CSIF Cantabria denuncia que el aumento de la criminalidad en Torrelavega coincide con una Policía Local bajo mínimos

paula.celis.lopez — Fri, 25 Sep 26 10:30:00 CEST

Según los datos correspondientes a enero-junio de 2026, Torrelavega contabilizó 1.419 infracciones penales, un 32,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento afecta especialmente a algunos delitos relacionados con la seguridad ciudadana: los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que aumentan un 146,2%; el tráfico de drogas, un 133,3%; las sustracciones de vehículos, un 120%; los hurtos, un 52,3%, y los robos con violencia e intimidación, un 54,5%.

Para CSIF Cantabria, esto debe servir como una llamada de atención a las administraciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana y pone de manifiesto la necesidad de que Torrelavega disponga de una Policía Local con una plantilla suficiente para atender las necesidades de la población.

Sin embargo, señala el sindicato, estos datos contrastan con la situación actual de la Policía Local. La plantilla presupuestada ronda los 95 efectivos, mientras que actualmente no se alcanzan los 65. La situación es todavía más preocupante cuando se analiza la capacidad real de patrullaje: el número de efectivos disponibles en la calle ronda los 45, menos de la mitad de las plazas contempladas. A esta falta de personal se suma que seis agentes se han jubilado durante este año sin que se haya producido la correspondiente reposición de efectivos.

“La seguridad ciudadana necesita policías en la calle. No basta con tener plazas presupuestadas sobre el papel: hacen falta efectivos disponibles, turnos suficientemente dotados y medios para poder prestar el servicio”, subraya CSIF Cantabria.

El sindicato considera especialmente preocupante que, mientras aumentan determinados delitos, la capacidad operativa de la Policía Local se vea condicionada por la falta de efectivos, lo que, a su juicio, repercute en la presencia policial en las calles, la capacidad preventiva y la respuesta ante las incidencias.

La organización sindical denuncia además que, como represalia por las reclamaciones de los agentes para exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales existentes, el Ayuntamiento ha reducido en un 20% las horas extraordinarias disponibles, una decisión que, según CSIF, responde a criterios de ahorro pese a tratarse de servicios vinculados directamente a la seguridad ciudadana. Para el sindicato, esta medida resulta especialmente grave en un contexto de falta de efectivos y aumento de la criminalidad, ya que dificulta todavía más la cobertura de los servicios y limita la capacidad operativa de la Policía Local.

Desde CSIF Cantabria consideran que esta reducción supone una dificultad añadida para cubrir las necesidades del servicio y mantener una adecuada capacidad operativa cuando la plantilla ordinaria resulta insuficiente.

El sindicato señala asimismo que las asociaciones de vecinos vienen trasladando reiteradamente al equipo de Gobierno la necesidad de incrementar la presencia policial y reforzar los efectivos, especialmente en aquellas zonas de la ciudad donde se concentran mayores problemas de seguridad, sin que, a juicio del mismo, estas demandas hayan recibido hasta ahora una respuesta suficiente por parte del Ayuntamiento.

“Estamos ante una situación difícil de entender: mientras los datos reflejan un incremento muy importante de determinados delitos, la Policía Local tiene cada vez menos efectivos para realizar su trabajo. Presupuestar 95 plazas no sirve si en la práctica no se cubren y si en la calle no llegamos a 45 policías”, señala CSIF Cantabria.

Por todo ello, CSIF reclama al Ayuntamiento de Torrelavega la cobertura inmediata de las plazas vacantes, nuevas incorporaciones para compensar las jubilaciones y un refuerzo de los turnos con mayor demanda, además de una planificación de las horas extraordinarias que permita atender las necesidades reales del servicio.

“Torrelavega necesita una Policía Local dimensionada para la realidad de la ciudad. Los datos de criminalidad son una llamada de atención que el Ayuntamiento no puede ignorar. No se puede exigir más seguridad a una plantilla que cada vez tiene menos efectivos”, concluye CSIF Cantabria.

Victoria judicial de CSIF: Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Castro Urdiales a pagar por años de trabajo en categoría superior

paula.celis.lopez — Tue, 21 Oct 25 11:30:00 CEST

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria han obtenido una significativa victoria judicial en defensa de los derechos del personal funcionario en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander al conseguir que se estime íntegramente la demanda interpuesta por la asesoría jurídica de CSIF Cantabria contra el Ayuntamiento de Castro Urdiales por beneficiarse, de forma continuada, del trabajo en funciones superiores a una funcionaria sin reconocer su derecho a una retribución justa y se le condene a pagar a la trabajadora los intereses legales desde la fecha de la reclamación hasta que sea efectivo el abono de los mismos.

La funcionaria afectada, auxiliar administrativa (C2) de carrera adscrita al departamento de Personal/Recursos Humanos, venía realizando desde al menos 2009, de manera constante, habitual y reconocida, funciones propias del puesto de administrativo (C1), de mayor categoría, sin que el Ayuntamiento haya procedido ni a la formalización del nombramiento ni al abono de las diferencias retributivas correspondientes. Ante el silencio administrativo del Ayuntamiento a su solicitud presentada en junio de 2024, la afiliada, asistida por la Letrada de CSIF, acudió a los tribunales.

La sentencia reconoce que la trabajadora ha ejercido de forma habitual, constante y con responsabilidad funciones propias de un administrativo, sin que ello pueda considerarse una situación puntual o accidental y su derecho a percibir las diferencias salariales entre su puesto oficial y las funciones realmente desempeñadas, en el período no prescrito —esto es, desde junio de 2020 hasta junio de 2024—. El fallo se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la normativa aplicable tanto a nivel estatal como local, que vincula las retribuciones complementarias a las funciones efectivamente realizadas, con independencia de que haya existido o no un nombramiento formal.

Entre otros aspectos, el juzgado valora como prueba determinante un informe de la Secretaría del propio Ayuntamiento, así como declaraciones testificales, que confirman la asunción de funciones de mayor responsabilidad propias de la categoría superior, desarrolladas de forma continuada y estructural, y no de forma puntual u ocasional.

El fallo condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a abonar a la funcionaria las diferencias retributivas correspondientes a los últimos cuatro años no prescritos más los intereses legales desde la fecha de la reclamación hasta el pago efectivo. Además, el Juzgado impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales hasta un máximo de 500 euros.

La resolución judicial decreta que no es necesario un nombramiento formal cuando existe una realidad sostenida y reconocida de desempeño efectivo de funciones superiores, y recuerda que la administración no puede aprovecharse de estas situaciones irregulares que ella misma ha consentido o provocado. Así, este fallo, que reconoce una situación jurídica individualizada, es susceptible de extensión de efectos a otros empleados públicos en circunstancias similares, tal y como establece el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Desde CSIF Cantabria, se valora esta sentencia “como un precedente muy relevante” y anima a todos los empleados públicos que se encuentren en situaciones análogas a ponerse en contacto con su asesoría jurídica.

“No se puede permitir que la Administración se beneficie de forma continuada del trabajo en funciones superiores sin reconocer el derecho a una retribución justa. Esta sentencia es un paso más en la lucha contra el abuso estructural de funciones no reconocidas en la Administración Local”, ha declarado el equipo jurídico de CSIF Cantabria.

Cantabria - Administración Local

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