El anteproyecto de Ley de FP de CLM: una ley sin profesorado (y sin presupuesto)

 

CSIF denuncia que el texto presentado por la Consejería ignora las condiciones laborales del profesorado, no garantiza financiación y consolida la sobrecarga de trabajo

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha presentado en Mesa Sectorial el Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de la región. Un texto de 54 artículos que pretende regular todo el sistema de FP en la comunidad autónoma pero que, según el análisis técnico realizado por CSIF, presenta carencias estructurales graves que afectarán directamente a las condiciones de trabajo de miles de docentes.

"No se trata de pequeños matices técnicos", explica Juan Luis Martínez, responsable del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha. "Hablamos de un anteproyecto que crea obligaciones para el profesorado pero no establece ni una sola garantía laboral. Que impone formación dual sin reducción horaria. Que genera estructuras burocráticas sin presupuesto. Es una ley vacía que se ejecutará, como siempre, a costa del profesorado."

Formación obligatoria... ¿en tu tiempo libre?

El artículo 32 del anteproyecto establece que la formación permanente del profesorado es "un derecho y un deber profesional". Hasta aquí, nada nuevo. El problema está en lo que el texto no dice.

La Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional, aprobada por el Gobierno de España, especifica que esta formación debe realizarse "preferentemente en horario laboral". Es una garantía básica: si te obligan a formarte, que sea en tu jornada de trabajo, no en tu tiempo libre.

El anteproyecto de Castilla-La Mancha omite esta garantía. No aparece por ningún lado. Ni "preferentemente en horario laboral" ni nada parecido.

"La Consejería se reserva la puerta abierta para obligar a formación fuera de tu jornada laboral, sin reconocimiento horario, sin compensación económica, sin nada", denuncia CSIF. "Formación obligatoria en tu tiempo libre. Así, literalmente."

Otras comunidades autónomas como Aragón y Andalucía ya han regulado esta cuestión en su normativa autonómica: formación en jornada laboral más reconocimiento en carrera profesional mediante sexenios o complementos retributivos. Castilla-La Mancha, de momento, prefiere el silencio.

La dual que no se ve: sobrecarga sin límites

El anteproyecto establece que toda la formación profesional de Grados C (certificados profesionales) y D (ciclos formativos) tendrá carácter dual. Es decir, combinará formación en el centro educativo con formación en empresa. Una apuesta que, sobre el papel, nadie discute.

El problema es que el texto no concreta absolutamente nada sobre quién asume esa carga de trabajo.

La formación dual exige coordinación con empresas, seguimiento del alumnado en las empresas, evaluación de la formación en empresa, prospección de empresas colaboradoras y gestión de convenios. Todo esto recae, obviamente, sobre el profesorado.

¿Y qué establece el anteproyecto para compensar esta carga? Nada. No hay reducción horaria lectiva para coordinación dual. No hay reconocimiento económico por estas funciones. No hay límite máximo de alumnos por tutor en seguimiento. No hay dotación de horas no lectivas adicionales. No hay tiempo computado para desplazamientos a empresas.

"Dual es igual a más trabajo, sin contrapartida, sin regulación y sin límites", resume CSIF. "En Aragón ya lo han regulado: reducción mínima de 2 horas lectivas semanales para profesorado en dual. En Castilla-La Mancha, ni una línea sobre esto."

Burocracia al alza, recursos a la baja

Si hay algo que caracteriza al anteproyecto es su capacidad para crear estructuras. El texto establece:

• Red de Centros de FP (artículos 25-26)
• Red de centros líderes (artículo 30)
• Trabajo en red obligatorio (artículo 27: "participarán de forma activa")
• Observatorio de la FP (artículo 51)
• Sistema de calidad y evaluación (artículos 41-47)
• Planes de innovación (artículo 45)
• Planes de digitalización (artículo 43)

Todo esto, según CSIF, sin un solo recurso adicional garantizado, sin una sola hora de reducción lectiva para coordinación y sin un solo euro comprometido en el articulado.

