Palencia

Día Internacional Contra el Acoso Escolar, 2 de Mayo de 2026: Rompe el silencio, detén el acoso

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 01 May 26 07:09:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, su compromiso firme con una escuela segura, inclusiva y libre de cualquier forma de violencia, hostigamiento, intimidación, aislamiento o ciberacoso.

Este año, bajo el lema “Rompe el silencio, detén el acoso”, CSIF quiere trasladar un mensaje claro a toda la comunidad educativa: el acoso escolar no puede normalizarse, minimizarse ni ocultarse. Romper el silencio exige escuchar a la víctima, activar respuestas inmediatas, proteger al alumnado vulnerable y respaldar a quienes están en primera línea en los centros educativos.

El acoso escolar no es un problema menor ni una cuestión interna que pueda resolverse únicamente con buena voluntad. Es una realidad compleja que afecta al bienestar emocional, al aprendizaje, a la salud mental y a la convivencia diaria en los centros. También impacta directamente en el trabajo del profesorado, de los equipos directivos, de la orientación educativa y del conjunto de profesionales que sostienen la escuela pública.

Los datos obligan a actuar. El Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado con datos de más de 37.000 personas de la comunidad educativa, reflejó que el 9,53% del alumnado de Primaria manifestó haber sufrido acoso y el 9,2% ciberacoso. Además, ante una situación de bullying, el 30,91% del alumnado señaló que avisa a un profesor, lo que confirma que el profesorado es una figura esencial de detección, confianza y primera respuesta.

Esa responsabilidad no puede recaer sobre los docentes sin medios suficientes. El reciente protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar reconoce la necesidad de indicadores de alerta temprana, canales seguros de comunicación y seguridad jurídica para el profesorado y los equipos directivos. CSIF considera imprescindible que esas previsiones se traduzcan en medidas reales, homogéneas y dotadas de recursos en todas las comunidades autónomas.

También los datos de la encuesta nacional «¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente», presentada por CSIF el 23 de marzo de 2026 y realizada a 7.547 docentes en activo de centros públicos, muestran un deterioro preocupante del clima de convivencia y del respaldo institucional. El 72,2% de los docentes no se siente respetado ni reconocido en su labor; el 90% echa en falta apoyo de la Administración educativa en el ejercicio diario de sus funciones, y solo el 17,8% percibe un apoyo real por parte de las familias. En materia de agresiones y clima escolar, el 56,3% afirma haber sufrido agresiones o trato vejatorio en el último año: el 53% sufrió agresión verbal, el 30,1% faltas de respeto del alumnado, el 18,6% conflictos con familias, el 11,4% agresiones físicas y el 3,7% acoso en redes sociales. Además, el 97,8% considera que los protocolos actuales de convivencia son inútiles y exige formación práctica y realista para el día a día del aula, mientras que el 54,2% afirma que la Administración no proporciona formación adecuada para los problemas reales que se producen en los centros.

Estos datos evidencian que no basta con aprobar protocolos si después no se acompaña al docente en su aplicación. Los protocolos deben ser ágiles, claros, útiles y operativos; no pueden convertirse en una carga burocrática más ni en un mecanismo que deje solos a los centros ante situaciones de enorme complejidad personal, educativa y jurídica.

Por todo ello, CSIF exige:

• Refuerzo de la autoridad del profesorado: con respaldo expreso de la Administración educativa cuando el docente activa un protocolo, comunica una situación de riesgo, interviene ante un conflicto o adopta medidas para proteger al alumnado.

• Formación específica en horario lectivo: práctica, actualizada y adaptada a cada etapa educativa, con herramientas de detección temprana, intervención inicial, acompañamiento a la víctima, actuación ante el ciberacoso y coordinación con familias y servicios especializados.

• Apoyo legal y técnico inmediato: para equipos directivos, docentes, orientación educativa e inspección, evitando que los profesionales tengan que afrontar solos decisiones complejas que pueden tener consecuencias académicas, disciplinarias, administrativas o judiciales.

• Más orientación educativa y más recursos humanos: con plantillas suficientes de orientadores, profesionales de apoyo, coordinación de bienestar, personal sanitario cuando sea necesario y reducción de ratios para mejorar la prevención, la convivencia y la atención individualizada.

• Protocolos más ágiles y menos burocráticos: con plazos claros, actuaciones inmediatas, protección efectiva de la víctima, seguimiento del grupo y evaluación posterior de las medidas adoptadas.

