UGT, CCOO y CSIF se concentran en toda Andalucía para decir “¡Basta ya!” al ministro Óscar López: o se sienta a negociar o tendrá huelga general

• Las tres organizaciones se han manifestado a nivel nacional por unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo público y mejora de las condiciones laborales para las empleadas y empleados públicos
• En Andalucía, el Ejecutivo central debe más de 310 millones de euros a los 500.000 profesionales del sector público en la comunidad

UGT, CCOO y CSIF han convocado concentraciones hoy 30 de octubre frente a las subdelegaciones del Gobierno en las ocho provincias andaluzas, así como ante las del resto de provincias españolas y el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, para reclamar unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para el medio millón de empleadas y empleados públicos en la comunidad.

Esta movilización, a la que han asistido en torno a 10.000 personas en las ocho provincias andaluzas, responde también a la urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos. Es una realidad que conoce perfectamente el Gobierno: el deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en los Servicios Sociales, en la Justicia y en resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de servicios públicos esenciales. Lo vemos en la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos por poner solo algunos ejemplos. La respuesta de la sociedad es el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público.

Las tres organizaciones han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias, y han recordado a las administraciones y sus sectores públicos que se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, y que para ello hay que empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas.

Por ello, las organizaciones sindicales han exigido al Gobierno central la reapertura inmediata de la mesa de negociación para garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos a nivel nacional; de estos, medio millón está en Andalucía y ya se les deben 310 millones de euros por la congelación de sus nóminas en lo que va de año.

En vista del retraso y la desidia por parte del ministro Óscar López, al no atender las justas demandas de las tres centrales sindicales, las organizaciones han continuado con el proceso de movilización puesto en marcha, que ha comenzado con estas concentraciones de hoy, 30 de octubre. Su desarrollo e intensificación en las próximas semanas y meses dependen de la voluntad y decisión del ministro de negociar; asimismo, no se descarta ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general. El ministro debería tomar nota de la decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se sientan inmediatamente a negociar.

Hay que recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo, con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones de nuestro país. Y esto no se consigue con parches o con políticas cortoplacistas. Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos.

El futuro de lo público y del Estado del Bienestar dependen en gran medida de las decisiones y acciones de las organizaciones sindicales y de la ciudadanía, a la que han invitado a defender los servicios públicos.