CSIF y JUPOL exigen más medios y protección para los vigilantes de seguridad, ante el aumento de las agresiones a estos profesionales

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18 de de febrer de 2026

CSIF se va a personar como acusación particular en el caso de la agresión sufrida por dos vigilantes en el motín en el centro de menores de Juslibol el pasado 5 de febrero.

 Zaragoza. (18/02/2026).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato policial JUPOL se han concentrado este miércoles 18 de septiembre para denunciar el aumento de agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad y policías en su trabajo, y exigir más medidas de  protección.  La  concentración  se  ha  llevado  a  cabo  este  miércoles  ante  la  Delegación  del Gobierno en Zaragoza. 

En  los  últimos  días,  se  han  vivido  varios  episodios  violentos  contra  personal  de  seguridad  en Aragón. Un motín en el centro de menores de Juslibol el pasado 5 de febrero se saldó con varios vigilantes,  policías y  educadores  heridos.  En este caso,  CSIF se va a personar  como  acusación particular  representando  a  dos  vigilantes  que  sufrieron  agresiones  físicas.  Uno  de  ellos  fue golpeado por la espalda, lo tiraron al suelo y le dieron patadas en la cabeza. Y tres días después, dos  vigilantes  de  seguridad  fueron  agredidos  por  una  paciente  y  un  familiar  en  en  Hospital  San Jorge de Huesca. 

 “No  son  situaciones  excepcionales.  Cada  vez  son  más  habituales  las  agresiones  en  centros sanitarios y de servicios sociales, tanto a los trabajadores como a los vigilantes. Es imprescindible reforzar la seguridad y actualizar los protocolos. Los vigilantes deben trabajar siempre en pareja y nunca  en  solitario.  No  puede  ser  que  se  priorice  el  ahorro  de  costes  frente  a  la  salud  de  los profesionales.  Trabajar  velando  por  la  seguridad  no  puede  significar  jugarse  la  vida”,  denuncia Isabel Castro, responsable de seguridad privada de CSIF Aragón. 

CSIF reclama: medios de protección reales, eficaces y adaptados a cada servicio; revisión de los modelos  de  gestión  inseguros;  refuerzo  de  personal  y  recursos;  protección  jurídica  efectiva; reconocimiento del daño psicológico como accidente laboral; y una reforma legal que garantice que  ninguna agresión queda impune.

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