Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

Germán Girela: En Andalucía faltan, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios esenciales como sanidad, educación y justicia

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 01 Jun 26 12:43:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza en Siete Economía la situación del mercado laboral, los servicios públicos y los retos en la comunidad

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha defendido la necesidad de impulsar políticas que permitan generar empleo estable y de calidad, mejorar los salarios y reforzar los servicios públicos en la comunidad autónoma durante una entrevista en el programa Siete Economía de 7TV Andalucía.

Respecto a la situación del mercado laboral andaluz, Girela se mostró crítico con los mensajes excesivamente optimistas que solo tienen en cuenta los datos macroeconómicos. “Los buenos datos económicos no se reflejan en la realidad diaria de muchos trabajadores. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes y estamos asistiendo al fenómeno del trabajador pobre, personas con empleo que no pueden desarrollar un proyecto de vida ni acceder a una vivienda”, afirmó. En este sentido, relacionó la situación con un modelo productivo excesivamente vinculado a la estacionalidad y reclamó una apuesta decidida por sectores capaces de generar empleo estable y mejor remunerado, como la industria, la innovación o las energías renovables. Asimismo, defendió la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque advirtió de la necesidad de que el incremento salarial alcance también al conjunto de los trabajadores para evitar la congelación de los salarios medios.

El presidente de CSIF Andalucía insistió también en la necesidad de reforzar los servicios públicos andaluces, lo que pasa inexcusablemente por un refuerzo de personal y por la mejora de las condiciones laborales de las y los profesionales. "En Andalucía hacen falta, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la justicia", señaló Girela.

En el ámbito sanitario, cifró en aproximadamente 18.000 los profesionales que serían necesarios para equiparar Andalucía a la media nacional en número de trabajadores por habitante; no obstante, advirtió de que la solución no pasa únicamente por aumentar las contrataciones. “También hacen falta más recursos materiales, mejores infraestructuras y una política de contratación que aporte estabilidad para atraer y retener profesionales”, explicó.

En educación, estimó que serían necesarios al menos 5.000 profesionales más, especialmente para atender el incremento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, reclamó un refuerzo de personal en la Administración de Justicia de, como mínimo, medio millar de profesionales.

Por último, Girela advirtió de la necesidad de reforzar el diálogo social en Andalucía, que será una de las reivindicaciones del sindicato al nuevo gobierno andaluz. Los servicios públicos no son un privilegio, son un derecho de la ciudadanía. Es necesario fortalecerlos y garantizar que la voz de todos los trabajadores esté representada en los espacios de participación institucional”, afirmó, en referencia al déficit democrático que supone la Ley de Participación Institucional de Andalucía, que deja fuera a CSIF a pesar de ser el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con cada vez más presencia en la empresa privada.

En ese sentido, Girela destacó el crecimiento sostenido de CSIF, que en Andalucía cuenta con más de 86.000 personas afiliadas y cerca de 3.500 delegados/as, así como la independencia del sindicato, financiado exclusivamente mediante las cuotas de la afiliación, que constituye una de sus principales fortalezas. "No dependemos de subvenciones y eso nos permite negociar con total libertad e independiente tanto de las administraciones como con las empresas", señaló Girela.

CSIF exige soluciones reales ante el calor en las aulas andaluzas: “Los protocolos no enfrían los centros, hacen falta más inversión y equipamientos”

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 09 Jun 26 10:15:00 CEST

El sindicato alerta de que buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar las altas temperaturas, que afectan al rendimiento académico y a la salud laboral
Denuncia que, seis años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón y reclama una planificación realista y más financiación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones reales ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha vuelto a denunciar una realidad que se repite curso tras curso: buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha recordado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural. “No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas”, ha señalado la presidente de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

La Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

García ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable. En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma. “Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 11 % de los centros andaluces cuenta con sistemas de bioclimatización”, ha señalado García. La Central Sindical considera imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 4.000 centros educativos públicos de la comunidad de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, el sindicato exige planificación, financiación suficiente y ágil ejecución que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

“Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas”, ha concluido García.

CSIF-A reclama mejorar la petición de destinos por comarcas para favorecer la conciliación del profesorado interino

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 10 Jun 26 13:06:00 CEST

El sindicato defiende que una gestión eficaz de este procedimiento puede ser compatible con una mejor atención a la realidad personal, familiar y laboral de los docentes
Destaca también la incorporación de nuevas titulaciones a las bolsas docentes, una medida propuesta por la organización con impacto directo en el empleo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una modificación del actual procedimiento de petición de destinos docentes, conocido como colocación de efectivos, que permita al profesorado interino y aspirante a interinidad solicitarlos por comarcas, zonas educativas o distritos.

CSIF Educación Andalucía ha trasladado esta propuesta a la Administración educativa con el objetivo de avanzar hacia un procedimiento que presenta un claro margen de mejora y debe adaptarse mejor a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado que forma parte de las bolsas.

En la actualidad, el personal interino debe solicitar obligatoriamente un mínimo de dos provincias completas para la adjudicación de vacantes y, al menos, una provincia para sustituciones; sin embargo, no contempla fórmulas más flexibles basadas en ámbitos territoriales más reducidos, como comarcas, zonas educativas o distritos. Esto permitiría avanzar hacia un procedimiento más racional, equilibrado y moderno, al igual que permitiría conjugar la necesaria eficacia en la gestión administrativa con una mejor atención a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado interino.

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha incidido en que “no se trata de dificultar la gestión de destinos, sino de mejorarla. La Administración educativa debe abrir un espacio de diálogo para analizar esta manera específica y estudiar propuestas técnicas que permitan humanizar el procedimiento sin poner en riesgo la cobertura de necesidades del sistema educativo público”. Esta posición ha sido defendida por CSIF en la Mesa Sectorial de Educación como primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza; asimismo, la organización ha solicitado formalmente una reunión con la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para abordar esta problemática y estudiar posibles modificaciones.

La Central Sindical considera que esta mejora permitiría modernizar la colocación de efectivos y alinearla con modelos ya existentes en otros ámbitos de la administración pública, avanzando hacia un procedimiento más equilibrado, eficaz y respetuoso con las necesidades reales del personal interino; asimismo, CSIF Educación Andalucía reitera su compromiso con la defensa del profesorado interino y seguirá trabajando para que la colocación de efectivos sea un procedimiento más justo, más eficaz y más compatible con la conciliación de la vida personal familiar y laboral.

