CSIF denuncia el caos judicial tras la implantación de los Tribunales de Instancia

Santiago, 21 de enero de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Galicia denuncia el grave caos organizativo que están sufriendo los juzgados gallegos tras la implantación precipitada y sin medios suficientes de los Tribunales de Instancia, previstos en la denominada Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. Ante esta situación, CSIF pide que se  paralice la implantación forzada del nuevo modelo en todos aquellos casos en los que no se den las condiciones para su correcta aplicación.

Desde CSIF Justicia denuncian que, lejos de mejorar el funcionamiento de la Administración, la transformación de los juzgados en Tribunales de Instancia ha provocado una desorganización generalizada que afecta tanto al personal como a la ciudadanía.

“Nadie estaba preparado para este cambio. –explican desde CSIF Justicia- y a pesar de que el director xeral visitó los juzgados para explicar la implantación de los nuevos Tribunales, con toda su buena fe, no hubo una formación previa al cambio de toda esta estructura judicial y desde el pasado 2 de enero, con la activación de la tercera y última fase de la reconversión, los problemas se han multiplicado”.

La conocida como “Ley Bolaños” exige profundas modificaciones a nivel informático, organizativo, administrativo e incluso físico, incluida la adecuación de espacios, que no se ha llevado a cabo, insisten desde el sindicato. En la práctica, aseguran, hay funcionarios y funcionarias sin mesa de trabajo, sin equipos informáticos operativos o sin acceso a los expedientes judiciales electrónicos, lo que les impide desempeñar sus funciones con normalidad. Esta realidad evidencia que el expediente judicial electrónico no está plenamente implantado y que el uso del papel sigue siendo imprescindible en la Justicia gallega.

A esta situación se suma el continuo cambio de puestos de trabajo, con funcionarios que han tenido que cambiar de destino dos o tres veces, otros que han regresado a su puesto de origen y casos en los que el personal desconoce a qué juez o equipo está adscrito, bloqueando su actividad diaria. Además, se están produciendo prácticas irregulares en la asignación de personal por parte de algunos letrados de la Administración de Justicia (LAJ), sin seguir los cauces organizativos habituales ni coordinarse con los responsables de los Servicios Comunes, generando desigualdades injustificadas en las cargas de trabajo.

CSIF también denuncia la asignación de tareas que no están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a los cuerpos de la Administración de Justicia, como la tramitación de procedimientos en los Juzgados de Instrucción por parte de gestores procesales, cuando reglamentariamente corresponde a los tramitadores.

Ante este escenario, CSIF Justicia ha solicitado a la Dirección Xeral de Xustiza que dote de recursos suficientes a los Tribunales de Instancia, paralice la implantación forzada del modelo allí donde no existan condiciones reales para su aplicación.

Asimismo, el sindicato reclama que se remita una comunicación urgente a los letrados y letradas coordinadores para que adopten medidas inmediatas, entre ellas: la emisión de instrucciones unificadas, claras y vinculantes por escrito; la prohibición expresa de designaciones unilaterales de personal al margen de las Direcciones de los Servicios Comunes; el refuerzo de la coordinación entre los LAJ y dichas Direcciones; y el establecimiento de criterios objetivos y homogéneos para la asignación de funciones y cargas de trabajo.