Almería

CSIF logra abrir la negociación salarial y una compensación para este año, pero la oferta del Gobierno es muy insuficiente

admin — Thu, 29 Sep 22 10:10:39 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones y con presencia creciente en el sector privado, ha logrado abrir la negociación salarial tras la gran movilización realizada el pasado sábado en Madrid, después de 2 años de bloqueo por parte del Gobierno.

En concreto, la propuesta inicial del Gobierno pasa por una subida salarial del 1,5 por ciento con efectos retroactivos desde enero de este año. Asimismo, desde Hacienda ofrecen una subida del 2,5 y del 2 por ciento para 2023 y 2024 respectivamente.

Desde CSIF, valoramos de manera positiva el inicio de las conversaciones y que el Gobierno haya accedido a revalorizar el sueldo de 2022 para compensar los efectos de la inflación, tal y como reclamó nuestra organización. No obstante, esta propuesta es muy insuficiente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo perdido por la evolución de los precios y los recortes sufridos desde 2010.

Además, esta oferta debe complementarse con otras cuestiones salariales como la equiparación salarial entre comunidades autónomas (especialmente en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, educación, sanidad…), la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio (dietas por desplazamiento), las indemnizaciones por residencia e insularidad o la mejora salarial del personal laboral en el exterior

CSIF recuerda que desde 2010, cuando el Gobierno socialista les bajó el sueldo por primera vez, su poder de compra se ha visto mermado en más de un 20 por ciento (solo en los dos últimos años se ha perdido un 11 por ciento como consecuencia de la evolución de los precios). Por este motivo, CSIF exige al Gobierno que realice una oferta a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y el papel que desempeñan nuestros servidores públicos, especialmente durante la pandemia y la actual crisis económica.

Además de las cuestiones retributivas CSIF considera fundamentales otros asuntos como suprimir la tasa de reposición para mejorar las ofertas de empleo público y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos, la jornada laboral de 35 horas, el desarrollo del teletrabajo y de la carrera profesional o la jubilación anticipada de aquellos colectivos que por su especial penosidad así lo han solicitado (conductores de ambulancias, personal del Sistema Nacional de Salud, entre otros).

En concreto, estas son las propuestas de CSIF:

Proponemos un acuerdo plurianual con una subida económica que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por el conjunto de los empleados públicos. Desde 2010 se sitúa en el 24,35 por ciento. Además, dicho acuerdo debe llevar una cláusula de revisión salarial vinculada a la subida del IPC. Dicho acuerdo debe contemplar la primera subida con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022.
Proponemos que dicho acuerdo permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, por lo que proponemos la derogación del RDL 8/2010.
Proponemos que dicho acuerdo contemple la habilitación de crédito para ejecutar en el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado y dentro del ámbito de negociación adecuado, que permita:

Corregir las desigualdades retributivas existentes que permitan corregir, al conjunto de empleados públicos entre los distintos ámbitos territoriales.
Actualizar la indemnización por razón de servicio. Unas cuantías que están sin actualizar desde el año 2005 y que suponen un coste para el bolsillo de los EEPP en el desarrollo de sus funciones públicas. Resulta ofensivo que nuestros parlamentarios se hayan subido las dietas en el ejercicio de sus funciones (0,25 €/Km) y se mantengan para el resto en 0,19 €/Km.
Queremos que dicho acuerdo recoja la actualización de las cantidades de indemnización por residencia. El encarecimiento de la vida y fundamentalmente de la vivienda no permite la estabilidad deseada en las plantillas de empleados públicos de las islas lo que afecta directamente a la prestación del servicio público.
Proponemos que dicho acuerdo homologue las retribuciones del personal laboral contratado en el exterior.

PENSIONES:

Sobre esta materia y teniendo en cuenta que las mismas se van a revalorizar conforme al IPC, CSIF propone que el acuerdo contemple el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para equiparar la cuantía de las mismas a las del Régimen General de la Seguridad Social. Además, solicitamos la extensión de la jubilación parcial anticipada al conjunto del personal funcionario y estatutario (actualmente solo está reconocida para el personal laboral). Este acuerdo también debe contemplar el inicio de los trámites para establecer la jubilación anticipada de aquellos colectivos que, por su especial dificultad, así lo han solicitado (Conductores de ambulancias, personal del SNS, etc.)