Ampliación de titulaciones en las bolsas de trabajo docentes

Por otro lado, CSIF ha planteado en Mesa Sectorial otra medida con impacto directo en el empleo como es la ampliación de las titulaciones que permiten acceder a las bolsas de trabajo docentes. En concreto, la organización ha propuesto la incorporación de 86 titulaciones en 40 especialidades de distintos cuerpos docentes que hasta la fecha no estaban contempladas

Entre las titulaciones incluidas a propuesta de CSIF destacan Periodismo, Derecho, Veterinaria, Óptica y Optometría, Bellas Artes y distintas ingenierías -como Agrónoma, Naval o Electrónica, entre otras-, lo que abre nuevas oportunidades laborales a graduados y licenciados de estos ámbitos universitarios.

Para CSIF, esta ampliación no solo favorece el acceso al empleo docente, sino que también permite aprovechar perfiles cualificados que pueden contribuir a impartir enseñanzas con la calidad necesaria.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF reclama que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se haga “con todas las garantías y sin sobrecargar a las plantillas”

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 15 Jun 26 11:40:00 CEST

El sindicato valora la modernización que supone esta medida, que entrará en vigor el 16 de junio, pero exige un refuerzo de medios y reducción de la incertidumbre entre las personas beneficiarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se realice con todas las garantías para las personas mutualistas y sin que suponga una sobrecarga añadida para las plantillas que sostienen el servicio.

La receta electrónica, cuyo proceso de desarrollo se inició en 2020, estará disponible para todas las personas mutualistas acogidas a la sanidad concertada desde este 16 de junio, lo que para CSIF “es un paso en la buena dirección para consolidar y hacer perdurable MUFACE; no obstante, la modernización del sistema debe reforzar el modelo, no tensionarlo aún más”.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que “todo lo que suponga afianzar MUFACE y fortalecer el mutualismo administrativo contará con el apoyo de CSIF, pero la digitalización no puede hacerse a costa del servicio al mutualista ni de la salud laboral de los trabajadores”. En ese sentido, ha advertido de que sin el respaldo económico necesario, sin refuerzo de plantillas y sin una actualización real de los medios tecnológicos, la modernización será insuficiente para garantizar la calidad del modelo.

La implantación de la receta electrónica afectará a los mutualistas que reciben asistencia sanitaria a través de entidades privadas concertadas en las ocho provincias, que en Andalucía asciende aproximadamente a 250.000 personas, teniendo en cuenta que aproximadamente el 62 % de los mutualistas mantiene esta fórmula de atención sanitaria.

La Central Sindical ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas ante posibles dudas. Esta medida no será obligatoria de manera inmediata, sino que inicialmente convivirá con el tradicional talonario en papel.

El sindicato, sin embargo, ha aclarado que sitúa como línea roja la garantía absoluta de la continuidad asistencial. La edad media del colectivo mutualista en Andalucía es de 61 años, lo que evidencia una brecha digital que la Administración no puede ignorar. Para CSIF, “la implantación del nuevo sistema debe ir acompañada de campañas de información claras, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de una población envejecida y debe evitar demoras, desatención o situaciones de confusión en las farmacias”.

Girela ha subrayado que “el objetivo prioritario de la Administración debe ser no generar incertidumbre entre los mutualistas. No se puede generar inseguridad en un colectivo que necesita estabilidad y garantías en su atención sanitaria”.

Al mismo tiempo, CSIF ha denunciado la situación de vulnerabilidad que atraviesan las plantillas de los servicios provinciales de MUFACE, que son quienes asumen la gestión diaria del modelo y la atención directa a los mutualistas. El sindicato ha advertido de que “estas empleadas y empleados públicos soportan una presión psicológica constante derivada de las deficiencias estructurales del sistema y de los recortes en los conciertos sanitarios, teniendo que dar respuesta a las quejas ciudadanas sin ser responsables de las decisiones políticas”. Casos como los problemas de coordinación entre la Junta de Andalucía y las entidades concertadas en la vacunación internacional de mutualistas evidencian cómo, finalmente, son los trabajadores quienes deben buscar soluciones a situaciones complejas.

Además, la organización considera incoherente impulsar una transición digital de gran alcance mientras el personal trabaja con equipos informáticos obsoletos, aplicaciones que sufren caídas recurrentes y una evidente carencia de herramientas tecnológicas actualizadas. A ello se suman unas condiciones retributivas claramente insuficientes. “Los cuerpos administrativos de MUFACE presentan una de las mayores brechas salariales dentro de la Administración General del Estado, con complementos específicos que no compensan la carga de trabajo ni la responsabilidad inherente a sus puestos”, ha explicado Girela; asimismo la mutualidad carece de un sistema de productividad justo y motivador que reconozca el esfuerzo adicional que supone afrontar nuevos retos como la implantación de la receta electrónica.

Por todo ello, CSIF ha exigido la actualización inmediata de las plantillas, la renovación integral de los medios informáticos y una revisión al alza de los complementos salariales y de los sistemas de productividad.

“El éxito de la receta electrónica no dependerá solo de la tecnología, sino de los recursos humanos y materiales que la respalden. Si se hace bien, será un avance; si se improvisa, generará más problemas de los que pretende resolver. Y ahí estará CSIF para defender un modelo en el que creemos, tal y como nuestra organización demostró una vez más a finales de 2024 cuando peligraba la renovación del concierto sanitario y se puso en jaque la calidad asistencial”, ha concluido Girela.

CSIF-A critica el “volantazo” del Gobierno en el Estatuto Marco y exige la reclasificación inmediata de los técnicos medios y superiores

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 15 Jun 26 13:02:00 CEST

El sindicato denuncia deslealtad en la negociación por parte del Ejecutivo Central al modificar, de manera unilateral, el borrador que se ha enviado a trámite parlamentario
Anuncia movilizaciones contra una decisión que seguiría manteniendo un grave perjuicio económico sobre miles de profesionales claves en el día a día de la sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha denunciado el “volantazo” dado por el Gobierno Central en la negociación del futuro Estatuto Marco, al enviar a Consejo de Gobierno y posterior trámite parlamentario un documento diferente al que meses atrás se pactó entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

“Se trata de una deslealtad a la negociación y una traición a miles de profesionales que no vamos a tolerar”, ha señalado Victorino Girela, presidente de CSIF Sanidad Andalucía, en alusión, entre otros asuntos, a la falta de financiación para la reclasificación de los profesionales, lo que deja en agua de borrajas el compromiso que el Gobierno Central había adquirido con los representantes de los y las profesionales de la sanidad.

