Cantabria - Administración de Justicia

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

PROTOCOLO ESTRES TERMICO

cesareo.bustamante.velez — Wed, 27 May 26 13:46:00 CEST

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La Dirección General de Justicia ha publicado en la Intranet un protocolo de medidas paliativas y preventivas ante situaciones de estres térmico en el ámbito de la Administración de Justicia en Cantabria.

En dicho documento, se plantean las siguientes medidas dependiendo de la temperatura que exista en las oficinas judiciales:

Temperatura por encima de los 27° C o por debajo de los 17°C las oficinas judiciales:

Reducción de la jornada laboral de 09:00 a 14:00, sin perjuicio de la cobertura del servicio de guardia y a la atención del servicio de recepción de documentos.
Realización de pausas de quince minutos cada dos horas de trabajo.

Temperatura por encima de los 30°C o por debajo de los 15°C, las oficinas judiciales aplicarán las siguientes medidas:

Reducción de la jornada laboral de 09:00 a 14:00, sin perjuicio de la cobertura del servicio de guardia y a la atención del servicio de recepción de documentos y realización de pausas de quince minutos cada dos horas de trabajo
Determinar la rotación de horario presencial de los funcionarios que integran la oficina judicial, fijando un máximo de permanencia en las sedes por un periodo máximo de 2 horas y media, garantizando que los servicios permanezcan abiertos al público entre las 9.00 y las 14.00 horas. Se garantizará la prestación de asistencia a las salas de vistas y así como la cobertura del servicio de guardia y del servicio de recepción de documentos.

Temperatura por encima de los 33°C o por debajo de los 12°C:

Se clausurará el espacio afectado como área de actividad donde puedan permanecer funcionarios/se, operadores jurídicos y personas usuarias de las instalaciones por un tiempo prolongado de tiempo.

Además, aquellas personas que por sus condiciones físicas y de salud acreditables manifiesten mayor sensibilidad e intolerancia al calor estarán exentas de presencialidad en su puesto de trabajo desde se midan los 27° en el espacio judicial en que se ubique el puesto de trabajo.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA SEDE DEL ICAP

cesareo.bustamante.velez — Thu, 07 May 26 14:26:00 CEST

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El día 21 de mayo se realizará un curso de Primeros Auxilios en la sede del ICAP en la Concha de Villaescusa.

Os apuntamos la nota informativa publicada por la Dirección General:

El día 21 de mayo habrá un CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS en la sede del ICAP en la Concha de Villaescusa en horario de 8:30 a 14:30, hay 15 plazas para el personal de la DG de Justicia y Víctimas del Terrorismo. Las personas que estéis interesadas, podéis comunicarlo a través del correo justiciaprevencionrl@cantabria.es indicando: nombre, apellidos y sede judicial. El aviso es con tan poco margen, por lo que os agradecería que contestaseis lo antes posible.

CSIF solicita el arreglo de los sistemas de aire acondicionado y otras deficiencias en las sedes judiciales

cesareo.bustamante.velez — Mon, 27 Apr 26 11:58:00 CEST

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Ante la inminente llegada del buen tiempo, CSIF ha presentado escrito a la Dirección General de Justica volviendo a reiterar el arreglo de los sistemas de refrigeración de las sedes judiciales.

Además, hemos dado trasladado a la Dirección General de Justicia de varios desperfectos que están pendientes de arreglo en el edificio "Europa".

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF insiste en la obligación de medición del gas radón en los centros de trabajo de localidades incluidas en la nueva Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

encarna.abascal.perez — Mon, 05 May 25 10:12:00 CEST

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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó la instrucción IS-47, el pasado 9 de abril, por la que se establece el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, y se establecen las directrices para las mediciones de este gas radiactivo natural en el interior de los centros de trabajo ubicados en ellos, obligando a su cálculo.

El radón es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del uranio, que se encuentra presente en la naturaleza. Y que, además, es un factor de riesgo a tener en cuenta ante la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Cuando el gas se encuentra al aire libre, no tiene ningún peligro, pero sí cuando se acumula en interiores, porque el radón se aloja en partículas en suspensión, que luego respiramos y quedan fijadas en pulmones, tráquea... pudiendo afectar a la salud de los trabajadores.

Desde el 20 de junio de 2024 las empresas e instituciones públicas (escuelas, instituciones penitenciarias, centros sanitarios, ayuntamientos, etc.) estaban ya obligadas a medir el nivel de radón en las localidades con altas concentraciones de radón, concretamente en los centros de trabajo situados en planta baja o rasante. Desde CSIF hemos exigido que se llevaran a cabo las actuaciones necesarias para proteger a los trabajadores expuestos en varias localidades afectadas, consiguiendo en varias de ellas que se realicen.

Se deben llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. En España, la concentración de radón se mide en becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), y el valor límite recomendado por el CSN es de 300 Bq/m³ en interiores, aunque la OMS recomienda tomar medidas a partir de concentraciones superiores a 100 Bq/m³.
Entre las medidas para controlar los niveles de gas radón pueden incluir la mejora de la ventilación, el sellado de grietas y agujeros en las paredes y el suelo, la instalación de sistemas de extracción de aire y la construcción de barreras físicas para impedir la entrada de radón en las instalaciones.

Las empresas o propietarios de las instalaciones públicas que no cumplan con estas medidas pueden ser acusados de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo o de lesiones o homicidios imprudentes en caso de que se produzcan daños a los trabajadores o usuarios. Las penas previstas para estos delitos incluyen penas de prisión, multas económicas y la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales.

