Andalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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CSIF firma el acuerdo para la mejora del empleo público por el que se actualizarán las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 09 Dec 25 09:46:00 CET

Rubricado este martes en un acto en el Palacio de San Telmo, el acuerdo permitirá además modernizar y agilizar la Administración
El sindicato velará por su cumplimiento íntegro y se reservará las medidas necesarias para ello

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración andaluza, ha firmado este martes el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía por el que, entre otras medidas, se actualizarán las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía. El documento ha sido rubricado en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo al que han asistido el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y representantes de las organizaciones sindicales firmantes.

El acuerdo, que desarrolla la Ley de Función Pública y tiene vigencia para el período 2026-2030, sienta las bases para transformar la Administración pública, refuerza la estabilidad laboral y supone una mejora retributiva del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha señalado que este acuerdo supone “una mejora real de las condiciones laborales en varios ámbitos del sector público andaluz y demuestra que cuando hay voluntad de diálogo y compromiso pueden alcanzarse soluciones que dignifican al personal y fortalece los servicios públicos”; no obstante, ha aclarado que “el camino no ha sido fácil” y ha recordado que la movilización de CSIF el pasado 5 de noviembre ante el Palacio de San Telmo fue fundamental para desbloquear la negociación entre el Gobierno andaluz y otras organizaciones sindicales.

Para CSIF la firma de este acuerdo representa un compromiso institucional sólido entre la Junta de Andalucía y los representantes de las trabajadoras y trabajadores con el dialogo social y la negociación colectiva como única vía para contar con una Administración de calidad, más moderna, ágil y eficiente; asimismo, fija una hoja de ruta común para mejorar las condiciones laborales del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, la Administración de Justicia y el Sector Público Instrumental, ya que les permitirá avanzar en sus derechos y retribuciones mediante la carrera profesional, la evaluación del desempleo, la productividad, la finalización del VII convenio del personal laboral y la actualización de convenios colectivos en los entes instrumentales, entre otras cuestiones.

En esta misma línea, el acuerdo permite la recuperación progresiva del derecho a la acción social, suspendido desde 2012, así como el impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de puestos y vacantes y la implantación de un nuevo modelo de prevención y salud laboral. Además, la formación continua por competencias es otro de los compromisos estratégicos que se marca este acuerdo.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía ha señalado que la firma de este martes “es un buen punto de partida y un modelo que debe extenderse al resto de ámbitos de la Administración andaluza”. Moreno ha añadido que este acuerdo “no solo afectará positivamente a las condiciones laborales del personal empleado público al que será de aplicación, sino a toda la ciudadanía, pues será una palanca de transformación para responder eficazmente a los retos que la sociedad andaluza demanda.”

Por último, la Central Sindical ha subrayado que con el acuerdo se ha dado un paso “realista y evaluable” en el empleo público de la Administración andaluza al contemplar compromisos presupuestario y la creación de una comisión paritaria entre Junta y sindicatos para supervisar su cumplimiento y que se reunirá semestralmente.

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF firma un acuerdo clave para implantar la carrera horizontal y un modelo de evaluación más garantista para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía

margarita.sanchez.mingo — Mon, 26 Jan 26 10:18:00 CET

Rubricado este lunes en un acto en el Palacio de San Telmo, refuerza el reconocimiento al esfuerzo y la profesionalidad de las empleadas y empleados públicos
Mejora la valoración del desempeño de los trabajadores con un sistema más participativo y transparente, como había solicitado la Central Sindical

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado este lunes un acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) que garantiza el acceso a la carrera profesional, la evaluación del desempeño y las mejoras retributivas a las y los 20.000 funcionarios que desarrollan su labor en dicho ámbito. El documento ha sido rubricado en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo y al que han asistido el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y representantes de las organizaciones sindicales firmantes.

Este acuerdo sectorial, que desarrolla la Ley de Función Pública y tiene vigencia para el período 2026-2030, profundiza en el ya alcanzado en Mesa General de Negociación Común, donde CSIF es la primera fuerza sindical, y que se firmó el pasado 9 de diciembre para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad de Andalucía. Ambos acuerdos, fruto del trabajo y la presión ejercida por CSIF, tienen como objetivo reforzar la estabilidad laboral y suponen una mejora retributiva para el personal.

