Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

Germán Girela: En Andalucía faltan, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios esenciales como sanidad, educación y justicia

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 01 Jun 26 12:43:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza en Siete Economía la situación del mercado laboral, los servicios públicos y los retos en la comunidad

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha defendido la necesidad de impulsar políticas que permitan generar empleo estable y de calidad, mejorar los salarios y reforzar los servicios públicos en la comunidad autónoma durante una entrevista en el programa Siete Economía de 7TV Andalucía.

Respecto a la situación del mercado laboral andaluz, Girela se mostró crítico con los mensajes excesivamente optimistas que solo tienen en cuenta los datos macroeconómicos. “Los buenos datos económicos no se reflejan en la realidad diaria de muchos trabajadores. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes y estamos asistiendo al fenómeno del trabajador pobre, personas con empleo que no pueden desarrollar un proyecto de vida ni acceder a una vivienda”, afirmó. En este sentido, relacionó la situación con un modelo productivo excesivamente vinculado a la estacionalidad y reclamó una apuesta decidida por sectores capaces de generar empleo estable y mejor remunerado, como la industria, la innovación o las energías renovables. Asimismo, defendió la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque advirtió de la necesidad de que el incremento salarial alcance también al conjunto de los trabajadores para evitar la congelación de los salarios medios.

El presidente de CSIF Andalucía insistió también en la necesidad de reforzar los servicios públicos andaluces, lo que pasa inexcusablemente por un refuerzo de personal y por la mejora de las condiciones laborales de las y los profesionales. "En Andalucía hacen falta, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la justicia", señaló Girela.

En el ámbito sanitario, cifró en aproximadamente 18.000 los profesionales que serían necesarios para equiparar Andalucía a la media nacional en número de trabajadores por habitante; no obstante, advirtió de que la solución no pasa únicamente por aumentar las contrataciones. “También hacen falta más recursos materiales, mejores infraestructuras y una política de contratación que aporte estabilidad para atraer y retener profesionales”, explicó.

En educación, estimó que serían necesarios al menos 5.000 profesionales más, especialmente para atender el incremento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, reclamó un refuerzo de personal en la Administración de Justicia de, como mínimo, medio millar de profesionales.

Por último, Girela advirtió de la necesidad de reforzar el diálogo social en Andalucía, que será una de las reivindicaciones del sindicato al nuevo gobierno andaluz. Los servicios públicos no son un privilegio, son un derecho de la ciudadanía. Es necesario fortalecerlos y garantizar que la voz de todos los trabajadores esté representada en los espacios de participación institucional”, afirmó, en referencia al déficit democrático que supone la Ley de Participación Institucional de Andalucía, que deja fuera a CSIF a pesar de ser el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con cada vez más presencia en la empresa privada.

En ese sentido, Girela destacó el crecimiento sostenido de CSIF, que en Andalucía cuenta con más de 86.000 personas afiliadas y cerca de 3.500 delegados/as, así como la independencia del sindicato, financiado exclusivamente mediante las cuotas de la afiliación, que constituye una de sus principales fortalezas. "No dependemos de subvenciones y eso nos permite negociar con total libertad e independiente tanto de las administraciones como con las empresas", señaló Girela.

CSIF exige soluciones reales ante el calor en las aulas andaluzas: “Los protocolos no enfrían los centros, hacen falta más inversión y equipamientos”

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 09 Jun 26 10:15:00 CEST

El sindicato alerta de que buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar las altas temperaturas, que afectan al rendimiento académico y a la salud laboral
Denuncia que, seis años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón y reclama una planificación realista y más financiación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones reales ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha vuelto a denunciar una realidad que se repite curso tras curso: buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha recordado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural. “No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas”, ha señalado la presidente de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

La Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

García ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable. En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma. “Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 11 % de los centros andaluces cuenta con sistemas de bioclimatización”, ha señalado García. La Central Sindical considera imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 4.000 centros educativos públicos de la comunidad de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, el sindicato exige planificación, financiación suficiente y ágil ejecución que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

“Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas”, ha concluido García.

CSIF-A reclama mejorar la petición de destinos por comarcas para favorecer la conciliación del profesorado interino

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 10 Jun 26 13:06:00 CEST

El sindicato defiende que una gestión eficaz de este procedimiento puede ser compatible con una mejor atención a la realidad personal, familiar y laboral de los docentes
Destaca también la incorporación de nuevas titulaciones a las bolsas docentes, una medida propuesta por la organización con impacto directo en el empleo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una modificación del actual procedimiento de petición de destinos docentes, conocido como colocación de efectivos, que permita al profesorado interino y aspirante a interinidad solicitarlos por comarcas, zonas educativas o distritos.

CSIF Educación Andalucía ha trasladado esta propuesta a la Administración educativa con el objetivo de avanzar hacia un procedimiento que presenta un claro margen de mejora y debe adaptarse mejor a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado que forma parte de las bolsas.

En la actualidad, el personal interino debe solicitar obligatoriamente un mínimo de dos provincias completas para la adjudicación de vacantes y, al menos, una provincia para sustituciones; sin embargo, no contempla fórmulas más flexibles basadas en ámbitos territoriales más reducidos, como comarcas, zonas educativas o distritos. Esto permitiría avanzar hacia un procedimiento más racional, equilibrado y moderno, al igual que permitiría conjugar la necesaria eficacia en la gestión administrativa con una mejor atención a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado interino.