Por ello, la Central Sindical ha anunciado “cuantas movilizaciones y acciones sean necesarias para hacer ver al Gobierno este gravísimo error”. El objetivo de dichas protestas no será otro que visibilizar la “traición” del Gobierno a los profesionales. “Por mucho que la reclasificación aparezca en el borrador del Estatuto Marco, si en esta fase ha sido capaz de modificar el texto, excluyendo todo lo referente a jubilación, intuimos que la negociación posterior de las retribuciones que deben acompañar a esta clasificación va a llevar al mismo camino, es una tomadura de pelo”, ha explicado Girela, subrayando que “pensar que esa supuesta subida de nivel para los profesionales es suficiente sin que vaya aparejada de un reconocimiento económico es, simple y llanamente, una estafa”.

En este sentido, el dirigente sindical ha lamentado “este paso en falso del Gobierno”, que, además, “es especialmente lesivo para algunos grupos profesionales, como los técnicos superiores y los técnicos medios, además de no adaptar las retribuciones a la especial exigencia de responsabilidad y formación post-Bolonia que se da en los profesionales de la sanidad”. No en vano, los técnicos medios y superiores sanitarios llevan siendo injustamente tratados desde el año 2007, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público reguló en su artículo 76 la nueva clasificación de los grupos profesionales. A pesar de que desde entonces la Administración ha venido dando largas a su subida de nivel, sí exige la titulación para poder acceder a la categoría profesional, aunque no la reconozca a efectos retributivos. “Es una injusticia enorme y, por ello, el paso de los técnicos superiores al grupo B y de los técnicos medios al grupo C1 de retribuciones es una más que necesaria reivindicación por la que CSIF va a seguir peleando cuando y donde sea como hasta ahora”, ha explicado Girela.

Asimismo, CSIF ha recordado que lleva años implicado en varios frentes con el objetivo de conseguir esta reclasificación. Los mismos incluyen la Mesa General de Función Pública, la Mesa del Ámbito de Sanidad, la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y diferentes acciones ante el Ministerio de Sanidad y también en el ámbito europeo. En concreto, ya en 2019 se llevaron a cabo las primeras reuniones con grupos parlamentarios para solicitar apoyo a la aplicación definitiva del artículo 76 del TREBEP para los técnicos superiores y técnicos medios.

A partir de ese momento, el sindicato ha trabajado con compromiso y determinación en la búsqueda de este objetivo tan necesario. La reclamación del grado universitario para los técnicos superiores sanitarios (posteriormente apoyada por el Congreso de los Diputados) y la defensa ante la Unión Europea del derecho de estos a que su título sea reconocido a nivel comunitario (solicitud admitida por Bruselas en 2024) también forman parte de la hoja de ruta de CSIF, así como la petición al Ministerio de Sanidad de la activación de grupos de trabajo destinados a actualizar las funciones de las y los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

De igual manera, el sindicato ha hecho aportaciones durante la reforma de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pidiendo reconocer de forma efectiva a los técnicos superiores sanitarios y técnicos medios sanitarios como profesión sanitaria de pleno derecho por su papel esencial en procesos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados. CSIF también ha llevado a cabo varias movilizaciones ante el Ministerio de Sanidad y diferentes reclamaciones por vía judicial.

“Así lleva siendo casi dos décadas, sea el Gobierno del color que sea, y ahora el actual ha vuelto a decepcionar a los trabajadores, motivo por el que el sindicato volverá a salir a la calle en los próximos meses y ahí seguirá hasta conseguir paliar esta deuda histórica con varios colectivos fundamentales para el correcto funcionamiento de la sanidad pública”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia una nueva caída de @driano que vuelve a colapsar la actividad judicial en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 16 Jun 26 16:04:00 CEST

El sindicato exige soluciones definitivas a las continuas incidencias del sistema y reclama más inversión en infraestructuras tecnológicas para la Administración de Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado una nueva caída generalizada del sistema @driano, que desde ayer está provocando graves incidencias en juzgados y tribunales de toda Andalucía y, en consecuencia, afecta al normal funcionamiento del servicio público de Justicia.

La organización sindical ha alertado de que dicha incidencia está impidiendo el normal acceso a procedimiento y expedientes judiciales, lo que dificulta la práctica de diligencias y está provocando la paralización o suspensión de juicios o comparecencias. Asimismo, la situación está generando importantes problemas en los servicios de guardia, que afecta incluso a actuaciones urgentes relacionadas con personas detenidas.

CSIF también ha destacado que, una vez más, son los funcionarios y funcionarias de Justicia quienes, gracias a su profesionalidad y compromiso, están evitando la paralización total de la actividad judicial mediante el uso de medios alternativos procedimientos provisionales para garantizar la atención a la ciudadanía.

Para el sindicato, resulta inaceptable que estas incidencias se repitan de forma constante mientras la Administración continúa presentando una supuesta “justicia digital”, que sigue evidenciando graves carencias en materia de estabilidad, fiabilidad y recursos tecnológicos. Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Junta de Andalucía la adopción inmediata de medias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema @driano, así como inversiones reales en infraestructuras tecnológicas y en la dotación de equipos informáticos adecuados para los órganos judiciales. Del mismo modo, ha reclamado transparencia sobre las causas de esta nueva incidencia y sobre las actuaciones previstas para evitar que vuelva a repetirse.

La Junta de Andalucía reconoce que vulneró el derecho a la huelga de la plantilla de Cetursa tras la denuncia de CSIF

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 09:50:00 CEST

La empresa pública admite en sede judicial que las contrataciones realizadas durante las movilizaciones de 2025 lesionaron derechos fundamentales de las personas trabajadoras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha conseguido que la Junta de Andalucía reconozca la vulneración del derecho fundamental de huelga y de libertad sindical de la plantilla de Cetursa, empresa pública encargada de la gestión de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), durante las movilizaciones llevadas a cabo a principios de 2025.

