Navarra - Sanidad

CSIF traslada su pésame y solidaridad con todas las personas afectadas por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y pone en valor el trabajo del personal sanitario y de emergencias

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 19 Jan 26 09:57:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, expresa su consternación por el accidente ferroviario a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz y traslada su apoyo a las familias de las decenas de víctimas mortales y a todas las personas afectadas.

CSIF se ha concentrado este lunes a las puertas de su sede en Córdoba para guardar un minuto de silencio en señal de solidaridad y respeto.

CSIF, además, pone en valor el trabajo de todo el personal de la sanidad pública y de los equipos de emergencias, así como el personal de ambulancias por su rápida e imprescindible labor para socorrer a las personas que viajaban en los trenes accidentados.

Servicios de emergencias, personal del Hospital Reina Sofía de Córdoba, psicólogos, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados y la UME, así como personas voluntarias, realizan una labor encomiable que pone de manifiesto, una vez más, su papel esencial en la sociedad y su compromiso ante tragedias como la de este domingo. También reconocemos la labor de coordinación y acompañamiento de las y los tripulantes de cabina.

De igual modo, CSIF traslada su apoyo a todos los trabajadores, opositores y familias que regresaban del examen de Instituciones Penitenciarias celebrado ayer en Madrid.

CSIF exige al Gobierno y CC.AA. penas más duras por agresiones al personal de la sanidad y anima a denunciar

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 12 Jun 25 06:30:00 CEST

Prensa y ComunicaciónPrevención de Riesgos LaboralesResponsabilidad SocialPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalAdministrativosTCAECeladoresEnfermeríaMédicosOtro Personal SanitarioTrabajadores socialesTécnicos Superiores Especialistas (TSE)Navarra - Sanidad Image

La reforma de la Ley de Salud en Galicia ha encendido una luz importante, un paso en la dirección correcta. Pero la verdad es que no es suficiente. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apoyamos firmemente este borrador, porque pone sobre la mesa una realidad que ya no se puede seguir ignorando: la violencia contra los profesionales de la sanidad. Sin embargo, pedimos algo más. Pedimos que se endurezcan las sanciones, tanto en Galicia como en el resto del país. Porque esto no puede seguir siendo un problema local. Es urgente una respuesta firme, homogénea y decidida en todas las Comunidades Autónomas.

Y es que el problema no deja de crecer. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, en 2024 se notificaron 16.558 agresiones a profesionales sanitarios en toda España. De ellas, el 16% fueron físicas, y el 84% restante, verbales o gestuales. El 80% de las víctimas eran mujeres… No son números sin rostro. Son personal Médico, personal de Enfermería, personal Administrativo, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Celadores, Técnicos… personas que, mientras intentan cuidar a otros, son agredidas. Es que no solo está en juego su integridad física y emocional, también la calidad de la atención que reciben los pacientes.

¿Qué exigimos desde CSIF?

Pedimos que las sanciones sean más contundentes y disuasorias. No puede ser que agredir a un profesional del ámbito sanitario salga barato o, peor aún, impune. Proponemos que se eleven las sanciones económicas, tanto las mínimas como las máximas, a cifras realmente ejemplares, sin importar en qué comunidad autónoma se cometa la agresión. Además, para los reincidentes, las penas de prisión deben ser más duras. No estamos hablando de venganza, sino de justicia y protección.

Desde CSIF Sanidad hemos trasladado esta preocupación en una carta a la ministra de Sanidad, solicitando una intervención urgente y decidida por parte del Gobierno.

El borrador gallego va en buena dirección al incluir en su protección a todos los profesionales, también a los de la sanidad privada y al personal del transporte sanitario. Y eso es clave. Porque todos ellos forman parte del engranaje que sostiene el sistema. Lo que pedimos es simple: que esta ampliación de derechos y garantías se aplique también en el resto del país.

