Castilla-La Mancha - Administración de Justicia

CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación que atraviesan los Tribunales de instancia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 13 Mar 26 10:09:00 CET

En las jornadas de trabajo, que fueron inauguradas por el Secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, han participado ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la asociación PROLAJ, María Jesús Moro (portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados), Aitor Cubo (Director General de Transformación Digital del Ministerio, Alejandra Alonso (Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid), Salvador González (Presidente del Consejo General de la Abogacía española).

A todos ellos, CSIF ha trasladado el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Más allá de la opinión que se tenga del modelo la conclusión final es que la ley de eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de presupuestos.

Como conclusión de las jornadas, CSIF se reafirma en la necesidad de que las administraciones tomen medidas en relación con los siguientes aspectos.

Puesta en marcha de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de lo servicios, áreas y equipos. Mandar no es sólo “dar órdenes” y cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas con la puesta en marcha de planes presenciales y on-line de apoyo a la tramitación. CSIF volvió a insistir en la necesidad de programas de formación presencial “online” e “in situ”, así como planes formativos conjuntos de Letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo sin superioridades morales de ningún tipo.

Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. En este aspecto la situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo en dos sentidos: incremento de plantillas pues la justicia no sólo puede vivir de anuncios mediáticos de incremento de plazas judiciales o fiscales. En segundo lugar, profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. A estas alturas, que haya que seguir explicando que la materia concursal o la vigilancia penitenciaria no tienen nada que ver con la tramitación de cualquier otro procedimiento da vergüenza ajena.

Revisión de los protocolos de actuación con participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras y sin las generalidades que nos estamos encontrando en su redacción.

Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ en todas las administraciones prestacionales.

Puesta en marcha del modelo de carrera profesional cuyo Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y que es una de las claves de la gestión del cambio.

Finalmente, es imprescindible una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia y ahí está la Comisión de calidad prevista en la LOPJ y, finalmente, es esencial que, haya presupuestos cuanto antes y que la partida de Justicia se incremente cuando los haya.

Las reformas no acaban aquí: CSIF reclama, además, la necesidad de revisar la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito, la modernización de los planes de actuación y de la productividad porque mutualizar los atascos no puede perjudicar a los que mejor trabajan y la revisión del sistema de guardias.
La reforma del modelo organizativo no servirá de nada si no se procede a la revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF exige una solución urgente a la agónica situación de los Juzgados de Almagro, tras la denuncia presentada ante Inspección de Trabajo

maria-pilar.aranda.puentes — Wed, 04 Feb 26 13:28:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a denunciar la agónica situación en la que se encuentran los Juzgados de Almagro tras las lluvias caídas en los últimos días y exige una solución urgente a un problema que lejos de solucionarse continúa en aumento.

El sindicato lamenta que, una semana después de interponerse una denuncia ante Inspección de Trabajo, a día de hoy, no se ha presentado nadie del Ministerio de Justicia para ver las condiciones en las que a diario trabajan los trece funcionarios ni para ver en qué condiciones están las instalaciones.

“Es lamentable lo que está ocurriendo en Almagro. Desde el pasado 26 de enero se han presentado quejas y denuncias en la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha puesto en conocimiento del Coordinador provincial la situación que existe en los juzgados y se ha presentado denuncia ante Inspección de Trabajo y todo sigue igual o peor”, critica el responsable provincial de CSIF en sector de Justicia, Alfonso Sánchez, quien comenta que la situación comienza a ser muy peligrosa, ya que se están empezando a desprender las planchas de escayola del techo y el teflón de los focos.

A día de hoy, tan solo se encuentra abierta la Sección Penal y el Registro Civil con una trabajadora, el resto de funcionarios se encuentran teletrabajando. “El archivo tiene goteras y el Registro Civil también. A los baños no se puede pasar, ni subir las escaleras que están precintadas por riesgo de caídas”, apunta Sánchez.