El reconocimiento se produjo este lunes en sede judicial, donde las partes alcanzaron un acuerdo por el que la Administración admite que las contrataciones realizadas para cubrir al personal que decidiese secundar los paros convocados por las organizaciones sindicales supusieron una vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras que ejercían legítimamente su derecho a la huelga.

Para CSIF, esta práctica supone un hecho de extrema gravedad y la constatación de unas prácticas que denunció públicamente desde el primer momento. La Central Sindical interpuso una demanda en marzo de 2025 por vulneración de derechos especialmente protegidos en la Constitución por parte de Cetursa con el objetivo de minimizar el efecto de unas protestas en el marco del conflicto laboral existente en la empresa por el incumplimiento de compromisos adquiridos con la plantilla.

El sindicato ha subrayado que el ejercicio del derecho a la huelga constituye una garantía esencial en cualquier sistema democrático y, por tanto, es “intolerable” que una empresa dependiente de la Junta de Andalucía “necesite llegar a un juicio para reconocer que lo vulneró”, así como que “este acuerdo debe servir para evitar que vuelvan a producirse actuaciones similares en el futuro pues el respeto a los derechos vulnerados es una obligación ineludible para cualquier empleador y, con mayor motivo, para una empresa pública”.

Por último, CSIF ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de Cetursa y continuará ejerciendo cuantas acciones sindicales y jurídicas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad laboral.

CSIF se moviliza en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales: refuerzo de personal, teletrabajo, 35 horas, movilidad o carrera profesional

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 13:33:00 CEST

Una plantilla envejecida e insuficiente, el aumento de la carga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales afectan al servicio a la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado en Sevilla por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social y la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del Estado de Bienestar.

La movilización, convocada por CSIF, UGT, CCOO y CIG en diferentes puntos de la geografía nacional, ha congregado aproximadamente a 300 trabajadores y trabajadoras a las puertas de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Las organizaciones sindicales han denunciado el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional. Además, las productividades no se han actualizado como en el resto de los organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener el talento.

La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos. De una plantilla en Andalucía compuesta por unas 7.200 personas, un 10 % permanece vacante; además, la plantilla está cada vez más envejecida y el 50 % estará en edad de jubilación en cinco años.

De esta manera, la plantilla tiene cada vez más dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía en los trámites que realiza con la Seguridad Social. Esta realidad se aprecia en la atención al público, con oficinas con una grave falta de personal y esperas de hasta un mes y medio para conseguir cita; asimismo, en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el plazo medio de resolución es de un año.

El origen de estas protestas es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las organizaciones han denunciado, además, el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

CSIF y el resto de las organizaciones sindicales convocantes mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado de Bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía.

CSIF consigue que todos los días de la semana sean teletrabajables en la Administración General de la Junta de Andalucía y no se menoscabe el derecho por el disfrute de permisos, vacaciones, licencias y festivos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:20:00 CEST

Administración General de la Junta de Andalucía

Resolución por la que se establecen criterios homogéneos para el teletrabajo en la AGJA previa al decreto

CSIF consigue que la Administración apruebe una resolución de aplicación inmediata y con criterios unificados hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto.

CSIF Andalucía ha presionado para que la Junta de Andalucía apruebe la nueva resolución de homogeneización del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía, una medida que da cumplimiento al pacto suscrito con la Administración el pasado mes de abril.

Esta resolución hará disponer de un marco común, más estable y con mayores garantías hasta la entrada en vigor del futuro decreto, permitiendo que todos los días de la semana sean potencialmente teletrabajables y que no se menoscaben los días de teletrabajo porque en la semana se disfruten permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria.

Fruto del trabajo y las propuestas defendidas por CSIF, la resolución incorpora importantes avances para el personal empleado público. La nueva regulación provisional pone fin a la disparidad de criterios existente entre distintos centros directivos y establece reglas homogéneas para toda la Administración General de la Junta de Andalucía.

Principales mejoras conseguidas

Todos los días hábiles de la semana serán teletrabajables.
El disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria autorizadas no podrá menoscabar la prestación de la jornada de trabajo mediante la modalidad de teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación de los servicios públicos.
Se establece el silencio administrativo positivo: Las solicitudes se entenderán estimadas si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses.
Las causas de denegación quedan tasadas y reguladas, lo que aportará mayor seguridad jurídica y evitará interpretaciones arbitrarias.
Se refuerzan las garantías frente a la revocación de las autorizaciones, incorporando trámite de audiencia y preaviso suficiente antes de adoptar decisiones que afecten a la persona trabajadora.
El personal de atención a la ciudadanía por medios telemáticos podrá acceder al teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación del servicio.
El personal directivo y de coordinación de equipos podrá acogerse al teletrabajo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
Se flexibiliza el requisito de antigüedad, facilitando que más empleados y empleadas públicas puedan solicitar esta modalidad.
Se prohíben expresamente mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre las personas teletrabajadoras.
La tramitación de las solicitudes será obligatoriamente electrónica, lo que agilizará y unificará el procedimiento en toda la Junta de Andalucía.
Se incrementa la seguridad jurídica y la flexibilidad en relación con el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo.

¿Qué ocurre con las autorizaciones ya concedidas?

Las autorizaciones de teletrabajo actualmente vigentes mantendrán plenamente su validez y seguirán rigiéndose por las condiciones con las que fueron concedidas.

Por tanto, no será necesario repetir trámites ni rehacer la documentación o planificación ya aprobadas.

Por el contrario, las nuevas solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de la resolución deberán ajustarse a los nuevos criterios organizativos, funcionales y procedimentales establecidos en la misma.

CSIF seguirá exigiendo más avances

Para CSIF, la aprobación de esta resolución supone un paso importante hacia la consolidación de un modelo de teletrabajo más transparente, garantista y homogéneo para todo el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

No obstante, el sindicato continuará trabajando para que la Administración cumpla el compromiso adquirido de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

CSIF seguirá defendiendo la implantación efectiva de dos días semanales de teletrabajo, una reivindicación histórica orientada a mejorar la conciliación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

CSIF propone al Congreso un copago farmacéutico común para Seguridad Social y mutualistas: 30 por ciento general y gratuidad para pensionistas

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 22 Jun 26 11:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración: un 30 por ciento general y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo y cuyo plazo de enmiendas concluye, previsiblemente, el próximo día 24.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor.