Además, creemos que quien agrede debe hacerse cargo de las consecuencias. No solo con una multa, sino también pagando los gastos sanitarios, materiales y cualquier otro perjuicio causado. Y por supuesto, exigimos que las víctimas reciban atención psicológica y jurídica de inmediato, sin depender del tipo de agresión. Nadie debería sentirse solo después de vivir una experiencia así.

Además de Galicia, Cataluña ha anunciado que pondrá en marcha una nueva ley que sancione con multas las agresiones a profesionales de la sanidad. Se trata de una medida necesaria y largamente esperada, y desde CSIF valoramos positivamente este paso. No obstante, insistimos en la importancia de que estas iniciativas no se queden en medidas aisladas. Lo que realmente necesitamos es una normativa común en toda España, que no dependa del código postal. Porque la violencia contra el personal de la sanidad no entiende de fronteras.

En CSIF lo tenemos claro: las agresiones contra el personal de la sanidad deben considerarse delitos de atentado a la autoridad. No es una exageración. Es que cuando alguien agrede a quien le está tratando, está atacando al sistema entero. Necesitamos más protección legal, más contundencia judicial y más respaldo político.

Galicia ha abierto camino, y ahora Cataluña también empieza a recorrerlo. Pero no podemos quedarnos a medias. A modo de ejemplo, Castilla-La Mancha ya aplica sanciones mínimas de 600 euros para faltas leves, 3.000 euros para faltas graves y hasta 15.000 euros para las muy graves. Las multas gallegas y catalanas deberían, como mínimo, alinearse con estos niveles si de verdad se busca una protección efectiva y homogénea.

Y los datos son contundentes: en algunas comunidades, las agresiones al personal de la sanidad han subido un 30% en apenas un año. Insultos, amenazas, empujones, golpes… cada día, en hospitales y centros de salud. Y lo más grave: muchos agresores no enfrentan consecuencias reales. Eso tiene que cambiar.

Ya no basta con discursos de condena. Hace falta una acción coordinada entre todas las comunidades autónomas y el gobierno central. Lo que pedimos no es nuevo ni desmedido: una normativa común que garantice penas más duras, multas ejemplares y sanciones administrativas inmediatas..

Por todo ello, desde CSIF Sanidad solicitamos:

La elaboración urgente de una normativa estatal específica frente a las agresiones al personal de la sanidad, que garantice una protección homogénea en todo el SNS.
La inclusión expresa de todo el personal de la sanidad, con independencia de la titularidad del centro (público o privado), ámbito asistencial o categoría profesional.
La asunción por parte del agresor de los costes derivados de la agresión: daños físicos, materiales, psicológicos y perjuicios organizativos.
El acceso garantizado a apoyo jurídico y psicológico inmediato para todas las víctimas, sin distinción por tipo de agresión.
La creación de un registro estatal único de agresiones en el entorno sanitario.
La modificación del artículo 550 del Código Penal para considerar las agresiones al personal de la sanidad como delito de atentado contra la autoridad.
La implementación de medidas para proteger la identidad del personal sanitario, como la supresión de los apellidos en las tarjetas identificativas.

Los profesionales del ámbito sanitario merecen trabajar con tranquilidad, con la seguridad de que el sistema los protege. No podemos pedirles que cuiden de nosotros si no los cuidamos a ellos. Por eso, desde CSIF, instamos a todas las administraciones a seguir el ejemplo gallego y catalán, pero a dar un paso más: con sanciones más severas, con un marco legal sólido, y con un mensaje claro a la sociedad de que la violencia no tiene cabida en nuestros centros sanitarios.

CSIF: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

admin — Wed, 17 May 23 07:17:30 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPortada PRLNavarra - Sanidad Image

CSIF pone a tu disposición los diferentes catálogos formativos en materia de PRL del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), los institutos autonómicos, al igual que ofertas como afiliado/a a CSIF de Universidades, otras entidades de Formación y formación por sectores.

Casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos

admin — Mon, 10 Oct 22 09:55:03 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPortada PRL

Un 45 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) prácticamente a diario, según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

El estudio, que lleva por nombre ‘Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral’ y se ha presentado hoy con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se ha realizado mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas).

El estudio pone de manifiesto como los efectos de la pandemia y la crisis económica han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía, con especial incidencia en los colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus.

El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según la encuesta de CSIF, en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en el ámbito de la sanidad y educación. El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional.

DATOS DE LA ENCUESTA

Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos (66 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (43,6 por ciento) y somníferos (32,1). Un 51 por ciento de los encuestados aseguran consumir estos fármacos a diario, un 13 por ciento varias veces en semana, un 21 por ciento alguna vez al mes, y un 15 por ciento en el último año.

El 76 por ciento manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir esta sustancias: un 54,2 por ciento lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6 por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7 por ciento por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso) Además, un 21,22 por ciento relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc), un 20,6 por ciento con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6 por ciento con los problemas económicos.

Otro dato significativo nos indica que más de la mitad (55 por ciento) de las/os encuestados reconocen que no consumían esta medicación antes de la pandemia, mientras que el 93 por ciento se quejan de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.

Precisamente CSIF denuncia el elevado número de bajas laborales por problemas de salud mental y su infradeclaración como contingencia profesional, ya que difícilmente puede justificarse la relación causal entre daño psicológico y actividad laboral.

CAMPAÑA POR LA SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL

En este sentido, el sindicato de Miguel Borra lanza hoy la campaña ‘Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral’, que pretende ofrecer ayuda a las/os empleados públicos en situación de riesgo psicosocial y exigiendo al Gobierno a que ponga en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo, entre los que destacan:

Aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de un real decreto.
Evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real.
Establecer la figura del ‘psicólogo/a en el trabajo’ e incluirla en la ley de Prevención de Riesgos Laborales como un miembro más del Servicio de Prevención.
Aumento del número de plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales.
Elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya los colectivos profesionales más vulnerables
Planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral.
Vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo

INVERSIÓN INSUFICIENTE EN SALUD MENTAL EN EL SNS

CSIF también denuncia la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas. En concreto, denunciamos que la salud mental supone tan solo del 5 por ciento del gasto sanitario total (según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría), frente a la media del 7,5 por ciento de los países de nuestro entorno.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha, puede llegar hasta 4 y 5 meses respectivamente, para la primera consulta y en Aragón hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón

La Estrategia de Salud Mental 2022-2026 tampoco se ha implantado en todas las comunidades autónomas (no está presente ni en Cataluña ni Comunidad Valenciana, por ejemplo), y Cataluña y Madrid, entre otras regiones, tampoco han reforzado sus servicios de salud mental tras la pandemia. CSIF recuerda que tres de cada diez españoles padecen algún trastorno de salud mental, por lo que es necesario reforzar la prevención en la Atención Primaria con la implantación de servicios de psicología clínica y aumentar la creación de plazas de esta especialidad en el SNS.

De hecho, según datos de Eurostat, España dispone de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE es de 18 (para equipararnos a la UE necesitaríamos 5.640 profesionales de esta especialidad). Por otro lado, en España hay 9,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de la media UE (tendríamos que incorporar 3.948 profesionales).

-#24sMovilízate. Primera gran manifestación sindical por la situación económica y la falta de eficacia de las medidas del Gobierno: Por una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social

admin — Sat, 24 Sep 22 18:00:00 CEST

CSIF EuropaIgualdadPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRLNavarra - Sanidad Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, convoca este, sábado 24 de septiembre, a la primera gran manifestación sindical contra este Gobierno, en defensa de una subida salarial justa y contra el empobrecimiento generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media y trabajadora.

La manifestación comenzará a las 12.00 horas en Carrera de San Jerónimo, junto al Congreso de los Diputados, hasta desembocar en el Paseo del Prado. De ahí continuará hasta concluir a las 14.00h, aproximadamente, con el discurso que el presidente de CSIF, Miguel Borra, pronunciará en la Plaza de Colón.

