Catalunya

CSIF exige al Ayuntamiento de Barcelona más refuerzos antidisturbios ante la manifestación del 11 de noviembre

Gisela Sesé Echevarría — Thu, 22 Oct 26 11:12:00 CEST

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El sindicato considera insuficientes los 10 efectivos adicionales previstos para la UREP y reclama un dispositivo extraordinario que proteja a la Guardia Urbana, a la ciudadanía y a los manifestantes pacíficos.

Barcelona, 22 de octubre de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Ayuntamiento de Barcelona un refuerzo extraordinario de seguridad ante la manifestación convocada para el próximo 11 de noviembre, ante el riesgo de que se produzcan altercados y situaciones de especial tensión. El sindicato reclama un mínimo de 6 a 7 furgonetas antidisturbios adicionales de la UREP, con sus dotaciones completas, además de más efectivos para las comisarías de distrito que puedan quedar expuestas durante el operativo.

CSIF ha trasladado esta petición al regidor de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, mediante un escrito en el que invoca la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y reclama que la protección de los agentes sea una prioridad en la planificación del dispositivo.

El sindicato reconoce que el Ayuntamiento ha previsto incorporar 10 efectivos de refuerzo a la UREP, pero considera que esta medida es insuficiente para afrontar una jornada que puede exigir una capacidad de respuesta superior a la habitual. Por ello, reclama recursos adicionales que permitan cubrir posibles brechas en el despliegue policial y prestar apoyo efectivo a las unidades que intervengan en los puntos de mayor riesgo.

«Diez efectivos de refuerzo no son suficientes para afrontar una jornada de estas características. Barcelona debe anticiparse al riesgo y garantizar que la Guardia Urbana disponga de los medios humanos y operativos necesarios para intervenir con seguridad», advierte CSIF.

El sindicato fundamenta su preocupación en los incidentes registrados en otras ciudades españolas y también europeas, como París, Roma o Milán, y en los episodios de graves alteraciones del orden público que Barcelona ha vivido en el pasado. A juicio de CSIF, estos precedentes obligan a planificar con antelación y a evitar que la falta de previsión pueda comprometer la integridad física de los agentes y la seguridad de la población.

Además del refuerzo de la UREP, CSIF exige incrementar los recursos humanos en las comisarías de distrito, cuyos efectivos pueden quedar especialmente expuestos durante la manifestación. El objetivo es evitar que las unidades territoriales tengan que afrontar posibles incidentes sin el respaldo suficiente mientras se desarrolla el operativo principal.

La petición sindical persigue prevenir lesiones entre los policías, proteger los comercios y la propiedad pública y privada frente a posibles actos vandálicos, y garantizar la seguridad de la ciudadanía y de quienes quieran ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse.

«No podemos esperar a que haya agentes heridos, comercios destrozados o daños en la vía pública para preguntarnos qué ha fallado. La prevención debe hacerse antes, no cuando las consecuencias ya sean irreparables», subraya la organización sindical.

CSIF reclama al Ayuntamiento que adopte las medidas preventivas necesarias, informe debidamente a la representación de los trabajadores y mantenga abierta la interlocución sindical para abordar las necesidades del dispositivo antes del 11 de noviembre.

La seguridad de la Guardia Urbana no puede depender de la improvisación: CSIF exige medios suficientes, prevención real y responsabilidad al Ayuntamiento para proteger tanto a los agentes como a toda la ciudadanía.

CSIF denuncia que los auxiliares de información del aeropuerto de Barcelona dejarán de hablar inglés a los pasajeros porque I-SEC se niega a pagarles el plus

Gisela Sesé Echevarría — Tue, 20 Oct 26 14:23:00 CEST

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El sindicato denuncia que la empresa no abona a su plantilla el complemento por atender en inglés, pese a cobrar este concepto de AENA, y advierte del impacto en la atención a los viajeros internacionales.

Barcelona, 20de octubre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los auxiliares de información situados delante de los filtros de seguridad del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat dejarán de atender en inglés a los pasajeros extranjeros porque la empresa I-SEC se niega a pagarles el plus por idioma correspondiente, pese a cobrarlo de AENA.

