Extremadura - Administración de Justicia

CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación que atraviesan los Tribunales de instancia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 13 Mar 26 10:09:00 CET

En las jornadas de trabajo, que fueron inauguradas por el Secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, han participado ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la asociación PROLAJ, María Jesús Moro (portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados), Aitor Cubo (Director General de Transformación Digital del Ministerio, Alejandra Alonso (Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid), Salvador González (Presidente del Consejo General de la Abogacía española).

A todos ellos, CSIF ha trasladado el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Más allá de la opinión que se tenga del modelo la conclusión final es que la ley de eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de presupuestos.

Como conclusión de las jornadas, CSIF se reafirma en la necesidad de que las administraciones tomen medidas en relación con los siguientes aspectos.

Puesta en marcha de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de lo servicios, áreas y equipos. Mandar no es sólo “dar órdenes” y cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas con la puesta en marcha de planes presenciales y on-line de apoyo a la tramitación. CSIF volvió a insistir en la necesidad de programas de formación presencial “online” e “in situ”, así como planes formativos conjuntos de Letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo sin superioridades morales de ningún tipo.

Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. En este aspecto la situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo en dos sentidos: incremento de plantillas pues la justicia no sólo puede vivir de anuncios mediáticos de incremento de plazas judiciales o fiscales. En segundo lugar, profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. A estas alturas, que haya que seguir explicando que la materia concursal o la vigilancia penitenciaria no tienen nada que ver con la tramitación de cualquier otro procedimiento da vergüenza ajena.

Revisión de los protocolos de actuación con participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras y sin las generalidades que nos estamos encontrando en su redacción.

Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ en todas las administraciones prestacionales.

Puesta en marcha del modelo de carrera profesional cuyo Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y que es una de las claves de la gestión del cambio.

Finalmente, es imprescindible una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia y ahí está la Comisión de calidad prevista en la LOPJ y, finalmente, es esencial que, haya presupuestos cuanto antes y que la partida de Justicia se incremente cuando los haya.

Las reformas no acaban aquí: CSIF reclama, además, la necesidad de revisar la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito, la modernización de los planes de actuación y de la productividad porque mutualizar los atascos no puede perjudicar a los que mejor trabajan y la revisión del sistema de guardias.
La reforma del modelo organizativo no servirá de nada si no se procede a la revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF reclama recuperar las medidas laborales de la Pandemia ante la DANA y actúa de enlace con las ONGs para enviar ayuda a Valencia

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 04 Nov 24 14:12:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reitera todo su apoyo y solidaridad a las personas allegadas a las víctimas y en general a todos los afectados por los efectos devastadores de la DANA en diferentes puntos de España, en especial en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía, donde hay que lamentar más de doscientas víctimas.

Ante esta situación, concretamente en Valencia, CSIF se ha puesto a disposición de la ciudadanía valenciana y todo el personal sanitario y de emergencias del sindicato se ha incorporado a su puesto de trabajo a las órdenes de las direcciones de los diferentes centros.

Además, nuestra organización va a llevar a cabo las siguientes iniciativas:

Actuaremos de enlace con las organizaciones no gubernamentales e instituciones que están colaborando en la red de recogida de material de necesidad y alimentos para facilitar las tareas de coordinación con la Comunidad Valenciana.
Activaremos un servicio de atención a trabajadores y en general afectados por la DANA para informarles sobre sus derechos y medidas de protección social, laboral y para el cobro de seguros que se pueden adoptar en estos momentos de emergencia.
En este sentido, desde CSIF trasladamos al Gobierno la necesidad de reactivar las medidas excepcionales en el ámbito laboral que se pusieron en marcha durante la pandemia para proteger a los trabajadores afectados y que se hayan visto obligados a interrumpir su actividad laboral; medidas de conciliación y de prevención laboral para las personas que trabajan en las tareas humanitarias y de emergencia, medidas en materia económica y fiscal.

