Cataluña - Administración de Justicia

CSIF denuncia una plaga de chinches en el Centro Penitenciario Abierto 2 de Barcelona y exige actuaciones urgentes para proteger la salud de trabajadores e internos

gisela.sese.echevarria — Fri, 03 Jul 26 11:25:00 CEST

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Barcelona, 3 de julio de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Dirección General de Asuntos Penitenciarios la grave situación de insalubridad que atraviesa el Centro Penitenciario Abierto 2 de Barcelona como consecuencia de una infestación de chinches, que el sindicato considera ya una auténtica plaga.

CSIF ha registrado un escrito dirigido al director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, en el que reclama la adopción inmediata de medidas para erradicar la infestación y garantizar la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los internos.

Según explica el sindicato, el primer cierre de una celda por la presencia de chinches se produjo el pasado 17 de junio. Desde entonces, lejos de controlarse la situación, el problema se ha agravado de forma progresiva hasta alcanzar, a fecha de 1 de julio, un total de ocho celdas clausuradas.

El Centro Abierto 2 dispone de 84 celdas, por lo que en apenas dos semanas cerca del 10 % de su capacidad ha quedado inutilizada debido a esta infestación.

Riesgo para la salud laboral

CSIF advierte de que la situación trasciende el ámbito penitenciario y supone un problema de salud laboral y de salud pública.

El sindicato denuncia que los trabajadores están expuestos diariamente al riesgo de transportar la infestación a sus domicilios a través de los uniformes, equipos o materiales de trabajo, con las consecuencias que ello puede tener también para sus familias.

"Resulta inaceptable que una situación de estas características pueda llegar a normalizarse o minimizarse. La seguridad y la salud de la plantilla deben ser una prioridad absoluta", señala CSIF.

Críticas a la gestión de la Dirección

CSIF considera que las medidas adoptadas hasta el momento han resultado claramente insuficientes y advierte de que algunas de ellas podrían incluso favorecer la propagación de la plaga.

Entre las actuaciones que el sindicato cuestiona se encuentran la reubicación de internos procedentes de celdas infestadas en otras celdas del centro, con el consiguiente riesgo de extender la infestación, así como la autorización para que algunos internos trasladen sus pertenencias a sus domicilios familiares con el objetivo de desinfectarlas, una práctica que, según CSIF, podría favorecer la expansión del problema fuera del ámbito penitenciario.

Exigencias de CSIF

Ante esta situación, CSIF reclama a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios la adopción urgente de un plan integral que permita erradicar la plaga y garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

En concreto, el sindicato exige:

La paralización inmediata del traslado de pertenencias de los internos fuera del centro.
La sectorización y aislamiento de las zonas afectadas para facilitar una intervención integral por parte de empresas especializadas.
La activación urgente de los protocolos del Comité de Seguridad y Salud y de Prevención de Riesgos Laborales.
La elaboración y ejecución de un plan técnico de erradicación de la plaga con todas las garantías sanitarias.
Información transparente, inmediata y continuada a toda la plantilla sobre la evolución de la situación y las medidas adoptadas.

La salud laboral, una prioridad

CSIF hace un llamamiento a todos los trabajadores para que comuniquen cualquier incidencia relacionada con la presencia de chinches y reclama a la Administración penitenciaria una respuesta rápida, coordinada y eficaz.

El sindicato recuerda que la salud laboral "no es negociable" y advierte de que, si no se adoptan soluciones reales para acabar con la infestación, impulsará las acciones sindicales que considere oportunas para defender la seguridad de la plantilla.

"Los trabajadores penitenciarios no pueden desempeñar su labor en condiciones de insalubridad ni asumir riesgos que pueden evitarse mediante una actuación diligente por parte de la Administración", concluye CSIF.

CSIF denuncia tres graves agresiones en apenas diez días en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses y exige medidas urgentes para proteger a la plantilla

gisela.sese.echevarria — Fri, 03 Jul 26 11:19:00 CEST

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Girona (Figueres), 3 de julio de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la escalada de violencia registrada en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses (Girona), donde en poco más de diez días se han producido tres agresiones de extrema gravedad que han dejado heridos a dos funcionarios de vigilancia y a un médico del centro.

