El Consejo Económico y Social constata falta de financiación y una fuerte competencia entre universidades públicas y privadas
27 de de juny de 2025
En la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2024
El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración Pública, defiende los servicios públicos de calidad y, para ello, es necesario garantizar los derechos de las y los empleados públicos y de quienes aspiran a serlo.
En estos momentos, en los que se sustancian numerosos procesos de selección de personal docente e investigador laboral y de personal técnico de gestión y de administración y servicios, defendemos y reclamamos que se garanticen y respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como la transparencia necesaria en cualquier proceso de concurrencia competitiva.
Las universidades públicas, mayoritariamente, velan por el cumplimiento de estos principios y garantizan a las y los aspirantes sus derechos a lo largo de todo el proceso, desde su convocatoria hasta su finalización. Y, donde no sea así, CSIF velará porque se respeten los derechos de las y los empleados públicos.
Desde CSIF llevamos mucho tiempo denunciando que el curso de implantación de la LOSU está marcado por la infrafinanciación de las universidades públicas, la precariedad del PDI y la desleal competencia de las universidades privadas.
Pues bien, ahora os extractamos lo más significativo recogido en la recientemente publicada Memoria del CES sobre el Sistema Universitario Español:
1º) Implantación de la LOSU y falta de financiación
El gasto público en las enseñanzas universitarias cae en términos reales desde 2009, aunque en 2024 aumenta por encima del IPC
Durante 2024 el sistema universitario ha estado centrado en la implantación la LOSU, enfrentándose a importantes desafíos, entre los que destaca la dificultad de financiación de las universidades para afrontar los aspectos relativos a la dedicación y estabilización del personal docente e investigador (PDI).
Tuvieron que adoptarse medidas dirigidas a flexibilizar los plazos de implantación de la LOSU, tanto en lo que respecta al PDI (ampliándolo del 31 de diciembre de 2024, hasta junio de 2028), como a otros aspectos relacionados con los estatutos y órganos de gobierno de las universidades (hasta 2026).
Se pusieron en marcha mecanismos adicionales de financiación dirigidos a cubrir las necesidades derivadas de la nueva regulación de los contratos de profesorado. Concretamente, el Plan Integra para financiar la contratación de 3.400 profesores/as ayudantes doctor.
2º) Fuerte competencia entre universidades públicas y privadas
Nuevo incremento del peso de las privadas hasta llegar a acoger al 22 por 100 del alumnado (cuando en el curso 1995-1996 apenas acogía al 3 por 100).
Existencia de gran diversidad territorial: en La Rioja, las universidades privadas concentran el 80 por 100 de las matriculaciones, seguido de Navarra (53 por 100), Cataluña (36 por 100) y Madrid y el País Vasco (32 y 31 por 100, respectivamente).
El 50 por 100 de la población que estudiaban programas de máster estaba matriculada en universidades privadas.