Estas son las medidas propuestas:

Medidas para garantizar la seguridad de las personas y la conciliación:

Asegurar alojamiento a los vecinos que no pueden recurrir a una alternativa habitacional, por la pérdida o deterioro grave de sus domicilios, mediante la puesta a disposición de los afectados del parque de viviendas de titularidad pública y habilitación de los espacios necesarios.
Medidas para garantizar el avituallamiento global de todas las personas afectadas, mediante el suministro de agua, productos de carácter básico y alimentos.
Garantizar el reparto y suministro de medicamentos.
Llevar a cabo todos los trabajos de limpieza, desescombro y retirada de vehículos, maleza y objetos, al objeto de garantizar la accesibilidad de los afectados a sus domicilios y servicios públicos.
Potenciar las acciones encaminadas al restablecimiento de los servicios de suministro de energía y/o instalación de generadores, donde sea necesario.
Despliegue de los efectivos del ejército, que sean necesario, así como de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Dotar a los trabajadores de los equipos, vehículos, medidas de protección y recursos necesarios para llevar a cabo las intervenciones de emergencia de rescate y limpieza.
Agilización de los trámites y resolución de los expedientes para las concesiones de ayudas, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.
Permisos retribuidos para atender daños en las viviendas.
Recuperación de los días de permiso retribuido recuperable, de al menos cinco días.
Flexibilidad horaria para gestiones administrativas relacionadas con la catástrofe.
Aplicación de la modalidad de teletrabajo hasta que se reestablezca la normalidad.

Medidas en materia económica

Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios
Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
Líneas de crédito especiales para empresas y trabajadores autónomos afectados.
Ayuda para el transporte si el trabajador debe desplazarse a su centro de trabajo.

Medidas en materia fiscal:

Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al presente ejercicio presupuestario que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, prorrogable a los siguientes ejercicios.
Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al presente ejercicio presupuestario, a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales, cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, prorrogable a los siguientes ejercicios.
Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordinales anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción
Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se acuerde una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

En materia Laboral y de Seguridad Social:

Que todas las lesiones y fallecimientos ocasionados por la DANA ocurridos durante la jornada laboral y en el desplazamiento a su centro de trabajo se declaren como accidente de trabajo.
Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma se considerarán provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos. En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las emergencias, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
Para las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social se acuerde una moratoria de hasta, al menos, un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.
Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquélla en la forma que legalmente proceda.
Que el desempleo consumido en los ERTES de fuerza mayor temporal no reste al cómputo general de las personas trabajadoras que se acojan a esta figura.
Prohibición del despido por motivo o causa directa o indirecta de la DANA.

INFORME DE SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VALENCIA

Por otra parte, la situación de los servicios públicos en Valencia, provincia más afectada por las inundaciones, sigue siendo caótica, con imposibilidad de acceso a numerosos edificios públicos de la administración autonómica, centros educativos cerrados, juzgados paralizados, y los trabajadores de la Administración General del Estado (SEPE, Seguridad Social, entre otros teletrabajando) para garantizar el funcionamiento de las prestaciones a los ciudadanos. Además, las carreteras continúan con circulación cortada o restringida y siguen sin funcionar MetroValencia ni las Cercanías de Renfe.

En el ámbito sanitario hay 54 centros afectados y 12 completamente devastados que no pueden desarrollar la actividad. Las localidades afectadas tienen un punto de asistencia urgente reorganizando la atención programada en centros de salud cercanos. Se han puesto en marcha líneas de autobuses para garantizar la llegada del personal sanitario y todos los pueblos tienen puntos de atención sanitaria urgente.

En la educación destacamos la respuesta organizada a través de comités de emergencia formados por directivos, docentes, personal de mantenimiento y representantes de las familias. Además desde nuestra organización se han propuesto grupos de apoyo psicológico para ayudar tanto a estudiantes como a personal educativo que han sufrido el impacto emocional de esta situación.

En Instituciones Penitenciarias también se ha reclamado un refuerzo específico y de reorganización de turnos (con guardia de 24 horas y una jornada de descanso) teniendo en cuenta que los relevos de personal se demoran por la dificultad de los accesos a las prisiones.

Desde CSIF reclamamos apoyo para nuestros servicios básicos y agradecemos el esfuerzo de todos/as nuestros servidores públicos. La labor que están haciendo es encomiable en esta catástrofe, en muchos casos jugándose sus vidas. Su trabajo y sacrificio es impagable. Los empleados públicos siempre actúan con responsabilidad, profesionalidad y arrojo en momentos difíciles, como en esta ocasión y es justo reconocerlo.

CSIF transmite su apoyo de solidaridad a las víctimas y afectados por la DANA y ofrece personal y delegados del sindicato en las zonas afectadas

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 30 Oct 24 09:59:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, transmite todo su apoyo y solidaridad a las personas allegadas a las víctimas y en general a todas las personas afectadas por los efectos devastadores de la DANA en diferentes puntos de España, en especial en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía, donde hay que lamentar más de un centenar de víctimas.

