Nacional - Administración de Justicia

CSIF pide a Justicia que cumpla los acuerdos alcanzados ante el adelanto electoral

emma.alvarez.bande — Tue, 06 Oct 26 10:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido al secretario de Estado de Justicia, ante el adelanto electoral, para reclamar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en materia de retribuciones y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

CSIF también ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 8 de enero, con el objetivo de evaluar su grado de cumplimiento, reactivar las negociaciones pendientes e impulsar las medidas necesarias para hacer efectivos los compromisos adquiridos.

Este acuerdo contempla cuestiones fundamentales para el personal de Justicia como la carrera profesional, la supresión del Grupo IV de población, reglamento del Registro Civil y el teletrabajo, entre otras.

En este sentido, CSIF reclama que el adelanto electoral no paralice las negociaciones ni retrase el cumplimiento de los compromisos adquiridos y, especialmente, que se avance en el desarrollo de la carrera profesional, el Registro Civil y el teletrabajo, así como que se culmine la tramitación ya iniciada para la supresión del Grupo IV de población.

El sindicato también se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025, y ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco.

CSIF es plenamente consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política, que ha desembocado en la convocatoria anticipada de elecciones. Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la mejora de los servicios públicos, también en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por ello, CSIF velará en las próximas semanas por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados y seguirá defendiendo las mejoras pendientes en materia retributiva, profesional y de condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

700 plazas de juez y fiscal están bien, pero no es suficiente para resolver los problemas de la administración de justicia

emma.alvarez.bande — Wed, 14 Oct 26 08:17:00 CEST

Ningún cambio organizativo se puede realizar a “coste cero” si no es poniendo en riesgo los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. La eficiencia de la Justicia sólo se puede aplicar desde la suficiencia de medios y no desde la precariedad con la que se ha tratado a este servicio público desde hace años.

Las oficinas judiciales están saturadas de trabajo ante la falta evidente de plantilla y, por otro lado, ante la incapacidad de las administraciones competentes, Ministerio y CCAA, de dotar con personas y de manera efectiva los puestos de trabajo ya existentes. Una vez más, CSIF reclama abordar las necesidades de plantilla de todos los cuerpos y carreras de la Justicia en una planificación a corto, medio y largo plazo basada en las cargas de trabajo reales.

Todavía están pendientes procesos selectivos de hace tres años y el concurso de traslados lleva sin convocarse desde 2024 tal y como el Defensor del Pueblo está investigando a petición de CSIF y la tasa de reposición obstaculiza la creación de empleo estable en Justicia.

El nuevo modelo organizativo naufraga ante la falta de medios personales suficientes y la inadecuación de muchas de las sedes judiciales. Cuando dentro de unos meses, estos 700 profesionales se incorporen a sus puestos de trabajo (más los otros 700 del año pasado) se van a encontrar con que la administración prestacional (Ministerio y CCAA) no tienen espacio físico para sus despachos.

Además, CSIF está detectando un incremento en los conflictos de atribución funcional, ausencia de protocolos claros de comunicación interna y carencias formativas en los puestos de dirección y jefatura que no se han resuelto, sino más bien agravado en las oficinas judiciales. Es imprescindible abordar el establecimiento de equipos especializados en las relaciones de puestos de trabajo que den estabilidad y, sobre todo, experiencia y conocimiento a los procedimientos de familia, mercantil, instrucción, violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria. Pero también es necesario revisar la necesidad de especialización por órdenes jurisdiccionales sin olvidar que este modelo organizativo basado en jerarquías se ha implantado en una administración sin la más mínima cultura de jefatura que sí se tiene, por tradición y formación, en la Administración General del Estado y de las CCAA

Por otro lado, CSIF recuerda al Ministro de Justicia que debe cumplir con los compromisos pactados entre ellos la regulación del Real Decreto básico de carrera profesional.

En este sentido, la aprobación de dos Reales Decretos leyes por la Diputación permanente cierra la puerta a cualquier excusa a terminar con la negociación de la carrera profesional y tramitar un simple Real decreto que, ni siquiera debe pasar por la citada Diputación.

Antes del verano, CSIF emplazó al Ministerio a que presentara una propuesta económica que permitiera avanzar en la negociación de las condiciones y requisitos de la carrera profesional.

Desde CSIF reiteramos que la carrera profesional que se está negociando con la valoración de itinerarios formativos orientados a las necesidades reales del servicio y evaluación del desempeño puede ser un instrumento muy útil para mejorar el servicio público y adaptarlo a las necesidades de una sociedad en contínuo cambio.

