La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander denuncia el grave descontrol en la gestión de los recursos humanos municipales

La suspensión del examen se produce tras la notificación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declara caducada una plaza convocada en 2022, derivada de la Oferta de Empleo Público de 2019. El fallo aplica un criterio fijado por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio y anula todos los actos administrativos posteriores, lo que afecta de lleno a un proceso selectivo que estaba a punto de comenzar.

Desde la Junta de Personal, advierten de que este episodio no es un hecho aislado. “Por desgracia, no es la primera vez que acontece algo así en el Ayuntamiento”, ha señalado su presidente, Sergio Pando (CSIF Cantabria), que ha alertado de que la misma situación podría repetirse con las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, que podrían caducar en aproximadamente un año y medio si no se ejecutan a tiempo.

A esta situación, se suma la problemática generada en los procesos de promoción interna de la Policía Local, tras la reciente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la caducidad de la ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2021, que incluía 14 plazas de Oficial y 6 de Subinspector, convocadas en 2022. Según denuncian los representantes sindicales, no se ha ejecutado ningún proceso de promoción interna a Oficial o Subinspector en los últimos 16 años, una circunstancia que califican de “especialmente grave”.

Los datos de la propia plantilla municipal refuerzan, según la Junta de Personal, la gravedad del problema: de las 1.303 plazas de personal funcionario existentes, solo 841 están cubiertas en propiedad. En total, hay 462 plazas sin cubrir, de las que únicamente 114 están ocupadas por personal interino. Esto supone que 348 plazas permanecen vacantes, es decir, más del 35 % de los puestos que el propio equipo de gobierno considera necesarios para prestar unos servicios públicos adecuados.

Esta carencia estructural de personal, que se arrastra desde hace años, obliga a los trabajadores municipales a asumir “un sobreesfuerzo constante, desempeñando funciones correspondientes a puestos vacantes”. Una situación que, según denuncian, se agrava cuando “los procesos selectivos no se ejecutan en tiempo y forma y acaban caducando por el simple transcurso del tiempo”.
La Junta de Personal también ha puesto el foco en la avanzada edad media de la plantilla municipal, que provoca un goteo continuo de jubilaciones y un deterioro progresivo de los servicios públicos, al no existir relevos suficientes ni una adecuada transmisión del conocimiento y la experiencia acumulada.

En este contexto, los sindicatos recuerdan que, en la presente legislatura, la alcaldesa, Gema Igual, creó la Dirección General de Recursos Humanos y Gobernanza Pública, de forma paralela a la contratación externa de un proyecto para el rediseño de la estructura organizativa y la relación y valoración de los puestos de trabajo. Sin embargo, denuncian que, tras más de dos años y medio, ese proyecto no se ha ejecutado pese a haberse abonado su redacción y que una parte muy significativa de los acuerdos firmados con los representantes sindicales siguen sin cumplirse.

Ante este escenario, los representantes de CSIF, CC OO, UGT, SIEP y APLB-USO han solicitado públicamente el cese del concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio, Daniel Portilla, y del director general de Recursos Humanos y Gobernanza Pública, Juan Dañobeitia, a quienes consideran responsables directos del “absoluto despropósito” en la política de personal del Ayuntamiento.

“La situación actual nunca se había dado en el Ayuntamiento de Santander”, subrayan desde la Junta de Personal, que reclama una gestión “responsable, eficaz y respetuosa” con los trabajadores municipales y con la ciudadanía, a la que, recuerdan, se deben los servicios públicos que hoy están seriamente comprometidos.