Para CSIF, estos hechos evidencian el incremento de la conflictividad y la necesidad urgente de reforzar la seguridad de los trabajadores penitenciarios, así como de aplicar de forma homogénea las medidas disciplinarias previstas en la normativa, con independencia del colectivo profesional al que pertenezca la víctima.

Tres agresiones muy violentas

Según la información recabada por CSIF, los tres episodios registrados son los siguientes:

Un interno agredió sin mediar palabra a un funcionario destinado en MR-7, propinándole múltiples puñetazos hasta que pudo ser reducido por otros trabajadores. El funcionario tuvo que recibir asistencia sanitaria en la mutua.
Días después, un interno agredió a un médico del centro tras exigirle la expedición inmediata de un documento administrativo. El facultativo intentó abandonar la consulta para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por el interno, que lo derribó al suelo y continuó golpeándolo con puñetazos y patadas hasta la intervención de los funcionarios. El médico sufrió lesiones que han motivado su baja laboral.
La tercera agresión se produjo en el DERT, cuando un interno que debía reincorporarse a un módulo ordinario tras cumplir una sanción atacó violentamente a un funcionario, propinándole puñetazos y patadas por todo el cuerpo, incluida la cabeza, causándole heridas sangrantes. El trabajador también precisó asistencia médica.

CSIF reclama un cambio en la política de seguridad

Para CSIF, estos hechos demuestran que la evolución del perfil de parte de la población penitenciaria y el incremento de las conductas violentas obligan a adaptar los protocolos de prevención y actuación.

El sindicato insiste en que la Administración debe dejar de normalizar las agresiones como un riesgo inherente al puesto de trabajo y adoptar medidas eficaces para proteger a los profesionales, entre ellas:

Incrementar las plantillas.
Garantizar el trabajo en binomios.
Autorizar el uso de los aerosoles de acción adecuada previstos en el Reglamento Penitenciario.
Reforzar los protocolos de prevención y respuesta ante incidentes violentos.
Implantar de forma efectiva las mejoras organizativas comprometidas.

Igualdad de protección para todos los trabajadores

CSIF también denuncia lo que considera un trato desigual en la gestión de las agresiones en función del colectivo profesional afectado.

El sindicato considera correcto que, tras la agresión al facultativo, se adoptaran medidas contundentes contra el interno presuntamente agresor, incluida su conducción urgente a otro centro penitenciario. Sin embargo, reclama que esa misma firmeza se aplique siempre, también cuando las víctimas son funcionarios de vigilancia.

"Todas las agresiones son igual de graves y todos los trabajadores del centro merecen exactamente la misma protección institucional, jurídica y disciplinaria", subraya CSIF.

Incumplimiento de los compromisos

Asimismo, CSIF critica que, pese a los compromisos adquiridos por la Administración en materia de seguridad, los trabajadores continúan desempeñando su labor sin los recursos humanos y materiales necesarios.

El sindicato recuerda que siguen pendientes reivindicaciones históricas como el aumento de efectivos, la implantación del trabajo en binomios, la dotación de medios de protección y la aplicación de las mejoras organizativas acordadas.

Ante la sucesión de estos graves incidentes, CSIF exige a la Dirección General de Serveis Penitenciaris la adopción inmediata de medidas que garanticen la seguridad de toda la plantilla y pongan fin a una situación que considera insostenible.

Para CSIF, ninguna agresión puede normalizarse y ningún trabajador puede ser considerado de primera o de segunda categoría.

CSIF Prisiones Cataluña celebra el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad y desmonta los argumentos de la Generalitat para excluir al personal laboral y de oficinas

gisela.sese.echevarria — Thu, 11 Jun 26 14:06:00 CEST

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• La reforma reconoce una reivindicación histórica del colectivo penitenciario y refuerza la protección jurídica de todos los trabajadores.

• CSIF siempre defendió que la inclusión del personal laboral y de oficinas era jurídicamente viable frente a los argumentos del Departamento de Justicia y Calidad Democrática.