Estos profesionales son los encargados de informar y orientar a los viajeros antes de acceder a los controles de seguridad. Les explican cómo deben pasar por los filtros, qué objetos tienen que separar para facilitar la inspección y qué artículos no pueden introducir. Una labor fundamental para que los pasajeros, especialmente los internacionales, comprendan las instrucciones y puedan acceder al control con normalidad.

CSIF considera inadmisible que una cuestión retributiva esté repercutiendo en la atención que reciben los usuarios del aeropuerto. La negativa de I-SEC a abonar este complemento, según denuncia el sindicato, está dejando sin atención en inglés a pasajeros que necesitan comprender las indicaciones antes de pasar por los controles.

«Es inaceptable que la empresa cobre de AENA por un servicio y se niegue a pagar a sus trabajadores el plus correspondiente por prestarlo. No se puede trasladar a los pasajeros las consecuencias de una decisión empresarial que afecta directamente a la calidad de la atención», denuncia CSIF.

El sindicato exige a I-SEC que abone el complemento correspondiente a los trabajadores y restablezca la atención en inglés a los pasajeros. Asimismo, reclama a AENA que supervise el cumplimiento de las condiciones del servicio que contrata y que garantice que los viajeros reciben la información necesaria para acceder a los controles de seguridad.

CSIF no permitirá que las decisiones empresariales perjudiquen a los trabajadores ni deterioren la atención a los pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona: si AENA paga por el servicio, I-SEC debe garantizar su prestación y remunerar a quienes lo hacen posible.

CSIF alerta del desmantelamiento de la Administración del Estado en Cataluña: 404 plazas de la Seguridad Social sin cubrir

Gisela Sesé Echevarría — Fri, 16 Oct 26 13:35:00 CEST

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El sindicato denuncia la pérdida de 77 empleados públicos tras el último macro concurso y reclama incentivos económicos y un plan urgente para frenar la fuga de funcionarios y garantizar los servicios públicos.

Barcelona, 16 de octubre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta del deterioro de las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) en Cataluña. El último macro concurso de traslados de la Seguridad Social evidencia la gravedad de la situación: 404 plazas han quedado desiertas y Cataluña pierde 77 efectivos, con 771 ceses frente a 694 nuevas adjudicaciones.

Barcelona concentra el mayor número de vacantes, con 282 puestos sin cubrir, seguida de Girona (57), Tarragona (39) y Lleida (26). Girona registra, además, el mayor saldo negativo de personal, con 34 efectivos menos.

CSIF lleva años advirtiendo de que Cataluña no resulta un destino atractivo para los funcionarios del Estado. La falta de incentivos económicos y el elevado coste de la vida, especialmente de la vivienda, dificultan tanto la llegada de nuevos profesionales como la permanencia de quienes ya trabajan en el territorio.

El sindicato alerta de que algunos empleados públicos se ven obligados a renunciar a plazas recién conseguidas o a solicitar excedencias porque no pueden asumir los gastos de vivienda. Una situación que, además de perjudicar a los trabajadores, compromete la capacidad de la Administración para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

«No se puede exigir que los empleados públicos se queden en Cataluña si sus salarios no les permiten afrontar el coste de la vivienda. La falta de incentivos está agravando un déficit de personal que llevamos años denunciando», advierte CSIF.

CSIF exige medidas urgentes para frenar la pérdida de efectivos

Ante esta situación, CSIF reclama a las administraciones competentes una respuesta inmediata para cubrir las vacantes, mejorar las condiciones laborales y garantizar la estabilidad de las plantillas. Entre sus principales propuestas figuran:

Un complemento de territorialidad o indemnización por residencia que compense el elevado coste de la vida en Cataluña y favorezca la incorporación y permanencia de los empleados públicos.
Un plan urgente de cobertura de vacantes, mediante comisiones de servicio y refuerzos de personal interino cuando proceda.
La actualización de los complementos de destino y la revisión de las relaciones de puestos de trabajo para hacer más atractivas las plazas en Cataluña.
Una oferta de empleo público ajustada a las necesidades reales, que permita corregir el déficit estructural y garantizar una dotación suficiente de personal en las oficinas de la Seguridad Social.