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha incidido en que “no se trata de dificultar la gestión de destinos, sino de mejorarla. La Administración educativa debe abrir un espacio de diálogo para analizar esta manera específica y estudiar propuestas técnicas que permitan humanizar el procedimiento sin poner en riesgo la cobertura de necesidades del sistema educativo público”. Esta posición ha sido defendida por CSIF en la Mesa Sectorial de Educación como primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza; asimismo, la organización ha solicitado formalmente una reunión con la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para abordar esta problemática y estudiar posibles modificaciones.

La Central Sindical considera que esta mejora permitiría modernizar la colocación de efectivos y alinearla con modelos ya existentes en otros ámbitos de la administración pública, avanzando hacia un procedimiento más equilibrado, eficaz y respetuoso con las necesidades reales del personal interino; asimismo, CSIF Educación Andalucía reitera su compromiso con la defensa del profesorado interino y seguirá trabajando para que la colocación de efectivos sea un procedimiento más justo, más eficaz y más compatible con la conciliación de la vida personal familiar y laboral.

Ampliación de titulaciones en las bolsas de trabajo docentes

Por otro lado, CSIF ha planteado en Mesa Sectorial otra medida con impacto directo en el empleo como es la ampliación de las titulaciones que permiten acceder a las bolsas de trabajo docentes. En concreto, la organización ha propuesto la incorporación de 86 titulaciones en 40 especialidades de distintos cuerpos docentes que hasta la fecha no estaban contempladas

Entre las titulaciones incluidas a propuesta de CSIF destacan Periodismo, Derecho, Veterinaria, Óptica y Optometría, Bellas Artes y distintas ingenierías -como Agrónoma, Naval o Electrónica, entre otras-, lo que abre nuevas oportunidades laborales a graduados y licenciados de estos ámbitos universitarios.

Para CSIF, esta ampliación no solo favorece el acceso al empleo docente, sino que también permite aprovechar perfiles cualificados que pueden contribuir a impartir enseñanzas con la calidad necesaria.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF reclama que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se haga “con todas las garantías y sin sobrecargar a las plantillas”

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 15 Jun 26 11:40:00 CEST

El sindicato valora la modernización que supone esta medida, que entrará en vigor el 16 de junio, pero exige un refuerzo de medios y reducción de la incertidumbre entre las personas beneficiarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se realice con todas las garantías para las personas mutualistas y sin que suponga una sobrecarga añadida para las plantillas que sostienen el servicio.

La receta electrónica, cuyo proceso de desarrollo se inició en 2020, estará disponible para todas las personas mutualistas acogidas a la sanidad concertada desde este 16 de junio, lo que para CSIF “es un paso en la buena dirección para consolidar y hacer perdurable MUFACE; no obstante, la modernización del sistema debe reforzar el modelo, no tensionarlo aún más”.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que “todo lo que suponga afianzar MUFACE y fortalecer el mutualismo administrativo contará con el apoyo de CSIF, pero la digitalización no puede hacerse a costa del servicio al mutualista ni de la salud laboral de los trabajadores”. En ese sentido, ha advertido de que sin el respaldo económico necesario, sin refuerzo de plantillas y sin una actualización real de los medios tecnológicos, la modernización será insuficiente para garantizar la calidad del modelo.

La implantación de la receta electrónica afectará a los mutualistas que reciben asistencia sanitaria a través de entidades privadas concertadas en las ocho provincias, que en Andalucía asciende aproximadamente a 250.000 personas, teniendo en cuenta que aproximadamente el 62 % de los mutualistas mantiene esta fórmula de atención sanitaria.

La Central Sindical ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas ante posibles dudas. Esta medida no será obligatoria de manera inmediata, sino que inicialmente convivirá con el tradicional talonario en papel.

El sindicato, sin embargo, ha aclarado que sitúa como línea roja la garantía absoluta de la continuidad asistencial. La edad media del colectivo mutualista en Andalucía es de 61 años, lo que evidencia una brecha digital que la Administración no puede ignorar. Para CSIF, “la implantación del nuevo sistema debe ir acompañada de campañas de información claras, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de una población envejecida y debe evitar demoras, desatención o situaciones de confusión en las farmacias”.

Girela ha subrayado que “el objetivo prioritario de la Administración debe ser no generar incertidumbre entre los mutualistas. No se puede generar inseguridad en un colectivo que necesita estabilidad y garantías en su atención sanitaria”.

Al mismo tiempo, CSIF ha denunciado la situación de vulnerabilidad que atraviesan las plantillas de los servicios provinciales de MUFACE, que son quienes asumen la gestión diaria del modelo y la atención directa a los mutualistas. El sindicato ha advertido de que “estas empleadas y empleados públicos soportan una presión psicológica constante derivada de las deficiencias estructurales del sistema y de los recortes en los conciertos sanitarios, teniendo que dar respuesta a las quejas ciudadanas sin ser responsables de las decisiones políticas”. Casos como los problemas de coordinación entre la Junta de Andalucía y las entidades concertadas en la vacunación internacional de mutualistas evidencian cómo, finalmente, son los trabajadores quienes deben buscar soluciones a situaciones complejas.