El Ministerio maquilla las rpts de su ámbito al margen de las necesidades reales de los órganos judiciales

emma.alvarez.bande — Mon, 28 Sep 26 12:29:00 CEST

CSIF ha exigido al Ministerio:

Datos sobre cargas de trabajo y criterios de distribución de puestos trabajo para evaluar las necesidades de nuevos puestos de trabajo que eviten el recurso a la trampa de “desnudar un servicio para vestir otro”. Lo pedimos mientras se negociaron las relaciones de puestos de trabajo y siguen sin facilitarse. Es decir, realizar modificaciones en base a datos objetivos compartidos y no a informes subjetivos de Secretarios de gobierno o coordinadores.

La conversión en plantilla de todos los refuerzos existentes a enero de 2025 y los que se han nombrado posteriormente tengan o no los 3 años de vigencia. El problema aquí es que el Ministerio lleva tiempo negándose a negociar la orden de interinos (firmó ese compromiso en 2015), la normativa de sustituciones y de comisiones de servicio.

Incremento de plantillas en consonancia con las nuevas plazas de jueces y fiscales anunciadas. Más allá de lo que pueda resultar del estudio de cargas de trabajo y de los criterios de distribución

Especialización de los puestos de trabajo dentro de los servicios y, en su caso, áreas de la oficina judicial con la creación de equipos estables que tengan su reflejo en las relaciones de puestos de trabajo tal y como se establece en la LOPJ. Como mínimo especialización en: familia y protección de la infancia y de la juventud, menores, violencia sobre la mujer, vigilancia penitenciaria, mercantil e instrucción. Además, tal y como se especifica en el reglamento, la creación de estos equipos en las rpts supondría la individualización de esos puestos a efectos de concurso, nuevo ingreso y asignación de funciones.

Además, puestos específicos de atención al ciudadano donde figure expresamente esa función en coherencia con una reforma organizativa que según dijo el Ministro, se hace “para el ciudadano”. En este sentido, CSIF ha denunciado la práctica ilegal de algunos directores de servicio de atribuir, porque sí, la función de atención al público a determinadas personas o cuerpos cuyos puestos no tienen atribuida la misma.

Dentro de la especialización, CSIF también exige la potenciación de los servicios de actos de comunicación y la retribución específica de los puestos de trabajo que exijan una mayor penosidad, peligrosidad o especialización.

Asimismo, CSIF denunció la pretensión del Ministerio de “colocar” ocho informáticos haciéndolos pasar como funcionarios de Justicia dentro del servicio común general de la Audiencia Nacional. El artículo 435.4 LOPJ establece claramente que los puestos de la oficina judicial SOLO podrán ser ocupados por personal de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia. Así, lo que pretende el Ministerio es una chapuza ilegal que llevará a sus responsables ante los Tribunales.

La alternativa está en la LOPJ: crear las unidades administrativas previstas desde 2003 en el artículo 439 de la LOPJ como viene proponiendo CSIF desde hace años.

CSIF pide al Ministerio que adopte medidas de refuerzo de plantillas y de seguridad en Ceuta

javier.jordan-de-urries.sagarna — Sat, 22 Aug 26 12:53:00 CEST

EmpleoOfertas y bolsas de trabajoPlantillas-RPTNacional - Administración de Justicia Image

Lo hicimos a principios del mes de agosto ante la avalancha de personas que entraron en la ciudad de Ceuta el 31 de julio y el anuncio del Ministerio de refozar determinados servicios de la oficina judicial, fiscal y en el IML. En ese momento dijimos, y mantenemos, que, más allá de medidas coyunturales, que deberían ampliarse , es necesario revisar las relaciones de puestos de trabajo en Ceuta y en el resto de sedes judiciales de nuestro país, ya que el nuevo modelo organizativo hace aguas en más de un lugar por falta de recursos humanos.

En el ámbito Ministerio, además, se sufre las consencuencias de la procrastinación de los responsables del Ministerio de tareas necesarias para el funcionamiento diario de los tribunales. Acordada en 2015 y publicado ese compromiso en enero de 2016 en el BOE, la revisión de la normativa de interinos se ha visto postergada unilateralmente por el Ministerio y, ahora, se revela ineficaz para dotar de refuerzos en situaciones como la que viven los ciudadanos de Ceuta. Una normativa que no permite una ágil incoporación de personas, con listas en algunos casos agotadas, y con falta de formación que impide incoprporar a personas con las competencias suficientes para afrontar el trabajo judicail desde el primer momento ni tampoco prevé tutorías para los primeros días o semanas de su actividad laboral.

