CSIF apremia a las administraciones a que abonen cuanto antes la subida salarial pendiente de 2025 a los empleados públicos granadinos, que asciende a 50 millones de euros

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha apremiado a las administraciones a que abonen cuanto antes la deuda generada con las empleadas y empleados públicos granadinos por la subida salarial pendiente de 2025, que asciende a 400 millones de euros en el conjunto de la comunidad andaluza, en concreto 50 millones de euros en la provincia de Granada.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido así máxima celeridad en la aplicación del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito con el Gobierno central y otras organizaciones sindicales el pasado 27 de noviembre y cuyo Real Decreto Ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros este martes. Dicho pacto pone fin a la congelación salarial que han padecido este año las empleadas y empleados públicos, que verán reflejada en sus nóminas una subida del 2,5 %, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025. Además, conlleva una subida salarial del 4 % en 2026 (más un 0,5 % adicional si el IPC de ese año es igual o superior al 1,5 %), del 9 % en 2027 y del 11,4 % en 2028.

     La Central Sindical ha emplazado a la Administración General del Estado, a la Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos de la provincia a que hagan efectivo el abono de la deuda generada con las empleadas y empleados públicos que trabajan en Granada, que ascienden a más de 66.000 -un total de 530.000 en Andalucía-, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, ha puesto en valor la labor de los profesionales que sostienen los servicios públicos básicos como la sanidad, educación, justicia o la tramitación de prestaciones, entre otros, y ha afirmado que “es el momento de mejorar sus condiciones laborales y para ello el acuerdo firmado es el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta la situación del país ante la evidente inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN”.

En cuanto a la cifra de 50 millones de euros de deuda actual con las empleadas y empleados públicos granadinos, CSIF ha explicado que es una cantidad aproximada calculada con la media de 62 euros mensuales que se deben a cada profesional y que varía en función de las circunstancias de cada uno, en las que influyen su categoría profesional o conceptos como los trienios o sexenios acumulados. El sindicato ha puesto a disposición de las personas interesadas una calculadora para conocer sus cantidades específicas y que puede consultarse en su web.

Además de la subida salarial, que permitirá que las nóminas se incrementen un 9 % en apenas 13 meses, el acuerdo también conlleva una mejora de las condiciones laborales en el sector público que redundarán en el bienestar de la ciudadanía.

La presión sindical ejercida, liderada por CSIF, al principio en solitario, ha conseguido mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos y movilidad, así como agilizar los procesos selectivos y la eliminación de la tasa de reposición, una reivindicación histórica de la Central Sindical. Del mismo modo, se reforzará la atención la atención al público, se adaptará la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales, se mejorarán las condiciones de jubilación y se desbloquean las 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado, entre otras medidas. El Gobierno, asimismo, se compromete a asegurar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).

Por último, la Central Sindical ha resaltado que el acuerdo contempla la creación en un plazo máximo de 15 días desde la firma de una Comisión de Seguimiento, con representación paritaria de la Administración y las organizaciones sindicales, con grupos de trabajo sobre igualdad, digitalización e inteligencia artificial, salud laboral y empleo público, sin prejuicio de la creación de nuevos grupos que se estimen convenientes. Por ello, el sindicato ha subrayado que el acuerdo no es un cheque en blanco y que velará por su cumplimiento en tiempo y forma, reservándose el derecho a llevar a cabo todas las acciones necesarias para asegurar su efectiva ejecución.