Cataluña - Administración de Justicia

CSIF denuncia graves fallos de seguridad y un modelo penitenciario que pone en riesgo a la ciudadanía y a los profesionales

gisela.sese.echevarria — Mon, 30 Mar 26 10:37:00 CEST

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

Un intento de fuga en Brians 2 y el caso del agresor de Montjuïc evidencian deficiencias estructurales, falta de medios y una política penitenciaria excesivamente permisiva

Barcelona, 30 de marzo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario en Cataluña tras los últimos acontecimientos ocurridos en el Centro Penitenciario Brians 2 y a raíz del caso del interno vinculado a la agresión sexual en la zona de Montjuïc.

En la noche del 29 de marzo, dos internos Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) de Brians 2 lograron salir de su celda tras manipular el plafón y acceder a la planta técnica, portando objetos contundentes como palos manipulados y una barra de hierro. Aunque no existía una posibilidad real de fuga, el incidente evidenció graves fallos en los sistemas de seguridad, ya que las alarmas no se activaron debido a deficiencias que, según CSIF, “llevan tiempo sin resolverse”.

La rápida intervención y profesionalidad del personal penitenciario permitió controlar la situación sin consecuencias mayores. Sin embargo, el sindicato denuncia que este episodio vuelve a poner de manifiesto la falta de medios materiales, el mal estado de los sistemas de seguridad y la insuficiente dotación de personal en módulos de especial régimen.

Paralelamente, CSIF señala que el reciente caso del interno de Quatre Camins, principal sospechoso de una agresión sexual cometida en febrero en Montjuïc mientras disfrutaba de permisos penitenciarios, no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo penitenciario “excesivamente permisivo y alejado del criterio técnico profesional”.

Según el sindicato, la actual política penitenciaria ha derivado en un incremento de permisos, progresiones de grado y beneficios que, en algunos casos, no se corresponden con la peligrosidad o reincidencia de los internos. Esta situación, advierten, genera inseguridad y pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores.

CSIF denuncia además presiones hacia los profesionales penitenciarios para flexibilizar criterios técnicos, así como una pérdida progresiva de autoridad dentro del sistema. A ello se suma la falta de ejecución de expulsiones de internos extranjeros en los casos previstos por la ley, lo que, según el sindicato, agrava la problemática.

Ante este escenario, CSIF exige:

El refuerzo inmediato de las medidas de seguridad estructural en los centros penitenciarios.
La reparación y correcto funcionamiento de los sistemas de alarma.
Un incremento urgente de las plantillas, especialmente en módulos de régimen especial.
El respeto al criterio técnico de los profesionales penitenciarios.
La aplicación efectiva de la normativa vigente en materia de expulsión de internos extranjeros en los casos contemplados.

El sindicato reclama a la Administración que abandone políticas “basadas en criterios ideológicos” y priorice la seguridad, tanto de los trabajadores como del conjunto de la ciudadanía.

“Los profesionales penitenciarios están garantizando la seguridad en condiciones cada vez más precarias. Es imprescindible dotarles de los recursos y el respaldo necesarios”, concluye CSIF.

CSIF denuncia que los presos cumplen los trabajos en beneficio de la comunidad dentro de prisión y no al servicio de la sociedad

gisela.sese.echevarria — Thu, 19 Mar 26 09:16:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

El sindicato advierte de que la medida elimina su función social y sobrecarga al personal penitenciario

Barcelona, 19 de marzo de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la reciente instrucción del Departamento de Justicia que permite que los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se realicen dentro de los centros penitenciarios mientras la persona condenada ya cumple pena de prisión.

Para CSIF, esta medida supone una “grave desnaturalización” de una herramienta clave de justicia restaurativa. Los TBC están concebidos como una contribución directa a la sociedad, orientada a reparar el daño causado mediante un retorno útil y visible a la comunidad. “Convertirlos en actividades internas dentro de prisión elimina cualquier beneficio real para la ciudadanía y vacía de contenido su finalidad”, advierten desde el sindicato.