El sindicato recuerda que no basta con convocar procesos selectivos si después las plazas quedan desiertas o los profesionales no pueden permitirse vivir en sus destinos. Por ello, insta a las administraciones a actuar con responsabilidad y adoptar medidas que permitan atraer y fidelizar trabajadores.

CSIF exige medidas inmediatas para frenar la pérdida de empleados públicos en Cataluña: garantizar condiciones económicas acordes con el coste de la vida es imprescindible para mantener una Administración cercana, eficaz y al servicio de toda la ciudadanía.

CSIF denuncia avisos tardans durant els temporals i exigeix a Educació un protocol per protegir el professorat

Gisela Sesé Echevarría — Mon, 05 Oct 26 11:44:00 CEST

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El sindicat alerta de suspensions comunicades amb les classes ja iniciades i de docents que han de recórrer centenars de quilòmetres sense instruccions clares

Barcelona, 5 d’octubre de 2026. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha reclamat al Departament d’Educació un protocol específic per protegir el professorat davant els temporals després de detectar avisos de suspensió de classes comunicats amb l’activitat lectiva ja iniciada i casos de docents que, obligats a fer desplaçaments de centenars de quilòmetres, no han rebut instruccions clares sobre si havien d’iniciar el trajecte o com justificar la impossibilitat d’arribar al centre amb seguretat.

CSIF ha registrat una petició a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics perquè estableixi criteris comuns per a tots els centres, coordinats amb Protecció Civil, amb avisos anticipats i garanties laborals davant les restriccions de mobilitat.

El sindicat ha recollit casos en què la suspensió de les classes s’ha comunicat fins a mitja hora després del seu inici, quan professorat i alumnat ja eren al centre. CSIF alerta que aquestes situacions poden obligar també les famílies a desplaçar-se per recollir els seus fills i filles en moments en què la mobilitat pot comportar riscos.

«Cap docent ha d’haver d’escollir entre posar-se en risc o témer conseqüències laborals. Educació ha de donar instruccions clares i actuar amb anticipació», afirma David Aguilera, responsable de CSIF Educació a Catalunya.

El sindicat posa el focus especialment en el professorat desplaçat, que pot haver de travessar diverses comarques per arribar al centre. CSIF recorda que el fet que el municipi on treballa el docent no estigui afectat no significa que el seu trajecte sigui segur, ja que pot residir o haver de passar per zones amb carreteres tallades, inundacions o restriccions.

Per això, reclama que la impossibilitat d’arribar al centre amb seguretat, quan estigui degudament acreditada, no comporti perjudicis laborals ni retributius, i demana la participació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’elaboració del protocol.

«El risc no s’acaba als límits d’una comarca. El Departament ha de tenir en compte on viu el docent, on treballa i per on ha de passar, tant a l’anada com a la tornada», assenyala Aguilera.

CSIF exigeix a Educació que actuï abans del pròxim temporal i garanteixi que cap docent hagi de posar en risc la seva seguretat per anar a treballar.

CSIF alerta de la escalada de violencia en el CP de Jóvenes: “Sin seguridad no puede haber reinserción”

Gisela Sesé Echevarría — Fri, 02 Oct 26 11:41:00 CEST

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Una pelea entre alrededor de una docena de internos obligó a activar primero un Código 2 y posteriormente un Código 4 por la gravedad de la situación

Barcelona, 2 de octubre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la creciente conflictividad que se vive en los centros penitenciarios y reivindica más medios humanos y materiales para garantizar tanto la seguridad de los profesionales como el objetivo de rehabilitación y reinserción de los internos.

Los hechos se produjeron ayer, a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.30 horas, durante el reparto del desayuno en el comedor del MR4. Según la información trasladada por la representación sindical de CSIF, el incidente se inició a raíz de una discusión entre un interno de origen argelino y varios internos de origen marroquí, que derivó en una pelea. Posteriormente se sumaron otros internos, de origen latinoamericano, contra los internos de origen magrebí hasta alcanzar a alrededor de una docena de personas implicadas en la pelea.