28 de junio de 2026, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ “RESPETO, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS EN EL TRABAJO”

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 22 Jun 26 10:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad de trato, la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, especialmente en el ámbito laboral.

El 28 de junio es una fecha para recordar los avances alcanzados en materia de derechos y libertades, pero también para seguir trabajando con el fin de que ninguna persona vea limitada su carrera profesional, sus oportunidades de empleo o sus condiciones laborales por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Desde CSIF defendemos que la igualdad debe traducirse en medidas concretas y efectivas en los centros de trabajo, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. El respeto a la diversidad no es únicamente una cuestión de convivencia; es también una garantía de derechos laborales y de igualdad de oportunidades.

El ámbito laboral debe ser un espacio seguro, inclusivo y respetuoso y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de ser referentes como principales empleadoras del país y garantes del servicio público. El Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, que alcanzó CSIF con Función Pública en noviembre de 2025, incluyó el compromiso de impulsar políticas para garantizar la no discriminación, entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos con medidas para prevenir y eliminar cualquier discriminación, favorecer la promoción y carrera profesional, sensibilización de la plantilla, el fomento de lenguaje inclusivo y la implantación de un protocolo específico frente el acoso y la violencia.

A lo largo del año, los asuntos que más controversia han generado han sido el aumento de agresiones y delitos de odio, la polarización política y su traslado a las instituciones, la aplicación de la Ley Trans, así como la inclusión laboral y los planes LGTBI+ en el ámbito laboral. Según datos de la FELGTB, las agresiones a la población LGTBI+ se duplicaron en un año, con 812.000 personas agredidas en el último año (2025). Además, un informe de la misma federación señala que solo el 23 por ciento de las personas LGTBI+ viven de manera abierta su orientación sexual o identidad de género en su trabajo.

Por ello, reclamamos:

1. La aplicación efectiva de las medidas previstas en la normativa vigente Impulsando la implantación de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en empresas y administraciones públicas.

2. Protocolos eficaces frente al acoso y la discriminación Garantizando procedimientos ágiles, confidenciales y seguros para prevenir, detectar y actuar frente a cualquier conducta discriminatoria o situación de acoso.

3. Igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y desarrollo profesional Estableciendo medidas que erradiquen estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBIQ+ y eviten la discriminación directa o indirecta en procesos de promoción profesional, garantizando así la carrera profesional en igualdad de condiciones.

4. Formación y sensibilización Promoviendo acciones formativas y de sensibilización para fomentar entornos laborales respetuosos e inclusivos.

5. Garantía de derechos

6. Negociación colectiva comprometida con la igualdad Asegurando a las personas LGTBIQ+ el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género. Incorporando cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en convenios colectivos, planes de igualdad, protocolos de acoso y demás instrumentos de negociación.

7. Evaluación y mejora continua de los entornos laborales Impulsar la creación de mecanismos de evaluación periódica que permitan medir el grado de inclusión, respeto y seguridad de las personas LGTBIQ+ en las administraciones públicas, mediante encuestas de clima laboral, indicadores objetivos y planes de mejora que conviertan a las administraciones en referentes de igualdad y diversidad para el conjunto del mercado laboral.

Como organización sindical, seguiremos trabajando para que el respeto, la igualdad y la dignidad formen parte de la realidad cotidiana en los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa también se construye desde el empleo.

Todo por todos y todas. Todo por la igualdad.

CSIF rechaza la falta de transparencia y de financiación estable para la atención educativa en zonas vulnerables y alerta de los riesgos para la movilidad del profesorado andaluz

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:06:00 CEST

El sindicato señala que el nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social mantiene importantes incertidumbres sobre su aplicación y reclama más recursos que sean consolidables
Critica que la Consejería introdujera medidas de última hora sin consenso y con imposiciones a pesar de las posibles consecuencias para las plantillas docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, ha mostrado su preocupación tras la publicación del Decreto por el que se regula la atención educativa en centros sostenidos con fondos públicos ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) al considerar que el texto definitivo confirma buena parte de las advertencias que la organización planteó durante su tramitación.

El sindicato ha señalado que el decreto publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “mantiene importantes sombras relacionadas con la transparencia en la aplicación de determinados criterios y con la estabilidad de la financiación prevista”, al tiempo que ha alertado de “las posibles consecuencias para los derechos y la movilidad del profesorado”.

“La atención educativa al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad es una prioridad que CSIF siempre ha defendido y por la que nos hemos movilizado, pero precisamente por la importancia de la cuestión no podemos conformarnos con anuncios y titulares. Las medidas deben ir acompañadas de garantías de financiación suficiente y de absoluta transparencia en su aplicación”, ha explicado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En materia económica, CSIF ha resaltado que la propia norma condiciona buena parte de las actuaciones a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio y otra parte relevante de la financiación anunciada se vincula a fondos europeos. “Las políticas destinadas a compensar desigualdades educativas no pueden depender de recursos coyunturales. Hablamos de una necesidad estructural que requiere un compromiso presupuestario sólido y permanente. Por eso CSIF reclama una financiación estable, propia y plurianual por parte de la Junta de Andalucía”, ha afirmado García.

Otro de los aspectos rechazados por la Central Sindical es la incorporación de un criterio relacionado con la permanencia efectiva del profesorado inferior al 30 % para determinar qué centros podrán ser considerados de especial dificultad. “La Administración no ha explicado de forma suficiente como se aplicará ese criterio, qué datos se tendrán en cuenta ni cuántos centros podrían verse afectados, lo que genera serias dudas sobre la objetividad del procedimiento. La transparencia exige que los criterios sean claros, públicos y verificables”, ha denunciado García.

Del mismo modo, el sindicato ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de cubrir determinados puestos directivos mediante comisiones de servicio en estos centros. Esta medida puede reducir vacantes disponibles para otros procedimientos de provisión, limitar las opciones de movilidad del profesorado e introducir elementos de discrecionalidad que no contribuyen a la estabilidad de las plantillas.

En este sentido, García ha exigido implementar mejoras para los equipos directivos que precisan de más recursos personales, mejora de sus condicionales laborales, reconocimiento profesional y no inventos administrativos de escasa efectividad, pero con efectos muy negativos sobre la oferta de vacantes y derechos el profesorado. “Fortalecer la dirección de los centros pasa por contar con más recursos, más apoyo y mejores condiciones laborales, y no por optar por fórmulas que puedan reducir vacantes o generar incertidumbre”, ha explicado la dirigente sindical.