Ante tal situación, CSIF exige que se adopten medidas urgentes para solucionar una problemática que lleva arrastrándose desde hace años a fin de evitar una desgracia. En caso de no hacerlo, el sindicato seguirá vigilante y tomará las medidas oportunas para poner fin a esta situación.

CSIF denuncia falta de formación y carencia de medios en la nueva Sección de Violencia de Género en Ciudad Real

maria-pilar.aranda.puentes — Thu, 29 Jan 26 11:07:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la precipitación y falta de previsión, así como la inexistente formación y la absoluta carencia de medios en la puesta en marcha de la nueva Sección de Violencia de Género en Ciudad Real que aglutina ahora también a los Partidos Judiciales de Puertollano, Almagro y Valdepeñas y exige al Ministerio que, de forma urgente, implemente una formación adecuada que posibilite la especialización del personal en dichas materias, establezca criterios claros de organización y coordinación entre los diferentes agentes judiciales y Tribunales de Instancia y apruebe el refuerzo y aumento de plantillas, además de un complemento específico.

Actualmente, sólo tres funcionarios se encuentran desarrollando de forma permanente su labor en dicha Sección, supliéndose la falta de personal mediante la asistencia a la misma de turnos rotatorios de otros tres funcionarios, cuyos puestos de trabajo se encuentran ubicados en distintas oficinas; funcionarios que, en algunos casos, carecen de la formación y especialización adecuada, lo que conlleva a que sean los compañeros del servicio de guardia ordinaria los que ayuden en estas labores.

“Sin medios materiales ni informáticos suficientes, sin personal especializado ni complemento retributivo, con una inexistente formación y sin una eficaz coordinación tanto con los Tribunales de Instancia integrados en dicha Sección como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es imposible que el servicio público a prestar a la ciudadanía y, especialmente a las víctimas, mejore de forma sustancial”, apunta el responsable provincial de CSIF en el sector de Justicia, Alfonso Sánchez, quien reconoce que “no se puede modernizar la Administración de Justicia a coste cero, como ha pretendido el Ministerio con esta reforma”.

Cabe recordar que con la creación de esta nueva Sección de Violencia de Género en Ciudad Real se pretendía conseguir una mayor especialización del personal funcionario, Magistrados y Fiscales y una mejor y más pronta respuesta judicial hacia las víctimas de dichos delitos; sin embargo, su puesta en marcha sólo ha contado con la creación de una plaza de Magistrado y otra de Fiscal, sin que se determine qué personal, perteneciente a los Cuerpos Generales de Justicia, integrará la misma.

“Esa circunstancia, junto a la falta de previsión demostrada por el Ministerio a la hora de implementar el Nuevo Modelo Organizativo, la ausencia de medios personales y materiales sufrida ya en los antiguos Juzgados de Violencia de Género, así como las carencias formativas y de recursos existentes está generando problemas de coordinación y falta de eficiencia en este servicio público”, remarca Sánchez.

La nueva Sección de Violencia de Género del Tribunal de Instancia en Ciudad Real fue creada tras la aprobación del Real Decreto 422/2025, de 3 de junio y la publicación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LO 1/2025 de 2 de enero) y cuyo objetivo era ampliar la competencia de estas Secciones para la instrucción y conocimiento de todos los delitos sexuales contra mujeres, incluyendo las agresiones de tal naturaleza fuera del entorno de la pareja o ex pareja.

CSIF denuncia la situación límite de los Juzgados de Almagro y exige la clausura de las dependencias afectadas tras las últimas inundaciones y filtraciones

maria-pilar.aranda.puentes — Wed, 28 Jan 26 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación límite en la que se encuentran los Juzgados de Almagro tras las últimas lluvias registradas y exige la inmediata clausura de las dependencias afectadas, así como la adopción urgente de las medidas necesarias que corrijan estos defectos y eviten poner en grave riesgo a los trabajadores y usuarios del Tribunal de Instancia de Almagro.