Barcelona, 11 de junio de 2026.- CSIF Prisiones Cataluña celebra la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica que supone un avance fundamental en la protección jurídica y profesional de quienes desarrollan su labor en los centros penitenciarios.

Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que quienes agredan a un trabajador penitenciario podrán enfrentarse a las penas previstas en el Código Penal para los atentados contra agentes de la autoridad, reforzando así la protección de un colectivo que desempeña su trabajo en un entorno especialmente complejo y exigente.

La modificación legislativa incorpora importantes garantías para los trabajadores penitenciarios. En concreto, la consideración de agente de la autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

La aprobación de esta reforma supone un reconocimiento a la labor de todos los profesionales penitenciarios. “Desde CSIF Prisiones Cataluña nos alegramos enormemente de la consecución de este reconocimiento y, especialmente, de que se haya demostrado de manera definitiva que nuestras pretensiones de incluir al personal laboral y al personal de oficinas dentro de estas garantías no tenían ningún impedimento jurídico”, apuntan desde el sindicato.

Durante años, el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Catalunya intentó trasladar a los trabajadores que dicha inclusión no era posible desde el punto de vista legal. “Hoy queda acreditado que aquellos argumentos carecían de fundamento y que la exclusión de estos colectivos respondía a una interpretación restrictiva e injustificada que CSIF combatió desde el primer momento”.

“Nuestra organización siempre defendió que todos los profesionales que prestan servicio en los centros penitenciarios forman parte de la institución penitenciaria y están expuestos, en mayor o menor medida, a situaciones de riesgo derivadas de su actividad profesional. Por ello, no existía ninguna razón jurídica que justificara establecer trabajadores de primera y de segunda dentro del sistema penitenciario”.

CSIF manifestó desde el primer momento que no iba a quedarse de brazos cruzados ante esta situación y que llegaría hasta el final para defender los derechos de todos los colectivos afectados.

“No obstante, este avance debe ser solo el principio. Los centros penitenciarios catalanes continúan sufriendo importantes problemas estructurales relacionados con la falta de personal, el incremento de la conflictividad, las agresiones a trabajadores y el deterioro progresivo de las condiciones laborales”.

Por ello, CSIF exige al Departamento de Justicia y Calidad Democrática que abandone definitivamente las interpretaciones restrictivas que han perjudicado a distintos colectivos profesionales y que impulse las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la dignidad profesional y el reconocimiento efectivo de todos los trabajadores penitenciarios de Cataluña.

CSIF critica el cese del director del Centro Penitenciario de Puig de les Basses y muestra su apoyo a toda la plantilla

gisela.sese.echevarria — Tue, 05 May 26 14:33:00 CEST

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Girona, 5 de mayo de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de que hoy la plantilla del Centro Penitenciario de Puig de les Basses (Girona) se ha concentrado en apoyo al director del centro tras su cese, una decisión que el sindicato considera injustificada y motivada por presiones externas.

CSIF denuncia que el cese del director responde más a la necesidad de dar respuesta a determinados “lobbies” y entidades subvencionadas que a un análisis riguroso de los hechos ocurridos en el centro. En este sentido, el sindicato considera que se ha utilizado esta figura como “cabeza de turco” ante la presión mediática generada a raíz de los recientes suicidios de internos.

Desde el sindicato se recuerda que, en los últimos meses, se han producido diversos incidentes con resultado de muerte por suicidio en el centro penitenciario. CSIF subraya que se trata de situaciones dramáticas que responden a circunstancias personales de los internos y que, en ningún caso, pueden ser atribuidas a la responsabilidad directa de los profesionales ni de la dirección del centro.

Asimismo, CSIF cuestiona la eficacia de determinados programas impulsados desde la Administración, como el Programa de Prevención de Suicidios (PPS), que considera más orientados a la proyección pública que a una respuesta real y efectiva a esta problemática.

El sindicato denuncia también la falta de liderazgo por parte de los responsables de la Secretaría General de Servicios Penitenciarios y de la Dirección General, a quienes reprocha no haber defendido la profesionalidad de los trabajadores del sistema penitenciario ante acusaciones graves formuladas por determinadas organizaciones.