La presidenta del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF, Isabel Pacheco, ha indicado que el acuerdo “desarrolla un modelo de carrera horizontal y de evaluación del desempeño que reconoce la progresión, el compromiso y la contribución del personal funcionario a la calidad de los servicios públicos”. La responsable sindical también ha señalado que la firma consolida un sistema de promoción y retribución “más justo, motivador y transparente”, una reivindicación reiterada por la Central Sindical durante todo el periodo de negociación.

Para CSIF, la firma de este acuerdo era un paso imprescindible para vincular jurídicamente a la Administración andaluza al cumplimiento de los compromisos asumidos tanto en la Mesa General de Negociación como en la Mesa Sectorial y asegurar su ejecución en su totalidad y con garantías.

El documento recoge que el acceso a la carrera profesional se articulará por tramos, en concreto seis, que se vinculan al reconocimiento de la trayectoria profesional y a la valoración del desempeño. Con esta medida se reconoce la petición de CSIF de no discriminar al personal funcionario que haya promocionado tras trabajar en grupos anteriores; asimismo, se habilita una convocatoria extraordinaria para poder acceder directamente a los tramos V y VI, siempre que se cumplan los requisitos de antigüedad. El acuerdo recoge también que el personal interino podrá acceder a la carrera horizontal en los mismos términos que el personal funcionario de carrera.

En cuanto a la evaluación del desempeño, la rúbrica incorpora un nuevo sistema que, a juicio de la Central Sindical, es “más garantista, participativo y transparente”. En este sentido, entre las medidas del acuerdo, destaca que la autoevaluación del personal funcionario cobra protagonismo, que una persona colaboradora participará en dichas tareas como apoyo al personal evaluador y que habrá presencia sindical, con voz pero sin voto, en el órgano técnico de revisión, lo que “sin duda reforzará la transparencia y el control del proceso”.

Cobro progresivo de complementos

La Central Sindical, además, ha destacado que el acuerdo asegura que “ningún empleado público perderá poder adquisitivo, estableciéndose de forma progresiva el cobro de los complementos”. En este sentido, el de carrera horizontal se implantará entre 2026 y 2030 y el del desempeño entre 2028 y 2030, garantizándose que en 2029 estén consolidados los cuatro primeros tramos de carrera y en 2030 la totalidad del complemento referido al desempeño.

Por último, el sindicato ha subrayado que el acuerdo supone un “logro sindical de primer orden, fruto de la voluntad de diálogo y de la negociación colectiva como única vía para contar con una administración de calidad, moderna y eficiente”. A juicio de Pacheco, “la firma es un paso que nos acerca a este objetivo común, pero no hemos terminado, puesto que es imprescindible seguir avanzando, construyendo y extendiendo este modelo consensuado al resto de ámbitos de la Administración andaluza”.

CSIF exige a la Junta de Andalucía que agilice la tramitación de jubilaciones parciales del personal laboral tras el desbloqueo de la normativa estatal

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 01 Jul 26 10:14:00 CEST

El sindicato reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Convenio y la reactivación inmediata de las solicitudes paralizadas en la Administración autonómica
La organización seguirá reivindicando que este derecho se extienda al personal funcionario y al de la Sanidad, que lo tienen limitado desde 2012

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a la Junta de Andalucía que agilice de forma inmediata la tramitación de las jubilaciones parciales del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 19/2026, de medidas urgentes en esta materia.

Este nuevo marco normativo estatal, aprobado en Consejo de Ministros, desbloquea una situación que había generado un importante perjuicio para el personal laboral de las administraciones públicas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024, derivado del acuerdo social firmado por el Gobierno central con CCOO y UGT. Esta normativa impedía en la práctica el acceso a este derecho al exigir la contratación del personal relevista indefinido a jornada completa, una fórmula incompatible con la gestión ordinaria de las ofertas de empleo público.

En este sentido, CSIF Andalucía ha presentado un escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública en el que reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Convenio correspondiente, con el objetivo de establecer las instrucciones de gestión necesarias que permitan la aplicación inmediata del nuevo Real Decreto-ley.

El sindicato ha advertido de que el nuevo texto legal habilita expresamente la contratación temporal de personal relevista, lo que dota a la Junta de Andalucía de las herramientas jurídicas necesarias para desatascar las solicitudes de jubilación parcial que permanecen bloqueadas desde hace más de un año.

