Nacional - Administración de Justicia

CSIF pide a Justicia que cumpla los acuerdos alcanzados ante el adelanto electoral

emma.alvarez.bande — Tue, 06 Oct 26 10:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido al secretario de Estado de Justicia, ante el adelanto electoral, para reclamar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en materia de retribuciones y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

CSIF también ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 8 de enero, con el objetivo de evaluar su grado de cumplimiento, reactivar las negociaciones pendientes e impulsar las medidas necesarias para hacer efectivos los compromisos adquiridos.

Este acuerdo contempla cuestiones fundamentales para el personal de Justicia como la carrera profesional, la supresión del Grupo IV de población, reglamento del Registro Civil y el teletrabajo, entre otras.

En este sentido, CSIF reclama que el adelanto electoral no paralice las negociaciones ni retrase el cumplimiento de los compromisos adquiridos y, especialmente, que se avance en el desarrollo de la carrera profesional, el Registro Civil y el teletrabajo, así como que se culmine la tramitación ya iniciada para la supresión del Grupo IV de población.

El sindicato también se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025, y ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco.

CSIF es plenamente consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política, que ha desembocado en la convocatoria anticipada de elecciones. Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la mejora de los servicios públicos, también en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por ello, CSIF velará en las próximas semanas por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados y seguirá defendiendo las mejoras pendientes en materia retributiva, profesional y de condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

Se necesita una ambiciosa Ley de Empleos de Calidad de la UE

rocio.diaz.conde — Thu, 01 Oct 26 13:14:00 CEST

CSIF EuropaNacional - Administración de Justicia Image

La segunda fase de la consulta de la Comisión Europea, que finalizó el pasado día 27 de septiembre, busca la opinión de los interlocutores sociales sobre posibles medidas relativas a la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo, la subcontratación, las transiciones del mercado laboral y la aplicación de la normativa. CESI abordó la iniciativa en su contribución de la primera fase y celebra un examen más detallado de estas áreas.

CESI argumenta en su nueva contribución a la consulta que una futura Ley de Empleos de Calidad debería convertir los compromisos de la Hoja de Ruta para los Empleos de Calidad en mejoras vinculantes en las condiciones laborales. Apoya un marco coherente de la UE basado en la legislación laboral vigente, con normas mínimas vinculantes cuando la protección sea insuficiente y margen para que los interlocutores sociales nacionales adapten la aplicación mediante la negociación colectiva.

Los trabajadores y sus representantes deben ser informados y consultados antes de la introducción o modificación sustancial de sistemas de IA que afecten al empleo o la organización del trabajo. CESI solicita evaluaciones de sus efectos en la seguridad, la igualdad, la privacidad y la salud psicosocial, junto con explicaciones comprensibles y una revisión humana efectiva de las decisiones laborales que tengan consecuencias. Los empleadores deben seguir siendo responsables cuando utilicen software suministrado por terceros.
Es necesaria una mayor protección contra los riesgos psicosociales y climáticos, así como contra la violencia y el acoso laboral. La normativa debe reflejar el trabajo a distancia o fuera de las instalaciones del empleador. CESI reitera su demanda de una legislación europea sobre el teletrabajo justo y el derecho a la desconexión, y subraya la especial vulnerabilidad de los trabajadores que atienden al público ante la violencia de terceros.
En las cadenas de subcontratación, una mayor transparencia y una responsabilidad adecuada deberían permitir a los trabajadores hacer valer sus derechos incluso cuando resulte difícil establecer la responsabilidad.
Los trabajadores afectados por las transiciones digitales y ecológicas necesitan acceso a formación continua a lo largo de su carrera profesional y una participación significativa en la reestructuración. CESI solicita a la Comisión Europea que preste mayor atención al empleo en los servicios públicos, donde la falta de personal y las malas condiciones laborales afectan tanto a los trabajadores como a los servicios que prestan.

La declaración completa de la consulta de CESI está disponible aquí .