"Más estructuras, más reuniones, más coordinaciones, más burocracia", enumera Martínez. "Pero si buscas en la ley la palabra 'simplificación', 'reducción de carga burocrática' o 'agilización', no aparece ni una vez. El patrón es claro: crear obligaciones sin crear recursos."

El artículo trampa: compatibilidad que no existe

El artículo 31.2 del anteproyecto ha encendido todas las alarmas en CSIF. El precepto establece que el profesorado de FP "podrá impartir formación en centros de formación profesional no incorporados al sistema educativo siempre que cumpla con los requisitos de compatibilidad establecidos en la normativa vigente".

Suena razonable. El problema es que es jurídicamente falso.

La Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha establecen que un funcionario docente no puede realizar actividad privada retribuida relacionada con su puesto. Un profesor de un instituto público no puede compatibilizar legalmente con impartir formación en un centro privado de FP, porque vulnera el régimen de incompatibilidades.

"El artículo 31.2 sugiere una compatibilidad que jurídicamente no existe", advierte CSIF. "Genera una expectativa falsa que puede acabar en expedientes disciplinarios para compañeros que crean que 'la ley de FP lo permite'. Es un artículo peligroso que hay que suprimir."

La ley nacional no regula esta cuestión, precisamente porque es competencia de la normativa de incompatibilidades. Castilla-La Mancha, según CSIF, "mete la pata intentando regular algo que no le corresponde y generando inseguridad jurídica".

Expertos del sector productivo: ¿profesionalización o precarización?

El artículo 33 permite incorporar "personas expertas del sector productivo" a la docencia de FP. La figura existe en la legislación nacional y tiene sentido: traer conocimiento actualizado desde la empresa al aula.

El problema, según CSIF, es cómo lo regula Castilla-La Mancha: sin apenas límites.

El anteproyecto menciona "bolsas de trabajo" pero no especifica si serán únicas autonómicas o por centro (con el riesgo de enchufismo que esto conlleva), no fija requisitos mínimos de titulación o experiencia, no garantiza una retribución digna y, lo más grave, no establece cuándo se pueden usar.

"La pregunta clave es: ¿los expertos solo se utilizarán cuando las bolsas de profesorado interino estén agotadas, o se podrán usar en paralelo?", plantea Martínez. "Aragón lo regula claramente: bolsas autonómicas, baremos públicos, retribución igual a interinos, y solo cuando las bolsas de profesorado están agotadas. Castilla-La Mancha deja la puerta abierta a que se use la figura del experto para abaratar costes en lugar de contratar profesorado de las bolsas."

Financiación: el artículo más vacío de la ley

Quizá el dato más revelador del anteproyecto es el Título VIII, dedicado a "Dotación económica". Tiene un solo artículo. El 54. Que dice, literalmente:

"La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha garantizará la financiación del Sistema de Formación Profesional para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley."

33 palabras para regular la financiación de todo el sistema de FP de Castilla-La Mancha.

El artículo no dice cuánto dinero (¿porcentaje del PIB? ¿del presupuesto de Educación?), no dice de dónde sale (¿nuevas partidas? ¿reasignación?), no dice cómo se distribuye (¿centros? ¿formación profesorado? ¿dual?) y no dice con qué garantías (¿memoria económica? ¿compromiso plurianual?).

"Es retórica pura", critica CSIF. "Otras comunidades sí comprometen financiación real. Aragón establece por ley un incremento presupuestario anual de IPC más 0,5% hasta 2030. Andalucía fija que el presupuesto destinado a FP no será inferior al 15% del presupuesto de la Consejería de Educación. Castilla-La Mancha dice 'garantizará la financiación'. Sin cifras. Sin compromisos. Sin nada."

