ANDALUCÍA-PRODUCTIVIDAD. Negociar o bloquear: la diferencia entre asumir responsabilidades y mirar desde fuera

Se ha celebrado la segunda reunión del Grupo de Trabajo, quedando citados nuevamente para el viernes de la próxima semana, con el objetivo de cerrar el documento definitivo que se elevará a la Mesa Sectorial con las propuestas formuladas por las organizaciones sindicales presentes en la misma.

La propia Administración ha reiterado —sin margen para interpretaciones interesadas— que el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Función Pública establece exclusivamente el marco financiero y los conceptos retributivos a los que se aplicará el incremento. Es decir, fija el dinero y el instrumento, no desarrolla las condiciones técnicas de aplicación.

El Secretario General de Administración Pública recordó expresamente que el complemento de productividad como vía para articular esta subida retributiva, surge de la  participación conjunta de todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial —incluido SPJ-USO— en distintas reuniones en las que él mismo estuvo presente, donde se valoró entonces como la vía alternativa viable y presupuestariamente posible para hacer efectiva la subida, y así quedó recogido en el Acuerdo de la Mesa General.

Por tanto, las cuantías ya están acordadas, comprometidas en un acuerdo convalidado por el Consejo de Gobierno y respaldadas por informe favorable de la Dirección General de Presupuestos. Ese marco económico está garantizado.

Lo que corresponde ahora en esta Mesa Sectorial no es cuestionar la cuantía económica ya pactada ni el instrumento acordado para su percepción, sino negociar y concretar las condiciones de aplicación: objetivos, factores, indicadores y criterios de distribución. En definitiva, desarrollar técnicamente en la Mesa Sectorial de Justicia un acuerdo económico que ya asegurado, donde cada organización sindical puede y debe plantear sus propuestas

QUIEN NO PROPONE, NO PUEDE BLOQUEAR

Resulta profundamente lamentable que el sindicato SPJ-USO, el más interesado en que no exista acuerdo alguno, no haya presentado ni una sola alegación al borrador y haya manifestado expresamente en la Mesa que no va a formular propuesta alguna. Lamentablemente ya no nos sorprende que quien más quejas y opiniones vierte sobre cualquier asunto o cuestiones negociables sea el que menos propone soluciones y en este caso se permite decir que no van a proponer absolutamente nada. ¿Es esto lo que espera el personal de justicia de quienes los representan?

Esto no es nuevo. Ya ocurrió en 2018 con el acuerdo marco:

• No participar.
• No proponer.
• No asumir responsabilidad.
• Y después, si el acuerdo es positivo, apropiárselo.
• Y si no lo es, culpar a quienes sí negociaron.

En negociación colectiva hay una regla básica: el penalti lo falla quien lo tira, no quien se esconde.

Todos los acuerdos con contenido económicos de la Mesa Sectorial de Negociación deben contar con informe:

• ️ De la Secretaría General de Función Pública.
• ️ De Hacienda.
•  Del Gabinete Jurídico

En este caso concreto que nos ocupa:

• ️ Cuenta con informe favorable de Función Pública (al provenir de la Mesa General).
• Cuenta con informe favorable de Hacienda.
• Está pendiente el informe del Gabinete Jurídico, que se emitirá cuando se cierre el texto definitivo del expediente tras las aportaciones sindicales. Por cierto “Como ocurre en toda negociación) Es simplemente Ley presupuestaria que se ha de cumplir.

ESTE ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD Y PRESUPUESTOS: NO SON LO MISMO

El temor o recelo de muchos interinos no viene dado ni se funda, como se les quiere hacer creer en este Acuerdo de Productividad. Este temor es más antiguo, y nace de la publicación de la nueva Ley de Eficiencia que no fue negociada sindicalmente y del nuevo modelo que conlleva, y que impulsa unas plantillas más homogéneas, más versátiles y flexibles, como uno de los fines principales tenía dar respuesta a situaciones imprevistas o coyunturales de forma rápida.

Tenemos que ser muy claros: El acuerdo de productividad no hace referencia alguna a los presupuestos aprobados por la Consejería de Justicia. Son instrumentos distintos y jurídicamente independientes, este nuevo modelo organizativo parte de un principio claro: mayor flexibilidad en la cobertura inmediata de necesidades mediante una gestión más racional de efectivos, sobre todo refuerzos estructurales muchos de ellos que se han consolidado, así que desconocemos como afectará esa reducción de 3 millones de euros a la temporalidad.

Además, en la reunión celebrada, la administración ha reconocido expresamente que:

•  Seguirá siendo necesaria la contratación temporal y seguiran los nombramientos de interinos.
•  Deberá ajustarse a la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad.
•  Será determinante la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), prevista para el 14 de abril, sobre los límites al abuso de la temporalidad.

Por tanto, no existe ningún “recorte encubierto” al menos vinculado al acuerdo de productividad.

LA ADHESIÓN NO ES UNA IMPOSICIÓN: ES SEGURIDAD JURÍDICA

Aquí conviene tambien ser muy claros.