CSIF quiere poner en valor la labor de los profesionales penitenciarios, que desarrollan su trabajo con rigor, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, a menudo en condiciones de gran complejidad. En especial, destaca la labor de los trabajadores destinados a unidades como el DERT, que afrontan diariamente situaciones de riesgo y han evitado numerosos intentos de suicidio gracias a su actuación diligente.

El sindicato considera que la destitución del director del centro no solo es injusta, sino que supone un agravio para toda la plantilla, ya que pone en cuestión su labor y profesionalidad.

Finalmente, CSIF reclama una revisión profunda de la gestión de los Servicios Penitenciarios y no descarta exigir responsabilidades a la cúpula directiva, a la que considera responsable de la situación actual.

CSIF continuará defendiendo los derechos y la dignidad de los profesionales penitenciarios y exigiendo decisiones basadas en criterios técnicos y no en presiones externas.

CSIF urge a la Administración Penitenciaria a actuar ante el repunte de violencia en Brians 2

gisela.sese.echevarria — Tue, 21 Apr 26 10:51:00 CEST

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CSIF denuncia que trabajar en prisiones se convierte en un riesgo cada vez mayor ante el aumento de agresiones, la proliferación de armas blancas y la falta de medidas de seguridad eficaces

Barcelona, 21 de abril de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia los graves incidentes ocurridos el pasado viernes y sábado, en el Centro Penitenciario de Brians 2, que evidencian una preocupante escalada de violencia y un alarmante deterioro de la seguridad en el centro penitenciario.

Durante la jornada del sábado, la hermana de un interno con un amplio historial de agresiones intentó acceder al centro para realizar una comunicación. Fue interceptada al portar presuntamente sustancias prohibidas (polvo blanco y sustancia marronosa), por lo que se le denegó el acceso y fue puesta a disposición de los Mossos d’Esquadra.

Horas después, el interno, al no recibir dichas sustancias, protagonizó un grave episodio de violencia en su módulo, agrediendo a otro interno mediante un objeto punzante manipulado. Durante su posterior traslado al departamento de sancionados (DS), se le intervinieron más objetos punzantes, poniendo nuevamente en serio riesgo la integridad física de los funcionarios.

Asimismo, el viernes se vivió otra situación de extrema tensión en un módulo distinto, con un enfrentamiento entre internos de diferentes grupos que terminó con una nueva agresión con objetos punzantes.

Según CSIF, “estos hechos no son aislados, sino que reflejan una realidad cada vez más peligrosa dentro del centro, caracterizada por la proliferación de armas blancas artesanales en los módulos, el incremento de la conflictividad interna, la insuficiencia de medios y personal y la falta de medidas eficaces por parte de la Administración”.

El sindicato advierte de que la situación es insostenible y que se está poniendo en riesgo la vida de los trabajadores penitenciarios.

Por ello, CSIF exige de forma inmediata “el refuerzo urgente de la plantilla, controles más estrictos para evitar la entrada de sustancias y objetos prohibidos, la adopción de medidas contundentes ante internos de alta conflictividad y actuaciones reales para frenar la proliferación de armas dentro del centro”.

Asimismo, el sindicato ha subrayado que “no se puede normalizar la violencia ni la inseguridad, ni permitir que se siga poniendo en peligro a los profesionales penitenciarios”.

Finalmente, CSIF considera que la inacción de la Administración ya no es solo preocupante, sino irresponsable, y advierte de que cada día sin medidas efectivas acerca más una situación que puede derivar en consecuencias irreparables.

CSIF denuncia graves fallos de seguridad y un modelo penitenciario que pone en riesgo a la ciudadanía y a los profesionales

gisela.sese.echevarria — Mon, 30 Mar 26 10:37:00 CEST

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Un intento de fuga en Brians 2 y el caso del agresor de Montjuïc evidencian deficiencias estructurales, falta de medios y una política penitenciaria excesivamente permisiva

Barcelona, 30 de marzo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario en Cataluña tras los últimos acontecimientos ocurridos en el Centro Penitenciario Brians 2 y a raíz del caso del interno vinculado a la agresión sexual en la zona de Montjuïc.