Tradicionalmente, estos trabajos se desarrollan en ámbitos como el mantenimiento de espacios públicos, el apoyo a entidades sociales o actividades educativas y de sensibilización. Sin embargo, con la nueva instrucción, se transforman en tareas internas como apoyo en bibliotecas, escuelas o talleres penitenciarios, lo que, según CSIF, “no supone ninguna restitución social, sino un refuerzo de servicios dentro del propio centro”.

El sindicato considera además “incongruente” hablar de beneficio para la comunidad cuando el trabajo se realiza exclusivamente en el entorno penitenciario y en favor de otras personas internas. “Una pena pensada como retorno social se convierte así en una simple prestación interna sin valor restaurativo”, subrayan.

Sobrecarga del personal penitenciario

CSIF también alerta del impacto directo de esta medida sobre las plantillas. La supervisión y control de estos trabajos recaerá sobre el personal penitenciario, que ya sufre una elevada presión asistencial, con falta de efectivos, bajas sin cubrir y un incremento constante de cargas de trabajo.

“Lejos de reforzar el sistema, esta decisión añade más presión sobre unos profesionales que ya están al límite, sin ningún tipo de refuerzo de recursos”, denuncian.

El sindicato critica que esta iniciativa responde a “ocurrencias poco rigurosas y jurídicamente cuestionables” que, bajo el pretexto de innovar, terminan deteriorando el sistema de medidas penales alternativas.

Apuesta por trabajos útiles para la ciudadanía

CSIF defiende que, si se quiere preservar el sentido de los trabajos en beneficio de la comunidad, estos deben seguir desarrollándose fuera de los centros penitenciarios, en actividades con impacto directo en la sociedad, como la limpieza urbana, actuaciones medioambientales o el apoyo a servicios municipales.

“Todo lo que se aleje de este modelo supone renunciar al carácter restaurativo de la pena y trasladar, una vez más, las consecuencias de decisiones erróneas a los profesionales penitenciarios”, concluyen.

CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación que atraviesan los Tribunales de instancia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 13 Mar 26 10:09:00 CET

En las jornadas de trabajo, que fueron inauguradas por el Secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, han participado ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la asociación PROLAJ, María Jesús Moro (portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados), Aitor Cubo (Director General de Transformación Digital del Ministerio, Alejandra Alonso (Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid), Salvador González (Presidente del Consejo General de la Abogacía española).

A todos ellos, CSIF ha trasladado el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Más allá de la opinión que se tenga del modelo la conclusión final es que la ley de eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de presupuestos.

Como conclusión de las jornadas, CSIF se reafirma en la necesidad de que las administraciones tomen medidas en relación con los siguientes aspectos.

Puesta en marcha de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de lo servicios, áreas y equipos. Mandar no es sólo “dar órdenes” y cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas con la puesta en marcha de planes presenciales y on-line de apoyo a la tramitación. CSIF volvió a insistir en la necesidad de programas de formación presencial “online” e “in situ”, así como planes formativos conjuntos de Letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo sin superioridades morales de ningún tipo.

Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. En este aspecto la situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo en dos sentidos: incremento de plantillas pues la justicia no sólo puede vivir de anuncios mediáticos de incremento de plazas judiciales o fiscales. En segundo lugar, profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. A estas alturas, que haya que seguir explicando que la materia concursal o la vigilancia penitenciaria no tienen nada que ver con la tramitación de cualquier otro procedimiento da vergüenza ajena.

Revisión de los protocolos de actuación con participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras y sin las generalidades que nos estamos encontrando en su redacción.

Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ en todas las administraciones prestacionales.

Puesta en marcha del modelo de carrera profesional cuyo Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y que es una de las claves de la gestión del cambio.

Finalmente, es imprescindible una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia y ahí está la Comisión de calidad prevista en la LOPJ y, finalmente, es esencial que, haya presupuestos cuanto antes y que la partida de Justicia se incremente cuando los haya.