Además, la organización considera incoherente impulsar una transición digital de gran alcance mientras el personal trabaja con equipos informáticos obsoletos, aplicaciones que sufren caídas recurrentes y una evidente carencia de herramientas tecnológicas actualizadas. A ello se suman unas condiciones retributivas claramente insuficientes. “Los cuerpos administrativos de MUFACE presentan una de las mayores brechas salariales dentro de la Administración General del Estado, con complementos específicos que no compensan la carga de trabajo ni la responsabilidad inherente a sus puestos”, ha explicado Girela; asimismo la mutualidad carece de un sistema de productividad justo y motivador que reconozca el esfuerzo adicional que supone afrontar nuevos retos como la implantación de la receta electrónica.

Por todo ello, CSIF ha exigido la actualización inmediata de las plantillas, la renovación integral de los medios informáticos y una revisión al alza de los complementos salariales y de los sistemas de productividad.

“El éxito de la receta electrónica no dependerá solo de la tecnología, sino de los recursos humanos y materiales que la respalden. Si se hace bien, será un avance; si se improvisa, generará más problemas de los que pretende resolver. Y ahí estará CSIF para defender un modelo en el que creemos, tal y como nuestra organización demostró una vez más a finales de 2024 cuando peligraba la renovación del concierto sanitario y se puso en jaque la calidad asistencial”, ha concluido Girela.

CSIF-A critica el “volantazo” del Gobierno en el Estatuto Marco y exige la reclasificación inmediata de los técnicos medios y superiores

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 15 Jun 26 13:02:00 CEST

El sindicato denuncia deslealtad en la negociación por parte del Ejecutivo Central al modificar, de manera unilateral, el borrador que se ha enviado a trámite parlamentario
Anuncia movilizaciones contra una decisión que seguiría manteniendo un grave perjuicio económico sobre miles de profesionales claves en el día a día de la sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha denunciado el “volantazo” dado por el Gobierno Central en la negociación del futuro Estatuto Marco, al enviar a Consejo de Gobierno y posterior trámite parlamentario un documento diferente al que meses atrás se pactó entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

“Se trata de una deslealtad a la negociación y una traición a miles de profesionales que no vamos a tolerar”, ha señalado Victorino Girela, presidente de CSIF Sanidad Andalucía, en alusión, entre otros asuntos, a la falta de financiación para la reclasificación de los profesionales, lo que deja en agua de borrajas el compromiso que el Gobierno Central había adquirido con los representantes de los y las profesionales de la sanidad.

Por ello, la Central Sindical ha anunciado “cuantas movilizaciones y acciones sean necesarias para hacer ver al Gobierno este gravísimo error”. El objetivo de dichas protestas no será otro que visibilizar la “traición” del Gobierno a los profesionales. “Por mucho que la reclasificación aparezca en el borrador del Estatuto Marco, si en esta fase ha sido capaz de modificar el texto, excluyendo todo lo referente a jubilación, intuimos que la negociación posterior de las retribuciones que deben acompañar a esta clasificación va a llevar al mismo camino, es una tomadura de pelo”, ha explicado Girela, subrayando que “pensar que esa supuesta subida de nivel para los profesionales es suficiente sin que vaya aparejada de un reconocimiento económico es, simple y llanamente, una estafa”.

En este sentido, el dirigente sindical ha lamentado “este paso en falso del Gobierno”, que, además, “es especialmente lesivo para algunos grupos profesionales, como los técnicos superiores y los técnicos medios, además de no adaptar las retribuciones a la especial exigencia de responsabilidad y formación post-Bolonia que se da en los profesionales de la sanidad”. No en vano, los técnicos medios y superiores sanitarios llevan siendo injustamente tratados desde el año 2007, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público reguló en su artículo 76 la nueva clasificación de los grupos profesionales. A pesar de que desde entonces la Administración ha venido dando largas a su subida de nivel, sí exige la titulación para poder acceder a la categoría profesional, aunque no la reconozca a efectos retributivos. “Es una injusticia enorme y, por ello, el paso de los técnicos superiores al grupo B y de los técnicos medios al grupo C1 de retribuciones es una más que necesaria reivindicación por la que CSIF va a seguir peleando cuando y donde sea como hasta ahora”, ha explicado Girela.

Asimismo, CSIF ha recordado que lleva años implicado en varios frentes con el objetivo de conseguir esta reclasificación. Los mismos incluyen la Mesa General de Función Pública, la Mesa del Ámbito de Sanidad, la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y diferentes acciones ante el Ministerio de Sanidad y también en el ámbito europeo. En concreto, ya en 2019 se llevaron a cabo las primeras reuniones con grupos parlamentarios para solicitar apoyo a la aplicación definitiva del artículo 76 del TREBEP para los técnicos superiores y técnicos medios.

