CSIF insta a solucionar la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia para preservar los derechos de los ciudadanos y no agravar más la crítica situación de la Administración de Justicia

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27 de febrero de 2023

El sindicato CSIF quiere expresar su preocupación por la ya larga duración que está teniendo la huelga indefinida convocada por el Cuerpo Superior Jurídico de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Un conflicto que debido a la gran trascendencia social que está teniendo, es necesario que sea abordado con un diálogo que lleve a su solución sin más dilaciones en atención al principio de proporcionalidad. En este sentido, debemos decir que entre las cosas de suma importancia que están en juego se encuentran los derechos y las libertades de los ciudadanos y una economía ya bastante vapuleada por los efectos de la pandemia, cuya recuperación también está estrechamente relacionada con la credibilidad y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Desde el respeto al ejercicio del derecho de huelga, CSIF reclama que las partes implicadas en el citado conflicto se avengan a negociar y encuentren una solución a un problema que se está enquistando y que lo que está provocando de esta forma es agudizar aún más la crítica situación de la Administración de Justicia.

Para CSIF, si algo está quedando acreditado es que el reparto funcional en los órganos judiciales no responde a las necesidades de una administración moderna, pues muchas de las funciones de los LAJ son delegadas y/o ejecutadas diariamente por los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial), sin que por ello cuenten con reconocimiento alguno.

Por tanto, consideramos totalmente injustificado que se suspenda un juicio por la falta del LAJ cuando desde 2009, y por petición de los propios LAJ (que en aquel momento eran conocidos como secretarios judiciales) se les eximió de la obligación de entrar en sala.

Desde CSIF consideramos, además, que se deben aclarar determinadas cuestiones que no se corresponden con la realidad y que desafortunadamente se están aceptando como ciertas.

Nos referimos, en primer lugar, a que los LAJ no tienen ámbito de negociación cuando en realidad sí que lo tienen de acuerdo a la normativa vigente (Ley Orgánica de Libertad Sindical, artículos. 31 y siguientes del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

Como segundo aspecto hay que desmentir la afirmación que hace referencia a que los LAJ hacen el 90% del trabajo de la oficina judicial. Una afirmación falsa e injusta con el resto de personal de la oficina judicial. Como se dijo anteriormente, no se debe olvidar que muchas de las funciones de los LAJ son delegadas y/o ejecutadas diariamente por los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial), sin que por ello cuenten con reconocimiento alguno.

En otro orden de cosas, debemos destacar el hecho de que una reordenación de las funciones dentro de la oficina judicial, y su reconocimiento laboral y retributivo, repercutiría en una mayor agilización de los procedimientos judiciales. No hay que perder de vista que ahora nos encontramos con la paradoja de las quejas por tener una justicia lenta mientras que se sigue con un sistema que hace que un mismo procedimiento pase a la firma treinta o cuarenta veces. Procedimientos que en la mayoría de ocasiones son resoluciones de trámite.

Por todo ello, desde CSIF apremiamos a que se dé una solución al conflicto tomando como punto de partida el acuerdo sindical de diciembre de 2021. Un acuerdo que, para CSIF, es un buen punto de partida para abordar la aplicación de mejores condiciones de trabajo, desde los grupos de población a las guardias pasando por la carrera profesional o la productividad, en el contexto de cambio organizativo y funcional que, algún día, llegará y que debe contribuir a la mejor prestación del servicio público en beneficio del ciudadano, pero también a dignificar a todo el personal de Justicia, aprovechando su potencial y reconociendo su trabajo y papel en las oficinas judiciales.

 

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