La instrucción del CSN desarrolla técnicamente lo ya dispuesto en el Reglamento de protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RD 1029/2022). Requiere que los titulares de las actividades laborales que se desarrollen en lugares de trabajo situados en plantas bajas y plantas bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria midan la concentración de radón en aire en todas las zonas en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre.

En base a las mediciones realizadas por el CSN, existe un listado de municipios clasificados en zona I y zona II en función de la probabilidad significativa de que los edificios allí construidos "sin soluciones específicas de protección" presenten concentraciones de gas radón superiores al nivel de referencia.

La instrucción identifica la relación de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, a los efectos del artículo 79 del Reglamento de Protección de la Salud sobre los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSI), son los incluidos como «Zona II» en el Apéndice B de la Sección HS6 del Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 732/2019 del Código Técnico de la Edificación y desarrolla el reglamento. El listado enumera los municipios afectados en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ciudad Autónoma de Ceuta, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia, País Vasco y Asturias.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han formalizado un convenio de colaboración que establece mecanismos específicos para que la ITSS notifique al CSN sobre posibles situaciones de riesgo e incumplimientos de la normativa de protección radiológica relacionada con el gas radón.

Desde CSIF seguiremos exigiendo en los más de 1.600 municipios de España que tienen una radiación natural elevada (zona II, que figura en el mapa del CSN) que se lleven a cabo las mediciones frente a la exposición a radón y se garantice protección de los profesionales en los centros de trabajo afectados.

TODO X LA SALUD LABORAL

Ley 2/2025 en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

encarna.abascal.perez — Wed, 30 Apr 25 11:46:00 CEST

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CSIF te informa sobre el resumen de las principales novedades respecto a la Incapacidad Permanente:

1. No se extingue automáticamente el contrato por incapacidad permanente

Antes, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez implicaba automáticamente la extinción del contrato. Ahora solo podrá extinguirse si se cumplen ciertas condiciones:

La persona trabajadora no desea continuar.
No es posible realizar ajustes razonables para mantener el empleo, y esos ajustes suponen una carga excesiva para la empresa.
No existe un puesto vacante y compatible con la nueva situación.
La persona trabajadora rechaza el cambio de puesto adecuado que se le ofrezca.

2. Periodo de suspensión del contrato

El artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores se modifica para establecer que, en caso de previsión de mejoría o mientras se valoran los ajustes o el cambio de puesto, se mantiene la suspensión del contrato hasta 2 años con reserva del puesto de trabajo.

3. Plazos

La persona trabajadora tiene 10 días naturales desde que se le comunica la incapacidad para manifestar su voluntad de continuar.
La empresa dispone de 3 meses para hacer los ajustes o formalizar la extinción, motivada y por escrito.

4. Criterios para considerar carga excesivo

Se evaluará en función del tamaño, recursos y volumen de negocio de la empresa. Para empresas de menos de 25 empleados, se considerará excesiva si el coste supera:

La indemnización prevista por despido improcedente.
O seis meses de salario.

5. Compatibilidad con la Seguridad Social

Se modifica también la Ley General de la Seguridad Social. En caso de mantenimiento del puesto adaptado o cambio a otro compatible, la prestación de incapacidad permanente se suspenderá. El Gobierno deberá reformar la normativa sobre compatibilidad entre pensión y trabajo en un plazo de 6 meses.

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

CSIF denuncia la elevada estigmatización de los trabajadores con enfermedades de salud mental, la escasa inversión en los servicios públicos de salud y exige más recursos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 08 Oct 24 20:42:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Salud Mental este jueves 10 de octubre, bajo el lema “Derrumbando estigmas de salud mental en el ámbito laboral”. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización y denuncia de la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental y de la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

España cuenta con una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la media europea (18 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Por su parte, el número de psiquiatras en la sanidad pública también es limitado, lo que agrava el problema de una atención insuficiente.

El estigma de la salud mental en el trabajo consiste en que se tenga que ocultar en el ámbito laboral los problemas de salud mental por miedo a ser despedidos, discriminados, acosados o que pueda afectar a su carrera profesional. Supone un perjuicio grande para las organizaciones, puesto que es un indicador del clima laboral. Los profesionales no perciben que la empresa sea un lugar seguro donde poder expresar abiertamente que se tiene un problema de salud, influya o no en su rendimiento.

En España, alrededor del 19% de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, se estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como la depresión, la ansiedad o trastornos más graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Este número aumentó un 13,6% respecto al año anterior y es más del doble en comparación con las cifras de hace siete años. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país.

Rara vez una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias y falta apoyo psicológico a los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

En España, las cifras de suicidios son alarmantes año tras año; en 2023, según los datos provisionales del INE, se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres. Respecto a 2022 ha habido un ligero descenso de 6,5% pero las cifras reflejan que la gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, ya que fallecen una media de 11 personas al día.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio. Así, la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral. De esta manera, se debe constituir una red de apoyo profesional eficaz que haga una atención integral y de calidad. Consideramos que es prioritario también reforzar los servicios públicos de salud, como hemos solicitado a la ministra de Sanidad.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico por su situación laboral.

Para conocer más datos sobre promoción de salud y el bienestar laboral, CSIF ha lanzado la encuesta “¿Cómo te sientes?” para valorar la situación de los profesionales respecto a las medidas de promoción de la salud y bienestar laboral en las administraciones y empresas.

CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Programas de psicoeducación: gestión emocional, gestión de salud mental, etc.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concientización sobre la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y la violencia.
Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.