A partir de ese momento, el sindicato ha trabajado con compromiso y determinación en la búsqueda de este objetivo tan necesario. La reclamación del grado universitario para los técnicos superiores sanitarios (posteriormente apoyada por el Congreso de los Diputados) y la defensa ante la Unión Europea del derecho de estos a que su título sea reconocido a nivel comunitario (solicitud admitida por Bruselas en 2024) también forman parte de la hoja de ruta de CSIF, así como la petición al Ministerio de Sanidad de la activación de grupos de trabajo destinados a actualizar las funciones de las y los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

De igual manera, el sindicato ha hecho aportaciones durante la reforma de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pidiendo reconocer de forma efectiva a los técnicos superiores sanitarios y técnicos medios sanitarios como profesión sanitaria de pleno derecho por su papel esencial en procesos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados. CSIF también ha llevado a cabo varias movilizaciones ante el Ministerio de Sanidad y diferentes reclamaciones por vía judicial.

“Así lleva siendo casi dos décadas, sea el Gobierno del color que sea, y ahora el actual ha vuelto a decepcionar a los trabajadores, motivo por el que el sindicato volverá a salir a la calle en los próximos meses y ahí seguirá hasta conseguir paliar esta deuda histórica con varios colectivos fundamentales para el correcto funcionamiento de la sanidad pública”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia una nueva caída de @driano que vuelve a colapsar la actividad judicial en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 16 Jun 26 16:04:00 CEST

El sindicato exige soluciones definitivas a las continuas incidencias del sistema y reclama más inversión en infraestructuras tecnológicas para la Administración de Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado una nueva caída generalizada del sistema @driano, que desde ayer está provocando graves incidencias en juzgados y tribunales de toda Andalucía y, en consecuencia, afecta al normal funcionamiento del servicio público de Justicia.

La organización sindical ha alertado de que dicha incidencia está impidiendo el normal acceso a procedimiento y expedientes judiciales, lo que dificulta la práctica de diligencias y está provocando la paralización o suspensión de juicios o comparecencias. Asimismo, la situación está generando importantes problemas en los servicios de guardia, que afecta incluso a actuaciones urgentes relacionadas con personas detenidas.

CSIF también ha destacado que, una vez más, son los funcionarios y funcionarias de Justicia quienes, gracias a su profesionalidad y compromiso, están evitando la paralización total de la actividad judicial mediante el uso de medios alternativos procedimientos provisionales para garantizar la atención a la ciudadanía.

Para el sindicato, resulta inaceptable que estas incidencias se repitan de forma constante mientras la Administración continúa presentando una supuesta “justicia digital”, que sigue evidenciando graves carencias en materia de estabilidad, fiabilidad y recursos tecnológicos. Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Junta de Andalucía la adopción inmediata de medias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema @driano, así como inversiones reales en infraestructuras tecnológicas y en la dotación de equipos informáticos adecuados para los órganos judiciales. Del mismo modo, ha reclamado transparencia sobre las causas de esta nueva incidencia y sobre las actuaciones previstas para evitar que vuelva a repetirse.

La Junta de Andalucía reconoce que vulneró el derecho a la huelga de la plantilla de Cetursa tras la denuncia de CSIF

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 09:50:00 CEST

La empresa pública admite en sede judicial que las contrataciones realizadas durante las movilizaciones de 2025 lesionaron derechos fundamentales de las personas trabajadoras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha conseguido que la Junta de Andalucía reconozca la vulneración del derecho fundamental de huelga y de libertad sindical de la plantilla de Cetursa, empresa pública encargada de la gestión de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), durante las movilizaciones llevadas a cabo a principios de 2025.

El reconocimiento se produjo este lunes en sede judicial, donde las partes alcanzaron un acuerdo por el que la Administración admite que las contrataciones realizadas para cubrir al personal que decidiese secundar los paros convocados por las organizaciones sindicales supusieron una vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras que ejercían legítimamente su derecho a la huelga.

Para CSIF, esta práctica supone un hecho de extrema gravedad y la constatación de unas prácticas que denunció públicamente desde el primer momento. La Central Sindical interpuso una demanda en marzo de 2025 por vulneración de derechos especialmente protegidos en la Constitución por parte de Cetursa con el objetivo de minimizar el efecto de unas protestas en el marco del conflicto laboral existente en la empresa por el incumplimiento de compromisos adquiridos con la plantilla.

El sindicato ha subrayado que el ejercicio del derecho a la huelga constituye una garantía esencial en cualquier sistema democrático y, por tanto, es “intolerable” que una empresa dependiente de la Junta de Andalucía “necesite llegar a un juicio para reconocer que lo vulneró”, así como que “este acuerdo debe servir para evitar que vuelvan a producirse actuaciones similares en el futuro pues el respeto a los derechos vulnerados es una obligación ineludible para cualquier empleador y, con mayor motivo, para una empresa pública”.

Por último, CSIF ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de Cetursa y continuará ejerciendo cuantas acciones sindicales y jurídicas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad laboral.

CSIF se moviliza en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales: refuerzo de personal, teletrabajo, 35 horas, movilidad o carrera profesional

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 13:33:00 CEST

Una plantilla envejecida e insuficiente, el aumento de la carga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales afectan al servicio a la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado en Sevilla por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social y la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del Estado de Bienestar.

La movilización, convocada por CSIF, UGT, CCOO y CIG en diferentes puntos de la geografía nacional, ha congregado aproximadamente a 300 trabajadores y trabajadoras a las puertas de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Las organizaciones sindicales han denunciado el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional. Además, las productividades no se han actualizado como en el resto de los organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener el talento.