La CESI reclama blindar el Estado de Bienestar en la UE ante los efectos económicos y sociales de la guerra

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Apr 26 14:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas-, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la Federación Alemana de la Función Pública (DBB) -el principal sindicato de administraciones públicas en Alemania-, han acordado reclamar a Bruselas y a los respectivos gobiernos un plan de contingencia en el ámbito público que blinde el Estado de Bienestar en la UE ante los posibles efectos económicos y sociales de la guerra Oriente Medio.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión mantenida en Madrid por representantes de CSIF con una delegación de CESI y del DBB, en la que las tres organizaciones realizaron un diagnóstico conjunto sobre los efectos que la guerra en Oriente Medio está provocando en las economías de los países de la UE y su repercusión en los servicios públicos.

En el caso de España, la guerra en Oriente Medio ha situado el indicador adelantado del IPC del mes de marzo en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Irán, y es probable que este repunte también se reproduzca en otros países, afectando al poder adquisitivo y en particular al de las/os empleados públicos.

CSIF, CESI y DBB han acordado emplazar a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados de la UE a que elaboren, en el marco de sus respectivas competencias, un plan de contingencia que blinde la prestación de servicios esenciales del Estado de Bienestar. El objetivo es reforzar su respuesta ante las consecuencias económicas del citado conflicto aumentando la inversión en las administraciones y los servicios públicos con recursos suficientes y capaces de funcionar bajo presión.

Los tres socios subrayan que el fortalecimiento de las administraciones y los servicios públicos, así como la inversión en su personal deben ocupar un lugar central en los debates públicos sobre las agendas nacionales y europeas de preparación ante las crisis. Las/os trabajadores de las administraciones y los servicios públicos no solo implementan las políticas de preparación, sino que son los actores clave que posibilitan la resiliencia de las personas, las empresas y las sociedades.

Más presión con plantillas más reducidas

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de plantillas y la mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos aumenta la presión sobre los trabajadores públicos en toda la UE y sus estados miembros, con especial incidencia en sectores como la sanidad, la educación, la Justicia y en el caso particular de España el SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

CSIF, CESI y DBB subrayan también que el fortalecimiento de los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de las plantillas debe ser una prioridad de las políticas nacionales y europeas. Los trabajadores de las administraciones públicas son esenciales en este escenario para garantizar una prestación adecuada de los servicios básicos. Precisamente, CSIF espera iniciar en breve con el Gobierno las negociaciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.

En el caso de España, CSIF propone una batería de medidas inspiradas en crisis anteriores, como la del covid:

• Las administraciones y los servicios públicos constituyen un pilar fundamental de la resiliencia.

• Agilizar un plan que rija la gobernanza en las políticas públicas.

• Un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo ante el posible impacto en aumento de prestaciones y ayudas sociales. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

• Inversiones esenciales en el personal del sector público y una inversión pública estratégica que permita financiar los servicios que recibe la ciudadanía si aumentan los costes. El objetivo sería evitar recortes, paralización de servicios y deterioro de las plantillas.

• Mecanismos de protección del empleo y la actividad económica.

• Creación de órganos de seguimiento del impacto del conflicto en las administraciones públicas. Su objetivo sería monitorizar inflación y empleo, evaluar el impacto en los servicios públicos y activar medidas de respuesta rápida.

• Reforzar y proteger el Estado de Derecho y el carácter democrático de las instituciones que históricamente han inspirado las bases de la Unión Europea.

Decenas de miles de trabajadores/as salen a la calle para gritar ‘Basta’ a Sánchez, exigir medidas económicas eficaces y una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 10:45:57 CEST

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Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de toda España salieron hoy a las calles de Madrid convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, en la primera manifestación sindical contra este Gobierno, en defensa de una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media.

La jornada ha sido un grito de protesta contra la política económica de Pedro Sánchez, y ha sido el cauce para que miles de trabajadores le hayan trasladado las exigencias de CSIF para aliviar el impacto que está causando en sus bolsillos el alza desmesurada del precio del cesto de la compra, de la luz y de los carburantes.

En concreto, la manifestación ha servido para exigir al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo; que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado; medidas económicas eficaces que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios; que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios; y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado en su discurso que “el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado”, y que la multitudinaria manifestación “es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle”.

Tras asegurar que el Ejecutivo “ha pasado de considerar a las empleadas y empleados públicos como héroes durante la pandemia de COVID a tratarles de manera ingrata y ningunearles”, el presidente de CSIF subrayó que el Gobierno “se está equivocando y lo pagará en las urnas”.

La jornada de protesta de hoy y la presión sindical de CSIF ya han dado sus frutos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo miércoles, 28 de septiembre.