A esta protesta están convocados trabajadores y trabajadoras de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado, que se desplazarán a Madrid en cientos de autobuses fletados gratuitamente por CSIF.

La manifestación está abierta al conjunto de la ciudadanía y constituye un grito de protesta social contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.

En concreto, CSIF exige al Gobierno:

- Una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio.

- Un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010, y que este año ascenderá al 20%.

- La puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores y trabajadoras de este país a combatir la desmesurada subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía.

- Garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios para que el conjunto de la sociedad no padezca en sus propias carnes los efectos del empobrecimiento social.

- Un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones. La manifestación y la presión sindical de CSIF ya han dado sus frutos.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, el próximo miércoles, 28 de septiembre

CSIF pide la reunión urgente de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo para regular el uso de las mascarillas

admin — Wed, 20 Apr 22 10:55:24 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaPortada PRL

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente a los comités de seguridad y salud en el trabajo reclamando su reunión urgente para evaluar los riesgos y regular el uso o no de mascarillas en el ámbito laboral.

Desde CSIF, echamos en falta un plazo lógico para una mejor organización y evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo a la hora de mantener o no el uso de las mascarillas. En este sentido, desde nuestra responsabilidad en los servicios de prevención vamos a ser rigurosos y extremar la precaución para garantizar que el uso o no de mascarillas se realice de manera responsable, manteniendo las medidas de separación y ventilación de espacios.

Ante esta situación, las administraciones públicas, el día 20, amanecieron en líneas generales manteniendo las mascarillas (Seguridad Social, SEPE, comisarías, museos, entre otros), especialmente en los ámbitos de atención al público. Desde las direcciones se ha enviado un correo electrónico por la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras en el que se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, como puedan ser las oficinas de atención al ciudadano.

Además, tal y como ha reclamado CSIF, se permite el uso voluntario de mascarilla en el puesto de trabajo, suministrándose con el mismo procedimiento utilizado hasta ahora, se recomienda el uso en ascensores, trayectos en coches oficiales, salas de reuniones, comedores, aulas y toda clase de eventos organizados en lugares de trabajo.

Y desde luego, se mantienen las soluciones antisépticas de manos, pantallas, guantes y cubos de desecho en los mismos puntos, puestos de trabajo, actividades y/o lugares de trabajo como hasta ahora.

El Gobierno excluye a Justicia, Correos y otros servicios esenciales en la estrategia de vacunación

admin — Wed, 10 Feb 21 11:53:41 CET

MugejuOtros artículosPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRL

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, está atendiendo quejas y consultas de personal de diferentes ámbitos esenciales que han sido excluidos de la estrategia de vacunación frente al Covid revisada ayer por el Ministerio de Sanidad.

Se han quedado fuera personal de Justicia, Correos (que estos días están garantizando el voto por correo en Cataluña), Administración General del Estado, Vigilancia Aduanera y Portuaria, agentes forestales y medioambientales, además de personas trabajadoras de servicios esenciales que desarrollan su actividad en entornos cerrados.

Desde CSIF lamentamos de nuevo la improvisación y la falta de interlocución con los representantes de los trabajadores/as a la hora de determinar las profesiones esenciales, pese a que la semana pasada lo reclamamos de manera formal, tanto a la ministra de Sanidad como a las CCAA. Exigimos una reunión para redefinir estas profesiones.

En el caso de la Administración de Justicia, se trata del primer colectivo de la administración que inició la desescalada, con un desconfinamiento gradual y progresivo de su personal, precisamente porque se consideró un servicio esencial.

Por otra parte, CSIF se ha dirigido a Muface para preparar la vacunación del personal funcionario acogido al sistema del mutualismo administrativo. El objetivo es garantizar que la vacunación se produzca evitando las incidencias que se dieron durante los varios meses de la pandemia con las PCR. En este sentido, la vacunación se producirá en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas. Muface se ha dirigido a los mutualistas para actualizar datos y ha contactado con todos los responsables de vacunación de las comunidades autónomas para facilitarles la información.

