CSIF exige al Gobierno y CC.AA. penas más duras por agresiones al personal de la sanidad y anima a denunciar

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 12 Jun 25 06:30:00 CEST

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La reforma de la Ley de Salud en Galicia ha encendido una luz importante, un paso en la dirección correcta. Pero la verdad es que no es suficiente. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apoyamos firmemente este borrador, porque pone sobre la mesa una realidad que ya no se puede seguir ignorando: la violencia contra los profesionales de la sanidad. Sin embargo, pedimos algo más. Pedimos que se endurezcan las sanciones, tanto en Galicia como en el resto del país. Porque esto no puede seguir siendo un problema local. Es urgente una respuesta firme, homogénea y decidida en todas las Comunidades Autónomas.

Y es que el problema no deja de crecer. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, en 2024 se notificaron 16.558 agresiones a profesionales sanitarios en toda España. De ellas, el 16% fueron físicas, y el 84% restante, verbales o gestuales. El 80% de las víctimas eran mujeres… No son números sin rostro. Son personal Médico, personal de Enfermería, personal Administrativo, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Celadores, Técnicos… personas que, mientras intentan cuidar a otros, son agredidas. Es que no solo está en juego su integridad física y emocional, también la calidad de la atención que reciben los pacientes.

¿Qué exigimos desde CSIF?

Pedimos que las sanciones sean más contundentes y disuasorias. No puede ser que agredir a un profesional del ámbito sanitario salga barato o, peor aún, impune. Proponemos que se eleven las sanciones económicas, tanto las mínimas como las máximas, a cifras realmente ejemplares, sin importar en qué comunidad autónoma se cometa la agresión. Además, para los reincidentes, las penas de prisión deben ser más duras. No estamos hablando de venganza, sino de justicia y protección.

Desde CSIF Sanidad hemos trasladado esta preocupación en una carta a la ministra de Sanidad, solicitando una intervención urgente y decidida por parte del Gobierno.

El borrador gallego va en buena dirección al incluir en su protección a todos los profesionales, también a los de la sanidad privada y al personal del transporte sanitario. Y eso es clave. Porque todos ellos forman parte del engranaje que sostiene el sistema. Lo que pedimos es simple: que esta ampliación de derechos y garantías se aplique también en el resto del país.

Además, creemos que quien agrede debe hacerse cargo de las consecuencias. No solo con una multa, sino también pagando los gastos sanitarios, materiales y cualquier otro perjuicio causado. Y por supuesto, exigimos que las víctimas reciban atención psicológica y jurídica de inmediato, sin depender del tipo de agresión. Nadie debería sentirse solo después de vivir una experiencia así.

Además de Galicia, Cataluña ha anunciado que pondrá en marcha una nueva ley que sancione con multas las agresiones a profesionales de la sanidad. Se trata de una medida necesaria y largamente esperada, y desde CSIF valoramos positivamente este paso. No obstante, insistimos en la importancia de que estas iniciativas no se queden en medidas aisladas. Lo que realmente necesitamos es una normativa común en toda España, que no dependa del código postal. Porque la violencia contra el personal de la sanidad no entiende de fronteras.

En CSIF lo tenemos claro: las agresiones contra el personal de la sanidad deben considerarse delitos de atentado a la autoridad. No es una exageración. Es que cuando alguien agrede a quien le está tratando, está atacando al sistema entero. Necesitamos más protección legal, más contundencia judicial y más respaldo político.

Galicia ha abierto camino, y ahora Cataluña también empieza a recorrerlo. Pero no podemos quedarnos a medias. A modo de ejemplo, Castilla-La Mancha ya aplica sanciones mínimas de 600 euros para faltas leves, 3.000 euros para faltas graves y hasta 15.000 euros para las muy graves. Las multas gallegas y catalanas deberían, como mínimo, alinearse con estos niveles si de verdad se busca una protección efectiva y homogénea.

Y los datos son contundentes: en algunas comunidades, las agresiones al personal de la sanidad han subido un 30% en apenas un año. Insultos, amenazas, empujones, golpes… cada día, en hospitales y centros de salud. Y lo más grave: muchos agresores no enfrentan consecuencias reales. Eso tiene que cambiar.

Ya no basta con discursos de condena. Hace falta una acción coordinada entre todas las comunidades autónomas y el gobierno central. Lo que pedimos no es nuevo ni desmedido: una normativa común que garantice penas más duras, multas ejemplares y sanciones administrativas inmediatas..

Por todo ello, desde CSIF Sanidad solicitamos:

La elaboración urgente de una normativa estatal específica frente a las agresiones al personal de la sanidad, que garantice una protección homogénea en todo el SNS.
La inclusión expresa de todo el personal de la sanidad, con independencia de la titularidad del centro (público o privado), ámbito asistencial o categoría profesional.
La asunción por parte del agresor de los costes derivados de la agresión: daños físicos, materiales, psicológicos y perjuicios organizativos.
El acceso garantizado a apoyo jurídico y psicológico inmediato para todas las víctimas, sin distinción por tipo de agresión.
La creación de un registro estatal único de agresiones en el entorno sanitario.
La modificación del artículo 550 del Código Penal para considerar las agresiones al personal de la sanidad como delito de atentado contra la autoridad.
La implementación de medidas para proteger la identidad del personal sanitario, como la supresión de los apellidos en las tarjetas identificativas.

Los profesionales del ámbito sanitario merecen trabajar con tranquilidad, con la seguridad de que el sistema los protege. No podemos pedirles que cuiden de nosotros si no los cuidamos a ellos. Por eso, desde CSIF, instamos a todas las administraciones a seguir el ejemplo gallego y catalán, pero a dar un paso más: con sanciones más severas, con un marco legal sólido, y con un mensaje claro a la sociedad de que la violencia no tiene cabida en nuestros centros sanitarios.