EMPLEO y OTROS DERECHOS

El acuerdo debe recoger la supresión de la tasa de reposición para que las distintas administraciones públicas puedan adaptar las ofertas de empleo público a la planificación de recursos humanos y necesidades reales de cada ámbito.
Debe establecerse definitivamente la jornada laboral de 35 horas mediante su regulación en el Art. 47 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público como normativa básica.
Debe flexibilizarse definitivamente la Promoción Interna estableciendo por una sola vez y con carácter excepcional el concurso de méritos.
Debe potenciarse la movilidad estableciendo dicho mecanismo como sistema prioritario de provisión de puestos de trabajo. Se fijará en la normativa básica la convocatoria de al menos un concurso ordinario de traslados.
Proponemos la adecuación de los grupos de clasificación profesionales del artículo 76 del TREBEP.
Hay que desarrollar la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y aplicar de manera inmediata el acuerdo de TELETRABAJO así como el desarrollo de la CARRERA PROFESIONAL para el conjunto de EEPP.
Por último, debe establecerse en dicho acuerdo la garantía de financiación para las MUTUALIDADES a fin de que las mismas presten una asistencia sanitaria adecuada, dado que los incrementos del 1 por ciento para 2023 y 2024 no garantizan el mantenimiento de los niveles de calidad en la asistencia.

CSIF denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20% y se moviliza para frenar el deterioro de sus condiciones laborales

admin — Wed, 22 Jun 22 11:05:50 CEST

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Cientos de personas se han dado cita este miércoles en Sevilla, ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, convocadas por la Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía en defensa de los empleados y empleadas públicas y con el objetivo de frenar el deterioro de sus condiciones laborales. Así lo ha puesto de manifiesto durante la protesta el presidente de CSIF-A, Germán Girela, quien ha denunciado que este colectivo acumula desde 2010 una pérdida de poder adquisitivo de casi el 20%.

Esta movilización forma parte de las convocadas simultáneamente por CSIF en todo el territorio nacional para exigir “que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se siente a negociar un calendario para una subida salarial justa que implique recuperar la devaluación en las nóminas de los servidores públicos desde hace más de una década”, según ha explicado el responsable autonómico de la central sindical.
CSIF, como fuerza sindical más representativa en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha visibilizado a través de esta movilización, a la que se han sumado personas procedentes de todas las provincias andaluzas, “el deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos” y ha exigido “que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía”, según Girela.
Bajo el lema “Por la dignificación de la labor de los empleados y empleadas públicas y la defensa de la negociación colectiva”, el sindicato da continuidad a las movilizaciones que ya inició el pasado 25 de mayo con el objetivo de “asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro”.
Brutal inflación que también sufre personal del sector público
“Ante la pérdida de poder adquisitivo acumulada, la situación de incertidumbre de la economía, la brutal inflación y sus consecuencias en la cesta de la compra, es apremiante que el Gobierno central se siente a negociar ya”, ha argumentado Germán Girela, quien ha recordado que en Andalucía hay más de medio millón de trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas administraciones públicas.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, así como el envejecimiento de las plantillas derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, que hace necesaria una renovación generacional, según ha explicado el responsable sindical.

CSIF Almería protestará en Sevilla junto a empleadas y empleados públicos de toda Andalucía contra la pérdida de poder adquisitivo del colectivo y en demanda de que se dignifique su labor

admin — Mon, 20 Jun 22 11:01:48 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se trasladará a Sevilla el próximo miércoles, día 22, para la gran movilización que llevará a cabo ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en la que participarán empleados y empleadas públicas de todas las provincias, para protestar por su pérdida de poder adquisitivo y para reivindicar la dignificación de su trabajo.

