CSIF replica a la Junta que los directores de centros educativos “no son técnicos en riesgos laborales, sino docentes”

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11 de mayo de 2020

  • La central sindical rechaza las instrucciones de la Consejería de Educación por “cargar de responsabilidades a los equipos directivos”, como la propia adquisición de material de protección.
  • Reclama que se constituyan los comités de seguridad y salud y se refuercen las plantillas de las unidades de prevención.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha rechazado el borrador de instrucciones que prepara la Consejería de Educación y Deportes para la incorporación a partir del próximo 18 de mayo del personal directivo y de administración y servicios de los centros educativos de Andalucía, por considerar que “carga de responsabilidades que no les corresponden a los equipos directivos, que no son técnicos en prevención de riesgos laborales, sino docentes”.

Según ha manifestado la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, tras la Mesa Sectorial de Educación celebrada este lunes, resulta un “despropósito que se deje en manos de los equipos directivos cuestiones técnicas de prevención de riesgos laborales como la adquisición del propio material de protección, mascarillas, guantes, geles y productos desinfectantes o incluso mamparas de seguridad, cuando esto correspondería a la Administración educativa”. Además, pide que dicho material no corra a cargo de los gastos de funcionamiento de los centros, sino que se habiliten para ello fondos específicos.

García exige que la Administración asuma las atribuciones que le son propias y no cargue a los directores y directoras de los centros. “¿Qué pasaría si los equipos directivos tienen problemas de acceso a la compra de dicho material de protección?”, se ha preguntado García, que ha añadido otra cuestión: “En tal caso, si no se hubieran podido conseguir los productos necesarios, ¿se abrirían los centros el próximo día 18?”.

En este sentido, la dirigente sindical se ha referido a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que en su articulado establece que “el empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales” y que “los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 de artículo 6 e la presente Ley”.

Ante ello, la presidenta del Sector de Educación de CSIF-A ha reclamado en la Mesa Sectorial la constitución del comité autonómico de seguridad y salud y el refuerzo de las plantillas de las unidades de prevención, “porque no es de recibo que se cargue a los equipos directivos con esta misión para la que, ni tienen formación, ni tienen crédito en su carga horaria, que se reparte entre las labores directivas y también lectivas”, ha recordado.“No son prevencionistas, no son técnicos en riesgos laborales”, ha insistido.

Para CSIF Andalucía, las instrucciones están “plagadas de interrogantes por responder”, que hacen que desde la central sindical se considere “precipitada” la vuelta a los centros docentes fijada el 18 de mayo para tareas administrativas. Precisamente, respecto al objetivo de este regreso presencial a los centros educativos, García se ha preguntado “si realmente responde a tareas administrativas” y ha rechazado la posibilidad –recogida en el borrador de instrucciones-- de que las familias puedan desplazarse también a los centros para recoger material escolar. “¿En qué quedamos?”, ha espetado la dirigente sindical.

 

Cita previa para trámites administrativos

A este respecto, ha indicado que CSIF Andalucía “rechaza de plano que los centros se conviertan a partir del próximo lunes en un deambular de personas, cuando no se tiene constancia de que vayan a estar operativas las medidas de seguridad oportunas”.

En relación al horario al público para tareas administrativas, fundamentalmente para la atención presencial del proceso de escolarización, la central sindical defiende que “se limite al mínimo imprescindible y que se realice, a ser posible, con cita previa, ajustándose a la propia demanda y necesidades de los centros y sus singularidades, ya que hay centros pequeños o rurales donde prácticamente ese proceso está ya terminado”, ha explicado Elena García.

 

 

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