A los problemas habituales que presenta el edificio, se suman ahora filtraciones de agua, inundaciones y numerosas goteras, que agravan aún más la situación ya de por sí lamentable; una situación que, según el responsable provincial de CSIF en sector de Justicia, Alfonso Sánchez, “lleva arrastrándose prácticamente desde la fecha de su construcción sin que la Gerencia Territorial de C-LM ni otros órganos competentes hayan actuado, pese a habérsele remitido numerosas incidencias y teniendo conocimiento de la grave situación en la que se encuentra el edificio”.

El sindicato lamenta que a pesar de ello no se hayan adoptado aún medidas que garanticen la seguridad tanto de los doce trabajadores como de los usuarios de las instalaciones y exige una solución urgente a un problema que persiste desde hace más de una década.

“Es inviable trabajar en estas condiciones, pero ahora aún menos, ya que los trabajadores de los Juzgados están poniendo en riesgo su vida”, subraya Sánchez, quien señala que una parte del techo de escayola se ha caído debido a las goteras y el cuadro eléctrico tiene filtraciones.

A día de hoy, los trabajadores continúan desarrollando su actividad entre cubos, suelos mojados y zonas restringidas, lo que a juicio de CSIF es “intolerable”, por lo que desde la Central Sindical se exige una solución urgente a este grave problema.

De no dársele solución, el sindicato tomará las medidas oportunas para velar por la seguridad de todos los trabajadores.

CSIF reclama recuperar las medidas laborales de la Pandemia ante la DANA y actúa de enlace con las ONGs para enviar ayuda a Valencia

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 04 Nov 24 14:12:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reitera todo su apoyo y solidaridad a las personas allegadas a las víctimas y en general a todos los afectados por los efectos devastadores de la DANA en diferentes puntos de España, en especial en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía, donde hay que lamentar más de doscientas víctimas.

Ante esta situación, concretamente en Valencia, CSIF se ha puesto a disposición de la ciudadanía valenciana y todo el personal sanitario y de emergencias del sindicato se ha incorporado a su puesto de trabajo a las órdenes de las direcciones de los diferentes centros.

Además, nuestra organización va a llevar a cabo las siguientes iniciativas:

Actuaremos de enlace con las organizaciones no gubernamentales e instituciones que están colaborando en la red de recogida de material de necesidad y alimentos para facilitar las tareas de coordinación con la Comunidad Valenciana.
Activaremos un servicio de atención a trabajadores y en general afectados por la DANA para informarles sobre sus derechos y medidas de protección social, laboral y para el cobro de seguros que se pueden adoptar en estos momentos de emergencia.
En este sentido, desde CSIF trasladamos al Gobierno la necesidad de reactivar las medidas excepcionales en el ámbito laboral que se pusieron en marcha durante la pandemia para proteger a los trabajadores afectados y que se hayan visto obligados a interrumpir su actividad laboral; medidas de conciliación y de prevención laboral para las personas que trabajan en las tareas humanitarias y de emergencia, medidas en materia económica y fiscal.

Estas son las medidas propuestas:

Medidas para garantizar la seguridad de las personas y la conciliación:

Asegurar alojamiento a los vecinos que no pueden recurrir a una alternativa habitacional, por la pérdida o deterioro grave de sus domicilios, mediante la puesta a disposición de los afectados del parque de viviendas de titularidad pública y habilitación de los espacios necesarios.
Medidas para garantizar el avituallamiento global de todas las personas afectadas, mediante el suministro de agua, productos de carácter básico y alimentos.
Garantizar el reparto y suministro de medicamentos.
Llevar a cabo todos los trabajos de limpieza, desescombro y retirada de vehículos, maleza y objetos, al objeto de garantizar la accesibilidad de los afectados a sus domicilios y servicios públicos.
Potenciar las acciones encaminadas al restablecimiento de los servicios de suministro de energía y/o instalación de generadores, donde sea necesario.
Despliegue de los efectivos del ejército, que sean necesario, así como de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Dotar a los trabajadores de los equipos, vehículos, medidas de protección y recursos necesarios para llevar a cabo las intervenciones de emergencia de rescate y limpieza.
Agilización de los trámites y resolución de los expedientes para las concesiones de ayudas, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.
Permisos retribuidos para atender daños en las viviendas.
Recuperación de los días de permiso retribuido recuperable, de al menos cinco días.
Flexibilidad horaria para gestiones administrativas relacionadas con la catástrofe.
Aplicación de la modalidad de teletrabajo hasta que se reestablezca la normalidad.