• Compromiso real frente al acoso escolar: porque mirar hacia otro lado, relativizar los hechos o dejar pasar el tiempo agrava el daño y transmite a la víctima un mensaje inaceptable de desprotección.

CSIF recuerda que la prevención del acoso escolar requiere una actuación coordinada de toda la comunidad educativa, pero esa coordinación solo es posible si las administraciones proporcionan tiempo, formación, personal especializado, respaldo jurídico y recursos suficientes. La convivencia no se improvisa: se planifica, se trabaja y se sostiene con inversión pública.

El profesorado no puede ser señalado como único responsable de una problemática social que desborda muchas veces el aula y que tiene dimensión familiar, digital, emocional y comunitaria. Pero tampoco puede ser apartado de la solución. El docente debe ser reconocido como pieza clave en la detección precoz, en la protección del alumnado y en la construcción diaria de un clima escolar seguro.

Por eso, CSIF pide al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a las Consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas que pasen de los anuncios a los hechos: más medios, más formación, más orientación, menos burocracia y mayor protección jurídica para quienes trabajan cada día en los centros educativos.

Romper el silencio exige una respuesta colectiva. Detener el acoso exige recursos, responsabilidad institucional y apoyo real al profesorado. CSIF seguirá defendiendo una educación pública segura, respetuosa y con profesionales protegidos, porque ningún alumno o alumna debe sentirse solo ante el acoso y ningún docente debe sentirse solo al combatirlo.

CSIF EDUCACIÓN

Madrid, 2 de mayo de 2026

Fuentes de contexto utilizadas: manifiesto CSIF Educación 2025; encuesta nacional CSIF «¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente» 2026; Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria; protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta: “Sin medios no hay prevención: la sanidad pública quema a sus profesionales”

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 27 Apr 26 08:00:00 CEST

Otros artículosPrevención de Riesgos LaboralesPalencia Image

CSIF Sanidad

CSIF alerta: “Sin medios no hay prevención: la sanidad pública pone en riesgo a sus profesionales”

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2026. La prevención no se improvisa: necesita medios. La grieta invisible de la sanidad pública: profesionales al límite en un sistema que no protege.

El Sistema Nacional de Salud no atraviesa únicamente una crisis de recursos. Afronta una crisis estructural de salud laboral que permanece en gran medida oculta. No estamos ante hechos aislados. Estamos ante un modelo que ha normalizado el desgaste.

18.563

Agresiones notificadas en 2025

Agresiones diarias a profesionales sanitarios

14.606

Accidentes laborales en jornada en actividades sanitarias

30.713

Enfermedades profesionales comunicadas en España

📈 Evolución de las agresiones notificadas

17.070

2024

18.563

2025

+8,74 % respecto al año anterior

📊 Radiografía del deterioro laboral

Agresiones notificadas 18.563

Accidentes laborales con baja 620.000+

Enfermedades profesionales reconocidas 30.713

España frente a Europa

Alemania

100k+

Francia

85k

Italia

60k

España

30k

⚠ Riesgos estructurales en sanidad

Sobrecarga y presión asistencial

Riesgos psicosociales y salud mental

Agresiones y siniestralidad

La presión asistencial sostenida, las plantillas insuficientes y la falta de tiempo configuran entornos de trabajo con una elevada carga física y psicosocial. A ello se suma un factor cada vez más determinante: la violencia contra profesionales sanitarios. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones, lo que equivale a 51 agresiones diarias, con un incremento del 8,74 % respecto al año anterior. No es un fenómeno puntual: es un riesgo laboral estructural.

Pero la violencia no es el único indicador del deterioro. La siniestralidad laboral sigue siendo elevada. En 2025 se registraron en España más de 620.000 accidentes de trabajo con baja y alrededor de 735 fallecimientos, cifras que evidencian que la prevención no está funcionando con la eficacia necesaria. En actividades sanitarias, se registraron 14.606 accidentes laborales en jornada y 6.988 accidentes in itinere. En el ámbito sanitario, estos riesgos se traducen en sobrecarga física, lesiones musculoesqueléticas, estrés crónico y un impacto creciente en la salud mental.

A pesar de este contexto, el sistema sigue fallando en un punto crítico: el reconocimiento del daño laboral.

En 2025 se comunicaron en España 30.713 enfermedades profesionales, una cifra claramente insuficiente si se compara con países de nuestro entorno: Alemania supera las 100.000, Francia las 85.000 e Italia las 60.000. España mantiene una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de infradeclaración.

