Mesa general: primer paso hacia la desaparición de la categoría de Educador, tal como la conocemos

Hoy ha tenido lugar la segunda reunión de Mesa General para abordar la Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo (2/2026).

En la reunión de la Mesa General celebrada hoy se ha impuesto una decisión de carácter claramente político: la creación de plazas de funcionario de educador social en Sograndio, cerrado exclusivamente a esta titulación. Una medida adoptada en contra del criterio técnico de la propia Viceconsejera y también en contra de la posición mantenida por los profesionales de la función pública.

No es un hecho menor. Tanto la Dirección General de Empleo Público como el propio Gobierno conocen el desacuerdo existente por parte de los funcionarios que gestionan el empleo público y las dificultades reales que esta decisión va a generar. La falta de profesionales en esta categoría (que en esto momentos está abierta a varias titulaciones) no es una hipótesis, es una realidad que ya está provocando problemas para cubrir puestos, y que se agravará con esta medida.

Aun así, se sigue adelante sin atender a estas advertencias, dejando la sensación de que los criterios técnicos y de buena gestión quedan en un segundo plano frente a otros intereses que poco tienen que ver con el interés general.

Desde CSIF queremos dejar constancia de que nuestra postura en la mesa de hoy responde a la coherencia con los posicionamientos que venimos trasladando desde hace meses.

Durante todo este tiempo hemos advertido reiteradamente de las posibles consecuencias de determinadas decisiones políticas, especialmente en lo relativo a las titulaciones exigidas para el desempeño de las funciones propias de los educadores (titulado grado medio).

En este sentido, hemos sido el único sindicato que ha votado en contra.

La táctica de la Administración vuelve a ser la de siempre: presentarte un expediente con muchas creaciones para colarte de paso algo que no quieres, obligándote a elegir qué “sacrificas”. No es una forma seria ni honesta de negociar. Desde una posición sindical coherente, aunque estemos a favor de reforzar los servicios y de crear nuevas plazas, no podemos votar a favor de un cuerpo que va a suponer que en junio se vayan a la calle 64 compañeros y compañeras. Además, esta medida va a generar problemas asistenciales claros por la falta de profesionales.

Además, esta situación afecta también a todos aquellos auxiliares educadores/as que ven limitada o directamente eliminada la posibilidad de realizar una promoción interna o acceder a una superior categoría, al modificarse la naturaleza de las plazas.

Conviene recordar, además, que la incorporación del cuerpo de educadores sociales cerrado exclusivamente a esta titulación, en la Ley de Empleo Público, no respondió a una propuesta técnica de los responsables de nuestra función pública, sino a una iniciativa de carácter político ( enmienda de un partido político) que ignoró las advertencias de los propios empleados públicos, quienes ya habían señalado las consecuencias de calado que esta decisión podría acarrear en términos de organización, gestión y cobertura de los puestos.

Por ello, desde CSIF consideramos imprescindible saber si existe un informe de viabilidad serio y completo. Un documento que analice la situación actual de la categoría, las titulaciones requeridas, las listas de empleo disponibles, si realmente hay profesionales suficientes, cuántas veces ha sido necesario recurrir al Servicio Público de Empleo y, en definitiva, si esta decisión es sostenible desde el punto de vista organizativo y asistencial.

Cuando se pone en marcha cualquier proyecto, ya sea en el ámbito empresarial o en la propia Administración, lo razonable es realizar previamente un análisis riguroso que permita anticipar las consecuencias de las decisiones que se van a adoptar. Sin embargo, en este caso se está actuando justo al revés: primero se decide y después, si acaso, se valoran los efectos.

Por eso insistimos en la necesidad de contar con un informe de viabilidad serio y fundamentado que evalúe el impacto real de esta medida y garantice que no va a generar problemas mayores en la gestión de los recursos humanos ni en el funcionamiento de los servicios públicos.

La pregunta es clara: ¿alguien va a asumir la responsabilidad de firmar que los servicios públicos no se van a resentir como consecuencia de esta decisión?

Por eso, desde CSIF reiteramos que el máximo responsable es el Presidente del Principado, quien no puede permanecer ajeno a esta situación. Le corresponde actuar con responsabilidad institucional, dejar de lado cualquier interés que no sea el interés general (y especialmente el de los menores) y poner fin a un despropósito que amenaza con deteriorar el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones en las que se prestan.

Asimismo, hacemos un llamamiento a los grupos políticos para que exijan al Gobierno transparencia en este asunto. Es necesario conocer todos los informes existentes, empezando por el de la Viceconsejera de Justicia y siguiendo por los elaborados por los funcionarios responsables de la gestión de personal del Principado. Solo así se podrá garantizar que las decisiones que se adopten respondan verdaderamente al interés público y al buen funcionamiento de los servicios.

CSIF ya ha registrado un escrito urgente, pidiendo dichos informes.