NUMO Aragón.- CSIF solicita a la Consejera de Justicia y al Director General de Justicia la prórroga de plazo de implantación

Ha dirigido sendos escritos para que sea defendida esta solicitud de prórroga en la próxima Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo 22 de diciembre. ADJUNTAMOS LOS ESCRITOS PRESENTADOS con sus correspondientes JUSTIFICANTES REGISTRALES.

CSIF SOLICITA a la CONSEFERA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DE ARAGÓN Y AL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA DE ARAGÓN, la prórroga del plazo de implantación del nuevo modelo de la Oficina Judicial en Aragón y que esta postura sea defendida en la próxima Conferencia Sectorial que se celebra el próximo 22 de diciembre entre el Ministro de Justicia y los Responsables autonómicos de Justicia de las Comunidades transferidas.

Según la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en su Disposición Transitoria Primera, la constitución de los tribunales de instancia en Aragón, en los partidos judiciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, correspondientes a la tercera fase de implantación, se han de transformar en secciones a partir del 31 de diciembre de 2025.

La premura en los plazos a cumplir que establece esta Ley Orgánica para implantar un nuevo modelo de organización judicial totalmente diferente al actual, con la creación de grandes servicios, nuevos puestos de trabajo y nuevas funciones, añadida a la falta total de una negociación real y exhaustiva del modelo a implantar y de sus puestos de trabajo, impuesta por el Director General de Justicia en Aragón, conforman un binomio muy peligroso, que conduce a una precarización y deslocalización del trabajo del personal funcionario que presta este servicio que nos conducirá inevitablemente al colapso de la justicia en Aragón.

CSIF ha de señalar la actitud de poca transparencia y ninguneo que ha caracterizado a esta Dirección General de Justicia con la implantación de la nueva oficina judicial frente al colectivo principal que ha de llevar a cabo esa transformación organizativa y de modernización de la justicia propia del siglo XXI que son los funcionarios de justicia, junto con el establecimiento de unos plazos de implantación draconianos, no es el mejor coctel para llevar a buen puerto semejante transformación.

No solo han sido los Magistrados y Jueces el único colectivo que en estos últimos días alzan la voz en contra de este “modus operandi” de implantación de la nueva organización de la oficina judicial del Ministerio y de las Comunidades autónomas que pretenden aplicar en cada territorio, sin información, sin garantías y con demasiada premura para acometer un cambio tan radical, con los más que posibles riesgos que conduzcan al colapso de la justicia.

También CSIF ha sido crítico desde que se aprobó la Ley Orgánica, no solo en cuanto a cumplimiento de plazos establecidos, sino en cuanto a que no se estaba garantizando una negociación real y efectiva, tan necesaria para llevar a cabo con éxito esta reforma. Tan solo una reunión le bastó a la Dirección General de Justicia de Aragón para zanjar el tema de la implantación del modelo en los tres partidos judiciales más grandes de Aragón con casi 950 funcionarios aragoneses afectados- cuatro fueron las reuniones celebradas para abordar la implantación de la nueva oficina judicial en el resto de partidos judiciales aragoneses que no

 

 

llegan a 300 funcionarios-, sino que además cerró en falso un proceso de acoplamiento a los nuevos puestos de trabajo, que se ejecutó a través de un tramitador online (aplicación informática), que en sí no ha generado más que inseguridad jurídica, desconfianza e incertidumbre a este colectivo. Y CSIF ya augura que su resolución provocará la interposición de muchísimos recursos con la adjudicación de los nuevos puestos de trabajo por parte de los funcionarios.

CSIF señala que la propia LO en su Disposición Transitoria Quinta señala que es en el seno de la conferencia sectorial de la administración de justicia, la que se va a celebra el 22 de diciembre, donde se podrá aprobar una fecha diferente para el establecimiento de alguna de las oficinas judiciales si concurren circunstancias excepcionales que lo justifiquen.

Y es que según la propia Dirección General de Justica, y debido a la complejidad del proceso, es imposible llegar a cumplir la fecha del 31 de diciembre de 2025, previendo que en los partidos judiciales de Huesca Y Teruel se implantará para mediados de enero de 2026 y que en el partido judicial de Zaragoza se implantará para principios de febrero de 2026.

Existe un reconocimiento expreso y de facto de falta de tiempo por parte de la propia Administración. CSIF ya ha denunciado la falta de información dirigida a todos los colectivos afectados sobre todo lo que se nos viene encima; y existen numerosas disfunciones en el proceso de acoplamiento del personal de justicia que puede influir en un mayor retraso de la implantación.

Por todo ello, CSIF dirige a través del presente escrito SOLICITUD al Director General de  Justicia de Aragón y a la Consejera de Presidencia de Justicia de Aragón para que en la inminente conferencia sectorial del 22 de diciembre, la administración de justicia aragonesa solicite una prórroga de tiempo de hasta 6 meses, tal y como contempla la Disposición Transitoria Quinta de esta LO, para implantar este nuevo modelo organizativo de una forma más gradual, escalonada en nuestra comunidad autónoma que permita un proceso adaptativo más natural, menos dramático, y que nos permita recuperar unos cauces de comunicación, ahora perdidos, que generen certidumbre,  y confianza en la legalidad de este procedimiento entre el colectivo de funcionarios afectados.