Las reformas no acaban aquí: CSIF reclama, además, la necesidad de revisar la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito, la modernización de los planes de actuación y de la productividad porque mutualizar los atascos no puede perjudicar a los que mejor trabajan y la revisión del sistema de guardias.
La reforma del modelo organizativo no servirá de nada si no se procede a la revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF acusa a Afers Penitenciaris de censurar y coaccionar al personal penitenciario

gisela.sese.echevarria — Tue, 03 Feb 26 10:58:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

El sindicato rechaza la exigencia de autorización previa para hablar con medios de comunicación y advierte de una grave vulneración de la libertad de expresión y de la acción sindical

Barcelona, 3 de marzo de 2026.–La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la extrema gravedad de la comunicación remitida ayer por la Direcció General d’Afers Penitenciaris al personal penitenciario, en la que se establece la obligación de contar con autorización previa para cualquier intervención en medios de comunicación o en redes sociales relacionada directa o indirectamente con su actividad profesional, bajo advertencias explícitas de posibles sanciones disciplinarias.

En dicha comunicación, la Dirección General informa de un procedimiento obligatorio de autorización para entrevistas, reportajes, declaraciones o cualquier participación pública vinculada al ámbito penitenciario. Según este criterio, todas las solicitudes de los medios deben canalizarse a través del Gabinete de Comunicación del Conseller de Justícia, que decide si la intervención es “de interés para la Administración” y, en su caso, designa al profesional autorizado para hablar en representación institucional.

El escrito prohíbe expresamente acudir a medios de comunicación o difundir contenidos en redes sociales por iniciativa propia sin autorización previa y advierte de que la difusión de información conocida por razón del cargo —incluidos datos sobre personas internas, salud mental, riesgo suicida, funcionamiento del servicio o incidencias— puede constituir faltas disciplinarias graves o muy graves, en función del contenido y las circunstancias, apelando al Estatuto Básico del Empleado Público y al deber de lealtad, neutralidad y reserva.

Para CSIF, no se trata de un simple recordatorio normativo, sino “de un intento deliberado de silenciar al personal penitenciario mediante la intimidación y el miedo, instaurando de facto un régimen de censura previa absolutamente incompatible con un Estado democrático y con los derechos fundamentales de los empleados públicos”.

La libertad de expresión no es una concesión administrativa

CSIF recuerda que el personal penitenciario “no pierde sus derechos constitucionales por el hecho de ser empleado público. La libertad de expresión es un derecho fundamental plenamente vigente y no puede quedar sometido a la autorización previa de ningún gabinete político ni órgano directivo”.

“El personal penitenciario no es propiedad de la Administración. No somos súbditos ni estamos sometidos a obediencia ideológica. Somos profesionales con criterio propio y con el derecho —y el deber— de denunciar situaciones que afectan a la seguridad, a las condiciones laborales y al correcto funcionamiento del servicio público”, subraya el sindicato.

Exigir permisos previos es censura, y la censura es ilegal

CSIF denuncia que obligar a pasar cualquier intervención pública por el filtro del Gabinete de Comunicación del Conseller supone un control político del discurso, especialmente grave cuando lo que se pretende es impedir o desincentivar denuncias legítimas sobre:

la inseguridad en los centros penitenciarios,
la falta de recursos humanos y materiales,
decisiones directivas erróneas,
riesgos laborales graves,
o el deterioro del servicio penitenciario.

“Denunciar estos hechos no constituye deslealtad institucional, sino una responsabilidad profesional, ética y sindical”.

Amenazas disciplinarias como herramienta de miedo

El sindicato alerta del carácter intimidatorio del comunicado, que utiliza conceptos jurídicos amplios y advertencias genéricas sobre posibles faltas graves o muy graves con el objetivo de hacer callar al personal, impedir la denuncia pública e imponer un relato único y oficial, protegiendo la imagen de la Dirección General en lugar de afrontar los problemas reales del sistema penitenciario.

Los límites legales ya existen y son a posteriori

CSIF recuerda que” el personal penitenciario conoce y respeta los límites legales vigentes: el deber de reserva sobre información confidencial, la protección de datos sensibles, la seguridad de los centros o la prohibición de hablar en nombre de la Administración sin autorización”.
“Sin embargo, fuera de estos supuestos concretos y tasados, la expresión de opiniones personales, profesionales o sindicales es libre e intocable. Cualquier otra interpretación constituye un claro abuso de poder”.

