Andalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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CSIF firma el acuerdo para la mejora del empleo público por el que se actualizarán las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 09 Dec 25 09:46:00 CET

Rubricado este martes en un acto en el Palacio de San Telmo, el acuerdo permitirá además modernizar y agilizar la Administración
El sindicato velará por su cumplimiento íntegro y se reservará las medidas necesarias para ello

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración andaluza, ha firmado este martes el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía por el que, entre otras medidas, se actualizarán las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía. El documento ha sido rubricado en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo al que han asistido el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y representantes de las organizaciones sindicales firmantes.

El acuerdo, que desarrolla la Ley de Función Pública y tiene vigencia para el período 2026-2030, sienta las bases para transformar la Administración pública, refuerza la estabilidad laboral y supone una mejora retributiva del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha señalado que este acuerdo supone “una mejora real de las condiciones laborales en varios ámbitos del sector público andaluz y demuestra que cuando hay voluntad de diálogo y compromiso pueden alcanzarse soluciones que dignifican al personal y fortalece los servicios públicos”; no obstante, ha aclarado que “el camino no ha sido fácil” y ha recordado que la movilización de CSIF el pasado 5 de noviembre ante el Palacio de San Telmo fue fundamental para desbloquear la negociación entre el Gobierno andaluz y otras organizaciones sindicales.

Para CSIF la firma de este acuerdo representa un compromiso institucional sólido entre la Junta de Andalucía y los representantes de las trabajadoras y trabajadores con el dialogo social y la negociación colectiva como única vía para contar con una Administración de calidad, más moderna, ágil y eficiente; asimismo, fija una hoja de ruta común para mejorar las condiciones laborales del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, la Administración de Justicia y el Sector Público Instrumental, ya que les permitirá avanzar en sus derechos y retribuciones mediante la carrera profesional, la evaluación del desempleo, la productividad, la finalización del VII convenio del personal laboral y la actualización de convenios colectivos en los entes instrumentales, entre otras cuestiones.

En esta misma línea, el acuerdo permite la recuperación progresiva del derecho a la acción social, suspendido desde 2012, así como el impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de puestos y vacantes y la implantación de un nuevo modelo de prevención y salud laboral. Además, la formación continua por competencias es otro de los compromisos estratégicos que se marca este acuerdo.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía ha señalado que la firma de este martes “es un buen punto de partida y un modelo que debe extenderse al resto de ámbitos de la Administración andaluza”. Moreno ha añadido que este acuerdo “no solo afectará positivamente a las condiciones laborales del personal empleado público al que será de aplicación, sino a toda la ciudadanía, pues será una palanca de transformación para responder eficazmente a los retos que la sociedad andaluza demanda.”

Por último, la Central Sindical ha subrayado que con el acuerdo se ha dado un paso “realista y evaluable” en el empleo público de la Administración andaluza al contemplar compromisos presupuestario y la creación de una comisión paritaria entre Junta y sindicatos para supervisar su cumplimiento y que se reunirá semestralmente.

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF firma un acuerdo clave para implantar la carrera horizontal y un modelo de evaluación más garantista para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía

margarita.sanchez.mingo — Mon, 26 Jan 26 10:18:00 CET

Rubricado este lunes en un acto en el Palacio de San Telmo, refuerza el reconocimiento al esfuerzo y la profesionalidad de las empleadas y empleados públicos
Mejora la valoración del desempeño de los trabajadores con un sistema más participativo y transparente, como había solicitado la Central Sindical

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado este lunes un acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) que garantiza el acceso a la carrera profesional, la evaluación del desempeño y las mejoras retributivas a las y los 20.000 funcionarios que desarrollan su labor en dicho ámbito. El documento ha sido rubricado en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo y al que han asistido el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y representantes de las organizaciones sindicales firmantes.

Este acuerdo sectorial, que desarrolla la Ley de Función Pública y tiene vigencia para el período 2026-2030, profundiza en el ya alcanzado en Mesa General de Negociación Común, donde CSIF es la primera fuerza sindical, y que se firmó el pasado 9 de diciembre para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad de Andalucía. Ambos acuerdos, fruto del trabajo y la presión ejercida por CSIF, tienen como objetivo reforzar la estabilidad laboral y suponen una mejora retributiva para el personal.

La presidenta del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF, Isabel Pacheco, ha indicado que el acuerdo “desarrolla un modelo de carrera horizontal y de evaluación del desempeño que reconoce la progresión, el compromiso y la contribución del personal funcionario a la calidad de los servicios públicos”. La responsable sindical también ha señalado que la firma consolida un sistema de promoción y retribución “más justo, motivador y transparente”, una reivindicación reiterada por la Central Sindical durante todo el periodo de negociación.

Para CSIF, la firma de este acuerdo era un paso imprescindible para vincular jurídicamente a la Administración andaluza al cumplimiento de los compromisos asumidos tanto en la Mesa General de Negociación como en la Mesa Sectorial y asegurar su ejecución en su totalidad y con garantías.