La situación de los servicios públicos en Valencia, provincia más afectada por las inundaciones, es caótica: la Justicia está cerrada al 50%, personal de la Administración del Estado se encuentra teletrabajando con sus oficinas están destrozadas, y centros de salud acusan la falta de luz y de agua, con los medicamentos echándose a perder. En la Ribera hay personas que han trabajado más de 24 horas sin poder volver a sus casas, cubriendo turnos de compañeros que no han podido acudir a sus puestos de trabajo por los destrozos causados por la DANA.

Desde CSIF nos sumamos al luto nacional en estos trágicos momentos por las víctimas de la DANA y nos unimos al pésame por las personas fallecidas. Trabajadores del sindicato han guardado un minuto de silencio, especialmente en las provincias más afectadas por el temporal.

Nuestra organización pone en valor el trabajo heroico desempeñado por el personal de los servicios de Emergencias, Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UME en las labores de coordinación y rescate, en ocasiones jugándose su propia vida.

Los empleados públicos, siempre actúan con responsabilidad, profesionalidad y arrojo en momentos difíciles, como en esta ocasión y es justo reconocerlo. Desde nuestra organización, se ha puesto a disposición de las autoridades al personal del sindicato y delegados sindicales para colaborar en lo que sea necesario en las zonas afectadas, aportando su experiencia profesional.

En la provincia de Valencia, el presidente de CSIF en la Comunitat Valenciana, Rafael Cantó ha expresado “en estos momentos, especialmente complicados y dolorosos, nuestro apoyo tanto a los profesionales que están interviniendo en las zonas más damnificadas por los efectos del temporal como a los ciudadanos afectados por este desastre meteorológico”.

Desde CSIF seguiremos muy atentos a la evolución de la DANA en otros puntos de España, especialmente en Castellón y algunas zonas de Cataluña, donde se ha decretado la alerta roja por inclemencias meteorológicas.

CSIF denuncia la elevada estigmatización de los trabajadores con enfermedades de salud mental, la escasa inversión en los servicios públicos de salud y exige más recursos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 08 Oct 24 20:42:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Salud Mental este jueves 10 de octubre, bajo el lema “Derrumbando estigmas de salud mental en el ámbito laboral”. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización y denuncia de la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental y de la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

España cuenta con una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la media europea (18 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Por su parte, el número de psiquiatras en la sanidad pública también es limitado, lo que agrava el problema de una atención insuficiente.

El estigma de la salud mental en el trabajo consiste en que se tenga que ocultar en el ámbito laboral los problemas de salud mental por miedo a ser despedidos, discriminados, acosados o que pueda afectar a su carrera profesional. Supone un perjuicio grande para las organizaciones, puesto que es un indicador del clima laboral. Los profesionales no perciben que la empresa sea un lugar seguro donde poder expresar abiertamente que se tiene un problema de salud, influya o no en su rendimiento.

En España, alrededor del 19% de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, se estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como la depresión, la ansiedad o trastornos más graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Este número aumentó un 13,6% respecto al año anterior y es más del doble en comparación con las cifras de hace siete años. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país.

Rara vez una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias y falta apoyo psicológico a los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

En España, las cifras de suicidios son alarmantes año tras año; en 2023, según los datos provisionales del INE, se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres. Respecto a 2022 ha habido un ligero descenso de 6,5% pero las cifras reflejan que la gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, ya que fallecen una media de 11 personas al día.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio. Así, la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral. De esta manera, se debe constituir una red de apoyo profesional eficaz que haga una atención integral y de calidad. Consideramos que es prioritario también reforzar los servicios públicos de salud, como hemos solicitado a la ministra de Sanidad.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico por su situación laboral.

Para conocer más datos sobre promoción de salud y el bienestar laboral, CSIF ha lanzado la encuesta “¿Cómo te sientes?” para valorar la situación de los profesionales respecto a las medidas de promoción de la salud y bienestar laboral en las administraciones y empresas.

CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Programas de psicoeducación: gestión emocional, gestión de salud mental, etc.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concientización sobre la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y la violencia.
Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.

Soledad Perera, nueva presidenta del sector de Justicia de CSIF en Extremadura

ignacio.munoz.alonso — Tue, 08 Oct 24 15:08:00 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesExtremadura - Administración de Justicia Image

Soledad Perera Martín ha sido elegida por unanimidad nueva presidenta del sector de Justicia de CSIF Extremadura en un congreso que se ha celebrado este martes en Mérida. Perera, natural de Badajoz y 29 años de funcionaria, afronta con ilusión y ganas esta etapa para trabajar por las mejoras del sector de Justicia en Extremadura, con un importante déficit de personal y medios en las instancias judiciales.