Finalmente, esta misma semana, ante la situación de tensión que se vive en la ciudad autónoma, CSIF ha solicitado que se adopten medidas de seguridad que garanticen la protección del personal que debe realizar actos de comunicación fuera de la sede judicial. Todo ello conforme a la obligación del Ministerio de garantizar la seguridad en los puestos de trabajo derivada de la vigencia de la ley de prevención de riesgos laborales. Entre las medidas solicitadas están:

Protección policial que también se ha solicitado por CSIF para otros servicios públicos que se deben realizar fuera de las sedes de los diferentes organismos públicos.
Incremento de plantilla para refozar las salidas con, al menos, dos efectivos.
Prolongación del servicio de taxi para garantizar la rapidez en la realización de esos actos de comunicación.

Otras medidas solicitadas por CSIF a nivel general en este enlace y en este otro enlace.

El Ministerio nombra refuerzos para atender la repercusión en la Administración de Justicia de la crisis que se vive en Ceuta

javier.jordan-de-urries.sagarna — Thu, 06 Aug 26 12:41:00 CEST

CSIF, además, recuerda al Ministerio que la bolsa de interinos, de la que se deben llamar a las personas para cubrir esas plazas, lleva agotada desde hace meses y que, en consecuencia, es muy probable que el personal al que se llame carezca de experiencia en la administración de Justicia. Por este motivo, CSIF ha solicitado al Ministerio_

Que priorice la sustitución vertical por personal titular frente al nombramiento de interino para estos puestos sin perjuicio que el puesto del sustituto sea ocupado por interino.
Que, en todo caso, se adopten medidas de apoyo (tutorización por personal titular con la retribución correspondiente) y formación para las personas que accedan a estos puestos y carezcan de experiencia.
Que se revisen las relaciones de puestos de trabajo de Ceuta y, en general, de todo el ámbito del Ministerio y de las CCAA para acometer el necesario incremento de efectivos del personal de Letrados y Cuerpos generales, más cuando se ha anunciado por el Ministro la creación de plazas de Jueces y fiscales, 1.400 plazas en dos años.
Que, de forma inmediata, se lleve a la mesa de negociación una normativa nueva de interinos, adaptada a las nuevas circunstancias en aplicación de la normativa nacional y europea, y cuya negociación está comprometida por acuerdo publicado en el BOE del año 2015. El incumplimiento de acuerdos conduce a corto, medio y largo plazo a problemas y conflictos.
Que una vez negociada la nueva orden se renueven las bolsas de personal interino que, en estos momentos, están agotadas en un 72% de las mismas afectando gravemente a la óptima prestación del servicio y llevando a los nuevos serivicos y áreas a situaciones insostenibles y al colapso.

Creación unidades administrativas en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral de Navarra.

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Jul 26 11:55:00 CEST

CSIF informa de la publicación en el BOE de la Resolución 246/2026, de 30 de abril, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, por la que se crean unidades administrativas en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral de Navarra.

CSIF valora muy positivamente la creación de unidades administrativas en el ámbito de la Administración de Justicia de Navarra.

Esta medida nace de una propuesta planteada y defendida por CSIF de forma reiterada en cada mesa de negociación. Además, formaba parte del acuerdo integral propuesto por nuestra organización, que también contemplaba una mejora retributiva mediante el incremento del complemento específico.

Esperamos que esta medida sirva de ejemplo y se extienda cuanto antes al ámbito del Ministerio y al resto de comunidades autónomas.

CSIF seguirá trabajando para mejorar la organización de la Justicia y las condiciones laborales del personal.

CSIF exige más funcionarios ante la creación de 500 unidades judiciales y 200 plazas fiscales

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Jul 26 09:36:00 CEST

EmpleoOtros EmpleoPlantillas-RPTPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaNacional - Administración de Justicia Image

CSIF informa de la publicación en el BOE de dos reales decretos que afectan directamente a la Administración de Justicia.

Por un lado, se crean 500 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026.

Por otro, se amplía la plantilla del Ministerio Fiscal con 200 nuevas plazas.

Desde CSIF consideramos positivo que se refuerce la Justicia, pero reclamamos que este incremento venga acompañado también de una ampliación real de las plantillas de funcionarios.

No se pueden crear más unidades judiciales, más plazas judiciales y más plazas fiscales sin aumentar al mismo tiempo el personal que tramita, atiende, notifica, ejecuta y sostiene el funcionamiento diario de tribunales, fiscalías, registros civiles y servicios comunes.