El documento recoge que el acceso a la carrera profesional se articulará por tramos, en concreto seis, que se vinculan al reconocimiento de la trayectoria profesional y a la valoración del desempeño. Con esta medida se reconoce la petición de CSIF de no discriminar al personal funcionario que haya promocionado tras trabajar en grupos anteriores; asimismo, se habilita una convocatoria extraordinaria para poder acceder directamente a los tramos V y VI, siempre que se cumplan los requisitos de antigüedad. El acuerdo recoge también que el personal interino podrá acceder a la carrera horizontal en los mismos términos que el personal funcionario de carrera.

En cuanto a la evaluación del desempeño, la rúbrica incorpora un nuevo sistema que, a juicio de la Central Sindical, es “más garantista, participativo y transparente”. En este sentido, entre las medidas del acuerdo, destaca que la autoevaluación del personal funcionario cobra protagonismo, que una persona colaboradora participará en dichas tareas como apoyo al personal evaluador y que habrá presencia sindical, con voz pero sin voto, en el órgano técnico de revisión, lo que “sin duda reforzará la transparencia y el control del proceso”.

Cobro progresivo de complementos

La Central Sindical, además, ha destacado que el acuerdo asegura que “ningún empleado público perderá poder adquisitivo, estableciéndose de forma progresiva el cobro de los complementos”. En este sentido, el de carrera horizontal se implantará entre 2026 y 2030 y el del desempeño entre 2028 y 2030, garantizándose que en 2029 estén consolidados los cuatro primeros tramos de carrera y en 2030 la totalidad del complemento referido al desempeño.

Por último, el sindicato ha subrayado que el acuerdo supone un “logro sindical de primer orden, fruto de la voluntad de diálogo y de la negociación colectiva como única vía para contar con una administración de calidad, moderna y eficiente”. A juicio de Pacheco, “la firma es un paso que nos acerca a este objetivo común, pero no hemos terminado, puesto que es imprescindible seguir avanzando, construyendo y extendiendo este modelo consensuado al resto de ámbitos de la Administración andaluza”.

CSIF exige a la Junta de Andalucía que agilice la tramitación de jubilaciones parciales del personal laboral tras el desbloqueo de la normativa estatal

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 01 Jul 26 10:14:00 CEST

El sindicato reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Convenio y la reactivación inmediata de las solicitudes paralizadas en la Administración autonómica
La organización seguirá reivindicando que este derecho se extienda al personal funcionario y al de la Sanidad, que lo tienen limitado desde 2012

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a la Junta de Andalucía que agilice de forma inmediata la tramitación de las jubilaciones parciales del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 19/2026, de medidas urgentes en esta materia.

Este nuevo marco normativo estatal, aprobado en Consejo de Ministros, desbloquea una situación que había generado un importante perjuicio para el personal laboral de las administraciones públicas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024, derivado del acuerdo social firmado por el Gobierno central con CCOO y UGT. Esta normativa impedía en la práctica el acceso a este derecho al exigir la contratación del personal relevista indefinido a jornada completa, una fórmula incompatible con la gestión ordinaria de las ofertas de empleo público.

En este sentido, CSIF Andalucía ha presentado un escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública en el que reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Convenio correspondiente, con el objetivo de establecer las instrucciones de gestión necesarias que permitan la aplicación inmediata del nuevo Real Decreto-ley.

El sindicato ha advertido de que el nuevo texto legal habilita expresamente la contratación temporal de personal relevista, lo que dota a la Junta de Andalucía de las herramientas jurídicas necesarias para desatascar las solicitudes de jubilación parcial que permanecen bloqueadas desde hace más de un año.

“Es una cuestión de justicia social proceder sin más dilaciones a la adaptación de los procedimientos internos, así como a la agilización y desatasco de todas las solicitudes que quedaron paralizadas por la interpretación restrictiva de la normativa anterior, evitando así perjuicios adicionales al personal laboral fijo que cumple los requisitos establecidos”, ha expresado la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco.

Asimismo, el sindicato reclama la dotación presupuestaria y de recursos humanos oportuna para proceder a las contrataciones temporales de los relevistas interinos requeridos, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios públicos en Andalucía.

El desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral llega tras una larga reivindicación de CSIF a nivel nacional, que ha venido denunciando las consecuencias del Real Decreto-ley de 2024 y su impacto en el empleo público. El sindicato acudió a la vía judicial, que determinó que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar personal relevista “no es una herramienta adecuada”. De igual modo, la Central Sindical ha promovido iniciativas parlamentarias para poner fin al bloqueo efectivo de este derecho.

En este contexto, CSIF Andalucía ha insistido en que la Junta debe actuar con la máxima diligencia para que este avance se traduzca de forma inmediata en hechos concretos, evitando que el retraso administrativo vuelva a frustrar un derecho reconocido al personal laboral de la Administración autonómica.