La nueva presidenta sustituye a Cristina Blázquez, quien ha sido responsable de Justicia en CSIF en la región desde 2010 hasta que recientemente ha sido designada vicepresidenta del sector en CSIF Nacional.

El relevo se ha producido en el Congreso Autonómico del Justicia de CSIF celebrado hoy en Mérida con la asistencia del presidente del sector nacional, Javier Jordán de Urries, el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, los delegados de CSIF en el ámbito de Justicia en Extremadura y los miembros del Comité Ejecutivo Autonómico de la organización.

Soledad Perera ha tenido palabras de agradecimiento por el apoyo manifestado por los delegados del sector en Extremadura, donde CSIF ganó las últimas elecciones del sector en Extremadura, tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres, con una representatividad del 42% en el ámbito de Justicia y, además, preside la Junta de Personal.

Durante el congreso, se ha destacado los últimos avances en mejoras retributivas y laborales que ha conseguido CSIF, como el acuerdo de subida salarial para los funcionarios de Justicia firmado en abril tras muchos meses de conflicto laboral, así como para la implantación de la Ley que regula los Tribunales de Instancia, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

CSIF también ha arrancado al Ministerio el compromiso de negociar la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil y ha logrado que los trabajadores de Justicia tengan una normativa básica del teletrabajo.

En este contexto, desde el sector autonómico de Justicia de CSIF en Extremadura, ahora con Soledad Perera como nueva presidenta, se seguirá trabajando por mejorar las condiciones laborales y retributivas de los funcionarios de Justicia, que pasan, entre otras cuestiones, por el inicio de la carrera profesional para estos trabajadores públicos.

Asimismo, Soledad Perera ha recalcado las carencias de personal que existe en muchos de los órganos de Justicia en la región, además de las necesidades de mantenimiento y reforma de edificios. “Necesitamos que se refuercen las plantillas y más medios materiales”, ha enfatizado.

CSIF exige una subida para el resto de los cuerpos de la Administración de Justicia o de lo contrario convocará movilizaciones

admin — Tue, 28 Mar 23 11:13:53 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesExtremadura - Administración de Justicia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, exige al ministerio que dirige Pilar Llop que complete el acuerdo alcanzado con el colectivo de letrados con una subida salarial para el resto de los cuerpos.

Para CSIF, la actitud del ministerio supone una falta de respeto a todo el personal de Justicia y advierte de que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas, sin descartar ninguna medida de presión.

El propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías… de forma que cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia.

Además, CSIF subraya que la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia

La nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno fracasa por falta de medios

admin — Thu, 23 Mar 23 09:49:27 CET

IgualdadPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesExtremadura - Administración de Justicia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su preocupación por los problemas que está ocasionando el proyecto del Gobierno de “comarcalización” de los juzgados de violencia de género en la atención a las mujeres víctimas.

CSIF advierte de que las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, que hasta el momento se han llevado a cabo en Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo, han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por falta de medios personales y materiales.

Según información recabada por CSIF, (sindicato mayoritario en la Justicia) las experiencias sobre este nuevo modelo de organización, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales, ha generado una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación. Estas esperas provocan en ocasiones que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración.

Cuando el Gobierno aprobó este proyecto aseguró que la comarcalización de juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivan donde vivan. Pero la experiencia –que ahora se pretende generalizar en toda España-- ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en Algeciras, donde antes existían tres jueces con competencia ahora solo existe uno y donde antes existían tres plantillas de funcionarios con un total de 28 funcionarios, ahora solo 13.

En definitiva, ahora hay un solo titular y una sola plantilla lo que, por desgracia, ralentiza las resoluciones, las declaraciones, las testificales, el seguimiento de la instrucción, con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos.

Además, cuando existe una agresión en los partidos que han perdido la competencia, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que la primera y transcendental declaración la toma un Juez supuestamente no especializado. En este sentido, la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y Juzgado Comarcal se dificulta. En muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados.

Además, con la agrupación judicial las relaciones son más impersonales que antes cuando en los órganos judiciales había una íntima colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: policía local, nacional, guardia civil, servicios de guardia hospitalarios y los juzgados de guardia.

Por todo ello, desde CSIF reclamamos al Gobierno que revise este proyecto de “comarcalización”, que destine los medios adecuados, que se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio y que evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de la Función Pública en la Administración General del Estado

admin — Thu, 16 Mar 23 12:55:35 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

Pese a que el texto recoge algunas de las mejoras propuestas por CSIF, está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una Ley de esta magnitud para que resultara aceptable para nuestra Organización, ya que, muchos aspectos fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos de la AGE, se regulan de forma deficiente e incompleta y otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas.