Por otro lado, ha aclarado que el mantenimiento de los 414 cupos vinculados a compensatoria y difícil desempeño no responde a una concesión de la Administración, sino que es fruto de la presión de CSIF desde un principio frente a un modelo que, en sus primeras versiones, eliminaba los recursos existentes y suprimía al profesorado afectado.

CSIF ha reiterado su compromiso con la mejora de la atención educativa en las zonas con necesidades de transformación social y ha subrayado que esto solo será posible con recursos suficientes y estables, una gestión transparente y el respeto a los derechos del profesorado. “El alumnado vulnerable merece una respuesta seria y el profesorado precisa de respecto a sus derechos y una negociación real de las medidas que afectan a su labor profesional”, ha concluido García.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CSIF Sanidad reclama a la Ministra de Sanidad la actualización urgente de funciones y competencias

dario.carrasquilla.de-la-torre — Tue, 24 Jun 25 12:04:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en las administraciones públicas, presentó recientemente una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que nuevamente reclamamos el estudio y la actualización urgente de las funciones, competencias y clasificación profesional de los colectivos que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En el escrito hemos puesto la prioridad en la urgente necesidad de revisión de funciones y competencias de dos colectivos especialmente afectados: los Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS). Desde CSIF reiteramos que esta reivindicación es extensiva a todas las categorías profesionales, y así lo hemos trasladado al Ministerio. Se trata de ordenar y planificar adecuadamente los perfiles del SNS conforme a la cualificación, las competencias reales y la normativa vigente.

En el caso de los TCAE, sus funciones continúan reguladas por normas preconstitucionales de 1973 que no se corresponden con su labor actual, así como reconocimiento académico y formación. Y en el caso de los TSS, exigimos su adecuación inmediata al Grupo B, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, así como el reconocimiento académico y profesional que ya se da en otros países europeos.

Además, CSIF reclama que se deroguen las funciones establecidas en los antiguos estatutos de 1966, 1971 y 1973, y que se valoren, negocien y definan unas nuevas funciones más acordes a la realidad asistencial que viven los profesionales del SNS, dentro del proceso de negociación del nuevo Estatuto Marco.

Desde CSIF también alertamos de la falta de homogeneidad en la asignación de funciones entre comunidades autónomas y centros sanitarios y sociosanitarios, lo que genera desigualdades, inseguridad jurídica y situaciones que podrían rozar el intrusismo profesional.

“El Ministerio debe convocar con urgencia las mesas técnicas vinculadas al mandato de la mesa de negociación, de la mesa del ámbito del ministerio de sanidad, para ordenar las funciones de las categorías del SNS, sin más demoras. Es una cuestión de justicia profesional y de eficacia asistencial”, ha señalado Fernando Hontangas, presidente de sector Nacional de Sanidad de CSIF.

CSIF Sanidad Alerta sobre Aumento de Violencia Laboral en la Sanidad y Exigimos Medidas Urgentes al Gobierno

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 07 Mar 24 09:59:00 CET

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En una carta que enviamos directamente a la Ministra de Sanidad, desde CSIF Sanidad Nacional, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el creciente aumento de la violencia laboral en el ámbito sanitario. Como sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, destacamos la especial gravedad de las agresiones hacia nuestro personal, principalmente en los centros de Atención Primaria y urgencias hospitalarias.

En nuestra misiva, subrayamos que la violencia laboral afecta sustancialmente a la actividad sanitaria y, por ende, al Sistema Nacional de Salud (SNS), uno de los pilares fundamentales de la sociedad del bienestar. Según cifras publicadas, nuestros profesionales de la sanidad en España sufren agresiones a diario, con numerosos incidentes sin denunciar debido a la normalización de estas conductas o el temor a represalias.

Hacemos hincapié en la definición de violencia laboral adoptada por organismos internacionales y destacamos el papel constitucional de los poderes públicos en garantizar seguridad e higiene en el trabajo. Además, mencionamos el reciente implemento en España del Convenio 190 de la OIT, que aborda la violencia y el acoso en el mundo laboral.

En nuestra carta, exigimos medidas urgentes, como la homogeneización de la protección y asistencia a profesionales agredidos en todas las comunidades autónomas, el registro detallado de agresiones por región, el establecimiento de un régimen sancionador a nivel autonómico, y la modificación legislativa para abordar la agresión a empleados públicos.

Proponemos la creación de un Programa de Ayuda al Empleado que ofrezca apoyo psicológico gratuito y respaldo jurídico para los trabajadores agredidos. Además, destacamos la necesidad de la implicación de los Ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para implementar medidas, mecanismos y recursos efectivos para abordar las deficiencias en el sistema de salud que contribuyen a la violencia laboral.

En conclusión, desde CSIF Sanidad Nacional, subrayamos que abordar las grandes deficiencias en los servicios públicos de salud respecto a la prevención y protección contra las agresiones es fundamental. Y ponemos el foco en la calidad de los recursos humanos, la burocracia, la planificación y el presupuesto como aspectos clave para solucionar este grave problema.

CSIF confía en que la Junta actualice cuanto antes las indemnizaciones a su personal en concepto de desplazamiento por razones de trabajo

admin — Thu, 17 Aug 23 09:22:12 CEST

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La nueva orden ministerial, que da luz verde a una vieja petición del sindicato, incrementa la cuantía de 0,19 euros por kilómetro recorrido en automóvil a 0,26 euros
La central sindical aplaude que con esta subida se acabe con el agravio comparativo entre los miembros de la Cámara andaluza y el resto del personal al servicio de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, confía en que la Junta de Andalucía actualice cuanto antes la cuantías que percibe el personal de la Administración andaluza, tanto funcionarios como personal laboral, por kilómetro recorrido cuando se desplace por razones de trabajo.

El presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF, José Manuel Dorado, ha manifestado su satisfacción ante la publicación de la reciente orden ministerial de 12 de julio y publicada en BOE el pasado 17 de julio en la que se anuncia la modificación al alza de la cantidad que perciben los trabajadores y trabajadoras de la Junta por gastos de locomoción por motivos de su desempeño profesional.

Dorado ha recordado que esta subida de las cuantías por desplazamiento es una vieja reivindicación del sindicato, ya que hasta el momento han sido “irrisorias”, por lo que ha instado a la Administración a que acelere su aplicación.