“Es una cuestión de justicia social proceder sin más dilaciones a la adaptación de los procedimientos internos, así como a la agilización y desatasco de todas las solicitudes que quedaron paralizadas por la interpretación restrictiva de la normativa anterior, evitando así perjuicios adicionales al personal laboral fijo que cumple los requisitos establecidos”, ha expresado la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco.

Asimismo, el sindicato reclama la dotación presupuestaria y de recursos humanos oportuna para proceder a las contrataciones temporales de los relevistas interinos requeridos, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios públicos en Andalucía.

El desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral llega tras una larga reivindicación de CSIF a nivel nacional, que ha venido denunciando las consecuencias del Real Decreto-ley de 2024 y su impacto en el empleo público. El sindicato acudió a la vía judicial, que determinó que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar personal relevista “no es una herramienta adecuada”. De igual modo, la Central Sindical ha promovido iniciativas parlamentarias para poner fin al bloqueo efectivo de este derecho.

En este contexto, CSIF Andalucía ha insistido en que la Junta debe actuar con la máxima diligencia para que este avance se traduzca de forma inmediata en hechos concretos, evitando que el retraso administrativo vuelva a frustrar un derecho reconocido al personal laboral de la Administración autonómica.

Finalmente, CSIF ha reiterado su exigencia de que el Gobierno central extienda esta modalidad de jubilación al personal funcionario y al de la Sanidad, cuyo acceso permanece limitado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023 y, tras más de tres años, aún no se ha restituido este derecho.

CSIF logra que la Justicia reconozca el derecho de un funcionario de la Junta de Andalucía a cobrar íntegramente los complementos en la paga extra

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 06 Jul 26 13:29:00 CEST

Una sentencia obliga a abonar a un trabajador de Granada las cantidades dejadas de percibir y reconoce que la Ley de Función Pública debe prevalecer sobre la regulación de presupuestos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha conseguido una importante victoria judicial en defensa de los derechos retributivos del personal funcionario de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Granada ha reconocido el derecho de un funcionario a percibir en su para extraordinaria la totalidad de los complementos retributivos previstos en la Ley de Función Pública de Andalucía, condenando a la Administración a abonarle las cantidades que dejó de percibir.

La sentencia, que ya es firme al no caber recurso, estima la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y concluye que la Junta de Andalucía no aplicó correctamente la normativa vigente al calcular la paga extraordinaria de junio de 2024.

En concreto, el juzgado considera que la Administración vulneró el principio de jerarquía normativa al aplicar las limitaciones recogidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en lugar de lo establecido en la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía, que dispone que las pagas extraordinarias deben incluir una mensualidad completa de las retribuciones básicas y de los complementos correspondientes.

Como consecuencia, la resolución judicial condena a la Junta a abonar al funcionario demandante la cantidad de 664,30 euros, más los intereses legales, correspondientes a la extra de junio de 2024. Además, reconoce que esta cantidad deberá incrementarse “con aquellas cantidades que se hayan devengado en las sucesivas pagas extraordinarias que no perciba correctamente”.

La magistrada señala en su resolución que “las pagas extraordinarias no pueden ser limitadas por normativas presupuestarias y deben incluir todos los complementos ordinarios, que deben ser respetados en el cálculo” y recuerda que la falta de desarrollo normativo por parte de la Administración no puede perjudicar a las empleadas y empleados públicos.

Para CSIF, esta sentencia supone un respaldo claro a la reivindicación que viene manteniendo desde la entrada en vigor de la Ley de Función Pública de Andalucía, al reconocer que las pagas extra deben calcularse conforme a lo establecido en dicha norma y no mediante una aplicación restrictiva que reduzca las cantidades a percibir por el personal.

El sindicato considera que esta resolución abre la puerta a que empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía que se encuentren en la misma situación puedan reclamar las cantidades que correspondan y reitera su compromiso de seguir defendiendo, tanto en la negociación como en los tribunales, el cumplimiento íntegro de los derechos económicos del personal al servicio de la Administración.

Por último, la Central Sindical ha recordado que continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que la Junta de Andalucía cumpla con la legislación vigente y evite que las empleadas y empleados públicos tengan que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos ya reconocidos por ley.

CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF logra la aprobación de la Circular que unifica los criterios del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 14:21:00 CEST

Aprobada la Circular que establece criterios homogéneos para la prestación del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía

La Administración da cumplimiento al acuerdo alcanzado con CSIF y otras organizaciones sobre la jornada laboral en modalidad de teletrabajo.

La Administración General de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy, 8 de julio de 2026, la Circular por la que se establecen criterios homogéneos para la prestación de la jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, una regulación que permitirá contar con un marco común de aplicación para todo el personal empleado público hasta la entrada en vigor del futuro Decreto de Teletrabajo.

Esta aprobación supone un avance importante tras el trabajo desarrollado por CSIF Andalucía para conseguir una regulación más homogénea, estable y garantista, poniendo fin a la disparidad de criterios existente entre distintos centros directivos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La Circular recoge criterios comunes para toda la Administración General de la Junta de Andalucía y refuerza la seguridad jurídica, la transparencia y las garantías del personal empleado público.

Principales mejoras conseguidas

Todos los días hábiles de la semana serán teletrabajables

Todos los días de la semana podrán ser objeto de prestación mediante la modalidad de teletrabajo.

Permisos, vacaciones y licencias no menoscaban el teletrabajo

El disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria autorizadas no podrá menoscabar la prestación mediante teletrabajo.

Silencio administrativo positivo

Las solicitudes se entenderán estimadas si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses.

Causas de denegación tasadas

Las causas de denegación quedan reguladas, aportando mayor seguridad jurídica y evitando interpretaciones arbitrarias.

Garantías frente a la revocación

Se incorporan trámite de audiencia y preaviso suficiente antes de adoptar decisiones que afecten a la autorización.

Acceso del personal de atención a la ciudadanía

El personal de atención a la ciudadanía por medios telemáticos podrá acceder al teletrabajo cuando quede garantizada la adecuada prestación del servicio.

Personal directivo y coordinación de equipos

Podrá acogerse al teletrabajo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

Flexibilización del requisito de antigüedad

Se facilita que más empleados y empleadas públicas puedan solicitar esta modalidad.

Sin controles y vigilancia desproporcionados

Se prohíben expresamente mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre las personas teletrabajadoras.

Tramitación obligatoriamente electrónica

Las solicitudes deberán tramitarse por vía electrónica, agilizando y unificando el procedimiento en toda la Junta de Andalucía.

Flexibilidad sobre el lugar de teletrabajo

Se incrementa la seguridad jurídica y la flexibilidad en relación con el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo.

CSIF seguirá trabajando para consolidar más avances en torno al teletrabajo en la AGJA

Para CSIF Andalucía, la aprobación de esta Circular supone un paso adelante hacia un modelo de teletrabajo más transparente, homogéneo y garantista para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

El sindicato continuará trabajando para que la Administración cumpla el compromiso adquirido de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026 y seguirá defendiendo la implantación efectiva de dos días semanales de teletrabajo, una reivindicación orientada a mejorar la conciliación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF consigue que el Congreso desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y enmienda el error de CCOO y UGT

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 24 Jul 26 12:22:00 CEST

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.

Ambas cuestiones, se tratan de reivindicaciones que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, se regula la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas Image

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF exige un refuerzo de la prevención en salud mental en el trabajo, que ya es la segunda causa de bajas de larga duración en Andalucía

margarita.sanchez.mingo — Fri, 10 Oct 25 12:11:00 CEST

El sindicato critica la infradotación de personal especialista en la sanidad pública para tratar las diferentes patologías provocadas por problemas mentales
Con motivo del Día Mundial de la especialidad, lanza la campaña La salud mental también se trabaja para aumentar la concienciación frente a los riesgos psicosociales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha exigido a las administraciones y empresas un refuerzo de las medidas de prevención de la salud mental, que ya supone la segunda causa de incapacidad temporal de larga duración en Andalucía y, en la mayoría de casos, dichas bajas superan los 12 meses.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental este viernes 10 de octubre, la Central Sindical ha reivindicado un aumento del presupuesto destinado a incrementar las plantillas de profesionales sanitarios para tratar eficazmente los problemas y patologías relacionadas con este ámbito. Actualmente hay más de 480.000 andaluces en tratamiento; asimismo, según los datos extraídos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), las bajas por salud mental en Andalucía han aumentado en un 12% en la última década.

La secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, ha destacado la necesidad urgente de incorporar a más profesionales del ámbito de la salud mental en los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, para garantizar la protección en todos los aspectos relacionados con el trabajo que eviten patologías como la ansiedad, la depresión y otros trastornos.

González ha alertado de que, cuando en un puesto de trabajo existen condiciones precarias, exigencias excesivas, sobrecargas o relaciones laborales tóxicas, “el empleo puede convertirse en un foco de enfermedad mental, para lo que no basta con tratar los síntomas de forma aislada, sino que requiere una estrategia integral con la coordinación entre servicios y de formación especializada”.

La dirigente sindical ha explicado que, aunque desde CSIF “aplaudimos los últimos avances normativos, tanto a nivel nacional como autonómico, para solucionar los múltiples problemas de las personas afectadas por alteraciones en su salud mental, es fundamental prevenir estas patologías en fases tempranas y con una actuación médica y terapéutica eficaz y continuada”. En este punto, González ha manifestado que la falta de especialistas en la sanidad pública como es el caso de psicólogos, psiquiatras y terapeutas de salud mental y emocional, arrastra a los pacientes a recurrir a la medicación como única y más inminente respuesta a sus problemas y dificultades, pese a las consecuencias negativas que este tipo de fármacos supone para el bienestar de las personas, ya que suelen ser tratamientos a largo plazo. Esta escasez de profesionales en el sistema público también provoca que las personas afectadas acudan a terapias o tratamientos de la sanidad privada o a recursos procedentes de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro como alternativa.

Además, según González, “no podemos obviar que los problemas de salud mental y los desequilibrios emocionales son en muchos casos los causantes de otras muchas patologías físicas posteriores”. En este sentido, ha insistido en la reivindicación histórica de CSIF de conseguir que la salud mental sea objeto de estudio en las revisiones médicas que de manera preceptiva deben realizar los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el ámbito de la administración pública; sin embargo, “la realidad es que los centros donde se llevan a cabo este tipo de revisiones están saturados y no disponen ni de medios ni de especialistas en este ámbito”.

Actualización del cuadro de enfermedades profesionales

La responsable sindical ha recordado también que CSIF Andalucía lleva años reclamando una actualización del cuadro de enfermedades profesionales que incorpore los trastornos mentales y del comportamiento como el estrés, la ansiedad o la depresión originados por la actividad laboral y ha lamentado que desde 2018 no se haya producido.

Además, para la organización sindical son necesarios la puesta en marcha de planes de prevención de salud mental y preventivos de conductas suicidas y de acoso y violencia, evaluaciones psicosociales reales, programas de apoyo psicológico y formación gratuitos, creación de comisiones específicas de salud mental y un real decreto de riesgos psicosociales, entre otras medidas.

Ante el incremento de las patologías mentales en la sociedad actual y en el marco del compromiso y preocupación de CSIF por reformar las medidas de prevención y atención adecuada, el sindicato ha lanzado la campaña La salud mental también se trabaja con la que busca implicar a sus delegados y delegadas en su defensa activa como un derecho laboral fundamental. Con esta iniciativa, la Central Sindical persigue visibilizar que los problemas psicológicos “no son debilidades personales, sino consecuencias directas de factores laborales como la sobrecarga, la precariedad, la falta de reconocimiento o el acoso”, ha añadido González.

CSIF también apuesta decididamente por incorporar la prevención de riesgos psicosociales en la negociación colectiva, exigir evaluaciones reales con perspectiva de género, así como promover entornos laborales saludables y romper el estigma que aún pesa sobre el malestar emocional en el trabajo.

Finalmente, la Central Sindical ha organizado la webinar ¿Cómo cuidar nuestra salud mental en el trabajo?, que se celebrará el próximo 23 de octubre con el objetivo de proporcionar herramientas para detectar el estrés, la ansiedad o el acoso y fomentar hábitos saludables y difundir los derechos laborales. Este tipo de iniciativas formativas contribuyen a romper el estigma que aún rodea los problemas psicológicos y refuerzan el papel del sindicato como agente de cambio en salud laboral y su compromiso con un entorno de trabajo seguro, humano y digno. Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace: https://www.youtube.com/live/56oKB8qCPwY.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.