El centro de protección de menores de la Junta de Andalucía en Torre del Mar, asfixiado por la falta de presupuesto

CSIF denuncia que la Administración ha abandonado el centro ‘Virgen de la Victoria’, el único en la provincia para acoger a niños y jóvenes en situación de desamparo, que lleva más de cuatro meses sin pagar a proveedores

El centro ha acumulado una deuda superior a los 100.000 euros, ha limitado el consumo de algunos alimentos como la carne y ha prescindido de servicios como control de aguas y plagas, mientras los trabajadores han llegado a abonar de su bolsillo gastos esenciales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, alerta de la grave situación de abandono en la que se encuentra el Centro de Protección de Menores ‘Virgen de la Victoria’ de Torre del Mar (Vélez-Málaga), dependiente de la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. La falta de presupuesto ha llevado al centro a una situación de asfixia económica insostenible y que compromete su continuidad. 

Así lo ha denunciado CSIF a través de un escrito dirigido a la Administración autonómica en el que traslada su preocupación por el estado de abandono material, económico y funcional del centro, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas efectivas para revertir una situación que se agrava cada día.

La principal y más preocupante deficiencia denunciada por la central sindical es la falta absoluta de presupuesto operativo. Este centro carece de un presupuesto asignado para cubrir los gastos ordinarios y acumula actualmente una deuda superior a los 100.000 euros con proveedores, algunos de los cuales ya han dejado de prestar servicio tras más de cuatro meses sin abonarse facturas.

CSIF defiende que esta situación compromete el suministro de bienes básicos como alimentación, limpieza o material de uso diario, al tiempo que señala que ya se ha limitado el consumo de algunos alimentos como la carne y se ha prescindido de servicios externos que son esenciales para garantizar la salubridad de las instalaciones, como los controles de calidad del agua y de plagas.

Cabe señalar que las condiciones en las que se encuentra el edificio son lamentables y requiere trabajos de reforma, prometidos por la administración pero que nunca llegan. Este edificio, que lleva más de 30 años sin inversión alguna, presenta deficiencias importantes en seguridad y salubridad, provocando que los menores y trabajadores convivan en módulos deteriorados, con techos en mal estado, mobiliario obsoleto y problemas de limpieza que incluyen la presencia de plagas.

Las dificultades derivadas de la falta de presupuesto también han provocado que los menores no perciban desde hace más de un año el dinero para gastos personales que tienen asignado, por lo que son los propios trabajadores los que muchas veces lo asumen de su bolsillo. Este verano, por ejemplo, los profesionales que atienen a estos niños se han tenido que hacer cargo de los gastos por una intervención dental de urgencia a uno de los menores ante la falta de respuesta por parte de la Administración.

Gracias a estos trabajadores y su dedicación se está prestando este servicio esencial a menores vulnerables, en situación de desamparo, que encuentran en este centro una primera acogida por parte de unos servicios sociales que están prácticamente desmantelados en Málaga. Este centro de protección de menores, con 21 plazas de capacidad, es el único que queda en la provincia, tras el cierre –según la administración autonómica, “provisional”- del centro de Torremolinos en noviembre de 2023; y en él conviven niños y niñas con perfiles y edades diferentes, que no siempre tienen garantizada la separación en módulos de convivencia independientes como recoge la normativa.

También gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, estos menores han podido acceder a algunas actividades educativas o recreativas este verano, ya que la Administración autonómica ha abandonado absolutamente estas asignaciones, siendo necesaria la solicitud de servicios externos gratuitos para cubrir esas carencias.

Esta dejación de funciones por parte de la Delegación territorial se refleja también en la dotación de plantilla, totalmente insuficiente y con déficit de profesionales de todas las categorías, como educadores, personal de limpieza, vigilancia y mantenimiento. Estos trabajadores, que dan lo mejor de sí para garantizar el servicio, trabajan en condiciones pésimas, con una sobrecarga crónica y sin garantías para su seguridad y salud.

CSIF denuncia que la Delegación territorial no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias, ni ha autorizado el gasto necesario para garantizar el funcionamiento básico del centro, vulnerando los derechos de los menores y las condiciones laborales del personal. En su escrito, la central sindical ha exigido medidas urgentes e inmediatas para garantizar una atención digna, segura y profesional a los menores tutelados por la Junta de Andalucía. Es inadmisible que un centro de primera acogida, el único en la provincia de Málaga, que debe ser un entorno protector y rehabilitador, funcione bajo una precariedad estructural y económica que pone en riesgo tanto a los menores como a los profesionales.

Finalmente, la central sindical ha insistido en la responsabilidad directa de la Administración autonómica de dotar de los recursos necesarios estos servicios públicos esenciales para la protección de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad; y ha advertido de que está estudiando las medidas contra una situación insólita, insostenible e intolerable en nuestra Administración Pública.