La nueva Orden implica la subida de 0,19 euros por kilómetro recorrido en vehículo a 0,26 euros, una cantidad que en el caso de las motocicletas se fija en 0,106 euros por km.

Dorado ha señalado que con esta actualización de importes por desplazamiento de los trabajadores se da cumplimiento también a la petición de CSIF-A de igualar las cantidades percibidas entre los miembros de la Cámara andaluza con respecto al resto del personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía (personal funcionario y laboral del VI Convenio Colectivo).

CSIF consideraba “una tomadura de pelo que sus señorías estuvieran recibiendo hasta la fecha una indemnización por gastos de locomoción en la cuantía que se fijaba anualmente en los presupuestos de la Cámara y que ascendía a 0,25 euros por kilómetro, mientras que la Junta establecía para su propio personal una cantidad de 0,19 euros por kilómetro recorrido”.

Con esta situación, la central sindical entiende que se estaba produciendo un “agravio comparativo” entre los diputados y diputadas de la Cámara andaluza con respecto al resto del personal al servicio de la Administración General y que queda subsanado con el cambio normativo.

El sector de AGJA de CSIF-A insta a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a que actualice con rapidez el decreto de la Junta de indemnización por razón del servicio para introducir la nueva cuantía de 0,26 euros el kilómetro recorrido.

CSIF-A pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones que acaben con el “déficit crónico” de personal que soportan las administraciones locales

admin — Fri, 19 May 23 07:49:22 CEST

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El sindicato critica el uso indiscriminado de programas temporales para cubrir necesidades que son estructurales en los municipios y que deberían contar con personal fijo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo “que acaben con el déficit crónico de personal que soportan las administraciones locales y que se traduce en un peor servicio público a la ciudadanía”.

El presidente del sector de Administración Local de CSIF-A, Miguel Ángel Sáenz, ha señalado que “estamos asistiendo a una cronificación en el déficit de profesionales en las administraciones locales, una situación que arrastramos desde hace años y que viene motivada por los límites impuestos en la tasa de reposición”.

En este sentido, ha argumentado que el porcentaje de reposición al que obliga la Ley de Presupuestos ha generado, desde hace dos décadas, la imposibilidad de cubrir la totalidad de las vacantes en las entidades locales y, por este motivo, los medios humanos son cada vez más escasos para atender la demanda de servicios que tienen las corporaciones locales como administraciones más cercanas a la ciudadanía.

Sáenz ha explicado que son los ayuntamientos de localidades medianas y pequeñas los que se ven más afectados por la falta de personal, ya que para ellos es “casi imposible” aplicar el porcentaje de la tasa de reposición y año tras año no pueden cubrir sus vacantes.

El responsable sindical reclama a los ayuntamientos que “usen todas las herramientas legales a su alcance para eliminar la tasa de reposición actual y reformar la estructura de las plantillas de trabajadores que acabe con la precariedad a la que se ven sometidos. Sáenz pide que no se dejen de cubrir las vacantes que se generan por diferentes motivos y que sin embargo están dotadas presupuestariamente. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde de las mil plazas vacantes con las que cuenta desde hace años, más de 400 no pueden cubrirse pese a estar dotadas presupuestariamente.

Los servicios de atención directa a la población, los más afectados

Las áreas de servicios sociales con atención directa a la población y de mantenimiento y limpieza de los centros públicos, como por ejemplo los colegios, son las más perjudicadas por la falta de personal.

CSIF Andalucía lamenta que en las entidades locales, año tras año, se siga haciendo un uso indiscriminado de programas temporales para atender necesidades que son estructurales en los municipios y que deberían contar con una dotación de personal fijo para la prestación de los servicios correspondientes, de manera que no dependan de la duración de un determinado programa.

Sáenz ha criticado que los servicios públicos “se sostienen en mucho casos con alfileres, al no contar con el personal necesario para atenderlos”, por lo que la prestación que se ofrece a la ciudadanía “no es acorde con la estructura moderna que debiera existir en estos ámbitos de cercanía a la población, para darles una atención de calidad como corresponde a los servicios públicos”, ha concluido.

CSIF critica el cambio de criterios en los procesos selectivos de promoción interna en varios cuerpos de la Administración General de la Junta

admin — Fri, 10 Mar 23 10:37:11 CET

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Más de mil personas están afectadas por las modificaciones introducidas en una resolución administrativa que altera las bases originales de la convocatoria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, critica el cambio de criterio llevado a cabo en los procesos selectivos de promoción interna para el ingreso en diferentes cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía. Esta medida coarta la promoción de unas mil personas a las que esta situación les genera inseguridad jurídica e indefensión.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, lamenta la arbitrariedad de la Administración andaluza al haber cambiado las reglas del juego justo en el momento de ofertar las vacantes y una vez realizado el esfuerzo por parte de los funcionarios de aprobar el proceso selectivo de promoción interna.

Desde CSIF-A “consideramos innecesarios e injustificados los cambios de la Administración en este procedimiento y defendemos que los parámetros o requisitos exigidos a los aspirantes de la promoción interna deben ser los mismos para todos y por supuesto, estar contemplados en las bases de la convocatoria original sin que sufran modificación alguna por una resolución posterior”.

La variación en los criterios del proceso abierto viene recogida en una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Justicia que aplica restricciones en los criterios para optar al puesto ofertado como vacante.

El responsable sindical señala que a estas desigualdades que provoca la resolución se une el retraso injustificado que padecen los adjudicatarios de las plazas de promoción interna correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2019.

Dorado ha explicado que pese a que los exámenes se realizaron en mayo de 2022 y el compromiso de la Junta era la incorporación de los adjudicatarios este mes de marzo, este hecho no se ha producido y los afectados aún están a la espera de que se publique la oferta de vacantes, pese a conocerse desde el 12 de enero la lista definitiva de aspirantes aprobados.

En este sentido, desde el sector de AGJA han solicitado a la Junta en la Mesa Sectorial celebrada esta semana que “agilice la resolución de todos los procesos de promoción interna, puesto que además de la incertidumbre que genera en el personal afectado, les limita su derecho a la carrera administrativa con los consiguentes perjuicios a nivel administrativo y económico”.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CSIF te ayuda a preparar las oposiciones al Cuerpo de Auxiliares Administrativos/as de la Junta de Andalucía - C2.1000 (turno libre)

admin — Mon, 20 Feb 23 10:14:22 CET

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CSIF te prepara para acceder al Cuerpo de Auxiliares Administrativos/as de la Administración General de la Junta de Andalucía - C2.1000 por el turno de acceso libre. La formación está dirigida exclusivamente a personas afiliadas a CSIF Andalucía.