Finalmente, CSIF ha reiterado su exigencia de que el Gobierno central extienda esta modalidad de jubilación al personal funcionario y al de la Sanidad, cuyo acceso permanece limitado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023 y, tras más de tres años, aún no se ha restituido este derecho.

CSIF logra que la Justicia reconozca el derecho de un funcionario de la Junta de Andalucía a cobrar íntegramente los complementos en la paga extra

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 06 Jul 26 13:29:00 CEST

Una sentencia obliga a abonar a un trabajador de Granada las cantidades dejadas de percibir y reconoce que la Ley de Función Pública debe prevalecer sobre la regulación de presupuestos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha conseguido una importante victoria judicial en defensa de los derechos retributivos del personal funcionario de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Granada ha reconocido el derecho de un funcionario a percibir en su para extraordinaria la totalidad de los complementos retributivos previstos en la Ley de Función Pública de Andalucía, condenando a la Administración a abonarle las cantidades que dejó de percibir.

La sentencia, que ya es firme al no caber recurso, estima la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y concluye que la Junta de Andalucía no aplicó correctamente la normativa vigente al calcular la paga extraordinaria de junio de 2024.

En concreto, el juzgado considera que la Administración vulneró el principio de jerarquía normativa al aplicar las limitaciones recogidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en lugar de lo establecido en la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía, que dispone que las pagas extraordinarias deben incluir una mensualidad completa de las retribuciones básicas y de los complementos correspondientes.

Como consecuencia, la resolución judicial condena a la Junta a abonar al funcionario demandante la cantidad de 664,30 euros, más los intereses legales, correspondientes a la extra de junio de 2024. Además, reconoce que esta cantidad deberá incrementarse “con aquellas cantidades que se hayan devengado en las sucesivas pagas extraordinarias que no perciba correctamente”.

La magistrada señala en su resolución que “las pagas extraordinarias no pueden ser limitadas por normativas presupuestarias y deben incluir todos los complementos ordinarios, que deben ser respetados en el cálculo” y recuerda que la falta de desarrollo normativo por parte de la Administración no puede perjudicar a las empleadas y empleados públicos.

Para CSIF, esta sentencia supone un respaldo claro a la reivindicación que viene manteniendo desde la entrada en vigor de la Ley de Función Pública de Andalucía, al reconocer que las pagas extra deben calcularse conforme a lo establecido en dicha norma y no mediante una aplicación restrictiva que reduzca las cantidades a percibir por el personal.

El sindicato considera que esta resolución abre la puerta a que empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía que se encuentren en la misma situación puedan reclamar las cantidades que correspondan y reitera su compromiso de seguir defendiendo, tanto en la negociación como en los tribunales, el cumplimiento íntegro de los derechos económicos del personal al servicio de la Administración.

Por último, la Central Sindical ha recordado que continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que la Junta de Andalucía cumpla con la legislación vigente y evite que las empleadas y empleados públicos tengan que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos ya reconocidos por ley.

CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF logra la aprobación de la Circular que unifica los criterios del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 14:21:00 CEST

Aprobada la Circular que establece criterios homogéneos para la prestación del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía

La Administración da cumplimiento al acuerdo alcanzado con CSIF y otras organizaciones sobre la jornada laboral en modalidad de teletrabajo.

La Administración General de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy, 8 de julio de 2026, la Circular por la que se establecen criterios homogéneos para la prestación de la jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, una regulación que permitirá contar con un marco común de aplicación para todo el personal empleado público hasta la entrada en vigor del futuro Decreto de Teletrabajo.

Esta aprobación supone un avance importante tras el trabajo desarrollado por CSIF Andalucía para conseguir una regulación más homogénea, estable y garantista, poniendo fin a la disparidad de criterios existente entre distintos centros directivos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La Circular recoge criterios comunes para toda la Administración General de la Junta de Andalucía y refuerza la seguridad jurídica, la transparencia y las garantías del personal empleado público.

Principales mejoras conseguidas

Todos los días hábiles de la semana serán teletrabajables

Todos los días de la semana podrán ser objeto de prestación mediante la modalidad de teletrabajo.

Permisos, vacaciones y licencias no menoscaban el teletrabajo

El disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria autorizadas no podrá menoscabar la prestación mediante teletrabajo.

Silencio administrativo positivo

Las solicitudes se entenderán estimadas si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses.

Causas de denegación tasadas

Las causas de denegación quedan reguladas, aportando mayor seguridad jurídica y evitando interpretaciones arbitrarias.

Garantías frente a la revocación

Se incorporan trámite de audiencia y preaviso suficiente antes de adoptar decisiones que afecten a la autorización.

Acceso del personal de atención a la ciudadanía

El personal de atención a la ciudadanía por medios telemáticos podrá acceder al teletrabajo cuando quede garantizada la adecuada prestación del servicio.

Personal directivo y coordinación de equipos

Podrá acogerse al teletrabajo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

Flexibilización del requisito de antigüedad

Se facilita que más empleados y empleadas públicas puedan solicitar esta modalidad.