En la noche del 29 de marzo, dos internos Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) de Brians 2 lograron salir de su celda tras manipular el plafón y acceder a la planta técnica, portando objetos contundentes como palos manipulados y una barra de hierro. Aunque no existía una posibilidad real de fuga, el incidente evidenció graves fallos en los sistemas de seguridad, ya que las alarmas no se activaron debido a deficiencias que, según CSIF, “llevan tiempo sin resolverse”.

La rápida intervención y profesionalidad del personal penitenciario permitió controlar la situación sin consecuencias mayores. Sin embargo, el sindicato denuncia que este episodio vuelve a poner de manifiesto la falta de medios materiales, el mal estado de los sistemas de seguridad y la insuficiente dotación de personal en módulos de especial régimen.

Paralelamente, CSIF señala que el reciente caso del interno de Quatre Camins, principal sospechoso de una agresión sexual cometida en febrero en Montjuïc mientras disfrutaba de permisos penitenciarios, no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo penitenciario “excesivamente permisivo y alejado del criterio técnico profesional”.

Según el sindicato, la actual política penitenciaria ha derivado en un incremento de permisos, progresiones de grado y beneficios que, en algunos casos, no se corresponden con la peligrosidad o reincidencia de los internos. Esta situación, advierten, genera inseguridad y pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores.

CSIF denuncia además presiones hacia los profesionales penitenciarios para flexibilizar criterios técnicos, así como una pérdida progresiva de autoridad dentro del sistema. A ello se suma la falta de ejecución de expulsiones de internos extranjeros en los casos previstos por la ley, lo que, según el sindicato, agrava la problemática.

Ante este escenario, CSIF exige:

El refuerzo inmediato de las medidas de seguridad estructural en los centros penitenciarios.
La reparación y correcto funcionamiento de los sistemas de alarma.
Un incremento urgente de las plantillas, especialmente en módulos de régimen especial.
El respeto al criterio técnico de los profesionales penitenciarios.
La aplicación efectiva de la normativa vigente en materia de expulsión de internos extranjeros en los casos contemplados.

El sindicato reclama a la Administración que abandone políticas “basadas en criterios ideológicos” y priorice la seguridad, tanto de los trabajadores como del conjunto de la ciudadanía.

“Los profesionales penitenciarios están garantizando la seguridad en condiciones cada vez más precarias. Es imprescindible dotarles de los recursos y el respaldo necesarios”, concluye CSIF.

CSIF denuncia que los presos cumplen los trabajos en beneficio de la comunidad dentro de prisión y no al servicio de la sociedad

gisela.sese.echevarria — Thu, 19 Mar 26 09:16:00 CET

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El sindicato advierte de que la medida elimina su función social y sobrecarga al personal penitenciario

Barcelona, 19 de marzo de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la reciente instrucción del Departamento de Justicia que permite que los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se realicen dentro de los centros penitenciarios mientras la persona condenada ya cumple pena de prisión.

Para CSIF, esta medida supone una “grave desnaturalización” de una herramienta clave de justicia restaurativa. Los TBC están concebidos como una contribución directa a la sociedad, orientada a reparar el daño causado mediante un retorno útil y visible a la comunidad. “Convertirlos en actividades internas dentro de prisión elimina cualquier beneficio real para la ciudadanía y vacía de contenido su finalidad”, advierten desde el sindicato.

Tradicionalmente, estos trabajos se desarrollan en ámbitos como el mantenimiento de espacios públicos, el apoyo a entidades sociales o actividades educativas y de sensibilización. Sin embargo, con la nueva instrucción, se transforman en tareas internas como apoyo en bibliotecas, escuelas o talleres penitenciarios, lo que, según CSIF, “no supone ninguna restitución social, sino un refuerzo de servicios dentro del propio centro”.

El sindicato considera además “incongruente” hablar de beneficio para la comunidad cuando el trabajo se realiza exclusivamente en el entorno penitenciario y en favor de otras personas internas. “Una pena pensada como retorno social se convierte así en una simple prestación interna sin valor restaurativo”, subrayan.