Medidas en materia económica

Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios
Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
Líneas de crédito especiales para empresas y trabajadores autónomos afectados.
Ayuda para el transporte si el trabajador debe desplazarse a su centro de trabajo.

Medidas en materia fiscal:

Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al presente ejercicio presupuestario que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, prorrogable a los siguientes ejercicios.
Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al presente ejercicio presupuestario, a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales, cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, prorrogable a los siguientes ejercicios.
Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordinales anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción
Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se acuerde una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

En materia Laboral y de Seguridad Social:

Que todas las lesiones y fallecimientos ocasionados por la DANA ocurridos durante la jornada laboral y en el desplazamiento a su centro de trabajo se declaren como accidente de trabajo.
Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma se considerarán provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos. En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las emergencias, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
Para las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social se acuerde una moratoria de hasta, al menos, un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.
Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquélla en la forma que legalmente proceda.
Que el desempleo consumido en los ERTES de fuerza mayor temporal no reste al cómputo general de las personas trabajadoras que se acojan a esta figura.
Prohibición del despido por motivo o causa directa o indirecta de la DANA.

INFORME DE SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VALENCIA

Por otra parte, la situación de los servicios públicos en Valencia, provincia más afectada por las inundaciones, sigue siendo caótica, con imposibilidad de acceso a numerosos edificios públicos de la administración autonómica, centros educativos cerrados, juzgados paralizados, y los trabajadores de la Administración General del Estado (SEPE, Seguridad Social, entre otros teletrabajando) para garantizar el funcionamiento de las prestaciones a los ciudadanos. Además, las carreteras continúan con circulación cortada o restringida y siguen sin funcionar MetroValencia ni las Cercanías de Renfe.

En el ámbito sanitario hay 54 centros afectados y 12 completamente devastados que no pueden desarrollar la actividad. Las localidades afectadas tienen un punto de asistencia urgente reorganizando la atención programada en centros de salud cercanos. Se han puesto en marcha líneas de autobuses para garantizar la llegada del personal sanitario y todos los pueblos tienen puntos de atención sanitaria urgente.

En la educación destacamos la respuesta organizada a través de comités de emergencia formados por directivos, docentes, personal de mantenimiento y representantes de las familias. Además desde nuestra organización se han propuesto grupos de apoyo psicológico para ayudar tanto a estudiantes como a personal educativo que han sufrido el impacto emocional de esta situación.

En Instituciones Penitenciarias también se ha reclamado un refuerzo específico y de reorganización de turnos (con guardia de 24 horas y una jornada de descanso) teniendo en cuenta que los relevos de personal se demoran por la dificultad de los accesos a las prisiones.

Desde CSIF reclamamos apoyo para nuestros servicios básicos y agradecemos el esfuerzo de todos/as nuestros servidores públicos. La labor que están haciendo es encomiable en esta catástrofe, en muchos casos jugándose sus vidas. Su trabajo y sacrificio es impagable. Los empleados públicos siempre actúan con responsabilidad, profesionalidad y arrojo en momentos difíciles, como en esta ocasión y es justo reconocerlo.

CSIF transmite su apoyo de solidaridad a las víctimas y afectados por la DANA y ofrece personal y delegados del sindicato en las zonas afectadas

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 30 Oct 24 09:59:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, transmite todo su apoyo y solidaridad a las personas allegadas a las víctimas y en general a todas las personas afectadas por los efectos devastadores de la DANA en diferentes puntos de España, en especial en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía, donde hay que lamentar más de un centenar de víctimas.