Este desfase no responde a una menor incidencia real, sino a un fallo en la detección y en el reconocimiento. Muchas patologías derivadas del trabajo, especialmente las relacionadas con riesgos psicosociales, salud mental, enfermedades respiratorias o determinados cánceres de origen laboral, no se registran como contingencia profesional, sino como enfermedad común.

El resultado es doblemente injusto

Se debilitan los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Se trasladan costes al sistema público de salud que deberían asumir las contingencias profesionales.

Este fenómeno tiene causas identificadas: desconocimiento por parte de los profesionales, falta de implicación de empresas y mutuas, y una estructura preventiva claramente insuficiente.

Porque ese es el núcleo del problema: la prevención existe en la norma, pero falla en la práctica.

Los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos en PRL, personal sanitario especializado, presupuesto específico y recursos. Esto impide realizar evaluaciones actualizadas, vigilancia efectiva de la salud y adaptaciones reales de los puestos de trabajo.

Todo ello ocurre, además, en un contexto contradictorio: 2026 ha sido declarado Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 establece como prioridades mejorar la detección de enfermedades profesionales, reforzar los sistemas de notificación e integrar los riesgos psicosociales. Sin embargo, estos objetivos no se están traduciendo en cambios efectivos en los centros sanitarios.

Desde CSIF Sanidad Nacional lo advertimos con claridad: no es sostenible un sistema sanitario que funciona a costa del deterioro de sus profesionales.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, CSIF exige medidas estructurales urgentes

Refuerzo estructural de la prevención y de la Inspección de Trabajo.
Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención y profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluaciones reales de riesgos psicosociales, con impacto directo en la organización del trabajo.
Refuerzo de plantillas para reducir la sobrecarga asistencial.
Garantizar presencia efectiva de la prevención en los centros sanitarios, no solo de forma centralizada.
Dotación de presupuestos específicos, medios materiales y tecnológicos suficientes.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Formación obligatoria, específica y periódica en riesgos y enfermedades profesionales.
Cumplimiento de la legislación mediante la contratación de personal sanitario con la titulación exigida, eliminando la figura del “médico reconocedor”.
Incorporación de profesionales de psicología en los servicios de prevención.

La evidencia es clara: la salud laboral en sanidad no puede seguir siendo una cuestión secundaria.

No es aceptable haber normalizado el dolor, el daño no reconocido y una prevención más formal que efectiva.

El sistema sanitario necesita profesionales sanos para poder cuidar. Ignorar esta realidad no solo es una injusticia: es un riesgo directo para la calidad asistencial y la sostenibilidad del propio sistema.

La prevención no puede seguir siendo un discurso. Debe ser una garantía real. Y eso exige medios, voluntad política y responsabilidad institucional.

La prevención no se improvisa. Necesita medios.

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CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPalencia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF ha presentado al Gobierno una reforma profunda de la Ley de Prevención de riesgos Laborales.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 17 Apr 26 10:12:00 CEST

CSIF ha presentado al Gobierno una reforma profunda de la Ley de Prevención de riesgos Laborales

Con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

- Concluido el plazo de alegaciones al anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales

CSIF, ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Para CSIF la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

CSIF alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

• Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.

• Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.

• Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.

• Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección.

Para revertir esta situación, propone:

• Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.

• Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.

• Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales

CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:

• Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.

• Acceso real a la documentación preventiva.

• Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.

• Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Asimismo, CSIF plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:

• Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.

• Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).

Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.

“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”.

Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

Web de ayuda de CSIF para la nueva acreditación a TU y CU

https://sites.google.com/view/csif-sistema-acreditacion-2024

CSIF pide acelerar las negociaciones para:

Convocar y consolidar el Sexenio de Transferencia
Aprobar el Estatuto del PDI
Suprimir la Tasa de Reposición

CSIF Sanidad logra avances en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero advierte de carencias clave en su aplicación real

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 13 Apr 26 10:00:00 CEST

Negociaciones y acuerdosOtros artículosPrevención de Riesgos LaboralesPalencia Image

Nacional · Sanidad

CSIF Sanidad logra avances en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero advierte de carencias clave en su aplicación real

Avances Reconocimiento expreso de los riesgos psicosociales, salud mental y desconexión digital.

Preocupación Faltan mecanismos suficientes para garantizar la aplicación efectiva de la norma.

Carencias Inspección de Trabajo, servicios de prevención y desarrollo más ambiciosos en salud mental, maternidad y paternidad.

