CSIF apremia a las administraciones a que abonen cuanto antes la subida salarial pendiente de 2025 a los empleados públicos de la provincia de Cádiz

• El sindicato insta al Gobierno, Junta y corporaciones locales a hacer efectivo el acuerdo por la mejora del empleo público, que conlleva un incremento retributivo del 11,4 % hasta 2028
• CSIF calcula que la deuda generada en 2025 al total del personal dependiente de las administraciones públicas en la provincia alcanza los 61 millones de euros

Cádiz, 4 de diciembre de 2025

La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, ha reclamado premura a las administraciones para que abonen cuanto antes la deuda generada con las empleadas y empleados públicos de la provincia por la subida salarial pendiente de 2025, que asciende a 61.400 millones de euros en total (unos 400 millones para todos los de Andalucía).

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido así máxima celeridad en la aplicación del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito con el Gobierno central y otras organizaciones sindicales el pasado 27 de noviembre y cuyo Real Decreto Ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros este martes. Dicho pacto pone fin a la congelación salarial que han padecido este año las empleadas y empleados públicos, que verán reflejada en sus nóminas una subida del 2,5 %, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025. Además, conlleva una subida salarial del 4 % en 2026 (más un 0,5 % adicional si el IPC de ese año es igual o superior al 1,5 %), del 9 % en 2027 y del 11,4 % en 2028.

La Central Sindical ha emplazado a la Administración General del Estado, a la Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos a que hagan efectivo el abono de la deuda generada.

“Las empleadas y empleados públicos no pueden esperar ni un minuto más para que sus condiciones empiecen a mejorar”, ha expresado la presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga. “En la provincia hay más de 80.000 personas sosteniendo los servicios públicos y merecen trabajar con dignidad”, ha señalado la responsable sindical.

En cuanto a la cifra de 61,4 millones de euros de deuda actual con las empleadas y empleados públicos de la provincia, CSIF ha explicado que es una cantidad aproximada calculada con la media de 62 euros mensuales que se deben a cada profesional y que varía en función de su categoría profesional o conceptos como los trienios o sexenios acumulados. El sindicato ha puesto a disposición de las personas interesadas una calculadora para conocer sus cantidades específicas y que puede consultarse en su web.

Además de la subida salarial, que permitirá que las nóminas se incrementen un 9 % en apenas 13 meses, el acuerdo también conlleva una mejora de las condiciones laborales en el sector público que redundarán en el bienestar de la ciudadanía.  “Es el mejor acuerdo posible si tenemos en cuenta la situación del país por la evidente inestabilidad política a nivel nacional e internacional”, ha añadido Amézaga.

La presión sindical ejercida, liderada por CSIF, al principio en solitario, ha conseguido mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos y movilidad, así como agilizar los procesos selectivos y la eliminación de la tasa de reposición, una reivindicación histórica de la Central Sindical. Del mismo modo, se reforzará la atención al público, se adaptará la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales, se mejorarán las condiciones de jubilación y se regulará el teletrabajo en la Administración General del Estado, entre otras medidas. El Gobierno, asimismo, se compromete a asegurar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).

Por último, la Central Sindical ha resaltado que el acuerdo contempla la creación en un plazo máximo de 15 días desde la firma de una comisión de seguimiento, con representación paritaria de la Administración y los sindicatos, con grupos de trabajo sobre igualdad, digitalización e inteligencia artificial, salud laboral y empleo público, sin prejuicio de la creación de nuevos grupos que se estimen convenientes. “Este pacto no es un cheque en blanco y CSIF velará por su cumplimiento en tiempo y forma, reservándonos el derecho a llevar a cabo todas las acciones necesarias para asegurar su efectiva ejecución”, ha concluido Amézaga.