La situación de los servicios públicos en Valencia, provincia más afectada por las inundaciones, es caótica: la Justicia está cerrada al 50%, personal de la Administración del Estado se encuentra teletrabajando con sus oficinas están destrozadas, y centros de salud acusan la falta de luz y de agua, con los medicamentos echándose a perder. En la Ribera hay personas que han trabajado más de 24 horas sin poder volver a sus casas, cubriendo turnos de compañeros que no han podido acudir a sus puestos de trabajo por los destrozos causados por la DANA.

Desde CSIF nos sumamos al luto nacional en estos trágicos momentos por las víctimas de la DANA y nos unimos al pésame por las personas fallecidas. Trabajadores del sindicato han guardado un minuto de silencio, especialmente en las provincias más afectadas por el temporal.

Nuestra organización pone en valor el trabajo heroico desempeñado por el personal de los servicios de Emergencias, Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UME en las labores de coordinación y rescate, en ocasiones jugándose su propia vida.

Los empleados públicos, siempre actúan con responsabilidad, profesionalidad y arrojo en momentos difíciles, como en esta ocasión y es justo reconocerlo. Desde nuestra organización, se ha puesto a disposición de las autoridades al personal del sindicato y delegados sindicales para colaborar en lo que sea necesario en las zonas afectadas, aportando su experiencia profesional.

En la provincia de Valencia, el presidente de CSIF en la Comunitat Valenciana, Rafael Cantó ha expresado “en estos momentos, especialmente complicados y dolorosos, nuestro apoyo tanto a los profesionales que están interviniendo en las zonas más damnificadas por los efectos del temporal como a los ciudadanos afectados por este desastre meteorológico”.

Desde CSIF seguiremos muy atentos a la evolución de la DANA en otros puntos de España, especialmente en Castellón y algunas zonas de Cataluña, donde se ha decretado la alerta roja por inclemencias meteorológicas.

CSIF denuncia la elevada estigmatización de los trabajadores con enfermedades de salud mental, la escasa inversión en los servicios públicos de salud y exige más recursos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 08 Oct 24 20:42:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Salud Mental este jueves 10 de octubre, bajo el lema “Derrumbando estigmas de salud mental en el ámbito laboral”. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización y denuncia de la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental y de la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

España cuenta con una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la media europea (18 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Por su parte, el número de psiquiatras en la sanidad pública también es limitado, lo que agrava el problema de una atención insuficiente.

El estigma de la salud mental en el trabajo consiste en que se tenga que ocultar en el ámbito laboral los problemas de salud mental por miedo a ser despedidos, discriminados, acosados o que pueda afectar a su carrera profesional. Supone un perjuicio grande para las organizaciones, puesto que es un indicador del clima laboral. Los profesionales no perciben que la empresa sea un lugar seguro donde poder expresar abiertamente que se tiene un problema de salud, influya o no en su rendimiento.

En España, alrededor del 19% de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, se estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como la depresión, la ansiedad o trastornos más graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Este número aumentó un 13,6% respecto al año anterior y es más del doble en comparación con las cifras de hace siete años. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país.

Rara vez una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias y falta apoyo psicológico a los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

En España, las cifras de suicidios son alarmantes año tras año; en 2023, según los datos provisionales del INE, se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres. Respecto a 2022 ha habido un ligero descenso de 6,5% pero las cifras reflejan que la gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, ya que fallecen una media de 11 personas al día.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio. Así, la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral. De esta manera, se debe constituir una red de apoyo profesional eficaz que haga una atención integral y de calidad. Consideramos que es prioritario también reforzar los servicios públicos de salud, como hemos solicitado a la ministra de Sanidad.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico por su situación laboral.

