CSIF solicita al Ministerio y CCAA que prorroguen el plazo de implantación de la tercera fase de los Tribunales de Instancia

• Esta posibilidad se recoge en la Disposición quinta de la LO 1/2025 (Ley de eficiencia) dando seis meses más y está en manos del Ministerio y las CCAA activarlo.

 

• La obsesión por el plazo está tensionando las oficinas y anuncia un dos de enero extremadamente complicado que amenaza con colapsar la Justicia.

 

Los plazos de la ley no pueden ser un fin en sí mismo. El objetivo no puede ser llegar como sea sino llegar bien a la fecha en la que se ponga en marcha la oficina sea cual sea la misma.

 

Los problemas que venimos denunciando en CSIF desde hace meses como la falta de personal que padece la justicia desde hace tiempo, la ausencia de especialización en las oficinas judiciales con la creación, al menos, de equipos de mercantil, menores, familia, violencia sobre la mujer… y la falta de medios materiales adecuados está convirtiendo este proceso en un mero reparto de miserias en vez de un proceso de modernización y de eficiencia.

 

El Ministerio de Justicia nos convocó el viernes a la mesa delegada para corregir criterios del proceso de acoplamiento relativos a la confirmación cuando hace varios días que esta fase ha finalizado. ¿Cabe mayor confesión de que las cosas no se están haciendo bien? CSIF y el resto de sindicatos hemos solicitado la anulación de la fase de confirmación y que reúna a la mesa de negociación para pactar una resolución de acoplamiento adaptada a las necesidades de esta tercera fase a la vista de los errores, las improvisaciones, la falta de información clara y completa que está convirtiendo este proceso en un caos.

 

• El proceso de confirmación está plagado de errores, rectificaciones sobre la marcha e improvisación, confirmando a jubilados o a personas que ya tienen un puesto adjudicado en la fase anterior, reparto de formularios distintos en cada sede judicial y presionando con plazos de 24 horas o menos para elegir.
• Las adjudicaciones se están realizando sin consignar los datos del puesto que se adjudica concretamente a cada funcionario/a cuando se adjudica un puesto debe aparecer descrito tal y como está en las relaciones de puestos de trabajo que para eso están.
• Todo el proceso de acoplamiento se está desarrollando a ciegas puesto que los protocolos de actuación de cada oficina son los que determinan qué, cómo, por quien se deben desarrollar las funciones y tareas de cada servicio, área, equipo, puesto singularizado… y, no existen, se están redactando dicen, por supuesto, al margen de los trabajadores.
• El principio de continuidad de funciones del que tanto habla el Ministerio se rompe cuando se excluye de las rpts los puestos de atención a las víctimas y luego se incluye a ese personal en la confirmación o cuando se desprecia la experiencia de personal titular en ejecución y por no reflexionar sobre sus consecuencias en relación con la precariedad en el que queda un servicio de ejecución sometido a una gran rotación de personal.
• Se están anunciando cambios de ubicación de personal sin ponerlo en conocimiento de las organizaciones sindicales tal y como exige la ley y se compromete la seguridad del personal y de las sedes judiciales al publicar los planos de las mismas con las nuevas ubicaciones.

 

Además, CSIF ha denunciado algunos de los protocolos de actuación de las fases I y II que contienen instrucciones absurdas o concurren con otros protocolos que dicen lo contrario y suplen las carencias de personal y de medios, vulnerando la normativa de vacaciones, permisos y guardias. Sin analizar y resolver los fallos y errores de estas fases I y II, sin analizar las necesidades de plantilla que son reales en muchas localidades, sin tener claros los criterios de acoplamiento antes de poner en marcha el proceso, sin protocolos de actuación previos a la implantación iniciar esta fase ha sido y es una temeridad.