ANDALUCÍA: CSIF exige a la Consejería de Justicia la evaluación urgente de los riesgos psicosociales en la Justicia andaluza.

10 de March de 2026

Desde CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, REITERAMOS DE NUEVO y formalmente ante la Consejería de Justicia la EXIGENCIA URGENTE de realizar una evaluación de riesgos psicosociales del personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia en Andalucía, ante la situación de SOBRECARGA, DESORGANIZACIÓN Y CRECIENTE DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES que se está produciendo en numerosos órganos judiciales. Esta iniciativa se suma a la demanda interpuesta por CSIF contra la implantación de los Tribunales de Instancia y que ha sido turnada para su trámite a la Sección 1ª del la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla

Desde CSIF valoramos positivamente que, meses después de nuestras iniciativas presentadas en 2025 por nuestra organización con el comienzo de la implantación de las diferentes FASES I, II y III de la implantación de los Tribunales de Instancia, otras organizaciones sindicales, como por ejemplo SPJ-USO, hayan decidido ahora sumarse y secundar también esta reivindicación de CSIF, lo que demuestra que la preocupación existente en el sector es real y ampliamente compartida.  

Como indicamos durante el año 2025, CSIF presentó escritos formales solicitando la realización de esta evaluación preventiva, advirtiendo del grave impacto organizativo que podía provocar la implantación del nuevo modelo de Tribunales de Instancia, unido además al déficit histórico de medios humanos, materiales y tecnológicos que arrastra la Administración de Justicia en Andalucía

Sin embargo, meses después de aquellas solicitudes, la Administración sigue sin dar respuesta ni adoptar medida preventiva alguna, a pesar de que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales obliga expresamente a evaluar los riesgos derivados de cambios organizativos de esta magnitud. 

No obstante, desde CSIF subrayamos que la falta de actuación de la Administración durante todo este tiempo ha permitido que la situación se deteriore aún más

UNA REFORMA ORGANIZATIVA QUE ESTÁ GENERANDO CAOS EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES 

La implantación del modelo de Tribunales de Instancia —desarrollada en Andalucía en tres fases durante julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026— constituye una de las mayores transformaciones organizativas de la Justicia en décadas. 

Sin embargo, la forma en que se está aplicando esta reforma está generando graves disfunciones en el funcionamiento diario de los órganos judiciales. 

En numerosos partidos judiciales se están produciendo situaciones de

  • Falta de planificación organizativa real. 

  • Ausencia de directrices claras sobre el funcionamiento de los nuevos servicios comunes. 

  • Descoordinación entre unidades y duplicidad de tareas. 

  • Incremento de la carga mental y administrativa del personal funcionario. 

  • Cambios constantes en la organización del trabajo que generan incertidumbre permanente. 

Mientras que antes de la reforma cada funcionario conocía perfectamente cuáles era su trabajo, en la actualidad muchos trabajadores se encuentran trabajando en un escenario de auténtico caos organizativo, teniendo que adaptarse de forma improvisada a nuevas dinámicas sin formación suficiente ni instrucciones claras. 

UN IMPACTO DIRECTO EN LA SALUD DEL PERSONAL 

CSIF alerta de que esta situación está provocando niveles muy elevados de estrés laboral, ansiedad y desgaste profesional entre el personal funcionario

A la fatiga mental derivada de la sobrecarga organizativa se suma además UN DESGASTE FÍSICO CADA VEZ MÁS EVIDENTE, con trabajadores que están soportando jornadas de enorme presión para poder mantener en funcionamiento el servicio público. 

Migrañas, fatiga visual, agotamiento continuado o sensación permanente de desbordamiento son cada vez más frecuentes entre el personal, que está sosteniendo el funcionamiento de la Justicia gracias exclusivamente a su profesionalidad y compromiso con el servicio público

UNA REFORMA “A COSTE CERO” QUE PAGAN LOS TRABAJADORES DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

A esta situación organizativa se suma además la FALTA DE MEDIOS ESTRUCTURALES QUE SUFRE LA JUSTICIA ANDALUZA.  

Desde CSIF denunciamos que la implantación del nuevo modelo se está realizando: 

  • sin el personal necesario, 

  • sin refuerzos suficientes, 

  • con bajas por enfermedad sin cubrir en las Jefaturas 

  • sin convocatoriasde comisiones de servicio ni llamamientos de personal interino en la FASE III 

  • con sistemas informáticos que continúan presentando graves incidencias, 

  • y con infraestructuras judiciales claramente insuficientes y en muchos casos saturadas. 

Existen sedes judiciales donde faltan incluso medios básicos para el trabajo diario, desde impresoras o teléfonos hasta equipos técnicos necesarios para el funcionamiento de las salas. 

Para CSIF resulta especialmente preocupante que se siga trasladando públicamente la idea de que esta reforma se está implantando “a coste cero”, cuando la realidad es que ese coste lo está pagando el propio personal funcionario con su esfuerzo diario y con un evidente impacto en su salud laboral. 

DESDE CSIF EXIGIMOS MEDIDAS URGENTES 

Ante esta situación, desde CSIF exigimos a la Consejería de Justicia: 

  • La realización urgente de una evaluación de riesgos psicosociales en los órganos judiciales de Andalucía. 

  • El análisis real de las cargas de trabajo existentes. 

  • La evaluación del impacto organizativo del nuevo modelo de Tribunales de Instancia. 

  • La revisión de los medios humanos, materiales y tecnológicos disponibles. 

  • Y la adopción de medidas correctoras que garanticen la protección de la salud laboral del personal funcionario. 

CSIF advierte de que no se puede seguir sosteniendo el funcionamiento de la Justicia a costa del esfuerzo personal de los trabajadores, ni ignorando los riesgos laborales que se están generando como consecuencia de una reforma organizativa mal planificada

LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL Y MORAL DE ACTUAR

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