CSIF denuncia graves problemas de carga de trabajo en los equipos psicosociales de los Juzgados de la Comunidad de Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo por los graves problemas de carga de trabajo en los equipos psicosociales de los Juzgados de la Comunidad de Madrid.

En total, son 183 las personas destinadas en los equipos psicosociales de nuestra Comunidad; quince personas tienen destino en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos (OAVD) y el resto son dependientes, desde 2021, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLyCF).

Según consta en la Memoria 2021 de la OAVD, respecto a 2020, la Comunidad de Madrid prestó, a través de esta red de oficinas, atención jurídica y psicosocial a 5.820 personas en ese año 2021, un 51,1% más que el año anterior. De estas, el 90% (5.178) fueron mujeres, siendo 347 menores de edad.

La propia memoria de OAVD destaca también el incremento producido en las atenciones relacionadas con delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que constituyen, con un 31,36%, la principal tipología de carácter penal. La siguiente, en incremento, es la violencia contra las mujeres.

De los 5.820 expedientes tramitados por las OAVD durante 2021, 1.597 correspondieron a nuevos usuarios, lo que supuso un aumento del 55% respecto al año anterior.

Estas cifras, comparando con los datos publicados y con el incremento de un solo trabajador social (en total, cinco psicólogos y cinco trabajadores sociales), nos hace ver el enorme aumento de carga laboral sufrido por estos empleados públicos.

 

En 2021 los equipos psicosociales pasaron a estar adscritos al IMLyCF

Inicialmente, este colectivo de trabajadores vio con buenos ojos dicho cambio pensando que por fin iba a tener un referente que compensaría el abandono por parte de la Administración al que se enfrentaban desde hacía años.

CSIF, sin embargo, observa que esta realidad ha sido muy distinta, al estar imponiéndoles más control y ninguna ayuda. El programa ORFILA, que está a punto de entrar en vigor, supuestamente para repartir los expedientes de forma más equitativa, en realidad se va a traducir en un ahorro de costes pero incrementará todavía más la carga de trabajo de los equipos existentes sin ampliar la plantilla, con un control encubierto agudizado por parte de la Administración, dado que todos los informes tendrán que pasar primero por el IMLyCF antes de entregarse a los juzgados

Este cambio va a suponer más burocracia para los propios trabajadores, burocracia que ha ido incrementándose en los últimos años puesto que ahora les incumbe solicitar a ellos mismos informes médicos, citar a las personas, etc. cuando anteriormente se encargaban los propios juzgados de dicha labor.

En muchos juzgados, este reparto ya se está aplicando de hecho para paliar las deficiencias de la Administración, que tarda en cubrir las bajas o las vacantes o que directamente no las cubre. Así, los equipos psicosociales heredan los expedientes de los que ya no están, generando aún más sobrecarga de trabajo.

Por otra parte, en la actualidad, la Dirección del IMLyCF está exigiendo la entrega de los informes pendientes en unos plazos totalmente inviables, pretendiendo cerrar expedientes antes de la finalización del primer semestre de 2024 en algunos juzgados que acumulan hasta 4 o 5 años de retraso.

Además, los equipos psicosociales lamentan que no se tenga en cuenta en absoluto la realidad laboral de cada puesto. Pero sea cual sea el juzgado, la queja por sobrecarga de trabajo de los equipos psicosociales es unánime, y muchos trabajadores tienen que llevarse trabajo a casa, incluso los fines de semana, para intentar cumplir con los plazos que se les están imponiendo. 

A su vez, algunos jueces con destino en los juzgados de la Comunidad de Madrid solicitan a estos equipos psicosociales la presentación de informes en plazos reducidos, generando aún más presión en su labor diaria.

CSIF ha recibido una queja por la presión de un juez en particular al mandar una providencia con copia al CGPJ, a la Consejería de Justicia, al Decanato, o al IMLyCF, entre otros, amenazando con la apertura de expediente disciplinario a un empleado de los equipos psicosociales por no cumplir plazos.

También CSIF ha detectado en los juzgados de Familia y de Violencia que algunos trabajadores, por cumplir con las órdenes de los jueces, han tenido que entregar informes no realizados en las debidas condiciones por falta de tiempo y se enfrentan a demandas, con la duda de si su responsabilidad civil y/o penal como trabajador está cubierta, sin hablar del acoso en prensa donde se denigra su labor.

Tampoco se tiene en cuenta la carga emocional que conlleva trabajar en Justicia, donde a menudo se encargan informes para los casos más complicados de resolver, lo que contribuye ampliamente a un malestar general de los equipos, padeciendo ansiedad y estrés.

Basta mirar los datos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid, cuyo equipo inicial cuenta con 22 trabajadores y que ha llegado a quedar reducido a 13, con bajas médicas de más de un año, abandono de puesto a los 3 días de tomar posesión o una sucesión de hasta 5 trabajadores en un mismo puesto en un año.

CSIF, ante este panorama, ha solicitado también una evaluación de riesgos a la Comunidad de Madrid para poner fin a esta situación de estrés laboral que atraviesan los trabajadores de los equipos psicosociales.

CSIF, asimismo, ha pedido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid las actuaciones correspondientes para subsanar dicha carga laboral en estos centros de trabajo y que se cubran tanto las vacantes como las bajas laborales aún no cubiertas.