La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos. De una plantilla en Andalucía compuesta por unas 7.200 personas, un 10 % permanece vacante; además, la plantilla está cada vez más envejecida y el 50 % estará en edad de jubilación en cinco años.

De esta manera, la plantilla tiene cada vez más dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía en los trámites que realiza con la Seguridad Social. Esta realidad se aprecia en la atención al público, con oficinas con una grave falta de personal y esperas de hasta un mes y medio para conseguir cita; asimismo, en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el plazo medio de resolución es de un año.

El origen de estas protestas es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las organizaciones han denunciado, además, el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

CSIF y el resto de las organizaciones sindicales convocantes mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado de Bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía.

CSIF consigue que todos los días de la semana sean teletrabajables en la Administración General de la Junta de Andalucía y no se menoscabe el derecho por el disfrute de permisos, vacaciones, licencias y festivos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:20:00 CEST

Administración General de la Junta de Andalucía

Resolución por la que se establecen criterios homogéneos para el teletrabajo en la AGJA previa al decreto

CSIF consigue que la Administración apruebe una resolución de aplicación inmediata y con criterios unificados hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto.

CSIF Andalucía ha presionado para que la Junta de Andalucía apruebe la nueva resolución de homogeneización del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía, una medida que da cumplimiento al pacto suscrito con la Administración el pasado mes de abril.

Esta resolución hará disponer de un marco común, más estable y con mayores garantías hasta la entrada en vigor del futuro decreto, permitiendo que todos los días de la semana sean potencialmente teletrabajables y que no se menoscaben los días de teletrabajo porque en la semana se disfruten permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria.

Fruto del trabajo y las propuestas defendidas por CSIF, la resolución incorpora importantes avances para el personal empleado público. La nueva regulación provisional pone fin a la disparidad de criterios existente entre distintos centros directivos y establece reglas homogéneas para toda la Administración General de la Junta de Andalucía.

Principales mejoras conseguidas

Todos los días hábiles de la semana serán teletrabajables.
El disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria autorizadas no podrá menoscabar la prestación de la jornada de trabajo mediante la modalidad de teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación de los servicios públicos.
Se establece el silencio administrativo positivo: Las solicitudes se entenderán estimadas si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses.
Las causas de denegación quedan tasadas y reguladas, lo que aportará mayor seguridad jurídica y evitará interpretaciones arbitrarias.
Se refuerzan las garantías frente a la revocación de las autorizaciones, incorporando trámite de audiencia y preaviso suficiente antes de adoptar decisiones que afecten a la persona trabajadora.
El personal de atención a la ciudadanía por medios telemáticos podrá acceder al teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación del servicio.
El personal directivo y de coordinación de equipos podrá acogerse al teletrabajo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
Se flexibiliza el requisito de antigüedad, facilitando que más empleados y empleadas públicas puedan solicitar esta modalidad.
Se prohíben expresamente mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre las personas teletrabajadoras.
La tramitación de las solicitudes será obligatoriamente electrónica, lo que agilizará y unificará el procedimiento en toda la Junta de Andalucía.
Se incrementa la seguridad jurídica y la flexibilidad en relación con el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo.

¿Qué ocurre con las autorizaciones ya concedidas?

Las autorizaciones de teletrabajo actualmente vigentes mantendrán plenamente su validez y seguirán rigiéndose por las condiciones con las que fueron concedidas.

Por tanto, no será necesario repetir trámites ni rehacer la documentación o planificación ya aprobadas.

Por el contrario, las nuevas solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de la resolución deberán ajustarse a los nuevos criterios organizativos, funcionales y procedimentales establecidos en la misma.

CSIF seguirá exigiendo más avances

Para CSIF, la aprobación de esta resolución supone un paso importante hacia la consolidación de un modelo de teletrabajo más transparente, garantista y homogéneo para todo el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

No obstante, el sindicato continuará trabajando para que la Administración cumpla el compromiso adquirido de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

CSIF seguirá defendiendo la implantación efectiva de dos días semanales de teletrabajo, una reivindicación histórica orientada a mejorar la conciliación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

CSIF propone al Congreso un copago farmacéutico común para Seguridad Social y mutualistas: 30 por ciento general y gratuidad para pensionistas

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 22 Jun 26 11:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración: un 30 por ciento general y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo y cuyo plazo de enmiendas concluye, previsiblemente, el próximo día 24.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor.

28 de junio de 2026, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ “RESPETO, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS EN EL TRABAJO”

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 22 Jun 26 10:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad de trato, la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, especialmente en el ámbito laboral.

El 28 de junio es una fecha para recordar los avances alcanzados en materia de derechos y libertades, pero también para seguir trabajando con el fin de que ninguna persona vea limitada su carrera profesional, sus oportunidades de empleo o sus condiciones laborales por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Desde CSIF defendemos que la igualdad debe traducirse en medidas concretas y efectivas en los centros de trabajo, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. El respeto a la diversidad no es únicamente una cuestión de convivencia; es también una garantía de derechos laborales y de igualdad de oportunidades.