CSIF logra que el contagio por Covid 19 sea enfermedad profesional en la Sanidad

admin — Wed, 03 Feb 21 14:57:40 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRL

El consejo de ministros ha aprobado que el contagio por Covid-19 sea reconocido como enfermedad profesional para el personal de la Sanidad, como reivindicó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, desde el inicio de la pandemia.

Desde el sindicato, en un escrito enviado al ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, exigimos que se apliquen procedimientos ágiles y eficaces para que los trabajadores/as contagiados por este virus accedan a la cobertura de manera inmediata y efectiva.

Para CSIF, se trata de una medida de justicia para todas las plantillas que siguen en primera línea, aunque este reconocimiento debe aplicarse con efectos inmediatos, carácter retroactivo y de oficio a todos los contagiados hasta la fecha.

Las cifras son alarmantes y España sigue siendo el primer país del mundo con más contagios entre el personal de la Sanidad, con cifras de contagios en este colectivo cercanas a los 120.000 desde el inicio de la pandemia.

Seguiremos reivindicando, asimismo, que este reconocimiento se amplíe al conjunto de las personas trabajadoras que por su actividad laboral puedan estar expuestas al virus, tal y como marca el Real Decreto sobre enfermedades profesionales (personal expuesto a agentes biológicos).

CSIF reclamó esta medida al comienzo de la pandemia

El reconocimiento de la enfermedad profesional amplía la protección de los trabajadores/as a efectos de pensiones o indemnizaciones a lo largo de toda la vida, si la enfermedad provoca secuelas o muerte. Hasta ahora únicamente se consideraba accidente de trabajo con una protección limitada a los cinco años posteriores al contagio.

CSIF fue el primer sindicato que el pasado 5 de marzo solicitó que el contagio por el Covid-19 debía considerarse a todos los efectos enfermedad profesional, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), y así lo trasladamos a los Ministerios de Sanidad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Política Territorial en distintos escritos y a los grupos parlamentarios para que apoyasen nuestra justa reivindicación.

Además, hicimos llegar nuestra propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta enviada el pasado abril, en la que extendimos esta reivindicación al conjunto de las personas trabajadoras que por su actividad laboral estén expuestas al virus.

La Seguridad Social deja sin protección a celadores, administrativos y personal de limpieza contagiados por COVID

admin — Thu, 26 Nov 20 12:11:34 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRL

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige que la Seguridad Social considere como accidente de trabajo los contagios por COVID sufridos por todo el personal de los centros sanitarios o socio-sanitarios (residencias), sin excepciones.

Los nuevos criterios de la Seguridad Social para el accidente de trabajo por COVID excluyen a celadores, personal administrativo de limpieza, cocina, entre otros. El sindicato, en una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, considera ilícitos y discriminatorios estos criterios, dado que este personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios está también protegido conforme establece la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 28/2020.

Junto a estos colectivos, se excluye también a otros profesionales que prestan servicios sanitarios y socio-sanitarios en otros ámbitos, como en los centros de menores, instituciones penitenciarias, servicios de prevención, ambulancias, etc y que también están expuestos a diario al virus por sus obligaciones laborales. La Administración debe velar por la salud y protección de todos sus profesionales.

Demandamos, en este sentido, que se reconozca la contingencia profesional por contagio de COVID y sus correspondientes recaídas para todos los contagiados con carácter retroactivo desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró de la pandemia internacional.

Asimismo, reclamamos que se reconozca la contingencia profesional por contagio de COVID y sus correspondientes recaídas, por una revisión de oficio y no a instancias del interesado, como hasta ahora.

Por último, desde el inicio de la pandemia CSIF ha defendido que el contagio de Covid-19 debe considerarse como enfermedad profesional, a todos los efectos, puesto que ofrece una cobertura indefinida en el tiempo.