Las CC.AA. despiden a más de 4.000 bomberos forestales en toda España y desmantelan el dispositivo contra incendios, pese al desastre ecológico de este verano

Madrid / Santiago, 3 de noviembre de 2025.- Las comunidades autónomas rescindieron en octubre el contrato de miles de bomberos forestales en toda España (al menos 4.000), desmantelando así el operativo de incendios forestales, pese al desastre ecológico que han provocado los incendios el pasado verano y a que el periodo de alto peligro por incendio se mantuvo vigente hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas.

CSIF,sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia la hipocresía de las diferentes administraciones, que sigue poniendo en peligro la seguridad de ciudadanos, la calidad medioambiental de nuestros montes y la precariedad de trabajadoras y trabajadores de este ámbito, que se han dejado la piel (e incluso han perdido la vida) durante este verano, en las labores de extinción de incendios.

Solamente en Galicia, el próximo 17 de noviembre se prevé el cese de un millar de bomberos forestales, por lo que defendemos el fin de la figura del fijo discontinuo y la contratación durante todo el año del personal del Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF).

La contratación anual es una decisión urgente y necesaria para reforzar la capacidad operativa del servicio en un contexto de riesgos crecientes asociados al cambio climático. Además, no sólo es fundamental para la respuesta en los meses de mayor riesgo de incendio, sino también para mantener las labores de prevención durante todo el año y acometer los trabajos de restauración medioambiental tras los incendios, reduciendo así su impacto y preservando los ecosistemas gallegos.

Actualmente, el calendario laboral previsto por la Xunta, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, contempla que en 2025 estos trabajadores sean contratados durante 8 meses, y que en 2026 se alcance la cifra de 9 meses. Pero para CSIF, este cronograma aún es insuficiente y la tendencia debe ser extender la contratación a los 12 meses, de forma que se garantice la estabilidad de los trabajadores y la plena operatividad del SPIF.

Pacto de Estado

Tras años de presión sindical y negociación, hemos logrado que entre en vigor recientemente la jubilación anticipada de los bomberos forestales. Pero no es suficiente. El Gobierno y comunidades autónomas tienen que seguir avanzando hacia un pacto de Estado que obligue a las comunidades autónomas a fijar unas plantillas de bomberos forestales mínimas durante todo el año.

Se hace preciso asegurar recursos, planificación y protección constante y coordinada entre administraciones para evitar que todos los veranos se produzcan este tipo de situaciones, además de otras reivindicaciones en las que debemos avanzar: refuerzo de plantillas, reconocimiento de enfermedades profesionales, reglamento de prevención de riesgos laborales o adaptar los tiempos de las jornadas de trabajo a las labores de extinción.

A la falta de personal se une el mal estado de los recursos existentes para combatir los incendios. CSIF demanda la renovación de Equipos de Protección Individual (EPI) y para hacer frente a escenarios de altas temperaturas, ya que el personal trabaja en muchas ocasiones con material caducado. Además, reclamamos la adquisición de vehículos todoterreno especializados, puesto que en muchos casos los bomberos se ven obligados a trasladar el material a pie, ya que cuentan con furgonetas que no están preparadas para acceder a zonas peligrosas.

Situación por Comunidades Autónomias

En el caso de Castilla y León, la junta ha despedido al 30 por ciento del operativo contraincendios, a la vez que publicita un plan para profesionalizarlo y estabilizarlo.

El despido de estos miles de trabajadores y trabajadoras del operativo llegan con la reducción del riesgo de incendios de alto a medio, a pesar de que siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño. CSIF asegura que se pierde parte de la operatividad de la lucha contra los fuegos forestales en la Comunidad. Hay material que deja de funcionar y el personal disminuye.

En la provincia de León, la más castigada por los devastadores incendios de este verano en toda España con más de 100.000 hectáreas quemadas, desde el miércoles día 15 cuentan con la mitad de los helicópteros que había (dos de cuatro), quedará un buldócer de cada tres, o se despiden a los vigilantes de 6 de los 18 puestos y al 33 por ciento del personal de autobombas.

En Castilla-La Mancha la situación pone de manifiesto la precariedad que sufren los bomberos forestales, integrados en la empresa pública regional Geacam. De los 2.205 trabajadores, solo 1.500 llevan a cabo su labor durante todo el año y la campaña de extinción de incendios es de apenas 96 días, cuando debería ser de seis meses al año, teniendo en cuenta que en mayo y octubre también se producen incendios.

Además, el proceso para obtener una plaza fija discontinua de 4 meses suele tardar de 6 a 7 años, una inestabilidad que provoca que el personal formado se marche a otras comunidades o busque otros empleos. A esto se suman las bajas retribuciones, con un sueldo base de 1.200 euros netos.

En Andalucía, la situación de los bomberos forestales también es muy complicada con contratos muy precarios. Hay bomberos que son fijos discontinuos y sus contratos terminarán para mediados de este mes. A ellos se suma personal eventual que está contratado solo para el período de alto riesgo y cuyos contratos finalizaron en octubre. Esto significa que, en los próximos meses, cuando habría que hacer tareas de prevención esenciales para evitar incendios como los que han azotado Andalucía este verano, se contará con menos personal que en la actualidad.

A esto se añade una problemática como que los bomberos actualmente en activo deben coger sus correspondientes días de vacaciones, asuntos propios y compensaciones antes de que sus contratos terminen, lo que provoca que físicamente no estén disponibles incluso antes de que sus contratos acaben y, en algunos casos, los medios quedarán inoperativos. CSIF calcula que faltan unos 220 bomberos forestales. Cada retén contra incendios debe estar integrado por siete bomberos como mínimo y este verano se ha actuado con retenes en los que habitualmente faltaban dos o tres efectivos.

En Cantabria, aunque el 100 por 100 del operativo es público, denuncian que carecen de equipos de protección individual (EPIs) adecuados, obligatorios por ley. A esta situación se suma el problema con las Telecomunicaciones en el Gobierno de Cantabria: agentes de medio natural, SEMCA, bomberos forestales que o bien, no tienen emisoras, o bien, están estropeadas. Asimismo, reclaman la ampliación de plazas dedicadas a extinción de incendios, principalmente por la preocupación por el envejecimiento de las plantillas y las jubilaciones previstas que dejarán al dispositivo en una situación de déficit de personal.

En Cataluña, el grueso de los contratos de Ayudantes de Oficio Forestal finalizaron el 20 de septiembre (los contratan para el verano por apenas 3 meses). Además, se da la circunstancia de que, a finales de agosto, muchos ya abandonaron su puesto acumulando los días de vacaciones y de asuntos propios que les debía la administración.

CSIF está negociando en la Comunidad de Madrid la aplicación de la categoría de bombero forestal conforme al Estatuto, el coeficiente reductor para el adelanto de la jubilación, la dotación completa del personal de bomberos forestales (124 plazas de las que solo están dotadas 61) y que trabajen durante todo el año. Esta comunidad cuenta con una plantilla de 1.500 bomberos profesionales/funcionarios fijos.