La Justicia no funciona solo con jueces y fiscales.

Las plantillas del resto de personal al servicio de la Administración de Justicia ya soportan una elevada carga de trabajo.

Si no se crean nuevas plazas de funcionarios, estas medidas supondrán más sobrecarga, más retrasos y peor servicio a la ciudadanía.

Por ello, CSIF exige al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias transferidas:

La ampliación inmediata de las plantillas.
La creación de plazas estructurales.
La negociación con los sindicatos.
El refuerzo de tribunales, fiscalías, registros civiles y servicios comunes.

Más unidades judiciales y más fiscales exigen también más funcionarios.

CSIF seguirá reclamando una Justicia con medios suficientes, empleo público estable y condiciones laborales dignas para todo el personal.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Demarcación y planta judicial

Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.
- PDF (BOE-A-2026-14878 - 102 págs. - 4.443 KB)
- Otros formatos

Ministerio Fiscal. Plantilla orgánica

Real Decreto 560/2026, de 8 de julio, por el que se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.
- PDF (BOE-A-2026-14879 - 27 págs. - 1.165 KB)
- Otros formatos

CSIF consigue la estructuración de 80 refuerzos en el INTCF

javier.jordan-de-urries.sagarna — Wed, 20 May 26 09:21:00 CEST

La estructuración de refuerzos en plantilla proviene de un acuerdo firmado por CSIF y otros sindicatos en diciembre de 2015 y que ha tenido como resultado la estructuración en plantilla de cientos de plazas en todos los ámbitos territoriales desde el año 2018 hasta hoy.

En este caso, son 80 las plazas que se estructuran por la resolución que se adjunta y que coinciden con las 80 plazas que se propuso por la administración en la reunión de la mesa de negociación del pasado 26 de febrero.

Las 80 plazas pasan a ser vacantes y, conforme al acuerdo antes mencionado y la aplicación posterior en estos casos, se ofertarán en el próximo concurso de traslados. En relación con Técnicos y Ayudantes ya están incluidos en el concurso convocado el pasado 6 de mayo. En relación con los Facultativos, la convocatoria debe modificarse con lo que se retrasará un poco más, probablemente será en septiembre, para incluir los nuevos puestos.

En cuanto al personal interino, CSIF exige al Ministerio que cumpla con lo acordado desde el año 2015 y que se ha venido haciendo en las sucesivas estructuraciones de plantilla, ofertándose al interino que ocupa el puesto, seguir en el mismo hasta su cobertura por concurso o, en el caso de que quede desierto, en el siguiente proceso selectivo.

CSIF exige una sola orden de jornada general para todos los cuerpos de la administración de justicia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 15 May 26 10:19:00 CEST

EmpleoOtros EmpleoPlantillas-RPTNacional - Administración de Justicia Image

Ayer, 14 de mayo, se celebró la reunión de la mesa de negociación sobre la modificación de la Orden JUS/797/2012 para introducir la jornada de 35 horas en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

La semana pasada se hizo lo mismo en relación con la Orden JUS/615/2012 para los cuerpos generales y especiales de la misma administración.

Una vez más, CSIF denunció lo absurdo e incluso ridículo de regular de forma diferenciada la misma jornada laboral en dos órdenes con el mismo contenido. Ninguno de los argumentos expuestos por el Ministerio justifica dicha esquizofrenia que sólo puede responder a planteamientos ajenos a la eficiencia, tan de moda en estos momentos, a la lógica y a los criterios de elaboración normativa derivados de la Unión europea o “better regulation”. Además, las peculiaridades que pudiera haber se pueden abordar perfectamente en una sola orden sin necesidad de incrementar la burocracia inútilmente.

Finalmente, la jornada laboral ordinaria en cómputo semanal será de 35 horas (hasta ahora eran 37,5) para todos los cuerpos con un equivalente en horas anuales de 1.512 tal y como proponía CSIF. La jornada de dedicación especial se rebaja de 40 a 37,5 horas.

Para CSIF, la jornada laboral de 35 horas es ya una realidad en la administración de Justicia por mandato directo del artículo 500 de la LOPJ.

La distribución de esta jornada, así como de los horarios, se regula en el calendario laboral a negociar en cada ámbito territorial y que el Ministerio pretende negociar en próximas fechas (Orden JUS/2538/2013 y Orden JUS/18/2014).

