CSIF advierte a Instituciones Penitenciarias que hay que frenar la escalada de violencia en las cárceles gallegas

Pontevedra, 30 de mayo de 2025.- El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración General del Estado y en el ámbito penitenciario, se ha dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) para exigir la adopción de medidas inmediatas que frenen el deterioro de la seguridad en las cárceles españolas, y en especial en los centros gallegos, tras el grave episodio de violencia ocurrido recientemente en el Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) en el que un interno reincidente, con antecedentes de violencia y vinculación al tráfico de drogas, protagonizó un intento de apuñalamiento a dos funcionarios y les profirió amenazas de muerte durante una comunicación institucional en el módulo 1.

Desde CSIF, advierten que este suceso “no es un hecho aislado”, sino parte de una “tendencia creciente de violencia” que compromete gravemente la seguridad de los trabajadores penitenciarios. El sindicato denuncia que la SGIP continúa permitiendo la progresión de grado de internos altamente conflictivos sin garantías objetivas, y que sigue sin reconocer a los funcionarios de prisiones como una profesión de riesgo, a pesar de los datos alarmantes: en 2023 se registraron más de 5.600 agresiones a personal penitenciario en todo el Estado (sin contar Cataluña y País Vasco), y sólo en Galicia se contabilizaron 453 agresiones en 2022, triplicando las cifras del año anterior.

La situación en Galicia es especialmente preocupante. La prisión de A Lama acumula el mayor número de agresiones, con 11 incidentes recientes. A este panorama se suman otros hechos graves: en noviembre de 2024, una funcionaria fue víctima de una agresión sexual en el mismo centro; en Monterroso, dos funcionarios resultaron heridos en agosto y otros dos en octubre durante incidentes violentos; en febrero de 2025, otro interno de A Lama agredió a un trabajador tras negársele una consulta médica.

Los delegados de CSIF Prisiones han alertado de que la introducción de nuevas sustancias psicotrópicas indetectables —los llamados "papelillos"— y la falta de controles adecuados para rastrear su origen han incrementado aún más la conflictividad interna. Además, ha denunciado que el actual protocolo de actuación frente a agresiones (PEAFA) no contempla muchas de las situaciones reales de violencia, al limitar su aplicación sólo a casos con lesiones graves.

Por todo ello, CSIF solicita:

• Que se paralicen las progresiones de grado automáticas para internos clasificados en primer grado con historial violento.
• Que se revisen con criterios multidisciplinares y estrictos las evaluaciones de peligrosidad.
• Que se reconozca oficialmente a los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo.
• Que se refuercen los mecanismos de seguridad, formación y control en los centros.

“El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los trabajadores penitenciarios son agredidos con total impunidad”, ha concluido el representante sindical. “Estamos ante un problema estructural que requiere respuestas inmediatas y contundentes”.