Sin controles y vigilancia desproporcionados

Se prohíben expresamente mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre las personas teletrabajadoras.

Tramitación obligatoriamente electrónica

Las solicitudes deberán tramitarse por vía electrónica, agilizando y unificando el procedimiento en toda la Junta de Andalucía.

Flexibilidad sobre el lugar de teletrabajo

Se incrementa la seguridad jurídica y la flexibilidad en relación con el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo.

CSIF seguirá trabajando para consolidar más avances en torno al teletrabajo en la AGJA

Para CSIF Andalucía, la aprobación de esta Circular supone un paso adelante hacia un modelo de teletrabajo más transparente, homogéneo y garantista para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

El sindicato continuará trabajando para que la Administración cumpla el compromiso adquirido de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026 y seguirá defendiendo la implantación efectiva de dos días semanales de teletrabajo, una reivindicación orientada a mejorar la conciliación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF consigue que el Congreso desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y enmienda el error de CCOO y UGT

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 24 Jul 26 12:22:00 CEST

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.

Ambas cuestiones, se tratan de reivindicaciones que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, se regula la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CSIF-A reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales y acabe con el vacío legal en que se encuentran

admin — Fri, 03 Feb 23 09:06:20 CET

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El sindicato reclama a la Administración una Orden y un Carta de Servicios para clarificar las funciones de este colectivo que integra a casi un centenar de trabajadores en Andalucía
Solicitan que se cambie el grupo profesional al que pertenecen para poder equipararse en condiciones laborales a sus homólogos en otras comunidades autónomas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales y acabe con el vacío legal en el que se encuentran. Para ello, el sindicato reitera a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que desarrolle una Orden que acabe con la precaria situación laboral que padece este colectivo y que ya ha sido denunciada por la central sindical en varias ocasiones.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado que la Junta “no mueva ficha” para regularizar al colectivo de celadores forestales y que aún no haya respondido a la propuesta de proyecto de Orden que la central sindical le hizo el 21 de marzo de 2022 para subsanar las deficiencias laborales que padecen.

El responsable sindical denuncia que el Gobierno andaluz “se olvida año tras año de los celadores forestales y los ningunea e ignora cada vez que reclaman mejorar sus condiciones laborales, a pesar del gran trabajo que desarrollan para proteger el medio ambiente y exponerse a riesgos constantes”. En muchas ocasiones este colectivo, que aglutina a 96 profesionales en toda Andalucía, ejerce las mismas funciones que los agentes de medio ambiente, e incluso, los sustituyen en caso de jubilación porque esas plazas no se reponen.

CSIF-A solicita a la Junta que, para acabar con los agravios comparativos que se generan entre ambos colectivos, -agentes y celadores forestales- al realizar las mismas funciones pero desde regímenes jurídicos diferentes, se elabore por parte de la Consejería una “Carta de Servicios de los Celadores Forestales”, sujetos al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta que garantice la protección de las potestades administrativas.

Para CSIF es urgente que a estos trabajadores se les dote de herramientas legales de las que carecen por el momento y se les reclasifique del grupo IV, al que pertenecen, al grupo III, de manera que se equiparen al personal que ejerce las mismas funciones en el resto de comunidades autónomas.

El sector de AGJA recuerda a la Junta que en 2018 ya emitió una Resolución por la que se expedían los certificados de profesionalidad, derivados del procedimiento de acreditación de competencias, que permitían a los celadores forestales realizar funciones de una categoría superior. Pese a ello, CSIF-A critica que la Junta sigue sin pagar a este colectivo en función de esa responsabilidad y asunción de competencias y les niega la reclasificación, aun cuando el coste de la misma es ínfimo. En este sentido, el sindicato reclama a la Junta que remunere a los trabajadores por las competencias y funciones que realizan y que ella misma reconoce.

Además, Dorado considera lamentable que se vaya a proponer una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el próximo 8 de febrero con un coste total de 1.202.645,10€ -938.967,24€ respecto a salarios a los que habría sumar un coste de Seguridad Social de 263.677,86€- mayoritariamente para costear la creación de nueve Puestos de Libre Designación (PLD) y por el contrario a los celadores forestales se les siga sin reconocer el trabajo que realizan correspondiente a una categoría superior. “Si pasase esto en la empresa privada nos llevaríamos las manos a la cabeza”, apunta el dirigente sindical.

Petición de reunión de la Subcomisión de Vigilancia

El sector de AGJA además reclama que se resuelva esta indefensión y que se convoque lo antes posible una reunión de la Subcomisión de Vigilancia de la Consejería de Sostenibilidad para debatir y acordar los términos de la orden y sea publicada a la mayor brevedad posible. Además, pide la convocatoria de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo para iniciar el procedimiento de reclasificación de los celadores forestales del grupo IV al grupo III.

Por último, el presidente andaluz del sector de AGJA urge a la Consejería de Sostenibilidad a que se siente a hablar para tratar este asunto y “nos convoque a una reunión lo antes posible”, teniendo en cuenta que desde CSIF-A la hemos solicitado ya en varias ocasiones.