Ámbito: Andalucía

Modalidad: Telepresencial por webinar

Inicio previsto: 18 de abril de 2023

Fin plazo solicitudes: Hasta cubrir plazas.

Horario: Martes, de 17:00 a 20:00h.

Docente: José Luis Caburrasi Fernández

Plazas: 100

Precio: 50€/mes (matrícula gratuita)

Las solicitudes se presentarán en el campus virtual de CSIF Andalucía hasta completar todas las plazas. Una vez iniciadas las clases, si quedaran plazas libres, se podrán seguir haciendo inscripciones hasta el 28 de abril de 2023. Finalizado este periodo, las personas interesadas en participar deberán ponerse en contacto con el departamento de Formación de CSIF en su provincia. Como las plazas son limitadas, la admisión será por riguroso orden de inscripción.

Los pagos se harán mensualmente en la cuenta de formación de la ES17 3023 0119 5167 5325 5501, dentro del 1 al 5 de cada mes.

Se necesitará un número mínimo de 25 inscripciones.

La participación en estas clases preparatorias no da derecho a ningún tipo de certificado o diploma.

Las grabaciones estarán disponibles un mes.

CSIF-A interpone un recurso contencioso administrativo contra un proceso selectivo de estabilización de personal laboral de la Junta por vulnerar la igualdad de acceso

admin — Tue, 24 Jan 23 12:12:07 CET

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El sindicato lamenta que la Administración puntúe de forma diferente con los mismos criterios a los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización dirigido a una parte del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, considera ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”. De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.

Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.

En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta. Además, las diferencias radican también en os criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.

El sector de AGJA de CSIF-A lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF-A estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.

De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.

CSIF-A exige revisar las cuantías que reciben los empleados de la Junta, sobre todo conductores, por pernoctar fuera de su residencia por razón de trabajo

admin — Thu, 19 Jan 23 09:46:41 CET

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El sindicato lamenta el deterioro de las condiciones laborales de unos tres mil profesionales sujetos a la aplicación de un normativa que no se actualiza desde 2006

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, exige una revisión urgente de las cuantías que reciben los empleados de la Junta de Andalucía por pernoctar fuera de su residencia habitual por razón de trabajo y que no se actualiza desde 2006. Esta situación atañe a unos 3.000 empleados en toda Andalucía y el colectivo de conductores es el más afectado.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado el deterioro de las condiciones laborales que padecen los empleados públicos quienes, al no poder hacer frente al pago de los servicios de alojamiento fuera de sus hogares por razón de trabajo, se ven obligados a “pagarlos de su bolsillo o aceptar alojarse a 50 kilómetros o más del lugar donde deben llevar a cabo su servicio, e incluso, aceptar pernoctar en habitaciones compartidas”. El dirigente sindical ha calificado de “obsoleta y escasa” la cuantía económica de la que disponen los empleados públicos para hacer frente a los gastos por pernoctación, por lo que insta al Gobierno andaluz a tomar medidas que corrijan esta situación de forma inmediata.

La normativa vigente que establece las cuantías en concepto de indemnización por razón de servicio está recogida en la Orden de 11 de julio de 2006 y publicada en BOJA nº 143, de 26 de julio de 2006. El sector de AGJA de CSIF-A critica la dejadez por parte de la Administración por no haber actualizado esta directriz en años y no ser consciente del encarecimiento de los costes de vida producidos durante 16 años. Por este motivo, para la central sindical es una cuestión urgente la revisión de las cuantías económicas y que el personal afectado pueda así hacer frente a los gastos que genere fuera de su residencia habitual por motivos laborales.

Para poder ajustarse al importe establecido en la mencionada Orden, algunos empleados públicos, sobre todo los conductores de altos cargos, se ven en la obligación de volver a altas horas de la madrugada a su localidad y/o provincia y regresar a las pocas horas para recoger de nuevo al alto cargo. Esto duplica las horas que el empleado tiene que estar al volante, alarga su jornada laboral y por supuesto impide tener las horas de descanso adecuadas para prestar el servicio, lo que no sólo pone en riesgo su vida al volante sino de las personas que lleva a su cargo en el vehículo así como al resto de los conductores.

El responsable sindical explica que la Administración, a través del Acuerdo Marco firmado, hace las reservas a través de la agencias de viajes adjudicatarias de la licitación. En este sentido, a las dificultades mencionadas anteriormente se unen las generadas cuando los empleados son requeridos para hacer un determinado servicio cuando la agencia en cuestión está cerrada, al tener un horario comercial. “Este es un caso --según explica Dorado-- que se repite entre el colectivo de conductores debido a los cambios de agenda de última hora de la persona para la que prestan su servicio”.

Mecanismo de compensación

CSIF-A critica que la Administración en lugar de proceder a actualizar las cantidades para cubrir estos costes y poner en marcha mecanismos más eficientes para realizar estas gestiones, haya optado por un “mecanismo de compensación” para cubrir los gastos ofertados a través de las agencias de viajes cuando los importes superan la cuantía establecida en la orden de 2006. Dicho mecanismo, según explica Dorado, consiste en “cobrarles estos sobrecostes a los trabajadores afectados a costa de dichas indemnizaciones a que tienen derecho en concepto de manutención o gastos de desplazamiento en vehículo propio o urbano, olvidando que estas indemnizaciones se generan por otros conceptos diferentes”. En este sentido, desde CSIF lamentan que en ocasiones los empleados públicos “se ven obligados a elegir entre dormir o comer”.

La central sindical reclama una “solución urgente” para frenar esta situación que genera un gran malestar entre los trabajadores e insiste en que, al menos, al colectivo de conductores de altos cargos, no sujetos a tener una previsión en sus desplazamientos al estar condicionados por las imprevisibilidad en la agenda del alto cargo, se le deje de aplicar el Acuerdo Marco y se le ofrezcan condiciones similares a estos últimos para los que prestan su servicios y que al resto de trabajadores cuyos desplazamientos si están previstos, se les aloje en condiciones dignas y no tengan que renunciar a comer.