Especial protección de la acción sindical

Cuando estas expresiones se realizan en el marco de la acción sindical, la protección jurídica es aún mayor. Intentar sancionar o intimidar a representantes sindicales por denunciar condiciones laborales puede suponer una vulneración grave de los derechos fundamentales de los trabajadores, con consecuencias jurídicas para los responsables.

CSIF: “No callaremos”

CSIF no aceptará censura, amenazas ni controles políticos sobre la voz del personal penitenciario.

El sindicato advierte de que, si la Direcció General d’Afers Penitenciaris persiste en esta deriva autoritaria, habrá respuesta sindical, jurídica y pública.

“Porque el problema no es que el personal hable. El problema es todo lo que se quiere ocultar”, concluye CSIF.

CSIF denuncia que las agresiones en las prisiones catalanas aumentan un 15 % en un año: 699 ataques en 2025

gisela.sese.echevarria — Mon, 02 Feb 26 11:41:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

CSIF acusa al Departament de Justícia de maquillar datos mientras se disparan las agresiones y alerta de una concentración especialmente grave en Brians 1 (250 agresiones), Brians 2 (125), Puig de les Basses (77) y el Centre de Jóvenes (70)

Barcelona, 2 de febrero de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que durante el año 2025 se registraron 699 agresiones al personal penitenciario en las prisiones catalanas, según los datos oficiales del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Una cifra que confirma que la violencia en los centros penitenciarios no es un hecho aislado, sino un problema estructural y cronificado que sigue poniendo en riesgo la seguridad y la salud laboral de los trabajadores.

Del total de agresiones registradas, 47 fueron graves y 652 leves, sobre una población de 14.512 personas internas. Esto supone 3,1 agresiones graves, 6 agresiones leves y 37,6 agresiones sin lesión por cada 1.000 internos, unos datos que, según CSIF, evidencian una exposición constante del personal a situaciones de violencia, aunque muchas no deriven en baja médica.

CSIF alerta de que, pese a una aparente bajada de las agresiones graves respecto a 2024, las agresiones leves continúan aumentando y se consolidan como una forma de violencia normalizada dentro de los centros. “La reducción de la gravedad administrativa no implica menor impacto real: detrás hay amenazas, golpes, estrés acumulado y desgaste psicológico”, subraya el sindicato.

El sindicato también denuncia cambios en la forma de presentar y contabilizar los datos oficiales, como la eliminación del ítem de tentativa de agresión o el uso de ratios y porcentajes en lugar de cifras absolutas, lo que dificulta la comparación con años anteriores y distorsiona la percepción real del problema. “No es un cambio técnico inocente, es una manera de suavizar una realidad que sigue siendo muy grave”, advierte CSIF.

El informe recoge además 114 incidentes de conducta sexista, 22 agresiones calificadas como psiquiátricas, 9 agresiones físicas o verbales, 3.815 alteraciones del orden, 67 incendios, 1.982 agresiones entre internos y 2.327 incidentes de violencia autodirigida. Para CSIF, este volumen de incidentes confirma que el sistema penitenciario catalán opera en un escenario de tensión permanente, que recae directamente sobre el personal.

Los centros penitenciarios más conflictivos son Brians 1 (250 agresiones), Brians 2 (125), Puig de les Basses (77) y el Centre de Jóvenes (70)

En este contexto, CSIF recuerda que el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad, debatido recientemente en el Parlament de Catalunya, es una medida imprescindible y largamente reivindicada. “No se trata de un privilegio, sino de una herramienta básica de protección jurídica, de refuerzo del principio de autoridad y de dignidad profesional”, señala la organización sindical.

CSIF exige al Departament de Justícia medidas urgentes y efectivas: refuerzo de plantillas, mejora de los protocolos de seguridad, transparencia en los datos y una política clara de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión. “La violencia no puede seguir formando parte del paisaje cotidiano de las prisiones. Normalizarla es abandonarnos”, concluye el sindicato.

