Caos en la Administración de Justicia de Melilla

CSIF MELILLA ya lo adviritó hace unos días. Acusábamos al Ministerio de Justicia de actuar con total improvisación, desprecio institucional y de agravar el colapso judicial en la Ciudad Autónoma, hurtando funcionarios.

Pues bien, la situación se complica aún más, ya que a fecha de hoy, cuando desde el día 1 de julio debió de estar plenamente operativo el nuevo juzgado Mixto nº 6, no se sabe aún qué funcionarios han de dotarlo, carece de las instalaciones adecuadas y de los medios materiales e informáticos mínimos para su funcionamiento y lo que es peor aún, deberá entrar en funciones de guardia el próximo martes 8 de julio. Todo un despropósito.

Y la indignación ha llegado a los propios jueces designados para turnarse en dicho órgano, y que alertan de un inminente colapso si no se toman medidas inmediatas.

El ministerio quiere ahora transformar no solo uno sino dos juzgados de lo Contencioso-administrativo y trasladar a su personal al nuevo Mixto nº 6, sin crear nuevas plazas. Sin embargo, no se ha procedido aún a la modificación de los códigos de sus relaciones de puestos de trabajo, lo que les impide desempeñar sus funciones en el nuevo órgano. Es decir, a fecha de hoy sigue siendo personal de los juzgados Contencioso-administrativos y sus claves y credenciales les impiden operar en el Mixto nº 6, por lo que andan como "pollos sin cabeza".

A ello se suma el hecho de que desde el día 1 de julio se le están asignando asuntos por reparto al nuevo juzgado, que, al no poderse tramitar, está provocando la saturación de las bandejas de entrada, con el evidente perjuicio para la ciudadanía.

En reunión celebrada hoy 4 de julio en Mesa Delegada con representantes del ministerio de justicia, el presidente del sector de CSIF Justicia en Melilla, Ángel Castillo, ha expuesto la gravedad de la situación, insistiendo en la necesidad urgente de adoptar soluciones inmediatas. De lo contrario, nos veremos abocados a un verdadero problema y colapso de un órgano en sus primeros días de andadura, siendo los ciudadanos los verdaderos perjudicados ante esta falta de previsión y responsabilidad institucional.