Canarias - Administración General del Estado

Función Pública oculta a los sindicatos la Oferta de Empleo Público, con una Administración desbordada por el proceso de regularización

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 22 Apr 26 15:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, no puede valorar la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 dado que el Ministerio oculta a los sindicatos las cifras y el reparto de personal.

Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna. Así, exigimos los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros.

Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la aplicación de la jornada de 35 horas semanales debe de ir acompañada de un refuerzo de efectivos, teniendo en cuenta la reducción horaria.

CSIF ya rechazó la OEP del año anterior, que ascendió a 36.588 plazas, tanto en turno libre como en promoción interna, (3.558 plazas menos que en 2024), invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años.

Nos tememos que, una vez más, la oferta impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias.

De las conversaciones con Función Pública únicamente hemos conocido las siguientes líneas:

- Compromiso de creación de empleo neto, pero sin concretar cuánto ni en qué ámbitos.

- ⁠Valoración de las políticas públicas prioritarias (atención al público, entre otros), con una oferta extraordinaria para Transición Ecológica para prevención, reconstrucción y ayuda, en las políticas relacionadas con el cambio climático.

- ⁠Compromiso de resolución anual de los procesos de personal laboral. En el plazo de 2 meses se convoca la oferta acumulada 2023 (que está a punto de caducar) y 2024. Se da la circunstancia de que aún no se han convocado las ofertas de los tres últimos años y que ascienden a 5.765 plazas de turno libre y 3.238 de promoción interna.

- ⁠Compromiso de mejora de los procesos selectivos con elaboración de informes obligatorios sobre aquellos que no hubieran cubierto más del 75% de las plazas.

- ⁠Revisión del acuerdo de promoción interna por el fracaso en la cobertura de las plazas ofertadas. Para esta cuestión, se convocará un grupo de trabajo dentro de quince días.

- ⁠Potenciar las competencias digitales, con la introducción de módulos obligatorios en los cursos selectivos.

CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesCanarias - Administración General del Estado Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

La plantilla de la AEAT, convocada por CSIF, se moviliza en toda España para reclamar más personal, carrera profesional y teletrabajo

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 08 Jun 26 03:33:00 CEST

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado hoy lunes un paro de 24 horas convocado por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Agencia.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio; y están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

CSIF denuncia el caos informático en la Dirección General de Policía para expedir documentos: la regularización de extranjeros puede colapsar

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 11:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

CSIF Canarias se manifiesta por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

sergio.agrella.galvan — Wed, 17 Jun 26 13:51:00 CEST

CSIF Canarias se moviliza frente al INSS

Concentraciones en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

por el incumplimiento de los acuerdos laborales en la Seguridad Social

Hoy, 17 de junio de 2026, nos concentramos frente a las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, para denunciar el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional.

Además, las productividades no se han actualizado como al resto de organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener talento.

Las movilizaciones se mantendrán hasta que el Ministerio cumpla los acuerdos y garantice el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar: queremos atender a los ciudadanos, pero no nos dejan.

El Código en Prevención de Riesgos Laborales actualizado a 4/1/2023

admin — Wed, 15 Feb 23 20:18:00 CET

NormativaDecretosLeyes y Decretos LeyReglamentosPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralCanarias - Administración General del Estado Image

CSIF TE INFORMA

El Código en Prevención de Riesgos Laborales actualizado a 4/1/2023.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), informa que la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado publicó una edición actualizada del Código electrónico sobre Prevención de Riesgos Laborales a 4 de enero de 2023, donde se recopila la legislación vigente del derecho español en materia preventiva.

Está disponible para consulta electrónica o descarga a través de este enlace: Código de Prevención de Riegos Laborales.

Igualmente, ponemos a disposición la revista de CSIF sobre normativa en Prevención de Riesgos Laborales.

Ver revista en Revista CSIF sobre normativa en Prevención de Riesgos Laborales

Más información en nuestra sección: Prevención.

Canarias, a 15 de febrero de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Uso de la mascarilla a partir del 8/2/2023 (Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero)

admin — Wed, 08 Feb 23 16:16:00 CET

NormativaDecretosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralCanarias - Administración General del Estado Image

CSIF TE INFORMA

Uso de la mascarilla a partir del 8/2/2023 (Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero).

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 33 de fecha 8 de febrero de 2023, el Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Descargar cartel.

Extracto del texto normativo:

“... DISPONGO: Artículo único. Modificación de los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La obligación de uso de mascarillas, hasta ahora regulada en el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dispuesta en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda establecida en lo sucesivo en los siguientes términos: 1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: a) En los centros y servicios sanitarios, en las oficinas de farmacia y en botiquines, según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación. b) En los centros sociosanitarios, las personas que trabajen en ellos siempre que estén en contacto con personas residentes o en zonas compartidas con esas personas y los visitantes cuando estén en zonas compartidas. 2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos: a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. b) De acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, en el caso de que el uso de la mascarilla resulte incompatible con la naturaleza propia de las actividades. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» ...”

