CSIF insiste en que la Ley de Simplificación Administrativa supondrá la privatización de los servicios públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública de Castilla-La Mancha, denuncia que la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, supondrá la privatización de los servicios públicos de la región a través de las entidades colaboradoras.

El Gobierno regional ha decidido seguir adelante a pesar de todas las advertencias realizadas, de las manifestaciones llevadas a cabo e incluso de un demoledor dictamen por parte del Consejo Consultivo, de 20 de marzo, que ya advertía precisamente sobre la indefinición de las funciones de las entidades privadas y de que usurparían funciones que competen a los empleados públicos, algo fundamental que no ha sido corregido en las enmiendas aprobadas.

Pero más allá de lo que supone un ataque directo a la Función Pública, también irá en detrimento de la propia ciudadanía al tener que hacer frente económicamente a los servicios solicitados.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, señala que “esta ley supone un antes y un después, estamos hablando de que las gestiones en el ámbito público serán susceptibles de contar con participación privada, algo muy peligroso. En lugar de aumentar las plantillas de empleados públicos se da entrada a las empresas privadas. Y como colmo, todos tendremos que pagar tarifas por estos servicios que hasta ahora eran gratis”.

Asimismo, CSIF señala que esta normativa debería ser bautizada como ‘Ley Page’; “si en su día nombramos a la Ley 1/2012 como Ley Cospedal, que supuso unos recortes terribles que hoy en día siguen vigentes en varias áreas, es justo que esta Ley de Simplificación sea conocida como Ley Page porque supone un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos”.