Tras la concentración provincial que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, CSIF prosigue con su calendario de movilizaciones y celebra protestas este miércoles, no sólo en Andalucía sino en el resto de comunidades autónomas y ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el objetivo de visibilizar el deterioro de sus condiciones laborales y retributivas y de reivindicar que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía.
Con esta concentración regional que se celebrará en Sevilla el próximo 22 de junio, la central sindical más representativa del sector público quiere trasladar a la opinión pública los recortes que este colectivo acumula desde hace más de una década, ya que dicho personal habrá acumulado una merma de poder adquisitivo que será de un 20% a finales de 2022 respecto a 2010. En este sentido, desde el sindicato se insta al Ministerio a sentarse ya a negociar una subida salarial.
Por este motivo, a juicio de la organización sindical, hay que asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro. A la movilización de este miércoles se suma también la asociación policial Jupol, que comparte esta reivindicación.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.
El envejecimiento de las plantillas, derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, es otra de las cuestiones que denuncia CSIF, que insiste en la necesidad de una renovación generacional.

CSIF se concentra contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos de la Junta

admin — Tue, 19 Apr 22 11:15:45 CEST

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El Sector de Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, junto a los sindicatos UGT, CCOO, ISA Y USTEA, representados en la Mesa Sectorial y en la Comisión de Convenio, se han concentrado este martes en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos y contra la inexistencia de unos procesos reales de estabilización en la Junta de Andalucía.

Las organizaciones sindicales han denunciado la situación que la Administración autonómica ha generado con la resolución de los procesos de estabilización/consolidación de las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2019.
En concreto, la Junta ha cesado en aquellos puestos con más de una persona temporal o interina, al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad en la Administración, contraviniendo la instrucción consensuada con las organizaciones sindicales, por la que se regulan los ceses de este personal y aplicando retroactivamente la Ley de reducción de la temporalidad con un doble fin. Por un lado, la Junta pretende no tener que convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022; y por otro, busca ahorrarse las indemnizaciones que le corresponderían al personal que cese tras la entrada en vigor de la Ley de temporalidad del 29 de diciembre de 2021.
Estos procesos de estabilización y consolidación no están siendo adecuados para cubrir los objetivos que se proponen. En ningún momento ha habido interés de negociarlos con las organizaciones sindicales y están ya recurridos en los tribunales. Los afectados por estas decisiones son más de 3.000 empleadas y empleados públicos, funcionarios interinos o laborales temporales de larga duración, muchos de ellos con más de 20 años de trabajo en la Junta de Andalucía.
La administración convocó plazas justo antes de la aprobación de la ley 20/21 para la reducción de la temporalidad y con el conocimiento previo de su texto. Esto provoca que el personal se enfrente en peores condiciones a los procesos de estabilización y, en muchos casos, pueda perder la indemnización. Además, en los procesos realizados, se han llegado a quedar plazas desiertas, dejando a personal con experiencia sobrada y muchos años de dedicación a la Junta de Andalucía en situación de precariedad.
Condena a la exclusión laboral
La Administración anuncia el cese del personal cuyas plazas están señaladas en las OEP 2017/2019, y empleados públicos de más de 50 años edad y con una larga experiencia laboral, condenados ahora a exclusión laboral. Es significativo cómo la Junta adelanta los procesos selectivos para no tener que aplicar la Ley de reducción de la temporalidad a las personas que cesen, abonando las correspondientes indemnizaciones, pero sí dice que la aplica para cesarlos y no tener que convocar nuevamente las plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022.
La Administración de la Junta de Andalucía es la responsable de la mala gestión de estas Ofertas de Estabilización/Consolidación y debería de haber negociado con las organizaciones sindicales, al igual que se ha hecho en otras administraciones, procesos de estabilización/consolidación reales, con el fin de acabar con la excesiva temporalidad en la Administración General de la Junta de Andalucía.
No es de justicia que, por cuestión de tiempos o por otras razones que no queremos imaginar, a personas con más de 20 años de prestación de servicio en la Junta no se les haya aplicado la Ley de reducción de la temporalidad saltándose la doctrina fijada por el TJUE de instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad y, por otro lado, evitando la realización de unos procesos selectivos de estabilización adecuados, que dentro de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, hubieran hecho valer la experiencia acumulada en la propia administración de la Junta de Andalucía.
“En estos momentos nos encontramos con unos criterios de ceses que no han sido negociados y que provocarán despidos masivos aun existiendo plazas vacantes dotadas sin cubrir, con necesidades de personal en la mayoría de los centros de trabajo y realizando constantes planes de choques y contrataciones de personal fuera de las relaciones de puestos de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo, teniendo un capital humano, con experiencia y formado dentro de la propia Administración”, han explicado.
“Las organizaciones sindicales estamos dispuestas a utilizar todos los recursos de movilización, negociación y legales que tenemos en nuestras manos para defender a estos empleados y empleadas públicos que están sufriendo esta nefasta gestión de recursos humanos propios”, han puntualizado.