La gravedad de la situación obligó a activar inicialmente un Código 2 y, posteriormente, un Código 4, correspondiente a una situación de motín o alteración grave del orden.

CSIF pone especialmente en valor la actuación de los profesionales del centro, que tuvieron que intervenir ante una situación de elevada conflictividad para recuperar el control y garantizar la seguridad.

“Los profesionales penitenciarios no pueden asumir como algo normal que intervenir para garantizar la seguridad del centro implique poner en riesgo su propia integridad. La reinserción necesita seguridad, autoridad y respeto”, señala la representación sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Jóvenes.

El sindicato recuerda que la labor penitenciaria combina seguridad, convivencia, tratamiento y rehabilitación. Por ello, considera que seguridad y reinserción no son objetivos contrapuestos, sino dos elementos inseparables para que el sistema penitenciario pueda funcionar adecuadamente.

“Un módulo seguro permite trabajar y un profesional protegido puede intervenir. No se puede construir la convivencia sobre la violencia ni normalizar las agresiones entre internos o contra los trabajadores”, reivindica CSIF.

Más recursos para prevenir y gestionar situaciones de conflictividad

Ante este tipo de episodios, CSIF considera necesario reforzar los recursos disponibles en el CP Jóvenes y reclama a la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció y a la Direcció General un mayor respaldo a los profesionales que trabajan en primera línea.

En concreto, el sindicato reclama:

Más efectivos y recursos humanos para afrontar situaciones de conflictividad.
Medios materiales y de protección adecuados para los profesionales.
Un refuerzo de los mecanismos de prevención y detección de conflictos.
Herramientas eficaces para gestionar y separar a los internos cuando exista un riesgo real para la convivencia.
Un seguimiento individualizado de los internos con conductas especialmente conflictivas.
Mayor apoyo institucional a los trabajadores que intervienen en situaciones de riesgo.

Para CSIF, la reinserción debe ir acompañada también de responsabilidad individual. El sindicato considera que las conductas violentas deben tener consecuencias y que las agresiones o situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores no pueden asumirse como una parte inherente de su actividad profesional.

La organización sindical traslada asimismo su reconocimiento a todos los trabajadores que participaron en la intervención del incidente, así como a los equipos de tratamiento y al conjunto de profesionales del CP Jóvenes por la labor que desarrollan diariamente.

CSIF seguirá defendiendo la reinserción y la dignidad de las personas privadas de libertad, pero también la integridad y la seguridad de los profesionales penitenciarios: porque garantizar unas condiciones de trabajo seguras es imprescindible para garantizar una reinserción efectiva.

CSIF exige responsabilidades por el “caos financiero” del Hospital Joan XXIII y reclama el cese de la gerencia y Recursos Humanos

Gisela Sesé Echevarría — Thu, 01 Oct 26 15:15:00 CEST

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El sindicato lleva un año y medio denunciando problemas de planificación, falta de personal y un progresivo deterioro de las condiciones laborales

Tarragona, 1 de octubre de 2026. – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige explicaciones y responsabilidades ante la situación económica y organizativa del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, después de que el centro haya relevado a su responsable del área económica. Crónica Global informa hoy de este relevo y recoge las declaraciones de fuentes internas del hospital que apuntan a una situación de “caos financiero”. El medio también recoge la versión de la dirección, que justifica el cambio por la necesidad de “abrir una nueva etapa y adecuar el funcionamiento del área a las prioridades de la dirección”.

Para CSIF, estas informaciones hacen imprescindible una explicación pública y transparente sobre qué ha ocurrido con la gestión económica del centro, qué decisiones se han tomado y quién debe asumir responsabilidades.

El sindicato recuerda que lleva un año y medio denunciando el deterioro del Joan XXIII, con problemas de planificación, falta de personal, cambios de jornada comunicados con escasa antelación, dificultades con cuadrantes, permisos y vacaciones y un progresivo empeoramiento del clima laboral.

