Los funcionarios de Justicia reclaman negociación y diálogo a la vicepresidenta Mar Vaquero en la nueva legislatura

El sector se encuentra en plena transformación organizativa tras la implantación de los tribunales de instancia y la oficina judicial única. 

Los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia confían en que la continuidad de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, al frente de la cartera de Justicia sirva para fomentar la negociación y el dialogo. Lo reclaman porque entienden que la Justicia atraviesa “una situación delicada” derivada de la implantación de los tribunales de instancia y la oficina judicial única que ha traído la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia promovida por el Gobierno central y que ha implicado una profunda transformación organizativa. De los tradicionales juzgados, se ha pasado a macroservicios.

Al respecto, en una reciente concentración celebrada en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, lo sindicatos STAJ, CSIF y UGT denunciaron la, según ellos, carencia masiva de personal, la mala redistribución del personal, el recorte de derechos por la suspensión de comisiones de servicio, de sustituciones y de concesión de días de vacaciones y permisos, la deficiente inversión en el equipamiento informático y sus deficiencias, y el reparto desigual de cargas.

“El hecho de que ya no vaya a tener entre sus competencias Economía quizá le permita profundizar más en la actual, compleja y conflictiva situación que atraviesa la Administración de Justicia en Aragón y fomente la negociación colectiva a través de la dirección general”, manifiesta Ana Sanau, de STAJ, quien desea “un nuevo clima de negociación para llegar a consensos y acuerdos que mejoren las condiciones laborales y el servicio público”.

Desde UGT, Evangelina Giménez también reclama una comunicación más directa. “La última vez que la vi fue en 2024 con la negociación de la subida del complemento autonómico”, asegura y también le reprocha no haber tenido contestación a varios escritos como el que le dirigió en 2025 tras solicitar junto a STAJ y CSIF la dimisión del director general de Justicia, Jorge Oswaldo Cañadas. 

En CSIF, Irene de la Riva, se muestra proclive a "tender puentes para facilitar, la comunicación y el diálogo", aunque no renuncia a otros medios para "seguir exigiendo mejoras". "En la anterior legislatura al principio se puso en valor al colectivo de Justicia con el reconocimiento de nuestra precaria situación retributiva con respecto a otras comunidades", destaca. Sin embargo es crítica con la implantación de la oficina judicial única. "Ha sido nefasta para el colectivo y la ciudadanía", afirma. Habla de "inadecuada previsión", "escasa negociación" y de "falta de medios personales y materiales". 

Valoración positiva en CC. OO.

Por su parte CC.OO. valora “positivamente” la continuidad de Vaquero. De la anterior legislatura su representante Joaquín García recuerda la firma del acuerdo relativo al complemento autonómico y se asegura que “nos consta la escucha activa respecto de los problemas de la Dirección General de Justicia”. Al respecto Joaquín García defiende la continuidad del director general para dar estabilidad a la gestión después de que desde 2023 se hayan sucedido cuatro personas en ese cargo.

Sobre la reforma de la Justicia, desde el Gobierno de Aragón se esgrime que ha destinado  1,7 millones de euros al refuerzo de personal con la creación de 39 plazas para las oficinas judiciales y agrupaciones de Oficinas de Justicia en los Municipios, que han sustituido a los Juzgados de Paz. También se destaca que ha destinado 12,3 millones de euros de fondos europeos al despliegue tecnológico que exige la nueva estructura judicial.