CSIF denuncia que solo ha llegado a Córdoba este año el 2% de los empleos ofrecidos por la Administración General de la Junta de Andalucía

CSIF señala en las últimas semanas ha continuado la discriminación que sufre la provincia de Córdoba y que denunció esta central sindical hace un mes en relación a la distribución de plazas realizada en distintas convocatorias y resoluciones publicadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública en el marco de procesos selectivos y llamamientos recientes correspondientes a distintos cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA). Por este motivo, el sindicato ha remitido un escrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para poder solucionar esta situación.

El responsable del Sector de AGJA de CSIF Córdoba, Miguel Ángel Limonchi, revela que, de la totalidad de 491 plazas, tanto de funcionario interino como de carrera, ofertadas por la Administración autonómica a lo largo de este año, únicamente 12 se han ofrecido en Córdoba, lo que supone apenas un 2,4% de los puestos.

 La central sindical apunta que esta situación ha tenido un fiel reflejo en lo ocurrido este mes. El pasado 16 de junio se publicó una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertaban vacantes relativas al proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el cuerpo de auxiliares administrativos correspondiente a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023. En este caso, Córdoba solo recibió dos plazas de un total de 95 en el conjunto de la comunidad autónoma. De igual modo, el 23 de junio se convocó un llamamiento telemático a personal funcionario interino del cuerpo de auxiliares administrativos. De los 55 puestos ofertados, ninguno de ellos fue finalmente asignado a Córdoba.

“Esta situación se ve agravada por la progresiva amortización de plazas en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta de Andalucía, lo que limita aún más las posibilidades de consolidación, movilidad y estabilidad del personal funcionario, restringiendo sus oportunidades de promoción y desarrollo profesional y quebrantando, igualmente, el principio de equidad territorial en el acceso y progreso dentro de la función pública”, según sostiene Limonchi. Para este representante sindical, esta situación también repercute negativamente en la ciudadanía cordobesa, que se ve privada de una administración suficientemente dotada de personal al limitarse la capacidad de respuesta en los servicios públicos y merma la calidad de la atención que reciben.

Por todo ello, CSIF reclama a la Administración General de la Junta de Andalucía una revisión de los criterios de distribución aplicados y la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad de los empleados públicos de la AGJA en Córdoba, “promoviendo el equilibrio territorial en la aplicación de las políticas públicas de personal y favoreciendo la dotación de relación de puestos de trabajo”. Finalmente, el sindicato solicita la apertura de un procedimiento extraordinario para la actualización telemática de provincia o provincias de disponibilidad con el objetivo de permitir a los funcionarios, que solo tienen identificado Córdoba como provincia prestadora de servicios, tengan la opción de activar otras provincias que le permitan acceder al empleo público.