Entre los “desastres” de esta Ley, cabe destacar por su importancia y afectación a los trabajadores:

Falta generalizada de concreción en la regulación de las figuras más transcendentes, posponiendo esta regulación a un desarrollo reglamentario posterior, lo que podría significar una vulneración del principio de reserva de Ley y una falta de garantías en la necesaria negociación colectiva.
Sin garantizar una reserva presupuestaria para la implementación de las mejoras que esta Ley contendrá, ni realizar ninguna alusión a las cuantías económicas que se aplicarán a las diferentes figuras.
No contempla el establecimiento de la tan reivindicada por CSIF jornada de 35 horas, desaprovechando un gran momento para su aplicación general en la AGE y faltando así a los compromisos adquiridos por la propia Administración en acuerdos de los que ya advertimos que no eran más que papel mojado en lo que a las mejoras laborales se refería.
En relación con el esperado y ansiado grupo B:
- CSIF exigía que la dotación de efectivos se llevara a cabo no sólo con nuevas incorporaciones sino, además, mediante la habilitación temporal para permitir el trasvase de efectivos desde el grupo C1 de aquellos que realizan las funciones y cumplen el resto de requisitos y esta justa reivindicación ha sido desoída por la Administración y el resto de Organizaciones Sindicales.
- Además, no se crean los cuerpos del grupo B de forma generalizada en todas aquellas áreas funcionales donde existe la titulación de Técnico Superior de la FP, procediendo sólo a la creación de tres cuerpos o escalas (Técnico Informático de Hacienda y Función Pública - grupo B, Escala Técnica Medioambiental - grupo B del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Cuerpo de Delineantes - grupo B del Ministerio de Hacienda y Función Pública), lo que es absolutamente insuficiente. Para mayor agravamiento de la situación, suprimen varios cuerpos y escalas (Escala Técnico Especialista INIA, Especialidad de Hacienda de la Escala Técnica de Gestión de OO.AA., plazas de bibliotecarios Nominados, y Escala de Operadores Mecánicos del Patronato de Apuestas Mutuas, Deportivas Benéficas) sin ninguna justificación o negociación previa con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.
- No Garantiza que la racionalización de Cuerpos y Escalas que anuncia la Administración se lleve a cabo tras la necesaria negociación con las Organizaciones Sindicales.
- Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, pueda crear o modificar los subgrupos existentes saltándose la reserva de Ley prevista en el artículo 9 de la propia Ley.

Evaluación del desempeño: Aunque, como ya trasmitimos, se añaden algunas mejoras propuestas por CSIF como la participación sindical en el establecimiento de los criterios generales y el seguimiento posterior de su aplicación en las Unidades, aún faltan cuestiones fundamentales como:
- Garantizar la participación sindical en la Comisión de Evaluación del Desempeño.
- La contemplación de situaciones particulares (bajas médicas, licencias, etc.)
- Eliminar la posibilidad de la facultad de remoción del puesto.
- Eliminar los retrasos en su aplicación efectiva:
  - Seis meses hasta la entrada en vigor de la Ley,
  - Otros seis meses para establecer los criterios de evaluación.
  - Más, un plazo sin determinar, para que los Departamentos desarrollen sus instrumentos de planificación estratégica.
  - Y, además, sin efecto en los dos primeros años tras todos los pasos anteriores.
Carrera profesional. Inadmisible en los términos en los que se regula, ya que:
- No se establecer ni asegura un plazo corto de aplicación efectiva y además está condicionada al desarrollo previo de la evaluación del desempeño.
- No se establece la correspondiente reserva presupuestaria.
- No se contempla el reconocimiento de la carrera desarrollada por los trabajadores en los años previos a su establecimiento.
- Se fijan cuatro tramos, pero no se hace alusión a las cuantías económicas que se asignarán a cada tramo.
- No se garantizar la extensión y aplicación de la carrera profesional a todo el Personal Laboral de la AGE.
No contempla ninguna alusión a la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias.
No incluye la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario, previa modificación del EBEP, ni la prorrogación automática de la vida laboral a voluntad del trabajador ni la incentivación retributiva de la prolongación voluntaria en el servicio activo.
No establece la aplicación efectiva del teletrabajo en los términos suscritos en el acuerdo de Teletrabajo en la AGE (medios aportados por la Administración, negociación de los puestos susceptibles de desempeño bajo esta modalidad en las Mesas Departamentales y fijación de la modalidad general de tres días a la semana en teletrabajo). Además de no asegurar su implementación sin más demoras (seguimos esperando tras dos años la publicación del RD de Teletrabajo conforme al acuerdo alcanzado)
No procede a la actualización de las indemnizaciones por servicio (dietas por alojamiento, manutención, kilometraje por uso de vehículo propio) ni su obligatoria revisión con periodicidad anual. Tampoco determina la eliminación de las diferencias a percibir por los grupos actualmente establecidas.
No eliminación de la movilidad forzosa ni de las limitaciones a la movilidad voluntaria intra e inter administrativa, introduciendo nuevas restricciones a esta última.
No garantiza el carácter voluntario de las atribuciones temporales de funciones.
No garantiza la igualdad eliminando la brecha salarial de las retribuciones complementarias (gratificaciones extraordinarias y productividades).
No garantiza la obligatoriedad de realizar, por parte de la Administración, aportaciones a los planes de pensiones y contratos de seguro colectivo.
Excedencias voluntarias. Aunque introduce algunas mejoras propuestas por CSIF, sigue estableciendo para el personal funcionario:
- Plazos demasiado elevados en las de interés particular.
- No se contemplan las excedencias especialmente protegidas (cuidado de hijos o familiares, violencia de género o violencia terrorista) para el personal interino.
- Se elimina la ampliación de la reserva de puesto para la excedencia de cuidado de hijos o familiares.
No acepta nuestra propuesta de que el nombramiento del personal directivo sea fruto de la carrera profesional y mantiene, únicamente, la libre designación para tal fin.