En cuanto a las alegaciones presentadas a la orden de jornada de LAJ son las mismas que se presentaron para los cuerpos generales y especiales:

Eliminar el carácter mínimo de la jornada semanal ordinaria (35 horas), puesto que la norma de AGE no lo incluye.
Eliminar el carácter de favorable del informe del CGPJ de tal manera que si en el plazo de 20 días hábiles no hay informe se entienda aprobado el calendario por silencio positivo.
Incrementar la retribución de la jornada reducida de 9 a 14 horas pasando del 75% de las retribuciones al 80%. No es lo mismo realizar 25 horas a la semana en una jornada de 37 horas y media que hacer esas mismas 25 horas en una jornada de 35.
Habilitar la posibilidad de acumular la reducción de jornada a la mitad por cuidado de familiar por enfermedad grave o muy grave a 15 días hábiles completos. En el artículo 48 i) del TREBEP se extiende como máximo a un mes a media jornada.
Garantizar que las jornadas y horarios especiales tengan que estar en la descripción de cada puesto con esta peculiaridad en las relaciones de puestos de trabajo, prohibiendo “inventos” de turnos rotatorios o cualquier otra forma que establezca de tapadillo una modificación de jornada (mañana y tarde o tardes) u horarios. La LOPJ distingue claramente esta circunstancia de las ocasiones, excepcionales y concretas, de que una diligencia o acto procesal se extienda más allá del horario dando lugar a compensaciones horarias.
Reducir la jornada de verano de 32 horas y media para la jornada ordinaria a 30 horas semanales y de la jornada con dedicación especial de 37,5 a 32 horas y media.

Pendiente de recibir la convocatoria que lo confirme, la semana que viene se celebrará una nueva reunión con una nueva redacción de orden de jornada laboral en la que esperamos que el Ministerio acepte las alegaciones.

El Ministerio abre una consulta sobre el RD 1033/2005 que regula el complemento general del puesto en Justicia

emma.alvarez.bande — Thu, 30 Apr 26 08:09:00 CEST

El punto 10 del acuerdo establecía el análisis de la repercusión de la nueva organización en los grupos de población y, en especial, en el grupo IV que es al que pertenecen las oficinas de justicia en el municipio, antes Juzgados y agrupaciones de Juzgados de paz. Sobre el desarrollo de la reunión y las alegaciones de CSIF sobre la supresión del grupo IV ya os dimos cuenta en nuestra web.

En el transcurso de esta reunión de la mesa de negociación el Ministerio anunció la apertura de un trámite de audiencia a los sindicatos sobre el RD 1033/2005 en su conjunto. En este sentido, se podrá decir lo que se quiera, pero no cabe la menor duda de que la firma del acuerdo de 8 de enero y la inclusión en el mismo de la supresión del grupo de población IV lejos de impedir ninguna negociación más amplia, ha actuado como cuña en la puerta para seguir profundizando en el objetivo de eliminar estos grupos de población.

La propuesta de CSIF es la eliminación progresiva de los grupos de población en dos-tres años hasta llegar a un complemento general del puesto mejorado respecto de las cuantías actuales del grupo I. Un posible calendario:

En septiembre 2026.

inclusión en el tipo II de todas las sedes que se encuentren en capital de provincia no incluidas actualmente en los tipos I y II y las localidades de estas provincias servidas por Magistrados.
Por otro lado, las nueve localidades de tipo II (ocho en el RD 1033/2007 vigente más Murcia, pasarían al tipo I de población.

En enero de 2027.

se eliminaría el tipo III de población pasando al tipo II a sus integrantes. Es decir, todas las sedes judiciales que no fueran capitales de provincia y las localidades que cuyos órganos judiciales no estén servidos por Magistrados.

En enero de 2028.

se procedería a la unificación de tipo en las cantidades del tipo I mejoradas en la cantidad que se negocie durante 2027 a tal efecto en relación con la reforma corporativa, clarificación de funciones, distribución de las mismas y reconocimiento laboral y retributivo cuyo estudio y negociación venimos reclamando desde hace años en CSIF.

Paralelamente, se debería también procederse a la negociación del RD 2033/2009 para unificar los tipos de población del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. No obstante, este RD no es objeto de consulta por lo que solicitamos que se incluya cuanto antes en la agenda de negociación.

Para CSIF se puede estar abriendo la oportunidad de proceder a la revisión corporativa, la clarificación de funcional y el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones que efectivamente se realizan junto con esta revisión de los grupos de población que se retribuyen dentro del Complemento general del puesto.

Un objetivo al que, como se puede ver, CSIF nunca ha renunciado ni la firma del acuerdo impide en absoluto.