¿Qué significa esto en la práctica? Según CSIF, que todas las estructuras que crea el anteproyecto —redes de centros, centros líderes, observatorio, sistema de calidad, formación dual generalizada, acreditación permanente— se harán con los recursos actuales. "Más trabajo, mismo presupuesto, misma plantilla, misma jornada", resume Martínez. "Una ley sin financiación es una ley vacía. Es papel mojado que se ejecutará a costa del profesorado."

Condiciones laborales: las grandes ausentes

CSIF ha realizado un ejercicio revelador: buscar en el anteproyecto completo determinadas palabras clave. Jornada. Ratios. Horario lectivo. Reducción horaria. Carrera profesional docente. Complementos retributivos. Reconocimiento de experiencia.

No aparece ninguna.

Una ley de Formación Profesional de 54 artículos que no regula ni una sola condición laboral del profesorado de FP.

La comparación con otras comunidades autónomas es demoledora. Andalucía regula en su norma autonómica complementos retributivos por formación dual, reconocimiento de la experiencia profesional en empresa y formación permanente dentro de jornada. Aragón establece sexenios específicos para profesorado FP, reducción lectiva para coordinadores de dual y carrera profesional docente.

Castilla-La Mancha: silencio absoluto.

"El patrón es claro", insiste CSIF. "El anteproyecto crea obligaciones para el profesorado —formación, dual, coordinación, redes— pero no crea derechos. Exige, pero no reconoce. Impone, pero no compensa. Sobrecarga, pero no financia."

El factor ANPE-CCOO-UGT: acuerdos que se pagan caros

CSIF ha querido dejar constancia del origen de muchos de estos problemas. El acuerdo firmado por ANPE, CCOO y UGT con la Consejería de Educación, acaba blanqueando con paz social cualquiera de sus desmanes, como el que nos ocupa.

¿El resultado? Un anteproyecto de ley que, según CSIF, "consolida en rango legal todo lo que denunciamos hace año y medio".

"El acuerdo de ANPE-CCOO-UGT sirve de comodin a la Consejería que obliga a formación sin garantizar que sea en jornada, impone dual sin reducción horaria para coordinación, crea estructuras sin recursos para gestionarlas y permite expertos sin garantías para las bolsas de profesorado", enumera el responsable de Educación de CSIF CLM.

La respuesta de CSIF: 17 alegaciones técnicas

CSIF no se queda en la denuncia. El sindicato ha presentado 17 alegaciones técnicas al anteproyecto, exigiendo:

• Formación en horario laboral (como establece la ley nacional y como ya regulan otras comunidades autónomas)
• Reducción horaria obligatoria para profesorado en dual (mínimo 2 horas lectivas semanales) y 6 para tutores.
• Límite máximo de 15 alumnos por tutor en seguimiento de empresa
• Regulación de expertos: solo cuando bolsas de interinos estén agotadas, con retribución igual a interino
• Supresión del artículo 31.2 sobre compatibilidad (o limitarlo a centros públicos con régimen claro)
• Recursos reales para centros líderes (plantilla adicional, presupuesto, reducción lectiva)
• Financiación concreta: mínimo 12% del presupuesto de las Consejerías con competencias en FP, con incremento anual según IPC

El futuro: impugnación sobre la mesa

CSIF lo tiene claro: "No vamos a permitir que esta ley pase sin garantías reales para el profesorado. No firmamos acuerdos en blanco. No avalamos leyes vacías. No traicionamos al profesorado de Castilla-La Mancha."

"Es la jornada laboral del profesorado. Su carga de trabajo. Su carrera profesional. Su futuro en la FP. Es decidir si el profesorado de FP es el eje del sistema o una pieza intercambiable que se sobrecarga, se precariza y se sustituye cuando conviene. CSIF tiene clara su posición: hay cosas que no se negocian. Y las condiciones laborales del profesorado de FP son una de ellas."

Porque el profesorado no es invisible. Aunque el anteproyecto lo pretenda.