CSIF consigue que el Parlament reconozca al personal penitenciario como agentes de la autoridad

gisela.sese.echevarria — Thu, 29 Jan 26 08:57:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

Para el sindicato este es un primer paso hacia la dignificación y la protección jurídica del colectivo penitenciario

Barcelona, 29 de enero de 2026.- Hoy el Parlament de Catalunya ha aprobado la proposición de ley que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios, una reivindicación histórica impulsada y defendida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Este reconocimiento supone una protección penal reforzada ante las agresiones, la presunción de veracidad de los informes y comunicados de hechos, así como otros efectos jurídicos equiparables a los de los cuerpos policiales.

La ley incorpora también el principio de indemnidad, que establece que la Administración indemnizará las lesiones o los daños materiales sufridos por el personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones, una demanda reiterada por CSIF ante el elevado nivel de riesgo existente en los centros.

CSIF valora positivamente que, mediante enmiendas, se haya podido corregir la propuesta inicial presentada por el PSC, que era incompleta al no incluir a todo el personal penitenciario. Gracias a estas enmiendas, finalmente se ha incorporado al personal de tratamiento, un colectivo imprescindible para el funcionamiento de los centros y también expuesto a situaciones de riesgo.

El sindicato también defendió la incorporación del personal laboral a través de otra enmienda, que no ha sido admitida por su difícil encaje jurídico, una dificultad que se repite en la propuesta que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Aun así, CSIF no renuncia a este objetivo y continuará trabajando para lograr el reconocimiento como autoridad del personal laboral, explorando todas las vías legales posibles.

CSIF quiere agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios del PSC, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, que han votado a favor de esta iniciativa y han hecho posible un avance real en la protección jurídica del personal penitenciario.

Por el contrario, Comuns, CUP y ERC han votado en contra. CSIF considera especialmente grave la posición de ERC que, tras haber sido responsable de los servicios penitenciarios de Catalunya en la anterior legislatura, ha negado este reconocimiento a un colectivo claramente expuesto y agredido.

“Esta postura contrasta con el hecho de que ERC sí votara a favor del reconocimiento como agentes de la autoridad del personal sanitario y docente cuando el debate se produjo en el Congreso de los Diputados, una incoherencia que pone de manifiesto el desprecio de este partido hacia el personal penitenciario”, declaran desde el sindicato.

“Este acuerdo es fruto de años de reivindicación, movilización y presión sindical liderada por CSIF, pero también pone de relieve, una vez más, quién está al lado del personal penitenciario y quién le da la espalda”.

“El personal penitenciario es un colectivo agredido, expuesto y sistemáticamente invisibilizado, a menudo utilizado como chivo expiatorio ideológico por quienes no pisan los centros ni asumen responsabilidades en materia de seguridad. CSIF recuerda que se trata de profesionales públicos esenciales, que garantizan la seguridad de los centros, protegen derechos fundamentales y trabajan cada día para que la reinserción sea una realidad”, concluyen desde CSIF.

CSIF Prisiones se concentra mañana por el aumento de agresiones y la falta de respuesta de la Administración

gisela.sese.echevarria — Tue, 20 Jan 26 11:48:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

Barcelona, 20 enero de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto a la asociación Marea Blava, convocan una concentración mañana, miércoles 21 de enero, ante la última agresión sexual a una funcionaria, el viernes pasado, en el CP de Jóvenes, y para denunciar la grave falta de actuación de los responsables de la administración penitenciaria ante el incremento vertiginoso de las agresiones a los trabajadores y trabajadoras de prisiones.

La primera concentración tendrá lugar a las 12:30 horas en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona. Posteriormente, a las 14:00 horas, se celebrarán concentraciones en todos los centros penitenciarios de Cataluña.

CSIF Prisiones denuncia la inacción de la Secretaría de Medidas Penales, la Dirección General y las direcciones de los centros penitenciarios, que están permitiendo que la situación se deteriore de forma alarmante. Las agresiones, especialmente las que afectan a la integridad física y sexual del personal, no dejan de aumentar sin que se adopten medidas eficaces para prevenirlas.