CSIF denuncia que la Junta vulnera el principio de igualdad en procesos de estabilización entre el personal de la Administración General y el Sector Público Instrumental

admin — Fri, 25 Nov 22 08:24:46 CET

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El sindicato critica la falta de criterios análogos y califica de “inadmisible” que el ejecutivo andaluz interprete la normativa en función del profesional al que se le aplique

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha denunciado que la Junta de Andalucía vulnera el principio de igualdad en los procesos selectivos de estabilización del colectivo de empleados públicos. Esta situación además de provocar malestar e importantes consecuencias entre el personal que se enfrenta al proceso para la reducción de la temporalidad, supone una falta de criterios análogos “inaceptable y discriminatorio”, según el presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF, José Manuel Dorado.

El sindicato argumenta que dependiendo de si se trata de personal laboral temporal del VI Convenio Colectivo, personal indefinido no fijo o personal funcionario interino de la Administración General de la Junta, o por el contrario personal laboral temporal o declarado indefinido no fijo del Sector Público Instrumental, el ejecutivo andaluz propone condiciones diferentes en los baremos de la fase de concurso para acceder a una plaza de empleo pública. Desde el sector “consideramos inadmisible que los informes jurídicos y las sentencias del Tribunal Constitucional relativos al proceso de estabilización que se ha negociado en cumplimiento de lo regulado en la Ley 20/2021 del 28 de diciembre, se interpreten de forma distinta en función del personal al que se le aplique”.

Para el sector de AGJA de CSIF estas diferencias “inexplicables” entre el personal de la Administración General y del Sector Público Instrumental supone competir de forma desigual en el acceso a un proceso de estabilización. Desde el sindicato “rechazamos rotundamente” que criterios como la reserva del cupo para personas con discapacidad y la experiencia en puestos similares se valore con unos porcentajes tan dispares en función del ámbito de aplicación; dándose la circunstancia de que en unos procesos selectivos la experiencia se valora en un porcentaje cercano al 50% mientras que en otros suponen el 75%

Además, el dirigente sindical recuerda a la Administración que la judicialización de los procesos por incumplir con el principio de igualdad en el acceso al empleo público puede provocar la frustración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el compromiso adquirido por parte del Gobierno central con la Comisión Europea en cuanto a la aprobación de reformas estructurales en el ámbito del empleo público y generará sus consecuencias negativas con respecto a los fondos europeos.

CSIF reclama una estructura de sedes fija en la Junta de Andalucía que sea independiente al Ejecutivo de turno

admin — Mon, 14 Nov 22 10:09:24 CET

El sindicato propone un Plan de Centros de Trabajo estables en la Administración que permita suprimir gastos, prestar mejor servicio y favorecer la conciliación laboral y familiar de sus empleados y empleadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama una estructura de sedes fija en la Junta de Andalucía que no dependa del Ejecutivo de turno con el objetivo de favorecer la conciliación familiar de sus empleados y empleadas, prestar un servicio de calidad a la ciudadanía y ahorrar costes. Con esta propuesta el sindicato pretende evitar los numerosos trámites y los gastos innecesarios de fondos públicos que se producen como consecuencia de los resultados en cada convocatoria electoral que se celebra en la comunidad.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) José Manuel Dorado, ha calificado de “incompresible” que después de cada proceso de elecciones autonómicas la ciudadanía “tenga que soportar numerosos cambios” que van desde la ubicación de los centros laborales y las estructuras de recursos humanos, hasta la asunción de competencias o nomenclaturas de las consejerías y sus diferentes departamentos.

En este sentido, CSIF ha propuesto a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Financiación Europea, la elaboración de un Plan de Centros Laborales Fijos en la Administración andaluza que permita suprimir gastos innecesarios en las arcas públicas y poder emplear ese montante económico en fomentar medidas de conciliación laboral y familiar.

Según el dirigente sindical, la reestructuración de las consejerías que se produce cada vez que finaliza el proceso de elecciones, supone no sólo un importante gasto de fondos públicos sino que genera una enorme incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica por los cambios de ubicación de sus centros de trabajo. Precisamente, un gran número de profesionales eligen destino laboral en los procesos de provisión de puestos de trabajo teniendo en cuenta la ubicación del mismo para favorecer la conciliación laboral y familiar, la reducción de gasto y el tiempo por desplazamientos, aspectos que vuelven a ser vulnerados con estos cambios de sedes administrativas y alteran de nuevo su vida cotidiana y suponen un perjuicio en la conciliación laboral y familiar.

Un ejemplo paradigmático de ello lo constituyen las políticas de Consumo que, desde la constitución de la Junta de Andalucía en el año 1982, han sufrido hasta once cambios de consejerías y su correspondientes cambios de sedes, con el consecuente impacto negativo, tanto en la plantilla de empleados públicos como en la ciudadanía, según ha explicado el responsable del Sector de la AGJA en CSIF, que ha lamentado la incidencia que ello ha tenido en las personas consumidoras, a las que se les debe garantizar un servicio público de calidad, de fácil acceso y en una ubicación estable.

