CSIF condena el asesinato de una trabajadora del SAF en O Porriño y exige medidas de protección urgentes

30 de July de 2025

CSIF ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima y a sus compañeras de trabajo.

Pontevedra, 30 de Julio.- El sindicato CSIF condena el asesinato de una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF) del Ayuntamiento de O Porriño, presuntamente a manos del marido de una usuaria del servicio, y ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima y a sus compañeras de trabajo.

Desde CSIF denuncian que con este crimen, ocurrido en el ejercicio de su labor profesional, “se ha cruzado una línea roja”, y exigen una reacción inmediata por parte de las administraciones para proteger a estas trabajadoras esenciales de situaciones de violencia y acoso.

El sindicato recuerda que lleva años alertando sobre las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo las profesionales del SAF en los ayuntamientos de Galicia, un servicio clave durante la pandemia y valorado públicamente por los responsables políticos.

A pesar de reconocer la importancia del SAF —que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y evita su desarraigo—, muchas administraciones mantienen a estas trabajadoras en situación de precariedad, con condiciones laborales muy por debajo del resto de empleados públicos.

Entre las situaciones denunciadas se encuentran sueldos que en algunos casos deben ser complementados para alcanzar el salario mínimo interprofesional, jornadas superiores a las del resto de trabajadores municipales, trabajo en domingos y festivos sin compensación adecuada, y escasa posibilidad de conciliación laboral y familiar.

Además, estas profesionales están clasificadas en los grupos más bajos, a pesar de que se les exige una titulación específica, carné de conducir y el uso de su vehículo propio para desplazarse entre domicilios.

CSIF recuerda que los ayuntamientos que gestionan directamente el servicio son los únicos responsables como empleadores, por lo que les exige dejar de escudarse en la infrafinanciación y asumir su obligación de proteger la salud y seguridad de estas trabajadoras.

El sindicato reclama la apertura inmediata de procesos de negociación que permitan implementar medidas de seguridad, así como una correcta valoración de los puestos de trabajo, acorde con la relevancia social del servicio que prestan.

Entre las medidas, destacan:

- Protocolos de intervención ante agresiones o amenazas en domicilios.
- Botón de pánico inalámbrico.
- Derecho a acompañamiento en intervenciones de riesgo o primera visita.
- Reconocimiento del riesgo laboral por aislamiento y atención en entornos no controlados.
- Evaluaciones de riesgos individualizadas por puesto y domicilio.
- Equipamiento de protección individual adecuado (EPIs) y medidas de defensa personal.
- Utilización app Alertcops.

Imagen: Faro de Vigo

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