Los trabajadores penitenciarios no están siendo protegidos ni en su integridad física ni en su libertad e integridad sexual, una situación que el sindicato considera inaceptable y que pone en riesgo diario a quienes garantizan la seguridad y el funcionamiento de los centros.

La movilización de mañana pretende ser una llamada urgente a la Administración para que adopte medidas reales y efectivas que garanticen la seguridad del personal penitenciario.

Dia: miércoles, 21 de enero
Hora: 12:30 h (CP Jóvenes de Barcelona) / 14:00 h (resto de centros de Cataluña)
Lugar: Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona y centros penitenciarios de Cataluña

CSIF denuncia una nueva agresión sexual en el CP de Jóvenes

gisela.sese.echevarria — Mon, 19 Jan 26 11:28:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

CSIF denuncia la inacción de la Secretaría, la Dirección General y las direcciones de los centros ante el aumento de agresiones a trabajadores penitenciarios

Barcelona, 19 enero de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la grave falta de actuación de la Secretaría de Medidas Penales, la Dirección General y las direcciones de los centros penitenciarios ante el incremento vertiginoso de agresiones a trabajadores, especialmente en el ámbito de la integridad física y sexual.

Los hechos más recientes ocurrieron el pasado viernes en el Centro Penitenciario de Jóvenes, cuando un interno, durante una consulta de enfermería, se abalanzó sobre una funcionaria y la tocó en sus partes íntimas. Una semana antes, el mismo interno ya había intentado agredir sexualmente a otra trabajadora de vigilancia, con roces e intentos de tocamiento. Este preso estaba incluido en un protocolo por agresión sexual, por lo que los responsables conocían el riesgo existente. Aun así, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar una nueva agresión.

Desde CSIF recuerdan que “los máximos responsables de la gestión penitenciaria en Cataluña —la secretaria de Medidas Penales, el director general y las direcciones de los centros— conocen perfectamente el funcionamiento de las prisiones. Saben qué está fallando y por qué las agresiones a trabajadores se han disparado. Las leyes y reglamentos no han cambiado de forma sustancial: la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario llevan décadas vigentes, y el Reglamento catalán cumple ya veinte años. Por tanto, no se trata de un problema normativo, sino de una cuestión de gestión y de voluntad de aplicar las herramientas legales existentes”.

En el caso del centro de Jóvenes, se produjo una agresión sexual en un despacho donde estaban presentes el interno, personal sanitario y una trabajadora de tratamiento. Tras el intento de agresión de la semana anterior, ya existían motivos más que suficientes para aplicar las medidas que contempla la normativa, incluido el primer grado. No hacerlo ha supuesto permitir una segunda agresión. CSIF se pregunta qué más tiene que ocurrir para que se actúe con firmeza y responsabilidad.

“La Administración ha llenado el sistema de protocolos y procedimientos de supervisión de internos (PSI), que en muchos casos solo maneja el área de interior y sobre los que no reciben formación adecuada otros colectivos como maestros, sanitarios o personal de tratamiento. Además, muchos de estos protocolos están redactados de forma confusa y son difícilmente aplicables en la práctica. Se exige, por ejemplo, actuar en binomio “si se puede”, cuando la realidad es que no hay plantilla suficiente ni en Jóvenes ni en la mayoría de centros”.

“Estos PSI se utilizan después para culpabilizar a los trabajadores cuando ocurre una agresión, en un contexto en el que una parte importante de la plantilla es interina, recién incorporada, con cambios constantes de módulo y obligada a conocer numerosos procedimientos distintos, muchos de ellos similares entre sí. Para CSIF, estos protocolos se han convertido en una coartada para justificar la inacción de las direcciones”.

Según el sindicato, “los trabajadores no están siendo protegidos ni en su integridad física ni en su libertad e integridad sexual. Este caso nunca debió producirse. Tras el primer intento de agresión sexual, la dirección del centro de Jóvenes debió proponer el primer grado y se habría evitado la segunda agresión. Lo ocurrido es imperdonable y no tiene justificación”.