Sobrecarga del personal penitenciario

CSIF también alerta del impacto directo de esta medida sobre las plantillas. La supervisión y control de estos trabajos recaerá sobre el personal penitenciario, que ya sufre una elevada presión asistencial, con falta de efectivos, bajas sin cubrir y un incremento constante de cargas de trabajo.

“Lejos de reforzar el sistema, esta decisión añade más presión sobre unos profesionales que ya están al límite, sin ningún tipo de refuerzo de recursos”, denuncian.

El sindicato critica que esta iniciativa responde a “ocurrencias poco rigurosas y jurídicamente cuestionables” que, bajo el pretexto de innovar, terminan deteriorando el sistema de medidas penales alternativas.

Apuesta por trabajos útiles para la ciudadanía

CSIF defiende que, si se quiere preservar el sentido de los trabajos en beneficio de la comunidad, estos deben seguir desarrollándose fuera de los centros penitenciarios, en actividades con impacto directo en la sociedad, como la limpieza urbana, actuaciones medioambientales o el apoyo a servicios municipales.

“Todo lo que se aleje de este modelo supone renunciar al carácter restaurativo de la pena y trasladar, una vez más, las consecuencias de decisiones erróneas a los profesionales penitenciarios”, concluyen.

CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación que atraviesan los Tribunales de instancia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 13 Mar 26 10:09:00 CET

En las jornadas de trabajo, que fueron inauguradas por el Secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, han participado ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la asociación PROLAJ, María Jesús Moro (portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados), Aitor Cubo (Director General de Transformación Digital del Ministerio, Alejandra Alonso (Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid), Salvador González (Presidente del Consejo General de la Abogacía española).

A todos ellos, CSIF ha trasladado el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Más allá de la opinión que se tenga del modelo la conclusión final es que la ley de eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de presupuestos.

Como conclusión de las jornadas, CSIF se reafirma en la necesidad de que las administraciones tomen medidas en relación con los siguientes aspectos.

Puesta en marcha de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de lo servicios, áreas y equipos. Mandar no es sólo “dar órdenes” y cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas con la puesta en marcha de planes presenciales y on-line de apoyo a la tramitación. CSIF volvió a insistir en la necesidad de programas de formación presencial “online” e “in situ”, así como planes formativos conjuntos de Letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo sin superioridades morales de ningún tipo.

Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. En este aspecto la situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo en dos sentidos: incremento de plantillas pues la justicia no sólo puede vivir de anuncios mediáticos de incremento de plazas judiciales o fiscales. En segundo lugar, profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. A estas alturas, que haya que seguir explicando que la materia concursal o la vigilancia penitenciaria no tienen nada que ver con la tramitación de cualquier otro procedimiento da vergüenza ajena.

Revisión de los protocolos de actuación con participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras y sin las generalidades que nos estamos encontrando en su redacción.

Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ en todas las administraciones prestacionales.

Puesta en marcha del modelo de carrera profesional cuyo Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y que es una de las claves de la gestión del cambio.

Finalmente, es imprescindible una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia y ahí está la Comisión de calidad prevista en la LOPJ y, finalmente, es esencial que, haya presupuestos cuanto antes y que la partida de Justicia se incremente cuando los haya.

Las reformas no acaban aquí: CSIF reclama, además, la necesidad de revisar la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito, la modernización de los planes de actuación y de la productividad porque mutualizar los atascos no puede perjudicar a los que mejor trabajan y la revisión del sistema de guardias.
La reforma del modelo organizativo no servirá de nada si no se procede a la revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF acusa a Afers Penitenciaris de censurar y coaccionar al personal penitenciario

gisela.sese.echevarria — Tue, 03 Feb 26 10:58:00 CET

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El sindicato rechaza la exigencia de autorización previa para hablar con medios de comunicación y advierte de una grave vulneración de la libertad de expresión y de la acción sindical

Barcelona, 3 de marzo de 2026.–La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la extrema gravedad de la comunicación remitida ayer por la Direcció General d’Afers Penitenciaris al personal penitenciario, en la que se establece la obligación de contar con autorización previa para cualquier intervención en medios de comunicación o en redes sociales relacionada directa o indirectamente con su actividad profesional, bajo advertencias explícitas de posibles sanciones disciplinarias.