El ámbito laboral debe ser un espacio seguro, inclusivo y respetuoso y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de ser referentes como principales empleadoras del país y garantes del servicio público. El Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, que alcanzó CSIF con Función Pública en noviembre de 2025, incluyó el compromiso de impulsar políticas para garantizar la no discriminación, entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos con medidas para prevenir y eliminar cualquier discriminación, favorecer la promoción y carrera profesional, sensibilización de la plantilla, el fomento de lenguaje inclusivo y la implantación de un protocolo específico frente el acoso y la violencia.

A lo largo del año, los asuntos que más controversia han generado han sido el aumento de agresiones y delitos de odio, la polarización política y su traslado a las instituciones, la aplicación de la Ley Trans, así como la inclusión laboral y los planes LGTBI+ en el ámbito laboral. Según datos de la FELGTB, las agresiones a la población LGTBI+ se duplicaron en un año, con 812.000 personas agredidas en el último año (2025). Además, un informe de la misma federación señala que solo el 23 por ciento de las personas LGTBI+ viven de manera abierta su orientación sexual o identidad de género en su trabajo.

Por ello, reclamamos:

1. La aplicación efectiva de las medidas previstas en la normativa vigente Impulsando la implantación de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en empresas y administraciones públicas.

2. Protocolos eficaces frente al acoso y la discriminación Garantizando procedimientos ágiles, confidenciales y seguros para prevenir, detectar y actuar frente a cualquier conducta discriminatoria o situación de acoso.

3. Igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y desarrollo profesional Estableciendo medidas que erradiquen estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBIQ+ y eviten la discriminación directa o indirecta en procesos de promoción profesional, garantizando así la carrera profesional en igualdad de condiciones.

4. Formación y sensibilización Promoviendo acciones formativas y de sensibilización para fomentar entornos laborales respetuosos e inclusivos.

5. Garantía de derechos

6. Negociación colectiva comprometida con la igualdad Asegurando a las personas LGTBIQ+ el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género. Incorporando cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en convenios colectivos, planes de igualdad, protocolos de acoso y demás instrumentos de negociación.

7. Evaluación y mejora continua de los entornos laborales Impulsar la creación de mecanismos de evaluación periódica que permitan medir el grado de inclusión, respeto y seguridad de las personas LGTBIQ+ en las administraciones públicas, mediante encuestas de clima laboral, indicadores objetivos y planes de mejora que conviertan a las administraciones en referentes de igualdad y diversidad para el conjunto del mercado laboral.

Como organización sindical, seguiremos trabajando para que el respeto, la igualdad y la dignidad formen parte de la realidad cotidiana en los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa también se construye desde el empleo.

Todo por todos y todas. Todo por la igualdad.

CSIF rechaza la falta de transparencia y de financiación estable para la atención educativa en zonas vulnerables y alerta de los riesgos para la movilidad del profesorado andaluz

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:06:00 CEST

El sindicato señala que el nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social mantiene importantes incertidumbres sobre su aplicación y reclama más recursos que sean consolidables
Critica que la Consejería introdujera medidas de última hora sin consenso y con imposiciones a pesar de las posibles consecuencias para las plantillas docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, ha mostrado su preocupación tras la publicación del Decreto por el que se regula la atención educativa en centros sostenidos con fondos públicos ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) al considerar que el texto definitivo confirma buena parte de las advertencias que la organización planteó durante su tramitación.

El sindicato ha señalado que el decreto publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “mantiene importantes sombras relacionadas con la transparencia en la aplicación de determinados criterios y con la estabilidad de la financiación prevista”, al tiempo que ha alertado de “las posibles consecuencias para los derechos y la movilidad del profesorado”.

“La atención educativa al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad es una prioridad que CSIF siempre ha defendido y por la que nos hemos movilizado, pero precisamente por la importancia de la cuestión no podemos conformarnos con anuncios y titulares. Las medidas deben ir acompañadas de garantías de financiación suficiente y de absoluta transparencia en su aplicación”, ha explicado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En materia económica, CSIF ha resaltado que la propia norma condiciona buena parte de las actuaciones a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio y otra parte relevante de la financiación anunciada se vincula a fondos europeos. “Las políticas destinadas a compensar desigualdades educativas no pueden depender de recursos coyunturales. Hablamos de una necesidad estructural que requiere un compromiso presupuestario sólido y permanente. Por eso CSIF reclama una financiación estable, propia y plurianual por parte de la Junta de Andalucía”, ha afirmado García.

Otro de los aspectos rechazados por la Central Sindical es la incorporación de un criterio relacionado con la permanencia efectiva del profesorado inferior al 30 % para determinar qué centros podrán ser considerados de especial dificultad. “La Administración no ha explicado de forma suficiente como se aplicará ese criterio, qué datos se tendrán en cuenta ni cuántos centros podrían verse afectados, lo que genera serias dudas sobre la objetividad del procedimiento. La transparencia exige que los criterios sean claros, públicos y verificables”, ha denunciado García.

Del mismo modo, el sindicato ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de cubrir determinados puestos directivos mediante comisiones de servicio en estos centros. Esta medida puede reducir vacantes disponibles para otros procedimientos de provisión, limitar las opciones de movilidad del profesorado e introducir elementos de discrecionalidad que no contribuyen a la estabilidad de las plantillas.