Además, el sindicato apunta que tras una mudanza es inevitable el incremento de los retrasos en las tramitaciones administrativas, así como un menoscabo del servicio público motivado por servidores informáticos con datos y aplicaciones que han de ser migrados; reorganización informática, administrativa y física de los registros de presentación de documentos o edición de nuevos elementos de papelería (sobres, tarjetas, cartelería, paneles informativos...), de los sellos (entrada, salida, compulsa...) y membretes para adaptarlos a los cambios e inutilización de los anteriores.

A todo ello, se suman los nuevos contactos telefónicos y electrónicos, modificaciones normativas para cambiar los formularios y adaptarlos a las nuevas direcciones y consejerías; variaciones en procedimientos e instrucciones de tramitación normativa y contratación en la nueva Consejería; cambios en los criterios de fiscalización por parte de la Intervención Delegada o traslados de las sedes donde diariamente decenas de personas son citadas a las audiencias arbitrales e intentos de mediación, lo que llega a causar retraso o la suspensión de las mismas durante un tiempo.

Otra consecuencia negativa de los traslados de sede de los organismos públicos es el riesgo de extravío o pérdida de expedientes y documentación lo que, sin duda, genera “una imagen institucional carente de estabilidad”, ha concluido el dirigente sindical.

CSIF-A reclama para las Escuelas Infantiles de gestión directa de la Junta el mismo refuerzo económico para limpieza que la Administración le ha dado a los centros concertados

admin — Mon, 31 Oct 22 09:48:24 CET

El sindicato considera un agravio comparativo que el Gobierno andaluz aumente los módulos de conciertos para cumplir las recomendaciones sanitarias por la COVID-19, mientras no lo ha hecho en los centros públicos propios de este nivel educativo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía, sindicato más representativo en la Administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado a la Junta de Andalucía que dedique a las escuelas infantiles cuya gestión realiza directamente el mismo refuerzo económico que ha destinado a las escuelas infantiles concertadas.

El presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, José Manuel Dorado, se ha referido al Decreto-Ley 6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por el Coronavirus (COVID-19).

El dirigente sindical entiende que “no es de recibo que se pongan en juego recursos para este fin en las escuelas infantiles privadas que mantienen conciertos con la Administración, mientras que las que son de su titularidad y gestiona directamente ella sean ninguneadas y no reciban ningún tipo de refuerzo para limpieza”.

Más de 180 centros “maltratados”

En concreto, se trata de más de 180 centros en toda Andalucía, “cuyo personal se siente descuidado y maltratado, al tiempo que preocupado por la incidencia que en la calidad del servicio que se presta pueda tener el no contar con estos recursos de los que sí disponen los centros concertados en nuestra comunidad autónoma”.

“Una vez más nos vemos obligados a denunciar la falta de una apuesta firme de la Junta de Andalucía por lo público, que en esta ocasión afecta a las escuelas infantiles”, ha concluido José Manuel Dorado.

CSIF reclama que la Estrategia Andaluza de Administración Digital no deje atrás a las personas mayores y exige más personal en los CPA y residencias de la Junta

admin — Fri, 30 Sep 22 08:43:43 CEST

La central sindical alerta de que la falta de personal perjudica la atención personalizada que requieren las personas usuarias de estas instalaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama que la Estrategia Andaluza de Administración Digital que acaba de aprobar la Junta de Andalucía “tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores y no deje atrás a este colectivo”, al tiempo que ha exigido que la Administración autonómica actualice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros de su titularidad que atienden a este colectivo (centros de Participación Activa (CPA) y residencias).

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana 1 de octubre, el presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A José Manuel Dorado, ha advertido que desde el sindicato “estaremos muy atentos a que la estrategia digital sea de aplicación a todos los andaluces, independientemente de su edad”. En este sentido, Dorado ha indicado que teniendo en cuenta que "en la mayoría de los casos la población mayor no está muy familiarizada con las nuevas tecnologías y presenta más dificultades para adaptarse a nuevos procesos, la Administración haga hincapié en este colectivo para que reciban la atención que merecen y puedan acceder a todos los servicios de forma ágil como persigue la nueva medida y no se quede en el furgón de cola como suele ocurrir en otros muchos asuntos”.

El responsable sindical ha manifestado que es “urgente dotar de más personal a dichos centros que en la actualidad están infradotados, lo que repercute muy negativamente en la atención que requiere este colectivos de personas”. Dorado ha calificado de “desfasada y desactualizada” la RPT vigente, y reitera las carencias estructurales de las plantillas de estos centros que generan, a juicio de CSIF, un empeoramiento en el trato personalizado que requieren los residentes, “quienes sufren una deshumanización manifiesta”.

El sector de AGJA de la central sindical considera que hay asuntos como la ampliación de personal que no pueden seguir esperando, pues “estamos hablando de una adecuada atención a nuestros mayores para que tengan un envejecimiento digno, garantizándoles para ello todos los servicios adecuados y necesarios”.

