El Ministerio de Función Pública convoca la negociación colectiva, tras una concentración masiva de empleadas/os públicos en toda España

CSIF Illes Balears, UGT y CCOO se han concentrado este 30 de octubre ante la Delegación del Gobierno, por unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más ocupación y mejora de las condiciones laborales para más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos de España.

 

La Central Sindical Independente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que las administraciones deben 8'5 millones a las empleadas y empleados públicos de Baleares por la congelación de sus nóminas y la negativa del Ministerio a negociar un acuerdo salarial para 2025.

 

El responsable de Acción Sindical de CSIF Illes Balears, Pau Bou, ha calificado de "lamentable e injusta" la pérdida de poder adquisitivo que padece el colectivo de empleados públicos, "especialmente grave en Baleares, con precios imposibles en materia de vivienda y la carestía de productos básicos y suministros por el hecho insular, mientras los sueldos públicos siguen congelados". A la congelación salarial de este año, hay que sumar el poder adquisitivo perdido desde 2022, con aumentos salariales por debajo de IPC que han provocado la pérdida de poder adquisitivo del 6% para los empleados públicos. Si nos remontamos a los recortes del 2010 del Gobierno de Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20 %.

De forma simultánea, CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO han convocado concentraciones  frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en toda España. Las concentraciones han sido masivas. Tras la concentración celebrada en Madrid frente al ministerio, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha invitado a los líderes sindicales a su despacho para informarles de que el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 11,00, se reanudará la negociación colectiva en las administraciones públicas. Desde CSIF valoramos esta decisión del Ministerio, pero avisamos de que no estamos dispuestos a perder más tiempo y exigimos que en esta primera reunión, el departamento de Óscar López presente una oferta económica para mejorar las retribuciones de las/os empleados públicos. En esta línea advertimos de que si no hay acuerdo, habrá huelga en diciembre.

 

Los motivos de la movilización

Esta movilización además responde a la urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos. Es una realidad que conoce perfectamente el Gobierno: el deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en los Servicios Sociales, en la Justicia y en resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de servicios públicos esenciales. Lo vemos en la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos por poner solo algunos ejemplos. La respuesta de la sociedad es el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público.

Hemos denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias.

Desde las tres centrales sindicales recordamos a las Administraciones Públicas y sus sectores públicos que se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, y que para ello hay que empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas.

Por ello, exigimos garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos. Hay que recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo, con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones de nuestro país. Y esto no se consigue con parches o con políticas cortoplacistas. Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos.

El futuro de lo público y del Estado del Bienestar dependen en gran medida de nuestras decisiones y acciones. Por ello, invitamos al conjunto de la ciudadanía a defender los servicios públicos.