CSIF reconoce el trabajo del personal del sector público y exige que los refuerzos Covid se hagan estructurales

admin — Thu, 03 Mar 22 12:59:10 CET

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La Central Sindical, Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reconocido el trabajo del personal que está al servicio de las distintas administraciones públicas, que se cifra en más de 5.000 empleados y empleadas públicas en la provincia, y ha exigido que los refuerzos Covid se hagan estructurales y se amplíen efectivos para prestar los servicios públicos que la ciudadanía merece”.

Con motivo del Día del Empleado Público, que se celebra hoy, 3 de marzo, el sindicato destaca que “la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias del sector público en materia de recursos humanos, especialmente en ámbitos esenciales como la Sanidad y la Educación”, al tiempo que reclama que “el incremento de efectivos debido a la pandemia se consolide y se amplíe”.
En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualizados a julio de 2021), en Almería hay un total de 39.370 trabajadoras y trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas. De ellos, el 62% aproximadamente (24.341) pertenecen a la Administración autonómica, donde se incluyen los sectores de Justicia, Sanidad y Educación; el 20% (7.912) a las administraciones locales, es decir, ayuntamiento, Diputación y Mancomunidades; y el 19% (7.117) al sector público del Estado, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En relación al año inmediatamente anterior (comparando con los datos de julio de 2020), se ha producido un incremento en la cifra de empleadas y empleados públicos de un 9,2% en el conjunto de administraciones, es decir, 3.614 más.
No obstante, según ha el presidente de CSIF Almería, “este incremento en el personal del sector público se basa en contrataciones temporales que se han realizado para atender las necesidades de la pandemia de la Covid-19”. En este sentido, la central sindical reclama que todos esos puestos pasen a ser estructurales y que además se refuerce con más personal el sector público.
Infradotación y maltrato del sistema previos a la crisis actual
“La pandemia ha hecho saltar las costuras de muchos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que llevaban ya muchos años de maltrato previos a la crisis actual, con recortes e infradotación de personal”, argumenta CSIF. “Ahora es momento de que la Administración dimensione adecuadamente los servicios públicos esenciales, con empleo de calidad para servicios públicos de calidad”, añade.
“Es hora de apostar por un plan de refuerzo de los servicios públicos esenciales serio y riguroso, con empleo que no sea precario, sino de calidad”, insisten poniendo en valor la profesionalidad y dedicación de los trabajadores y trabajadoras de lo público, “que son los que han hecho posible, especialmente en esta pandemia, el mantenimiento de servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como son la Salud, la Educación, la Justicia, la Seguridad, o bien las gestiones básicas administrativas que la ciudadanía ha necesitado realizar”.
Con motivo de la celebración del Día del Empleado Público, CSIF agradece la labor de “docentes, personal del sistema sanitario público, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los servicios de Justicia, administrativos, empleados municipales, cocineros, bedeles, trabajadores sociales, bomberos, y un largo etcétera que día a día, con su trabajo, hacen posible los distintos servicios básicos que necesitamos en nuestra vida cotidiana”.