ANDALUCÍA. La Consejería de Justicia confirma la existencia de cantidades comprometidas para la productividad en la Administración de Justicia, a falta de aprobación definitiva.

En la reunión de la Mesa Sectorial de Negociación de Justicia, y tal como se exigía por CSIF, STAJ y UGT para poder constituir la mesa de negociación de los puntos del Orden del día, con carácter previo la Secretaría General de Servicios Judiciales nos informa de los avances producidos en el ámbito de la Mesa General de Función Pública. La Administración nos ha trasladado que está trabajando en una propuesta de acuerdo, en la que se incluirá la cobertura presupuestaria específica para establecer un complemento de productividad que estamos reclamando los tres sindicatos y que reconozca el esfuerzo de los funcionarios de Justicia en Andalucía.

La Secretaría General de Servicios Judiciales, convocará la primera mesa para esta semana para desarrollar el complemento de la productividad que se derive de las cantidades económicas globales que se cierren en mesa general.

Es importante destacar que, a día de hoy, dicho acuerdo no está cerrado, incluso con movilizaciones para exigir su DESBLOQUEO y garantizar que cualquier avance sea justo, transparente y responda verdaderamente a las necesidades reales del personal público y en concreto de la Justicia en Andalucía con un reconocimiento retributivo justo en cuanto a la carga de trabajo que se soporta por los funcionarios de justicia en los Tribunales de Andalucía.

En caso de alcanzarse el acuerdo en la Mesa General de Función Pública, se nos informa por la Secretaría General de Servicios Judiciales que su posterior desarrollo y concreción deberá abordarse y aprobarse en la Mesa Sectorial de Negociación de Justicia donde se definirá su aplicación, los criterios de distribución de las cantidades y las condiciones para asegurar que este complemento responda a principios de equidad y reconocimiento objetivo al trabajo desempeñado.

Asimismo, la Administración ha señalado que, de formalizarse el acuerdo, la entrada en vigor estaría prevista a partir de enero de 2026.

Seguiremos informando puntualmente de cualquier novedad y garantizamos que, la prioridad será la defensa de los derechos y condiciones de los funcionarios de justicia de Andalucía que soportan la mayor carga de litigiosidad a nivel nacional.