El Gobierno comunica el despido a la plantilla que gestiona vivienda pública mientras ultima el decreto: CSIF exige la subrogación en Casa 47

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, presentó hoy una demanda exigiendo la subrogación de la plantilla de la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Restructuración Bancaria (SAREB) a la entidad pública Casa 47.

Se da la paradoja de que el Gobierno ha comunicado el cese del contrato a las 247 personas empleadas del SAREB –el ‘banco malo’ creado por el Gobierno en 2016 para gestionar activos procedentes de la reestructuración bancaria--, coincidiendo con el cese de actividad de esta sociedad, mientras ultima la aprobación del decreto sobre vivienda.

CSIF entiende que la continuación de la labor de SAREB por Casa 47 constituye “una transmisión de unidad productiva”, por lo que debe aplicarse la subrogación de personal prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva UE 2001/23/CE relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

Sin embargo, en pleno debate sobre la crisis de la vivienda que afecta a España, el Gobierno abocará a la plantilla del SAREB a un despido colectivo para ahorrarse costes salariales, mientras que la entidad pública encargada de dar continuidad a sus funciones contratará y formará a nuevo personal para desarrollar el trabajo que actualmente se lleva a cabo en el SAREB, con el consiguiente gasto añadido de proceso selectivo y formación.

El total de viviendas a transmitir del SAREB a Casa 47 se cifra en más de 40.000, a lo que se suman cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar aproximadamente 55.000 viviendas. CSIF denuncia que la transmisión escalonada de activos ha devenido además en una confusión patrimonial entre ambas mercantiles.

 

Crisis de la vivienda en el empleo público

Por otra parte, CSIF manifiesta su preocupación y solidaridad con las personas más desfavorecidas ante la grave crisis de acceso a la vivienda que asfixia a miles de familias y particulares. Los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida y la diferencia retributiva.

De hecho, CSIF está constatando una realidad inédita hasta ahora con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién ganadas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda.

Se da la circunstancia de que estas personas deben trasladarse para atender nuestros colegios, hospitales, juzgados u oficinas de atención ciudadana pero muchas veces no pueden permitirse un techo bajo el que vivir.

Para evitar el arraigo de este problema y asegurar que ninguna infraestructura pública se quede sin personal, CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibran la equidad salarial con la realidad del mercado inmobiliario actual:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación y el coste real de la vida, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.
• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde la burbuja de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales para toda la ciudadanía y mientras tanto la Administración debe actuar con responsabilidad para evitar el desmantelamiento involuntario de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.