CSIF recuerda que el asesinato de Nuria quedó sin responsabilidades políticas ni administrativas por una negligencia gravísima. No puede volver a suceder algo similar. No se puede seguir actuando con impunidad, escudándose en protocolos inservibles que no garantizan la seguridad real de los trabajadores.

“Desde CSIF queremos trasladar todo nuestro apoyo y una pronta recuperación a la compañera agredida, así como nuestra solidaridad ante una situación tan grave y dolorosa. Exigimos responsabilidades y medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores penitenciarios”.

CSIF denuncia el caos en la implantación de la 3ª fase de los Tribunales de Instancia

gisela.sese.echevarria — Tue, 13 Jan 26 10:15:00 CET

Prensa y ComunicaciónCataluña - Administración de Justicia Image

Barcelona, 13 de enero.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia, una vez más, la absoluta falta de previsión del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, entre ellas Cataluña, tras la entrada en funcionamiento de la tercera fase de los Tribunales de Instancia. El resultado es claro: “el caos está servido, y los principales perjudicados son, sin ninguna duda, los ciudadanos, que sufren ya las graves deficiencias en el servicio público de la Justicia”, aseguran desde el sindicato.

El 31 de diciembre de 2025 entró en vigor la tercera fase de los Tribunales de Instancia en la práctica totalidad del Estado, afectando a los partidos judiciales con mayor número de juzgados. En Cataluña, esta fase incluye Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Manresa, Arenys, Vilanova i la Geltrú, Reus y Figueres, lo que supone una complejidad extraordinaria a la hora de su implementación.

CSIF ya denunció durante la implantación de la fase I (1 de julio de 2025) y la fase II (1 de octubre de 2025) ante el Departament de Justícia i Memòria Democràtica los graves problemas detectados:

Falta de infraestructuras y edificios adaptados al nuevo modelo.
Desorganización interna por ausencia de protocolos claros de funcionamiento, reparto de expedientes y adscripción del personal.
Deficiencias en los sistemas informáticos, especialmente por la inexistencia del expediente electrónico en la jurisdicción penal.
Grave falta de medios personales, con plantillas claramente infradotadas en relación con la carga real de trabajo.

Con la entrada en vigor de esta última fase, y tras la negativa del Departament de Justícia i Memòria Democràtica a aplicar la moratoria de seis meses prevista en la Ley de Eficiencia, el escenario vuelve a repetirse: “desorganización, carencia de medios materiales y humanos y los mismos errores de las fases anteriores, agravados ahora por tratarse de los partidos judiciales con mayor volumen de juzgados”.

CSIF ha advertido reiteradamente que un proyecto de esta envergadura necesita un tiempo prudencial de implementación, que permita evaluar resultados, corregir errores y garantizar una puesta en marcha con seguridad jurídica y organizativa, tanto para los profesionales de la Administración de Justicia como para los ciudadanos que utilizan este servicio esencial.

No ha existido consenso con las organizaciones sindicales representativas. Nos encontramos ante un modelo impuesto por la administración, diseñado bajo los criterios de los secretarios coordinadores y letrados responsables de la organización interna, imponiendo al conjunto de trabajadores una estructura que en muchos casos podría no ajustarse a la normativa, menoscabando derechos, desaprovechando su experiencia y, lo que es más grave, sin garantizar una mayor eficiencia.

La precipitación con la que se han puesto en marcha los Tribunales de Instancia, sin aportar todos los medios necesarios para una justicia del siglo XXI, demuestra que el verdadero objetivo no es mejorar el servicio, sino reducir costes. La supuesta “eficiencia” se traduce en peores condiciones de trabajo y en un servicio más lento y de menor calidad para la ciudadanía.

Para CSIF, la verdadera reforma sigue pendiente: “reconocer las funciones reales de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, eliminar los cuellos de botella y aplicar de forma efectiva el modelo de “papel cero”. Solo así se podrá avanzar hacia una Justicia más ágil, moderna y verdaderamente al servicio de la ciudadanía”.