VIA CRUCIS BUROCRÁTICO: LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO SALE DE PROCESIÓN

VIA CRUCIS BUROCRÁTICO: LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO SALE DE PROCESIÓN

Nos han convocado a reunión de Mesa General el lunes día 6 de abril, para abordar el “Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Segunda Modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2023, de 15 de marzo, de empleo público”.

Lo que se nos trae a la mesa hoy sobre educadores… es exactamente lo mismo que nos trajeron hace meses, y dijimos NO. ¿Estamos en el día de la Marmota?

CUERPO DE EDUCADORES Y AUXILIARES EDUCADORES A EXTINGUIR

En un ejercicio que roza lo admirable (si no fuera por sus consecuencias), nuestro gobierno vuelve a demostrar hasta dónde es capaz de llegar cuando se trata de conseguir sus objetivos. Va a modificar la Ley de Empleo Público (por segunda vez) pero lo verdaderamente llamativo no es que ahora se plantee modificar la ley (una ley reciente, recordemos), sino el motivo. Porque no parece que el objetivo sea corregir los errores cometidos durante su elaboración (que haberlos, los hay son visibles).

 No. Para eso, curiosamente, nunca hay prisa, ni consenso, ni oportunidad.

La reforma llega, pero no para arreglar lo que no funciona, sino más bien para envolverlo un poco mejor. Como si el problema no fuera el fondo, sino que todavía no estaba lo suficientemente disimulado. Así, donde debería haber una revisión honesta, encontramos un ejercicio bastante más creativo: ajustar lo mínimo para que todo encaje… sin que nada cambie de verdad.

Y es que, a estas alturas, da la impresión de que no se trata de enmendar errores, sino de protegerlos. De darles una capa nueva, más presentable, más defendible, y seguir adelante como si aquí no hubiera pasado nada. Porque corregir implicaría reconocer, y eso (al parecer) sí que sigue siendo inmodificable, aunque las consecuencias las paguemos todos.

Se nos presenta, con solemnidad, la creación de un cuerpo de educadores (para aquellos que llevan años prestando servicios como personal laboral) como una medida destinada a “poner en valor” la labor de estos profesionales. Sin embargo, la ironía es difícil de ignorar cuando dicho reconocimiento se articula bajo la fórmula “a extinguir”. ¿Es esta la forma de dignificar y poner en valor? ¿Reconocer para hacer desaparecer? Porque claro, se modifica una ley para crear un cuerpo… a extinguir.

Es decir, se eleva algo al rango de “valor” mientras se le pone fecha de caducidad. Extinguir lo que se dice proteger: una lógica impecable. ¿Alguien lo entiende?

Pero esta modificación llega, una vez más, cargada de “soluciones” marca de la casa. Cuando se les plantea que crear el cuerpo de educadores solo, supone cerrar la puerta a la promoción interna y a la progresión profesional, aparece la respuesta estrella: un giro de guion digno de aplauso. Sacan la varita mágica y… “tachán”: se crea el cuerpo de auxiliares educadores. Pero como los laborales son grupo D y los funcionarios C1, la solución pasa por crear, además, un cuerpo de auxiliares educadores a extinguir de C2 para luego poder pasar al cuerpo de Auxiliar socioeducativo C1, que también se crea.

Y, como si de un vía crucis burocrático se tratara, los grupos más bajos de la Administración (E y D vuelven a asumir el mayor sacrificio) Grupos como el E y el D, donde se encuadran profesionales esenciales como las TCAE, verán como desaparece, en la práctica, su única vía directa de acceso a la categoría de auxiliar educador. NO se soluciona el problema y crean otro mayor aún, aniquilando la promoción profesional de los grupos más bajos, casualmente feminizados.

Y entonces surge el siguiente interrogante, en los centros de discapacidad, donde una de las titulaciones que se exige para poder trabajar es TCAE ¿no van a no permitir a nuestras profesionales del ERA que promocionen? ¿Eso también es poner en valor?