“El dinero público es de todos y alguien debe responder”

CSIF considera especialmente grave que puedan existir problemas en la gestión económica de un hospital público. Los recursos del ICS proceden de fondos públicos y están destinados a garantizar la asistencia sanitaria y unas condiciones laborales dignas.

“Estamos hablando de dinero público. Queremos saber qué ha ocurrido, quién tomó las decisiones y qué responsabilidades existen. No puede haber una situación de esta gravedad sin explicaciones claras”, señala Jesús Jiménez García, responsable de Acción Sindical de CSIF Sanidad Catalunya.

CSIF reclama el cese de la gerencia y Recursos Humanos

El sindicato considera que el relevo de una persona del área económica no es suficiente y reclama responsabilidades también a quienes tienen la máxima responsabilidad en la gestión del centro.

Por ello, CSIF exige:

El cese de la gerencia del Hospital Joan XXIII.
El cese de la Dirección de Recursos Humanos.
Una explicación pública sobre la situación económica y presupuestaria.
Las comprobaciones necesarias para determinar qué ha ocurrido con los recursos públicos.
Que se depuren las responsabilidades que correspondan.
Una planificación adecuada de los recursos humanos y económicos.

“Llevamos año y medio denunciando estos problemas y nuestras advertencias no han sido escuchadas. No se puede solucionar el deterioro del Joan XXIII cesando únicamente a una persona del área económica”, subraya Jiménez.

CSIF seguirá exigiendo transparencia, responsabilidades y una gestión rigurosa de los recursos públicos para garantizar tanto la calidad de la sanidad como unas condiciones laborales dignas para los profesionales.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

Gisela Sesé Echevarría — Thu, 01 Oct 26 13:47:00 CEST

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La aprobación en el Senado culmina con éxito una negociación liderada por CSIF para poner de acuerdo a PP y PSOE

La reforma obliga a compensar a los trabajadores agredidos y establece de forma expresa la presunción de veracidad: se pone fin así a décadas de desamparo, agresiones impunes e indefensión jurídica

CSIF exige refuerzos de personal en Instituciones Penitenciarias y alerta del hacinamiento y sus consecuencias: hay 6.200 nuevos internos desde 2024 y más de 500 agresiones anuales: se produce una cada 18 horas

Madrid, 1 de septiembre de 2026.- El Senado aprueba definitivamente que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria, especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos, sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

CSIF denuncia que el ICAM obliga a reincorporarse a profesionales que todavía no están recuperados

Gisela Sesé Echevarría — Thu, 01 Oct 26 11:51:00 CEST

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El sindicato pone como ejemplo el caso de una TCAE a la que se ha dado el alta pese a que su traumatólogo le ha indicado que no debe forzar y necesita rehabilitación antes de volver a trabajar

Barcelona, 1 de octubre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el ICAM está obligando a reincorporarse a profesionales que todavía necesitan tratamiento o rehabilitación. El sindicato pone como ejemplo el caso de una trabajadora TCAE que permanece pendiente de rehabilitación por la sanidad pública y cuyo traumatólogo le ha indicado expresamente que no debe forzar antes de completar este proceso.

Pese a estas indicaciones, el ICAM ha emitido el alta y ha obligado a la profesional a reincorporarse. La trabajadora, además, presenta dificultades para permanecer de pie durante periodos prolongados, una limitación especialmente relevante en un puesto asistencial como el de TCAE.

“Esto no es un caso aislado”

Jesús Jiménez, responsable de Acción Sindical de Sanidad de CSIF, denuncia que esta situación se está repitiendo con otros profesionales, incluidos trabajadores de cocina de hospitales.

“Estamos viendo que esto está pasando a muchos trabajadores. Se está obligando a profesionales a reincorporarse cuando todavía no están recuperados, y esto puede provocar nuevas recaídas y acabar agravando la situación del propio trabajador.”

Jiménez advierte de que una reincorporación prematura puede terminar provocando precisamente el efecto contrario al que se pretende: una nueva baja y una prolongación del problema.