Además, desde el sindicato recuerdan que las vacantes que se generan por jubilaciones no se cubren y las sustituciones por enfermedad son muy lentas en su tramitación, lo que provoca que las plazas se doten “cuando la persona que estaba de baja ya esté incorporada de nuevo a su puesto de trabajo”. Ambas situaciones están provocando, según advierte Dorado, “una sobrecarga importante en el resto de los trabajadores y trabajadoras de los centros que, además, se ven obligados a desarrollar tareas que no les corresponden con su categoría profesional”. Esta situación provoca el aumento del número de bajas por incapacidad temporal por el sobreesfuerzo continuado tanto a nivel físico como mental del personal”.

El presidente del sector AGJA ha explicado que las mermadas plantillas en los CPA, formadas en su mayoría sólo por la dirección y los ordenanzas, así como los amplios horarios de apertura y el elevado número de socios, hace que los trabajadores realicen jornadas y turnos, en muchos casos no retribuidos y que tengan grandes dificultades para el disfrute de un fin de semana o días de vacaciones.

Esta falta de personal contrasta con el compromiso que muestran los trabajadores tanto de los CPA como de las residencias de mayores de gestión pública quienes realizan “jornadas maratonianas, amplían sus horas sin ser reconocidas y desarrollan tareas sin ser de su competencia, sin olvidar que atienden a un gran volumen de personas con una esperanza de vida cada vez más elevada, lo que exige una mayor dedicación”.

El sector de AGJA ha exigido la puesta en marcha de la Bolsa Única Común puesto que, a su juicio, “vendría a paliar en gran medida la demora en las contrataciones” en residencias de mayores y CPA. En este sentido, desde CSIF no se entiende por qué Función Pública aún no ha publicado dicha Bolsa, puesto que en la comisión de convenio extraordinaria celebrada el pasado 6 de abril de 2022 mostró soluciones al problema que había provocado los retrasos en la publicación y que se debían, según manifestaron desde la Administración, al alto número de participantes registrados en algunas categorías profesionales.

CSIF Andalucía moviliza a más de 20.000 personas hasta Madrid contra el empobrecimiento social y por una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 11:40:25 CEST

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Éxito de participación en la gran marcha convocada por el sindicato en la capital de España en defensa de los servicios públicos y en contra las políticas del Gobierno frente a la situación actual
La central sindical reclama una actualización de los salarios en 2022 con carácter retroactivo y un acuerdo plurianual para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha movilizado desde Andalucía a más de 20.000 personas que han acudido este sábado a Madrid a la gran manifestación que ha organizado la central sindical por una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social que sufre la ciudadanía, especialmente la clase media y trabajadora.

En dicha marcha, que ha discurrido desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Colón, han participado trabajadores y trabajadoras así como ciudadanía en general procedente de las ocho provincias andaluzas. La comitiva andaluza ha estado encabezada por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien ha considerado que la protesta ha constituido “todo un éxito de participación”.

En total han sido más de 70.000 personas procedentes de la comunidad andaluza y del resto de España las que han acudido a esta cita, a la que estaba convocado tanto el personal perteneciente al sector público como a la empresa privada, así como el conjunto de la población, contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.

Con esta movilización, el sindicato ha pretendido canalizar el malestar de la ciudadanía ante la incierta situación actual, que los trabajadores y trabajadoras afrontan con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, por la imparable escalada de los precios, el coste desmesurado de la energía y la cesta de la compra y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión.

Al mismo tiempo, CSIF denuncia un deterioro progresivo de los servicios públicos en ámbitos fundamentales como la sanidad y la educación, así como una falta de reconocimiento hacia el colectivo de empleados públicos en sus condiciones laborales y salariales. Subraya además que los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas, al tiempo que defiende que no es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora.

La presión sindical fuerza una reunión con el Ministerio el día 28

En este sentido, la presión sindical ejercida por CSIF ha hecho posible que la organización haya sido finalmente convocada para el próximo miércoles 28 de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para abrir la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.

CSIF había exigido al Gobierno que diese ejemplo a la empresa privada y negociara una subida justa en las administraciones públicas, ya que los empleados públicos llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010, cuando por primera vez se les bajó el sueldo, y arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde entonces.

En concreto, la central sindical reclama al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022 con carácter retroactivo para recuperar el poder adquisitivo perdido este año, así como un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010.