En este sentido, García ha exigido implementar mejoras para los equipos directivos que precisan de más recursos personales, mejora de sus condicionales laborales, reconocimiento profesional y no inventos administrativos de escasa efectividad, pero con efectos muy negativos sobre la oferta de vacantes y derechos el profesorado. “Fortalecer la dirección de los centros pasa por contar con más recursos, más apoyo y mejores condiciones laborales, y no por optar por fórmulas que puedan reducir vacantes o generar incertidumbre”, ha explicado la dirigente sindical.

Por otro lado, ha aclarado que el mantenimiento de los 414 cupos vinculados a compensatoria y difícil desempeño no responde a una concesión de la Administración, sino que es fruto de la presión de CSIF desde un principio frente a un modelo que, en sus primeras versiones, eliminaba los recursos existentes y suprimía al profesorado afectado.

CSIF ha reiterado su compromiso con la mejora de la atención educativa en las zonas con necesidades de transformación social y ha subrayado que esto solo será posible con recursos suficientes y estables, una gestión transparente y el respeto a los derechos del profesorado. “El alumnado vulnerable merece una respuesta seria y el profesorado precisa de respecto a sus derechos y una negociación real de las medidas que afectan a su labor profesional”, ha concluido García.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 11 Jun 26 12:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCSIF InformaAndalucía Image

CSIF Sanidad Nacional

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

El sindicato presenta alegaciones para reforzar la formación en salud mental laboral, riesgos emergentes, investigación, liderazgo, vigilancia colectiva, perspectiva de género y coordinación sanitaria y preventiva.

CSIF considera imprescindible situar la especialidad de Medicina del Trabajo a la vanguardia de los cambios que están transformando el mundo laboral. La digitalización, el envejecimiento de la población trabajadora, los riesgos psicosociales, las nuevas formas de organización del trabajo y el impacto del cambio climático exigen una formación especializada más completa, actualizada y adaptada a la realidad actual.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha presentado alegaciones al Proyecto de Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo con el objetivo de reforzar la preparación de los futuros especialistas y mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Para CSIF, la formación especializada constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y preventivo. Por ello, el programa formativo no puede limitarse a la adquisición de competencias clínicas tradicionales, sino que debe incorporar herramientas que permitan afrontar con solvencia los retos presentes y futuros de la salud laboral.

Salud mental laboral

CSIF pide reforzar la formación en riesgos psicosociales, burnout, acoso laboral, violencia en el trabajo y promoción del bienestar emocional.

Nuevos riesgos laborales

El sindicato reclama competencias específicas sobre teletrabajo, plataformas digitales, inteligencia artificial, automatización y cambio climático.

Investigación y evidencia

CSIF propone aumentar la formación en epidemiología laboral, bioestadística, metodología de investigación y análisis de datos sanitarios y laborales.

Vigilancia colectiva

El sindicato solicita más peso práctico para la vigilancia epidemiológica, enfermedades profesionales, incapacidad laboral y coordinación asistencial.

Una formación adaptada a los retos actuales de la salud laboral

CSIF advierte de que los problemas de salud mental se han convertido en una de las principales causas de incapacidad temporal, absentismo y pérdida de productividad. Por ello, considera imprescindible que los especialistas en Medicina del Trabajo cuenten con una formación más amplia y actualizada para prevenir, detectar precozmente y realizar seguimiento de estas situaciones.

Del mismo modo, el sindicato reclama que el programa formativo incorpore los nuevos escenarios laborales derivados de las transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas. Entre ellos, el teletrabajo, el trabajo híbrido, el trabajo en plataformas digitales, el envejecimiento de la población trabajadora, la diversidad generacional, los nuevos riesgos ergonómicos y organizativos, la digitalización, la inteligencia artificial y el cambio climático.

CSIF defiende que la Medicina del Trabajo debe anticiparse a los nuevos riesgos y no limitarse a responder cuando el daño ya se ha producido. La prevención exige formación, evidencia científica, coordinación y recursos.

Más investigación, liderazgo y coordinación

Otra de las propuestas de CSIF es incrementar la formación en investigación y medicina basada en la evidencia. El sindicato considera que la toma de decisiones en salud laboral debe apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible, reforzando la capacitación en epidemiología laboral, bioestadística, lectura crítica de la literatura científica, diseño de proyectos y análisis de grandes bases de datos.

Asimismo, CSIF plantea incorporar formación reglada en liderazgo y gestión, ya que los especialistas en Medicina del Trabajo desempeñan con frecuencia funciones de coordinación, dirección de servicios de prevención, planificación estratégica, gestión de equipos multidisciplinares, comunicación institucional, negociación y resolución de conflictos.

Perspectiva de género, desigualdades y vigilancia de la salud colectiva

CSIF también solicita reforzar la formación práctica en vigilancia de la salud colectiva, perspectiva de género y desigualdades en salud laboral. Para el sindicato, estas competencias son esenciales para detectar precozmente riesgos, analizar indicadores de salud laboral, investigar brotes o eventos centinela, evaluar programas preventivos y mejorar la actuación ante enfermedades profesionales.