El sistema implantado en 2006 estableció una cuantía fija de productividad sin adhesión expresa, lo que ha generado dudas sobre su adecuación normativa por parte del gabinete jurídico

Así lo reconoce el propio sindicato SPJ USO en su circular con el siguiente comentario:

Circular de SPJ USO: “Es más, el INFORME con referencia IEF_PACC_00043_2025, en sus folios 9 y 10 dispone: “ No obstante, se recuerda que el planteamiento de una productividad de carácter fijo y periódico no se ajusta a la normativa vigente. Asimismo, tal como se observó en el informe emitido por este centro directivo el 4 de noviembre de 2025, se deberá acompañar un informe del Gabinete Jurídico en el que se pronuncie favorablemente sobre la adecuación a la legalidad vigente de este complemento, si se mantiene el carácter fijo de este complemento para este personal”. Pero es que, además, el anexo II del acuerdo de 26 de noviembre del Consejero de Gobierno, indica en su folio 10: “Por lo que se refiere al personal de Justicia, en la actualidad el complemento de productividad se adecúa con dificultad a esta estructura, puesto que tiene carácter fijo e igual para todos los trabajadores”.

Es decir: reconocen la debilidad jurídica… pero critican la solución que la subsana.

Por tanto, la adhesión voluntaria a la parte fija y periódica de la productividad, que se podrá realizar en cualquier momento, subsanará esa debilidad jurídica con un reconocimiento expreso de la misma, con consolidación de la cuantía que ya se percibía de (38,85€) al que se sumará el nuevo incremento acordado. Esto no es una “imposición”, es dotar de cobertura legal sólida a algo que durante casi 20 años ha estado en una zona gris.

PROPUESTA DE CSIF PARA 2026

Como en el año 2026 no existen criterios objetivos establecidos para la parte variable, ni será posible evaluar su grado de cumplimiento, desde CSIF hemos solicitado que, el importe total previsto para la parte fija correspondiente al conjunto de los tres años se abone íntegramente en un solo año, con efectos retroactivos a enero de 2026.

Esta medida propuesta resultaría plenamente justificada ante la imposibilidad de aplicar una evaluación objetiva y garantiza seguridad jurídica, equidad y el cumplimiento efectivo de los compromisos económicos adquiridos. En consecuencia, proponemos que en 2026 se proceda al abono de la parte fija en los siguientes términos:

•  Gestión Procesal: 110 euros mensuales (incluye los 38,85 euros actuales)
•  Tramitación Procesal: 105,60 euros mensuales (incluye los 38,85 euros actuales)
•  Auxilio Judicial: 101,20 euros mensuales (incluye los 38,85 euros actuales)
• Forenses: 110 euros mensuales (incluyendo los 38,85 euros actuales)

Están garantizados sus efectos desde el 1 de enero de 2026. Queda por concretar si el pago se podrá realizar mensualmente como se ha pedido por CSIF o si se respetará el pago trimestral tal y como se viene haciendo de acuerdo con el Decreto de Productividad de 2006.

Estas cuantías quedarían consolidadas con carácter estructural para los próximos años, garantizando su incorporación estable en las retribuciones.

A ello se añadiría el complemento variable de productividad, vinculado al cumplimiento de objetivos, con las siguientes cuantías totales:

• Gestión: 1.750,32 €
• Tramitación: 1.487,76 €
• Auxilio: 1.225,2 €
• Forenses: 1.750,32 €

Desde una perspectiva presupuestaria CSIF ha exigido que el abono de estas cantidades de la parte variable se materialice en los ejercicios 2027 y 2028 tal y como viene recogido en el acuerdo de mesa general, distribuyéndose en dos anualidades iguales y de forma progresiva. Las cantidades comprometidas entonces se distribuirían en un primer ejercicio (2027) del siguiente modo

• Gestión: 875,16 €
• Tramitación: 743,88 €
• Auxilio: 612,6 €
• Forenses: 875,16 €

En el último ejercicio de aplicación del incremento acordado en Mesa General (2028), las cantidades alcanzarían ya su cantidad máxima en el concepto de variable y se sumaría a la parte periódica y fija a la que hacíamos referencia más arriba dentro de la propuesta que hemos trasladado a la Consejería

Estas cantidades se corresponden con las cantidades que trasladamos desde un primer momento tras la firma del Acuerdo en Mesa General, y que trasladamos en un desglose detallado y en términos mensuales para una mejor comprensión y valoración del Acuerdo alcanzado, y sus efectos comparados.

NO SE PUEDE HABLAR DE IMPOSICIÓN CUANDO UNO SE NIEGA A PROPONER

En la reunión se indicó expresamente por el Secretario General de Función Pública que:

• El acuerdo fija solo el marco presupuestario global.
• El desarrollo concreto debe negociarse en la Mesa Sectorial.

Sin embargo, SPJ USO:

• No presentaron alegaciones.
• No presentó propuesta alternativa.
• Manifestó expresamente que no se formularía ninguna.

No se puede denunciar “imposición” cuando el propio espacio negociador está abierto para concretar y mejorar el desarrollo, y se niegan a plantear propuestas ni alternativas.

• ️ En CSIF, nosotros elegimos negociar. 
•  En CSIF, nosotros elegimos mejorar retribuciones, al igual que se ha hecho con el último acuerdo nacional de Mesa General de la Función Pública, que culminará con una recuperación del 11,4% del poder adquisitivo.
• En CSIF, elegimos asumir responsabilidades

Sin embargo, otros eligen no participar:

• Quien no propone no puede bloquear.
• Quien no negocia no puede apropiarse los avances.
• Y quien se niega a participar no puede hablar de imposición