CSIF DARÁ TRASLADO DE TODAS SUS PROPUESTAS A LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA INTENTAR RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN TRÁMITE PARLAMENTARIO Y QUE ESTA LEY SUPONGA REALMENTE MEJORAS EN LAS CONDICONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS.

CSIF reclama un debate honesto y realista sobre la mejora y viabilidad del sistema de pensiones

admin — Thu, 16 Mar 23 11:38:49 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que la nueva reforma de las pensiones, a expensas de analizar el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros, supone una nueva penalización para las personas trabajadoras ya que regula un nuevo recargo (solidaridad) e incrementa el ya en vigor (mecanismos de equidad intergeneracional) en sus cotizaciones y no garantiza la viabilidad del sistema y el equilibrio entre ingresos y gastos.

CSIF valora el incremento de las pensiones mínimas que va a generar esta reforma, así como el que se establece en el complemento por brecha de género, pero entendemos que el Gobierno está buscando un efecto a corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de las próximas elecciones.

Sobre la actual regulación del complemento por brecha de género, aprobado en febrero de 2021, en CSIF queremos advertir de que su tramitación como proyecto de ley sigue dilatándose incomprensiblemente y exigimos que finalice su tramitación parlamentaria para evitar que decaiga cuando se disuelvan las Cortes.

Sin embargo, esta reforma plantea dudas sobre el futuro del sistema dado que estamos muy lejos de costear la brecha entre los ingresos por el alza de las cotizaciones y los gastos totales. CSIF ve con preocupación estas cuentas porque el sistema colapsará a largo plazo y probablemente las/os trabajadores deberán afrontar nuevos recortes en sus condiciones de jubilación, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años.

Exigimos por tanto un debate honesto, realista y transparente, con la participación de todos los partidos políticos y abierto al resto de organizaciones sindicales representativas, como CSIF –no solo a los sindicatos de clase, que han venido siendo cómplices de los diferentes recortes-- para afrontar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para ello, pedimos que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder plantear modificaciones y propuestas.

Hay que recordar que las anteriores reformas de las pensiones llevadas a cabo por gobiernos socialistas con el apoyo de CCOO y UGT, en 2011 y 2021, han supuesto un incremento tanto en la edad de jubilación como en los años de cotización y una alta penalización a las jubilaciones voluntarias --una pérdida de hasta 8.000 euros al año--. CSIF viene reclamando el derecho a jubilarse a los 60 con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años de cotización.

Lamentamos que esta reforma salga adelante de nuevo con el apoyo de CCOO y UGT sin fijar, como exige CSIF, el derecho a la jubilación anticipada para colectivos como el personal de la Sanidad, por la penosidad de las condiciones laborales y en respuesta al sacrificio y la entrega durante la pandemia y en la actual situación de precariedad de nuestro sistema sanitario.