Además, CSIF considera necesario mejorar la coordinación entre Atención Primaria, Inspección Médica, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios de prevención propios y ajenos, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz y completa en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

CSIF exigue que sus propuestas sean incorporadas al texto definitivo

CSIF solicita que sus alegaciones sean valoradas favorablemente e incorporadas al texto definitivo del Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo. El sindicato subraya que invertir en una formación especializada de mayor calidad supone una garantía para la protección de la salud de las personas trabajadoras, una mejora de la capacidad de respuesta del sistema preventivo y un reconocimiento al papel esencial que desempeñan los especialistas en Medicina del Trabajo.

La salud laboral del futuro necesita especialistas mejor formados, más recursos y una prevención adaptada a los nuevos riesgos.

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CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

dario.carrasquilla.de-la-torre — Wed, 03 Jun 26 14:00:00 CEST

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CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

“No podemos seguir normalizando la violencia contra quienes sostienen la sanidad pública”

El sindicato registra una carta en el Ministerio de Sanidad tras constatar 51 agresiones diarias a profesionales del SNS en 2025 y denunciar que la administración utiliza a los sanitarios como “parachoques humano” ante la frustración de los usuarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Sanidad), organización sindical más representativa en las administraciones públicas, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, en la que exige la creación urgente y efectiva de un Observatorio Nacional de Agresiones a Profesionales de la Sanidad, con participación real de las organizaciones sindicales y capacidad de coordinación en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato alerta de que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del SNS, lo que supone 51 ataques cada día en España y una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales. Esta cifra representa un incremento del 8,74% respecto a 2024.

Desde CSIF advierten, además, de que la realidad puede ser aún más grave debido a la elevada infradeclaración provocada por el miedo, la burocracia, la falta de apoyo institucional y la peligrosa normalización de la violencia en los centros sanitarios.

18.563 agresiones notificadas en 2025

51 ataques diarios a profesionales sanitarios

+8,74% incremento respecto a 2024

24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales

Tipo de agresión notificada

No físicas: insultos, amenazas o intimidaciones 84,5%

Físicas 15,5%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

Ámbito donde se notifican las agresiones

Atención Primaria 51%

Atención Hospitalaria 47%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

“No se puede asumir como parte del trabajo que un profesional sea insultado, amenazado o agredido mientras atiende a pacientes. Estamos hablando de personas que sostienen la sanidad pública en condiciones extremas de presión asistencial”.

Un incumplimiento flagrante del Convenio 190 de la OIT

CSIF denuncia que la persistencia de estas agresiones demuestra que las medidas de prevención de riesgos laborales actuales son insuficientes e ineficaces, vulnerando el derecho del personal a trabajar en condiciones de seguridad y dignidad.

Además, el sindicato recuerda que España ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

“La preocupante realidad de las agresiones diarias al personal sanitario es la consecuencia directa de una alarmante pérdida de calidad asistencial, provocada por la falta de recursos, la saturación del sistema y las listas de espera crónicas”.

CSIF denuncia en la carta que, al no solucionar estas deficiencias estructurales, la administración y las gerencias están utilizando a los profesionales de la salud como un auténtico “parachoques humano” frente a la frustración legítima de los usuarios.

Lo que CSIF reclama

El sindicato plantea tres bloques de medidas para atajar el problema desde la raíz:

1. Medidas de gestión para reducir la carga y mejorar la calidad asistencial

Ratios de personal blindados por ley.
Refuerzo inmediato de plantillas.
Desburocratización de las consultas con personal administrativo de apoyo.
Sistemas ágiles de triaje y espera con información en tiempo real.
Refuerzo de la atención comunitaria y de salud mental.

2. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad física

Actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales incluyendo la violencia de terceros.
Barreras físicas de protección y vías de escape en consultas.
Visitas domiciliarias obligatoriamente en binomio y con geolocalizador.
Dispositivos de alerta inmediata, como botones del pánico y alarmas silenciosas.
Presencia permanente de seguridad privada en centros de alta conflictividad.
Formación obligatoria y periódica en gestión de conflictos.
Reconocimiento efectivo de autoridad pública para todos los sanitarios.
Campañas institucionales de tolerancia cero.

3. Medidas jurídicas y de apoyo al profesional

Denuncia de oficio por parte de la administración.
Aplicación estricta del Principio de Autoridad con coordinación directa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Protocolos de post-incidente obligatorios con asistencia psicológica inmediata y gratuita, y apoyo legal integral.

Un observatorio nacional ya es inaplazable

CSIF recuerda que, aunque el Ministerio de Sanidad dispone de mecanismos nacionales de estudio y análisis, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.

Asimismo, mientras algunas comunidades autónomas han avanzado en la creación de observatorios específicos o estructuras de seguimiento, otras mantienen modelos dispersos o insuficientes, lo que dificulta disponer de una respuesta homogénea, coordinada y eficaz en todo el Sistema Nacional de Salud.

“Desde CSIF consideramos imprescindible la creación de un verdadero Observatorio Nacional de Agresiones, con participación activa de las organizaciones sindicales y profesionales, que permita actuar con coordinación, datos reales y recursos suficientes frente a una situación que ya constituye una emergencia nacional en la sanidad pública”.

“Sin profesionales protegidos no puede existir una sanidad segura ni de calidad. La violencia no puede formar parte del trabajo sanitario”, sentencia CSIF Sanidad.

Redes Sociales CSIF Sanidad

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.