Para conocer más datos sobre promoción de salud y el bienestar laboral, CSIF ha lanzado la encuesta “¿Cómo te sientes?” para valorar la situación de los profesionales respecto a las medidas de promoción de la salud y bienestar laboral en las administraciones y empresas.

CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Programas de psicoeducación: gestión emocional, gestión de salud mental, etc.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concientización sobre la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y la violencia.
Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.

Segundo mes consecutivo de destrucción de empleo con un balance de 3.668 parados más

candido.de-la-cruz.alcaniz — Mon, 04 Mar 24 11:40:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el aumento de 345 desempleados en febrero en Castilla-La Mancha, que sitúa la cifra total de parados en 138.474 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La región se desmarca de la tendencia nacional de bajada generalizada del paro y es, por detrás de Aragón, Madrid y Navarra, la cuarta comunidad autónoma en la que más aumentó el desempleo en febrero. El balance en los dos primeros meses del año es negativo con una destrucción de 3.668 puestos de trabajo.

Asimismo, también se ha experimentado un descenso de la afiliación a la Seguridad Social, con una pérdida de 1.314 afiliados; entre los sectores que pierden peso, las actividades sanitarias y de servicios sociales cuentan con 161 afiliaciones menos.

Sobre la temporalidad, la Seguridad Social refleja que las mujeres soportan en mayor medida esta relación contractual: ocupan el 65,4% de los contratos temporales con jornadas parciales y el 58,3% de los contratos temporales a jornada completa, mientras que el porcentaje baja al 42,2% cuando se refiere a contratos indefinidos. En Castilla-La Mancha hay 90.395 mujeres en paro; representan el 65,2% del total de parados.

Para CSIF, la protección de los colectivos más vulnerables y el fortalecimiento de los servicios públicos es una prioridad, por lo que reclama la devolución de los más de 42 millones de euros concedidos por el Gobierno regional a CCOO y UGT desde 2015 (más de 60,2 millones de euros si se incluye la Cecam), subvenciones asociadas en parte a planes de empleo, para ser destinadas a fines sociales y a la creación de empleo estable y de calidad.

CSIF reclama el traslado inmediato de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 2 y 3 de Illescas por el mal estado del edificio

candido.de-la-cruz.alcaniz — Mon, 04 Mar 24 08:43:00 CET

Prensa y ComunicaciónCastilla-La Mancha - Administración de Justicia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ministerio de Justicia que ejecute el traslado inmediato de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 2 y nº 3 de Illescas (Toledo) por el mal estado del edificio que alberga ambas sedes judiciales.

El mal estado de conservación, el precario mantenimiento y el deterioro del forjado han provocado la aparición de unas enormes grietas a lo largo de la fachada lateral del inmueble ubicado en la calle de la cruz, las cuales han traspasado al interior y provocado el cierre y clausurado de parte de las dependencias. En concreto, permanecen cerradas la sala de vistas, el archivo y la sala para la atención a las víctimas de maltrato (el Juzgado nº 3 es competente en materia de violencia sobre la mujer).

El presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo, señala que “es la gota que colma el vaso, el edificio se hunde literalmente y lo único que hacen es cerrar unas dependencias. Existe un riesgo claro para la salud e integridad del personal de los juzgados y para los propios usuarios”.

CSIF denunciaba recientemente el estado del edificio de estas sedes judiciales, que presenta numerosas denuncias por incumplimiento de principios básicos de prevención de riesgos laborales, además de falta de recursos materiales como caja fuerte, armarios de seguridad o chalecos de seguridad antitrauma y anticorte.

“La dejadez y el olvido por parte del Ministerio de Justicia no sólo es evidente, sino que se está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores”, explica Pelayo.

La Central Sindical reclama asimismo celeridad para proceder al levantamiento de un Palacio de Justicia en Illescas que albergue los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la localidad toledana, al que se sumará un octavo el 31 de marzo; un proyecto cuya licitación está prevista para el segundo trimestre de este 2024. Hasta entonces, es preciso encontrar una nueva ubicación para los juzgados nº 2 y nº 3.