que trabajan actualmente.  

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