“En sanidad no puede ser que profesionales enfermos tengan que atender a pacientes enfermos. Si una persona todavía no está recuperada, obligarla a volver a un puesto que exige unas determinadas condiciones físicas no soluciona el problema: lo puede agravar.”

CSIF advierte además de que estas situaciones tienen consecuencias para el conjunto del sistema sanitario, ya que pueden obligar a reorganizar servicios, buscar sustituciones o afrontar nuevas bajas.

El sindicato cuestiona también que el ICAM traslade al hospital la responsabilidad de adaptar el puesto después de emitir el alta cuando las limitaciones del trabajador pueden ser incompatibles con las funciones esenciales del puesto.

CSIF exige al ICAM que explique los criterios utilizados para conceder estas altas y que tenga en cuenta la situación clínica del trabajador, sus limitaciones funcionales, las características reales del puesto y las indicaciones de los especialistas que lo están tratando.

El sindicato reclama además transparencia sobre la posible existencia de objetivos o indicadores relacionados con la gestión de las incapacidades temporales y las altas médicas.

CSIF seguirá denunciando cualquier reincorporación prematura: los trabajadores no son números y su salud debe estar por encima de cualquier criterio administrativo.

CSIF amenaza con un paro en los equipos de trasplantes de tres hospitales catalanes ante la falta de soluciones del ICS

Gisela Sesé Echevarría — Wed, 30 Sep 26 12:06:00 CEST

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Barcelona, 30 septiembre 2026. - La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de un posible paro de la actividad de disponibilidad localizada de los equipos de trasplantes de Can Ruti, Vall d’Hebron y Bellvitge, después de que el Institut Català de la Salut (ICS) lleve tres años sin resolver la situación retributiva de estos profesionales.

El sindicato denuncia que los trabajadores de estos equipos sufren un agravio comparativo respecto a otros profesionales del ICS que realizan guardias y disponibilidades localizadas, pese a que deben mantener una disponibilidad permanente y responder de forma inmediata ante posibles donaciones y trasplantes.

Según CSIF, el III Acord de l’ICS, aprobado hace tres años, establecía la regulación y compensación de las disponibilidades localizadas, incluidos los efectos retroactivos correspondientes. Sin embargo, el sindicato asegura que numerosos profesionales de los equipos de trasplantes continúan sin percibir estas compensaciones en los términos establecidos en el acuerdo.

A esta situación se suma ahora, según CSIF, un nuevo agravio: los profesionales que realizan guardias pueden percibir durante sus vacaciones la media correspondiente a dichas guardias, mientras que los equipos de trasplantes quedarían excluidos de esta compensación.

Ante la falta de avances, los equipos están realizando consultas jurídicas para estudiar las medidas que pueden adoptar, incluido un posible paro de la disponibilidad localizada, siempre dentro del marco legal vigente.

“No se puede exigir disponibilidad permanente para responder ante un trasplante y negar al mismo tiempo la compensación correspondiente. El ICS lleva tres años sin resolver esta situación”, denuncia CSIF.

El sindicato recuerda que el conflicto afecta al conjunto de profesionales que integran estos equipos, no solo a los médicos, sino también a enfermeras, TCAI, zeladores, técnicos superiores y otros profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en la actividad de trasplantes.

CSIF reclama al ICS la aplicación efectiva del III Acord, el reconocimiento y abono de las disponibilidades localizadas y de los efectos retroactivos que correspondan, así como que estos profesionales tengan acceso a la compensación durante las vacaciones en las mismas condiciones que otros trabajadores que realizan guardias.

El sindicato reclama además la homogeneización de las condiciones de los equipos de trasplantes de Can Ruti, Vall d’Hebron y Bellvitge y una solución para todas las categorías profesionales implicadas.

CSIF también exige la dimisión del director de Recursos Humanos del ICS por la gestión de este conflicto y advierte de que continuará utilizando las vías legales y sindicales disponibles.

“Tres años después de la aprobación del III Acord, los profesionales de los equipos de trasplantes no pueden seguir esperando. Exigimos al ICS una solución y un trato retributivo igualitario para quienes garantizan una actividad esencial para la sanidad pública catalana”, concluye CSIF.