Ver el Real Decreto completo en BOE nº 33 de fecha 8 de febrero de 2023.

Más información en:

Canarias, a 8 de febrero de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Nuevos trámites en situación de Incapacidad Temporal que se aplicará desde el día 1 de abril de 2023 (RD 1060/2022)

admin — Mon, 09 Jan 23 19:35:00 CET

CSIF TE INFORMA

Nuevos trámites en situación de Incapacidad Temporal que se aplicará desde el día 1 de abril de 2023 (RD 1060/2022).

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 4 de fecha 5 de enero de 2023, el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

CSIF te informa sobre los nuevos trámites en situación de Incapacidad Temporal que se aplicará desde el día 1 de abril, salvo en los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en la Administración de Justicia. Solo afecta a INSS, ya no tendrán que entregar a la empresa el parte de baja médica del Servicio Público de Salud o de la Mutua.

Recuerda que hasta ahora el médico te entregaba dos copias, una para ti como trabajador y otra que debías entregar a la empresa en un plazo máximo de 3 días. Pues bien, a partir de ahora, será telemático.

ENTRADA EN VIGOR EN 3 MESES (el día primero del tercer mes siguiente al de su publicación en el BOE), por lo tanto, ya no tendrá que utilizar los modelos de nuestro aparatado Presentación de partes de incapacidad temporal por contingencias comunes.

En el mismo RD se indican los distintos procedimientos dependiendo del tiempo estimado de baja, esto es, se fija que del día 1 al 4, los partes serán con fecha determinada de baja y alta en el mismo parte, no obstante, la persona trabajadora podrá solicitar que se realice un reconocimiento médico para el día que se haya fijado como fecha de alta y el facultativo tendrá la potestad de emitir un parte de confirmación de baja.

De entre los días 5 al 30 se emitirá el parte de baja, consignando en el mismo la fecha de revisión médica, que en ningún caso excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En esta fecha se extenderá el parte de alta o en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 14 días naturales entre sí.

De entre los días 31 al 60, el facultativo de la Seguridad Social o de la empresa colaborada o mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de revisión médica que, no excederá en mas de 7 días naturales desde el inicio de la baja, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente primer parte de confirmación, o sucesivos cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 28 días naturales entre sí.

De entre los 61 días o más se emitirá el parte de baja en el se fijará la fecha de revisión médica prevista que no podrá exceder de los 14 días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este, los sucesivos partes de baja no podrá emitirse con una diferencia de más de 35 días naturales.

Descargar cartel.

Extracto del texto normativo:

“... DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, queda modificado como sigue:
«Uno. El apartado 3 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo: «3. Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite. A estos efectos se establecen cuatro grupos de procesos: a) En los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico. El facultativo, en función de cuando prevea que la persona trabajadora va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los tres días naturales siguientes a esta. No obstante, la persona trabajadora podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá emitir el parte de confirmación de la baja si considerase que la persona trabajadora no ha recuperado su capacidad laboral. b) En los procesos de duración estimada de entre cinco y treinta días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí. c) En los procesos de duración estimada de entre treinta y uno y sesenta días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de veintiocho días naturales entre sí. d) En los procesos de duración estimada de sesenta y uno o más días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja, en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en más de catorce días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí. En cualquiera de los procesos contemplados en este apartado, el facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrá fijar la correspondiente revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso.» Dos. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo: «3. Cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada en el plazo de cinco días establecido en el apartado anterior, la mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las competencias previstas en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. La entidad gestora resolverá en el plazo de cuatro días siguientes a su recepción, efectuando las comunicaciones previstas en el artículo 7.4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, realizarán el seguimiento del comportamiento del nuevo procedimiento de gestión y control de los procesos por incapacidad temporal. Asimismo, ambas entidades realizarán el seguimiento del grado de motivación clínica de las propuestas de alta de las mutuas y de respuesta de la inspección médica de los servicios públicos de salud o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, así como el grado de cumplimiento de los plazos de las distintas entidades en lo que se refiere a las propuestas de alta. En caso de que se detectasen retrasos significativos, se propondrán medidas adicionales que aseguren que el procedimiento se desarrolle con el necesario grado de celeridad.» Tres. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 7. Tramitación de los partes médicos y expedición de altas médicas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina. 1. El facultativo que expida el parte médico de baja, confirmación o alta entregará a la persona trabajadora una copia de este. El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición. 2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua, referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso, de lo previsto en el párrafo siguiente. Las empresas tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica, los datos que se determinen mediante orden ministerial. La citada transmisión no será obligatoria cuando la persona trabajadora pertenezca a algún colectivo respecto del cual la empresa o empleador no tenga obligación de incorporarse al sistema RED. El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir, en su caso, una infracción de las tipificadas en el artículo 21.4 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social dará el trámite que corresponda a los partes médicos y a los datos comunicados por las empresas que vayan destinados a él mismo y, a su vez, también mediante los medios informáticos previstos en el artículo 2.5, distribuirá y reenviará de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su recepción, los datos destinados al Instituto Social de la Marina y a las mutuas, según la entidad a quien corresponda la gestión de la prestación. El Instituto Nacional de la Seguridad Social facilitará a la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que se precise, los datos de las personas trabajadoras que se encuentran en situación de incapacidad temporal con o sin derecho a prestación económica durante cada período de liquidación de cuotas, con el fin de que dicho servicio común lleve a cabo las actuaciones necesarias para que en la liquidación de cuotas de la Seguridad Social se compensen, en su caso, las cantidades satisfechas a las personas trabajadoras en el pago por delegación de dicha prestación. Esta comunicación entre entidades será necesaria, en todo caso, para que la Tesorería General de la Seguridad Social aplique las citadas compensaciones en la liquidación de cuotas. Cuando el empresario hubiese abonado a una persona trabajadora una prestación de incapacidad temporal en pago delegado, sin haberse compensado dicho importe mediante su deducción de las liquidaciones para el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social, podrá solicitar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ante el Instituto Social de la Marina o ante la mutua, según cuál sea la entidad competente para la gestión de la prestación, el reintegro de las cantidades abonadas a la persona trabajadora por tal concepto y no deducidas. 4. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el parte médico de alta sea expedido por el inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, estas entidades trasladarán los datos contenidos en el parte de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de dicha expedición, al correspondiente servicio público de salud para su conocimiento y también a la mutua, en el caso de personas trabajadoras protegidas por la misma, con la finalidad de que esta dicte acuerdo declarando extinguido el derecho por causa del alta, sus motivos y efectos, y notifique el acuerdo a la empresa. Asimismo, el inspector médico entregará una copia del parte a la persona trabajadora, para su conocimiento, expresándole la obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente al de la expedición. La entidad gestora comunicará a la empresa, para su conocimiento, los datos meramente administrativos de los partes de alta médica de sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su expedición. 5. Cuando en un proceso de incapacidad temporal se haya expedido el parte médico de alta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, por el Instituto Social de la Marina, a través de los inspectores médicos de dichas entidades, durante los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha en que se expidió el alta, serán estas entidades las únicas competentes, a través de sus propios médicos, para emitir una nueva baja médica por la misma o similar patología.»
Disposición transitoria única. Procesos en curso. Las previsiones introducidas por este real decreto serán de aplicación, a partir de su entrada en vigor, a los procesos que en ese momento se encuentren en curso y no hayan superado los 365 días de duración. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día primero del tercer mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver el Real Decreto completo en BOE nº 4.

Canarias, a 9 de enero de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

AEAT-CSIF CONSIGUE QUE LA AEAT ESTIME EN VÍA ADMINISTRATIVA EL ABONO DE DIETAS POR ASISTENCIA A EXÁMENES DE PROMOC. INTERNA

admin — Fri, 23 Dec 22 10:02:03 CET

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Adjuntamos la nota informativa: CSIF CONSIGUE QUE LA AEAT ESTIME EN VÍA ADMINISTRATIVA EL ABONO DE DIETAS POR ASISTENCIA A EXÁMENES DE PROMOC. INTERNA.

AEAT-EL TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA EN LA AGE OTRA PROMESA SIN CUMPLIR

admin — Wed, 08 Jun 22 09:34:09 CEST

Boletines y publicaciones CSIFNegociaciones y acuerdosNormativaDecretosÓrdenesPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de AEATCanarias - Administración General del Estado Image

Adjuntamos la nota informativa: EL TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA EN LA AGE OTRA PROMESA SIN CUMPLIR.

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

admin — Wed, 09 Feb 22 21:41:00 CET

CSIF TE INFORMA

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 34 de fecha 9 de febrero de 2022, el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Descargar cartel.

Extracto del texto normativo:

“... DISPONGO: Artículo único. Modificación de los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La obligación del uso de mascarillas, hasta ahora regulada en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda establecida en lo sucesivo en los siguientes términos: «1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: a) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. b) En los eventos multitudinarios que tienen lugar en espacios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. c) En los medios de transporte aéreo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En espacios cerrados de buques y embarcaciones cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, salvo grupos de convivientes. 2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos: a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. c) En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas mayores o con discapacidad, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones tengan coberturas de vacunación contra el SARS-CoV-2 superiores al 80 % con pauta completa y de la dosis de recuerdo, acreditado por la autoridad sanitaria competente. Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos, ni a los trabajadores de los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad, ya que en este caso sí es obligatorio el uso de mascarilla.» Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver el Real Decreto completo en BOC nº 34 de fecha 9 de febrero de 2022.

Más información en:

Canarias, a 9 de febrero de 2022.

CSIF, sector autonómico de Canarias