En dicha comunicación, la Dirección General informa de un procedimiento obligatorio de autorización para entrevistas, reportajes, declaraciones o cualquier participación pública vinculada al ámbito penitenciario. Según este criterio, todas las solicitudes de los medios deben canalizarse a través del Gabinete de Comunicación del Conseller de Justícia, que decide si la intervención es “de interés para la Administración” y, en su caso, designa al profesional autorizado para hablar en representación institucional.

El escrito prohíbe expresamente acudir a medios de comunicación o difundir contenidos en redes sociales por iniciativa propia sin autorización previa y advierte de que la difusión de información conocida por razón del cargo —incluidos datos sobre personas internas, salud mental, riesgo suicida, funcionamiento del servicio o incidencias— puede constituir faltas disciplinarias graves o muy graves, en función del contenido y las circunstancias, apelando al Estatuto Básico del Empleado Público y al deber de lealtad, neutralidad y reserva.

Para CSIF, no se trata de un simple recordatorio normativo, sino “de un intento deliberado de silenciar al personal penitenciario mediante la intimidación y el miedo, instaurando de facto un régimen de censura previa absolutamente incompatible con un Estado democrático y con los derechos fundamentales de los empleados públicos”.

La libertad de expresión no es una concesión administrativa

CSIF recuerda que el personal penitenciario “no pierde sus derechos constitucionales por el hecho de ser empleado público. La libertad de expresión es un derecho fundamental plenamente vigente y no puede quedar sometido a la autorización previa de ningún gabinete político ni órgano directivo”.

“El personal penitenciario no es propiedad de la Administración. No somos súbditos ni estamos sometidos a obediencia ideológica. Somos profesionales con criterio propio y con el derecho —y el deber— de denunciar situaciones que afectan a la seguridad, a las condiciones laborales y al correcto funcionamiento del servicio público”, subraya el sindicato.

Exigir permisos previos es censura, y la censura es ilegal

CSIF denuncia que obligar a pasar cualquier intervención pública por el filtro del Gabinete de Comunicación del Conseller supone un control político del discurso, especialmente grave cuando lo que se pretende es impedir o desincentivar denuncias legítimas sobre:

la inseguridad en los centros penitenciarios,
la falta de recursos humanos y materiales,
decisiones directivas erróneas,
riesgos laborales graves,
o el deterioro del servicio penitenciario.

“Denunciar estos hechos no constituye deslealtad institucional, sino una responsabilidad profesional, ética y sindical”.

Amenazas disciplinarias como herramienta de miedo

El sindicato alerta del carácter intimidatorio del comunicado, que utiliza conceptos jurídicos amplios y advertencias genéricas sobre posibles faltas graves o muy graves con el objetivo de hacer callar al personal, impedir la denuncia pública e imponer un relato único y oficial, protegiendo la imagen de la Dirección General en lugar de afrontar los problemas reales del sistema penitenciario.

Los límites legales ya existen y son a posteriori

CSIF recuerda que” el personal penitenciario conoce y respeta los límites legales vigentes: el deber de reserva sobre información confidencial, la protección de datos sensibles, la seguridad de los centros o la prohibición de hablar en nombre de la Administración sin autorización”.
“Sin embargo, fuera de estos supuestos concretos y tasados, la expresión de opiniones personales, profesionales o sindicales es libre e intocable. Cualquier otra interpretación constituye un claro abuso de poder”.

Especial protección de la acción sindical

Cuando estas expresiones se realizan en el marco de la acción sindical, la protección jurídica es aún mayor. Intentar sancionar o intimidar a representantes sindicales por denunciar condiciones laborales puede suponer una vulneración grave de los derechos fundamentales de los trabajadores, con consecuencias jurídicas para los responsables.

CSIF: “No callaremos”

CSIF no aceptará censura, amenazas ni controles políticos sobre la voz del personal penitenciario.

El sindicato advierte de que, si la Direcció General d’Afers Penitenciaris persiste en esta deriva autoritaria, habrá respuesta sindical, jurídica y pública.

“Porque el problema no es que el personal hable. El problema es todo lo que se quiere ocultar”, concluye CSIF.