CSIF-A critica la tardanza de la Junta en poner en marcha la Bolsa Única Común para avanzar en la transparencia y agilidad de las contrataciones temporales

admin — Tue, 16 Aug 22 10:24:11 CEST

El sindicato denuncia que “la inacción de la Administración autonómica cercena las expectativas profesionales de las más de 178.000 personas” que han presentado su solicitud en las diferentes categorías

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, sindicato más representativo en la Administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha criticado “la tardanza de la Junta de Andalucía en poner en funcionamiento la Bolsa Única Común (BUC), con la que se pretende aumentar la eficacia y agilidad en la selección del personal y avanzar en la transparencia del proceso, salvaguardando los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

El presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, José Manuel Dorado, ha recordado que hace más de dos años, con fecha 7 de febrero de 2020, finalizó el plazo de presentación de solicitudes de la BUC de contratación de personal laboral temporal en las diferentes categorías profesionales convocadas (un total de 41) en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía, con más de medio millón de solicitudes correspondientes a 178.801 personas diferentes, según los datos proporcionados en su día por el propio Gobierno andaluz.

Con el sistema de la Bolsa Única se establecía un baremo homogéneo y de procedimiento único para todo el ámbito del Convenio Colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía, un extremo que se valora desde el sindicato, que lamenta, no obstante, que aún no se haya puesto en práctica por la “falta de celeridad” de la Administración.

“Desde CSIF no entendemos cómo desde la Administración autonómica no se ha puesto toda la carne en el asador para reforzar el servicio encargado de la gestión y puesta en funcionamiento de la BUC, máxime cuando el pasado 6 de abril de 2022 se aprobó en la Comisión Negociadora de VII Convenio Colectivo la modificación del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía para la publicación de listados parciales o completos de las diferentes categorías profesionales convocadas junto con otras modificaciones”, según ha argumentado Dorado.

Para la central sindical “es lamentable que se hayan publicado en BOJA las otras modificaciones negociadas en materia de valoración de cursos de formación y perfeccionamiento en procesos selectivos y no se haya publicado aún, para su entrada en vigor, la modificación del reglamento regulador de la BUC para la puesta en marcha de los de listados parciales o completos de las diferentes categorías profesionales convocadas”.

Asimismo, CSIF recuerda que “se han generado unas expectativas profesionales a 178.801 personas y que éstas se están viendo cercenadas por la inacción de la Administración a la hora de poner los medios personales y técnicos necesarios para la agilización de la puesta en funcionamiento de la Bolsa Única Común, de manera que ello revierta en la agilización y eficacia de las contrataciones para prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía”.

A juicio de José Manuel Dorado, “esta falta de celeridad en la puesta en marcha de la Bolsa Única sigue provocando que se mantengan las dificultades en la contratación del personal sustituto de verano para los centros de atención a personas mayores y en los centros de menores, en los que se trabaja los siete días de la semana, las 24 horas del día en tres turnos; así como en los museos, bibliotecas, archivos, comedores escolares, etc...”.

El responsable sindical ha subrayado que esta situación provoca que se tengan que realizar llamamientos a través del Servicio Andaluz de Empleo para la selección de personal que, por su procedimiento de selección y la tardanza que supone baremar a los candidatos por el comité de empresa, provocan retraso en la cobertura.

Una instalación antigua mantiene al Centro de Documentación Musical de Andalucía sin aire acondicionado y con riesgo de estrés térmico para los trabajadores

admin — Thu, 28 Jul 22 10:05:10 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato mayoritario en la Función Pública y con presencia creciente en el sector privado, ha alertado sobre el riesgo que soportan los trabajadores y trabajadoras del Centro de Documentación Musical de Andalucía ubicado en la Acera del Darro de Granada. Este edificio emblemático, perteneciente a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, carece de sistema de aire acondicionado al disponer de una instalación antigua alimentada por un gas refrigerante “prohibido por su alta toxicidad” desde hace años, que no se ha podido reponer y que hace necesario renovar todo el sistema existente, situación que se arrastra desde hace varios años, tal como han denunciado los delegados de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato.

La Central Sindical ha remitido un escrito a la Consejería solicitando que se repare cuanto antes esta “deficiencia” de acuerdo a la normativa actual por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares deberá estar comprendida entre 17 y 27 º C.

CSIF Granada espera que la Administración sea “ágil” y ponga fin a esta situación de estrés térmico, que es el malestar que se produce en el cuerpo humano por desajustes en la temperatura, bien por acumulación o por pérdida excesiva de calor. Además, ha requerido a la Junta atender otros aspectos deficitarios en este centro de referencia a nivel andaluz, como la zona del servidor informático, situado en el torreón, que carece de la necesaria refrigeración con el riesgo de calentamiento y fallo eléctrico, o la saturación de diverso material en el almacén y la fonoteca, que dificulta su limpieza, ordenamiento y tránsito del personal.

Dada las elevadas temperaturas que se están sucediendo desde hace semanas, CSIF está informando a través de cartelería sobre los recomendaciones para evitar el estrés térmico, que incluye cuestiones como las señales de alerta, cómo prevenir un golpe de calor y cómo actuar cuando se produce. Se recuerda que los trabajadores y trabajadoras deben parar para hidratarse tantas veces como sea necesario, ya que mantener el cuerpo hidratado es clave para controlar la temperatura corporal. El sindicato avisa de que se mantendrá vigilante a través de sus delegados para que se cumpla la normativa de riesgos laborales.