Pero el análisis no termina ahí. Resulta igualmente revelador comprobar cómo se atienden con diligencia las demandas de determinados colegios profesionales (de profesiones no reguladas) mientras se ignoran sistemáticamente las reivindicaciones de otros colectivos de profesiones plenamente reguladas, como terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas. Curioso, ¿no? Se atiende con todo detalle a un colegio de una profesión no regulada, mientras que los colegios de profesiones plenamente reguladas ven cómo sus demandas quedan ignoradas. ¿Alguien puede explicarnos por qué las reglas valen para unos y para otros no?

CONSECUENCIAS DE NO CREAR LOS CUERPOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPEUTA NI AMPLIAR EL CUERPO DE ENFERMERÍA

Si no se crean los cuerpos específicos de Terapeuta ocupacional y Fisioterapeuta, el perfil sanitario en la dependencia corre un serio riesgo de desaparecer. Hasta ahora, la categoría de valorador integraba tanto perfiles sociales como sanitarios: Trabajo Social, Enfermería, Terapeuta ocupacional y Fisioterapeuta.

Con la nueva regulación, los valoradores pasarán a ser funcionarios, y solo podrán acceder a quienes pertenezcan a los cuerpos existentes. ¿Cuáles existen? Solo Trabajo Social y Enfermería. Y aquí surge otra paradoja: la mayoría de enfermeros del Principado son personal laboral, por lo que, en la práctica, la figura del valorador quedará prácticamente relegada al Trabajo Social.

¿Le corresponde a esta Administración decidir que el personal sanitario desaparezca de la dependencia? Por supuesto que no.

Pero este es el resultado de los guetos que se están creando, cuando no se considera el servicio asistencial ni las necesidades de la ciudadanía, y sí se priorizan intereses que poco o nada tienen que ver con el interés general.

Así, sin demasiado ruido, se reconfiguran perfiles, se excluyen profesionales y se redibuja el sistema a conveniencia. Todo muy coherente… si el objetivo no es precisamente garantizar la mejor atención posible.

¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que los perfiles sanitarios pueden quedar fuera de la valoración de la dependencia?

Aprueban leyes, las modifican, las retocan……para:

• Cesar a 64 educadores en junio, y los que vendrán detrás seguirán el mismo camino. A ese personal al que, según dicen, se pretende “poner en valor”, se le acabará poniendo en valor… en las listas del desempleo.
• Cerrar las puertas de la promoción a los grupos más bajos de la Administración, profundamente feminizados.
• Cesar a Auxiliares Administrativos en cascada, de servicios esenciales.
• Pérdida de experiencia profesional de cientos de empleados públicos.
• Consecuencias directas en dependencia, menores, y discapacidad, ámbitos donde no caben experimentos ni decisiones improvisadas.

Por eso, urge frenar este despropósito. Es imprescindible modificar la ley, sí, pero para lo que realmente importa: para dar solución a problemas reales, para evitar ceses injustificados, para reconocer la experiencia de quienes sostienen el sistema día a día, para

facilitar la promoción profesional y para garantizar, sin matices, que la atención a los colectivos más vulnerables sea la prioridad absoluta.

Lo que realmente hace falta es que se deje de maquillar problemas y se actúe de verdad. Hay que modificar la Ley de Empleo Público para crear todos los cuerpos necesarios, y no a extinguir, reconociendo de una vez a todo el personal que sostiene el sistema.

Es imprescindible convocar de forma inmediata la OEP de 2023 para titulados de grado medio en la categoría de educador, y aprobar la OEP de 2026 cumpliendo la legalidad, si es posible, por primera vez, en el primer semestre del año y no en diciembre como suele ocurrir.

Además, es necesario incluir plazas de Auxiliar Administrativo en la OEP de 2026, garantizando así estabilidad, promoción y continuidad del personal que mantiene los servicios esenciales, evitando ceses.

En pocas palabras: leyes que resuelvan problemas reales, OEP claras y oportunas, y cuerpos que garanticen servicio y promoción profesional.