Mensaje clave El reto no es solo actualizar la ley, sino garantizar su cumplimiento real en los centros.

Desde CSIF Sanidad valoramos el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, destacando que incorpora avances relevantes impulsados por la acción sindical, aunque consideramos que el texto sigue siendo insuficiente para garantizar una protección efectiva de la salud de las personas trabajadoras, especialmente en el ámbito sanitario y en el conjunto de las administraciones públicas.

Tras décadas de aplicación de la normativa vigente, desde CSIF Sanidad veníamos reclamando una actualización profunda que respondiera a los cambios del mundo del trabajo y, en particular, a la realidad asistencial: sobrecarga estructural, turnicidad, exposición a riesgos biológicos y, cada vez más, riesgos psicosociales. En este sentido, subrayamos que algunas de nuestras propuestas han sido recogidas en el nuevo texto, lo que supone un avance significativo.

Entre ellas, destacamos el reconocimiento expreso de los riesgos psicosociales como parte central de la prevención, la incorporación de la salud mental dentro del derecho a la protección frente a los riesgos laborales y la inclusión del derecho a la desconexión digital, una demanda creciente ante los efectos de la hiperconectividad en los entornos sanitarios.

Asimismo, el anteproyecto introduce elementos alineados con nuestras propuestas, como la integración de la perspectiva de género y edad en la gestión preventiva, la consideración del impacto del cambio climático en la evaluación de riesgos —especialmente relevante en entornos asistenciales— y el refuerzo de la vigilancia de la salud, que pasa a contemplarse tanto desde una dimensión individual como colectiva, abriendo además la puerta a su continuidad tras la vida laboral. También valoramos la incorporación de la obligación de establecer procedimientos de retorno al trabajo tras bajas prolongadas, una medida clave en un sector con alta exigencia física y emocional como el sanitario.

En este contexto, desde CSIF Sanidad consideramos especialmente relevante haber impulsado el refuerzo de la protección de la maternidad y paternidad desde una perspectiva preventiva, insistiendo en la necesidad de mejorar la adaptación de los puestos de trabajo, anticipar la evaluación de riesgos durante el embarazo y la lactancia, y garantizar una protección real y efectiva que evite situaciones de riesgo o desprotección en el ámbito sanitario. No obstante, advertimos de que el desarrollo de estas medidas en el anteproyecto sigue siendo limitado; habría que ampliar la protección a la etapa previa al embarazo, como es en los tratamientos de fertilidad, entre algunas medidas, y requerir un mayor grado de concreción para asegurar su aplicación efectiva.

Consideramos especialmente preocupante la ausencia de medidas para reforzar la Inspección de Trabajo, sin la cual resulta inviable asegurar el cumplimiento real de la normativa, también en los centros sanitarios públicos.

Del mismo modo, lamentamos que no se haya establecido una regulación más exigente de los servicios de prevención, ni se hayan fijado criterios claros sobre su dimensionamiento y calidad, lo que perpetúa modelos que no responden a las necesidades reales del sistema sanitario ni a la complejidad de sus riesgos.

En relación con los riesgos psicosociales, reconocemos el paso adelante que supone su inclusión en la ley, pero consideramos insuficiente que no se haya establecido una evaluación obligatoria con periodicidad definida ni un desarrollo normativo más ambicioso que garantice su abordaje efectivo. Tampoco se han incorporado medidas clave en materia de salud mental, como la presencia de profesionales especializados en los servicios de prevención o el desarrollo de planes específicos en los centros sanitarios.

Asimismo, echamos en falta un mayor refuerzo de la participación de las personas trabajadoras y sus representantes, así como avances en formación preventiva, digitalización segura o adaptación de los puestos de trabajo a nuevas realidades como el teletrabajo en determinadas categorías profesionales.

Desde CSIF Sanidad concluimos que la reforma supone un paso en la buena dirección, pero insistimos en que el verdadero reto no es solo actualizar la ley, sino garantizar su cumplimiento real en los centros de trabajo.

Sin control, sin recursos y sin participación efectiva, la prevención seguirá siendo insuficiente, especialmente en un sector tan exigente como el sanitario.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con una reforma ambiciosa que sitúe la salud laboral en el centro de las políticas públicas y garantice, de forma efectiva, el derecho de todas las personas trabajadoras del ámbito sanitario a una protección integral en su entorno laboral.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

Folleto CSIF: Actuación ante un agresiones en la Administración General del Estado

encarna.abascal.perez — Thu, 09 Apr 26 13:42:00 CEST

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.