CSIF reclama mejoras laborales y retributivas y un mayor reconocimiento para los funcionarios de Justicia de Andalucía, comunidad a la cabeza en litigiosidad

 

• Con motivo del Día Mundial del Funcionario Judicial, que se conmemora este 9 de junio, el sindicato alerta de las situaciones límites que sufre este colectivo por la sobrecarga de trabajo

El sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado la puesta en marcha de medidas que mejoren las condiciones laborales, retributivas y organizativas de las funcionarias y funcionarios de Justicia en Andalucía y un mayor reconocimiento a la labor esencial que desarrollan para el correcto funcionamiento del sistema judicial.  

Coincidiendo con el Día Mundial del Funcionario Judicial, que se conmemora este 9 de junio, el presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha defendido que el personal funcionario de los Cuerpos Generales de Justicia son piezas fundamentales en la tramitación de los expedientes, garantizando la continuidad y calidad del servicio público de justicia, por tanto “sin su trabajo no sería posible dar respuesta efectiva a la demanda del sistema judicial”.

En este sentido, Díaz ha hecho un llamamiento a las instituciones para reflexionar sobre la trascendente labor que desarrollan estas y estos profesionales de Justicia de los Cuerpos Generales y ha exigido a la Consejería de Justicia un reconocimiento institucional a estos profesionales, “muchas veces invisibilizados y en algunas ocasiones sometidos a condiciones laborales precarias”.

El responsable sindical ha criticado que, teniendo Andalucía la mayor tasa de litigiosidad a nivel nacional, “seguimos sin llegar a un acuerdo económico para dignificar las condiciones retributivas de las funcionarias y funcionarios, situándolos en el nivel más bajo respecto a sus homólogos dependientes del Ministerio de Justicia y del resto de comunidades autónomas con competencias transferidas”. Esta falta de voluntad de negociación con los representantes sindicales refleja una evidente indiferencia al esfuerzo diario del personal funcionario de Justicia.

El dirigente ha explicado que la situación de las y los profesionales se agrava si se tiene en cuenta “la alta presión laboral y la carencia de medios humanos y materiales que padecen los órganos judiciales” y ha recordado que en 2024 se registraron más de 1,4 millones de asuntos en los juzgados andaluces, un 5 % más que en 2023.

Déficits estructurales

Para el sector de Justicia de CSIF Andalucía es especialmente preocupante, tal y como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el aumento de procedimientos en el orden social (16 %) y civil (8 %) el pasado año, así como el hecho de que los procedimientos penales representen la mitad de los asuntos tramitados. Además, los pendientes de resolver han crecido un 67 % en la última década (2014-2024), “lo que evidencia la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales y de dotación de recursos”.

Díaz ha señalado que “no podemos quedarnos en cifras y porcentajes negativos, sino que tenemos que concienciar, tanto a las administraciones como a la sociedad en general, de que hablamos de trabajadores que a diario sacan adelante decenas de expedientes pese a la falta de personal y con medios técnicos deficientes, como es el programa de gestión procesal @driano”. Los fallos continuos por paros o cortes de esta herramienta, provocan retrasos en las gestiones diarias del personal, lo que les impide avanzar con normalidad y genera una sobrecarga de trabajo innecesaria, a pesar de que se trata de una cuestión fácilmente de resolver por parte de la Administración. Esta situación “se está convirtiendo en insostenible para muchas funcionarias y funcionarios que, además, no se sienten valorados en muchas ocasiones”.

Por último, Díaz ha indicado que la Junta de Andalucía “no puede hablar de eficiencia, ni de calidad en la Justicia, sin antes abordar con seriedad y compromiso los déficits estructurales que afectan a las oficinas judiciales”, cuya función de apoyo a los tribunales debe ser reforzada y no ignorada, “algo que lamentablemente sucede con la Ley 1/2025 de Eficiencia Organizativa, centrada principalmente en los Tribunales de Instancia, pero que deja sin respuesta las necesidades reales de los cuerpos generales”. Por todo ello, CSIF Andalucía considera urgente una definición clara y concisa de las funciones propias de cada cuerpo, “una cuestión que la Administración evita tratar sistemáticamente y que constituye una deuda pendiente con el colectivo de profesionales”.